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Artículos y colaboraciones.

Los puntos de vista y opiniones expresados en los artículos corresponden a los autores y no reflejan necesariamente la política oficial CODEIV.

El outsider de Perú

Por Félix Gerardo Arellano El cansancio y desasosiego político que se vive en muchos países democráticos,alimentan la tendencia de la antipolitica, que podríamos resumir bajo la lapidariaexpresión “que se vayan todos”. Se buscan “caras nuevas, no contaminadas” por lapracticas políticas, la célebre figura del outsider.El radicalismo, el populismo y la polarización se presentan como banderasfundamentales en el rechazo a los partidos y a los políticos tradicionales, tendencia quese expande ampliamente, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación política,en particular las redes sociales. Pero en términos generales, los resultados que seaprecian de algunas experiencias de las nuevas caras son decepcionantes.Las nuevas caras asumen discursos que estimulan pasiones y conquistan fanáticos.Ambiciosos y fraudulentos proyectos de trasformación de la política y del país. Una delas banderas es la lucha contra el flagelo de la corrupción y, en ese contexto,desarrollan la tesis que presenta a la política tradicional como una organización decómplices, con plena impunidad; situación exagerada, sobre la que insisten paradesplazar a los políticos y debilitar las instituciones.Muchas de las nuevas caras tienden a ser efímeras, en su mayoría no cuentan conformación ni experiencia política, pues precisamente esos valores los descalifican.Algunos aprovechan que han logrado un protagonismo, particularmente mediático quele garantiza algún respaldo popular de inicio. Pero eso no es tema que preocupe, puescon las tecnologías, el capital y una cara nueva, se construye un candidato y con laantipolitica se va preparando el terreno.Se cuestiona a los políticos tradicionales su desconexión de la grave situación queenfrentan las mayorías pobres y excluidas; empero, muchas de las nuevas carastampoco tienen mayor vinculación, ni conocimiento sobre la dramática situación de lapobreza. Son figuras que hacen de la política un negocio, una competencia de ego, unabanalidad.En este contexto, el caso peruano es digno de reflexión, pues la crisis de la política ylos políticos se viene desarrollando desde hace algunos años. Los partidostradicionales se han debilitado sensiblemente y algunos han desaparecido de la escenapolítica, el país vive una creciente fragmentación del espectro político, con elsurgimiento de diversos grupos muy efímeros, que se forman por un proceso electoralespecifico, sin mayor formación doctrinaria, ni trabajo con el electorado.Al respecto conviene destacar que, en la primera vuelta de la elección nacional(11/04/2021), en la que salen vencedores las dos tendencias radicales peruana; poruna parte, la Sra. Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y, por la otra, PedroCastillo del partido Perú Libre, de tendencia marxista, la boleta electoral contemplaba20 candidatos, la mayoría de ellos sin liderazgo nacional, ni mayor formación política. A las elecciones generales del 2021 se llega en un contexto de inestabilidad política,con 5 presidentes desde el 2016: Pedro Pablo Kuczynsk (2016-2018), Martin Vizcarra(2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021); y con la mayoríade los expresidentes vivos sujetos a investigaciones judiciales, dos de ellos condetención (Alberto Fujimori y Ollanta Humala) y uno se suicida antes de ser detenido ensu propia residencia (Alan García).Por otra parte, un poder legislativo altamente cuestionado, que ha abusado de lasfacultades constitucionales, en particular con la aprobación de la moción de vacancia,que permite la destitución del presidente, con el requisito fundamental de logra elmínimo de 87 votos de los 130 miembros del Congreso.En la segunda vuelta de las elecciones del 2021, triunfa la cara nueva y nocontaminada de la política peruana, el outsider de Pedro Castillo, sin mayor formaciónpolítica, un limitado liderazgo gremial en la zona de Cajamarca; empero, desde losmitos de la anti política, libre de la contaminación que representa la dinámica política deLima. Candidato por circunstancias fortuitas, ante la inhabilitación de Vladimir Cerrón eljerarca del partido Perú Libre, con un programa de gobierno anacrónico de contenidomarxista.Los resultados de la contienda electoral resultaron fuertemente cuestionados por lossectores conservadores, que poco trabajan con la población, particularmente con losexcluidos, que son muchos en el Perú, y que aspiran ganar las elecciones por laexperticia técnica que disponen. Partidos democráticos que en la mayoría de los casosse mantienen como burbujas desconectadas de la dramática situación de la población,en estos momentos agravada por las consecuencias sociales de la pandemia del covid-19.El órgano electoral peruano consolidó su autonomía y confirmó el triunfo electoral dePedro Castillo, una pequeña diferencia, que generó un lamentable resultado, en el queparticipó mucha población pobre del Perú. Al respecto, resulta lamentable oírdeclaraciones que asumen que el triunfo de los radicales en las elecciones nacionales,es producto del respaldo de fuerzas internacionales, desconociendo y menospreciandoel sentimiento de la población marginada y excluida, que vota con la esperanza que susituación va cambiar producto de la nueva política radical, para luego enfrentar la grandecepción.Con la cara nueva de Pedro Castillo Perú ha vivido año y medio de un desgobierno,una profunda incapacidad para construir gobernabilidad, sin estrategia, ni objetivos detransformación, solo concentrado en mantenerse en poder, pero sumando erroresprogresivamente. En el corto periodo de gobierno circularon cinco primeros ministros yen consecuencia cinco gabinetes y más de 80 ministros. Pero debemos recordar queun buen número de los promovidos a cargos ministeriales contaban con expedientes einvestigaciones que adelantaban el rechazo de parte del Congreso. Algunos de los renunciantes que dieron sus declaraciones coinciden en lo inaccesibledel Presidente, rodeado de un circulo de incondicionales. En este proceso también haacumulado 6 investigaciones fiscales que los vinculan con actos de corrupción.No podemos desconocer que el Congreso también ha jugado una rígida actitudobstruccionista, en ese contexto, cabe destacar que negó la autorización para viajesinternacionales importantes para el país: i) asistir a la toma de posesión del PresidenteGustavo Petro en Colombia (04/08/2022/); ii) una gira por Europa que incluía la visita alPapa Francisco (12-18/10/2022); iii) participar en la Cumbre de la Alianza del Pacificoen México (24-26/11/2022). Una posición lamentable, pues más que afectar alPresidente aislaba el país.El tema más sensible en la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene quever con la moción de vacancia, un mecanismo que tiende a resultar demasiado flexibley, en algunos casos irresponsable, para destituir el Presidente de la Republica, pero nole resultó tan fácil al Congreso lograr la destitución del Presidente Castillo, debido a sumarcada fragmentación, donde ningún partido político tiene una fuerza decisiva, obligaa unas complejas negociaciones, que en el caso

La jodida historia del Perú

Por Luis Daniel Álvarez V. Los inicios de las novelas y cuentos, más que marcar el preámbulo de una historia, están llamados a cautivar al lector. La narración de la espera del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento que nos hace Gabriel García Márquez en Cien años de soledad podría equipararse a esa visión enigmática de la llanura que comenta Gallegos cuando Doña Bárbara inicia mostrando que un bongo remonta el Arauca. El magistral escritor peruano Mario Vargas Llosa en su novela Conversación en La Catedral no se queda atrás y en lo que será una historia de rencillas, disputas, terror y confabulaciones da el paso inicial preguntándose ¿En qué momento se había jodido el Perú? De esta manera nos adentra el Premio Nobel en una historia que es la de su país, pero que en realidad puede ser colocada como la descripción de todos los Estados de la región durante gran parte de su existencia.  Lo interesante del asunto es que el inicio de la novela publicada en 1969 deja abierta una interrogante que décadas después se sigue haciendo y que a la luz de los resultados que se perciben no tiene aún una respuesta. Esta semana, en medio de lo que sería una nueva oportunidad para destituir a través de los instrumentos legales a Pedro Castillo, el primer mandatario leyó un discurso adelantándose a lo que podía ser la decisión en contra y anuló el Congreso y las instancias judiciales. El repudio no se hizo esperar y en cuestión de minutos el pintoresco mandatario se quedó solo, al punto que algunos parlamentarios que iban a votar contra su salida, al ver la maniobra intentada le dieron la espalda y decidieron aupar su destitución en una sesión del legislativo que siguió adelante desconociendo el dictamen del otrora presidente. Para poner colofón literario a este artículo, podemos señalar que un dejo de realismo mágico también apareció cuando los pocos defensores de Castillo empezaron a sembrar la idea de que el presidente había sido manipulado a través de una bebida y que no sabía lo que hacía. Lamentablemente la misma clase política peruana es culpable de lo acaecido, pues habiendo podido desplazar constitucionalmente al mandatario, las rencillas internas y diferencias, aunado a una baja aceptación a los partidos, instituciones y dirigentes, mantuvieron como por inercia a Castillo en el cargo, permitiéndole asomar el absurdo de un autogolpe, con tal de mantenerse en el poder. La angustia peruana no pasa y si no se atienden las causas de la descomposición el país seguirá jodido, tal como lo escribió Vargas Llosa con su pregunta profética hace algunas décadas. Luis Daniel Álvarez Internacionalista UCV, Doctor en Ciencias Sociales. Profesor en la UCV y UCAB. Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Secretario General del CODEIV. Miembro del Grupo Avila correoacademicoldav@gmail.com @luisdalvarezva

La Controversia Venezuela-Guyana, hoy

Sadio Garavini di Turno La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha decidido, en contra de la posición venezolana, que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 que, según Venezuela, había sido puesto de lado por el Acuerdo de Ginebra. La mayor parte de los juristas especialistas en el tema afirman que, como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender, en la Corte, nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo e irrito. Pero la primera reacción del régimen ha sido acusar a los Magistrados de la CIJ, una de las instituciones internacionales más respetadas, de haber sucumbido a la presión de los EEUU y estar a “sueldo” de la EXXON y “curiosamente” siempre se le olvida mencionar que el socio de la EXXON, en Guyana es la CNOOC, la compañía estatal de China, “aliado estratégico” del régimen.  Hay quien cree posible que Guyana acepte de nuevo retomar la negociación bilateral. En mi opinión, no veo ninguna posibilidad de negociación bilateral sustantiva hasta tanto la CIJ haya tomado su decisión. Guyana ha presentado formalmente su posición ante la CIJ en marzo del 2022 y Venezuela tenía, en principio, hasta marzo del 2023 para presentar su “contramemoria”. Sin embargo, desde el mismo momento en que la CIJ decidió que tiene la jurisdicción para resolver la controversia, en el gobierno Maduro, se formaron dos “bandos”; el primero, muy pesimista en cuanto a la posibilidad de un resultado positivo para Venezuela en la CIJ, afirmaba que lo más conveniente era asumir una “narrativa” ideológica antimperialista y acusar a la CIJ de ser instrumento del Departamento de Estado y de la EXXON. Por tanto, había que rechazar participar en el proceso. El segundo, en cambio, estaba a favor de participar. Quizás, no olvidando que después de la decisión sobre el Laudo y la definición de la frontera terrestre, es muy probable que la CIJ tendrá que intervenir también en la delimitación de la áreas marinas y submarinas. Después de una indecisión, que duró aproximadamente tres meses, el segundo “bando”, probablemente orientado por el asesor internacional Antonio Remiro Brotons, convenció al alto gobierno y Venezuela presentó un recurso de inadmisibilidad de la demanda de Guyana, con lo cual aceptó participar en el proceso en la CIJ. Ahora la Corte debe decidir si acepta o no los argumentos de Venezuela; es muy improbable que lo haga. Pero, por ahora se suspendió el correr del año a disposición de Venezuela para presentar su “contramemoria”. Se ganaron unos meses de tiempo, ojalá se utilicen provechosamente. Sin embargo, no hay buenos indicios al respecto. Recientemente, Guyana y Venezuela presentaron sus argumentos ante la Corte, en relación al recurso de inadmisibilidad, una relativamente pequeña delegación guyanesa estaba acompañada por un equipo de asesores de altísimo prestigio y nivel académico. La delegación venezolana, en cambio, muy numerosa, pero con una asesoría internacional más débil y muchos asesores de habla española y casi ninguno de lengua inglesa. En la CIJ, los idiomas oficiales son sólo el inglés y el francés. Los agentes del Estado venezolano, son un historiador, una respetable profesora de derecho penal y un diplomático de carrera, Felix Plasencia, nombrado recientemente embajador en Colombia. Ojalá su sustituto sea un jurista experto en Derecho Internacional Público y se refuerce el equipo asesor en general. En particular debería contratarse un jurista experto angloparlante de primer nivel. Sadio Garavini Di Turno Doctor en Ciencias Políticas (UCV)- Profesor Universitario -Ex Embajador de Venezuela en Guyana, Guatemala y Suecia – Ex Viceministro de Justicia – Miembro Honorario del CODEIV y Miembro del Grupo Ávila @sadiocaracas

¿Cómo llegamos adonde quería Guyana?

Por Sadio Garavini di Turno En relación a la reclamación del Esequibo, la pregunta que deberían hacerse los venezolanos es: ¿Cómo es posible que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia. La CIJ siempre ha sido, desde la misma firma del Acuerdo de Ginebra (AG) en 1966, el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela. En el mismo AG se afirma que si no hubiese acuerdo entre las partes, el Secretario General de la ONU escogerá uno de los medios previstos en el art. 33 de la Carta de la ONU, que menciona varios medios de solución pacífica de controversias. La falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para Venezuela. En el gobierno del Presidente Chávez, con Maduro en la Cancillería por 6 años, la megalomanía de creerse líder del hemisferio, la influencia de Fidel Castro, que siempre apoyó a Guyana  y el deseo de controlar los votos de los países caribeños, en la OEA y la ONU, acarrearon un abandono de la reclamación. En el 2004, Chávez declaró  que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con  casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas cartas de negociación. En el  2007,  afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962,  fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el “gobiernito” de izquierda, autónomo en lo interno ,pero todavía dependiente  de la Gran Bretaña, del Primer Ministro de la Guayana Británica, Cheddi Jagan. Lo cual es una absoluta falsedad histórica, causada muy probablemente por la hipertrófica “ceguera ideológica” de Chávez. Cuando a finales del 2013, con el inicio de “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana de  un barco de exploración sísmica, el gobierno Ramotar manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General, no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ. El gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación por ejemplo. Recientemente la CIJ ha decidido, en contra de la posición venezolana, que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899, que el Acuerdo de Ginebra había puesto de lado. Por cierto esta no es sólo la interpretación venezolana. El propio Cheddi Jagan, ex Presidente de Guyana y fundador del actual partido de gobierno, se opuso a la firma del Acuerdo de Ginebra y, en su obra “The West on Trial”, dice que, con el Acuerdo de Ginebra, Guyana “concedió reconocimiento a la espuria reclamación territorial venezolana y lo que era un caso cerrado desde 1899 fue reabierto.” Hay otras declaraciones similares aún más contundentes, de  dirigentes políticos guyaneses, como Rupert Roopnarine, líder del partido WPA y recientemente Ministro en el Gobierno de Granger. Sospecho  que el  régimen madurista no haya utilizado estos argumentos de los propios guyaneses, por desconocerlos, ante Ban Ki-moon, Guterres y la propia CIJ. Ahora que la CIJ ha tomado su decisión, todos los juristas serios afirman que como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos seriamente, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo. Pero la primera reacción del régimen fue acusar a los Magistrados de la CIJ, una de las instituciones internacionales más respetadas, de haber sucumbido a la presión de los EEUU y estar a “sueldo” de la EXXON. Me temo que las posibles simpatías hacia la posición de Venezuela, entre los Magistrados, no deben haber “aumentado”. Por cierto, al régimen se le olvidó mencionar que, en las concesiones petroleras entregadas por Guyana, el socio principal de la EXXON, con el 25% de las acciones, es la China National Offshore Oil Corporation, la compañía estatal china, relevante socia de PDVSA. “Curioso!”. Sadio Garavini Di Turno Doctor en Ciencias Políticas (UCV)- Profesor Universitario -Ex Embajador de Venezuela en Guyana, Guatemala y Suecia – Ex Viceministro de Justicia – Miembro Honorario del CODEIV y Miembro del Grupo Ávila @sadiocaracas

CITGO: Verdades, Posverdades … y Necedades

Por Rafael Gallegos   El libro de Moisés Naim “La revancha de los poderosos”, explica en que consiste la llamada posverdad, y cómo la utilizan las autocracias modernas para, a partir de construir tinglados de mentiras, elaborar falsas realidades intentando que la población culpe de sus padecimientos a los enemigos, al imperio, a la oligarquía, a los opositores, a las iguanas y a todo el mundo…  menos a la mala gestión de los gobiernos.   Posverdades habemus, y muchas, por ejemplo: –      Hiperinflación inducida… haciendo creer que algún “enemigo” de la “revolución” la indujo, obviando que el mismo gobierno inundó la economía de dinero inorgánico que generó devaluación, brutal alza de precios y desintegración de la moneda. –       Guerra económica… haciendo creer que la destrucción del PIB fue provocada por el imperio que envidia los “éxitos” de la “revolución”, obviando los exprópiese, empresa cerrada empresa tomada, las invasiones pistola en cinto. Además, los continuos insultos a los “oligarcas” y un largo etcétera, acciones todas del gobierno que generaron esta inseguridad, desinversión y la desaparición de dos de cada tres empresas. –       Las sanciones destruyeron a Pdvsa… como si no estuviera clarito que el acabose de Pdvsa radica en la expulsión de 23.000 trabajadores, algo así como botar a los pilotos, a los técnicos y a las aeromozas de una línea aérea, ¿cómo volarían los aviones? O en la politización de la empresa – el que no sea rojo rojito puede irse, expresó el otrora zar del petróleo y hoy solicitado Rafael Ramírez.  Destruyeron la empresa estatal más sólida y productiva de América Latina. Además, ojo … las sanciones llegaron después de la destrucción. SALVEMOS A CITGO Citgo es un importantísimo activo venezolano que corremos el riesgo de perder. Eso significaría dificultar la colocación y valor agregado de crudo y productos de alrededor de un millón de barriles en el mercado más importante del mundo, cuando se inicie la ruta de recuperación de la industria petrolera, que sigue siendo el primer motor para la resurrección de Venezuela. Por ello hay que abordar este caso con mucha seriedad. No solo los petroleros, porque esta Pdvsa desinflada nos afecta a todos. Hay que exponer las verdades, las falsedades y las posverdades que rodean a nuestra empresa en Estados Unidos. VERDADES de Citgo –      Cuando se nacionalizó el petróleo, una de las debilidades de Pdvsa era la comercialización internacional. Ésta seguía en manos de las transnacionales. –      Para incrementar esta capacidad, se diseñó y ejecutó la política de Internacionalización, que consistió en comprar refinerías y puertos de embarque en el extranjero, a objeto de llevar nuestro petróleo procesado, sin intermediarios y directamente a los centros de consumo del mundo. De la vaca a la boca, la idea fue sacar el petróleo de los pozos y llevarlo directamente a los tanques de gasolina de los principales centros de consumo del mundo. –      Citgo fue la empresa adquirida en Estados Unidos, con varias refinerías y asociada a muchos centros de distribución. Así, se garantizaba para nuestros difíciles crudos el mercado norteamericano y se preparaba al país para cuando la producción llegara a seis millones de barriles diarios. –      La “revolución” mostró poco interés en mantener la política de internacionalización. El ex zar Ramírez y su equipo no la consideraron estratégica. Comenzaron a vender las empresas adquiridas en Europa y Estados Unidos. –      Citgo fue vendida parcialmente. –      Como Pdvsa fue desvalijada y el país cayó en default, los acreedores vieron en Citgo una empresa que podían tomar como garantía de pago. Una empresa rusa le tomó como garantía de deuda el 49,9 %. Los bonos de la deuda el 50,1% restante. Otras empresas siguen en una larga cola. –      Citgo (de Pdvsa roja) pidió un préstamo y usó casi la totalidad para pagar… dividendos. Habrase visto. Como si un restorán tuviera pérdidas en su ejercicio y pidiera plata prestada para pagar las ganancias. ¿Cuáles ganancias? –      Cuando Citgo estaba a punto de embargo, el gobierno norteamericano se la entregó al gobierno interino.  Sin entrar en aspectos políticos, esa gestión por ahora, ha salvado a Citgo del embargo. El gobierno federal estadounidense paralizó posibles ejecuciones, y la empresa ha mejorado significativamente su situación financiera.  Por cierto, la Citgo roja, tenía más deudas que activos. –      Pero Citgo sigue en riesgo de embargo. Es imperativo que los venezolanos la salvemos. Como dice el presidente de Pdvsa ad hoc, Horacio Medina, la pérdida de Citgo no le conviene a ningún gobierno… y agregamos, ni a ningún venezolano. FALSEDADES (generadas por el gobierno) –      Pdvsa es una empresa productora, no le hacen falta las refinerías (frase del ex zar Ramírez) … Falso, Pdvsa es una empresa integrada, tal como Exxon, Shell y otras, cuyo negocio radica en el procesamiento y en el mercadeo. Producen menos de lo que refinan y venden más de lo que refinan.   –      La internacionalización da pérdidas… como sí este negocio no hubiera que verlo de manera sistémica y a largo plazo. –      Las refinerías compradas no procesan crudo pesado… basta observar las dietas ayer y hoy para desvirtuar esa frase. Además, el crudo extrapesado de la faja (que eran 600.000 bd que hoy serían mucho más de haber seguido la gestión de Pdvsa azul) era procesado en los mejoradores (por cierto, hoy deteriorados) para ser reconstituido como liviano y mediano. –      Nos vamos para China… sin patrioterismos ni altisonancias, hemos podido ir a China sin abandonar a Estados Unidos, el principal mercado del mundo, que nos queda muy cerca, y teníamos una sólida relación comercial de décadas. Y la verdad oculta, que no asoman ni por equivocación: minimizaron la internacionalización porque con la destrucción de la producción de Pdvsa (de 3,5 mmbd, a menos de 0,7) no justifica una gran transnacional de la vaca a la boca y con refinerías en todo el mundo. ¿Qué petróleo iban a colocar? Por favor… ¡Ah!, por cierto, la destrucción de Pdvsa fue estratégica. Tenían que tomar esa colina, como dijo su “gigante”. El mismo modelo cubano de poder para toda la vida, que se inicia destruyendo la economía. POSVERDADES (tinglado construido con falsedades) A Citgo la quebró la mala gestión

Una carta desalentadora

Por Félix Gerardo Arellano La integración económica se mantiene en la agenda política de la región y, en estos días, ha logrado un renovado protagonismo, por la carta que, entre otros, un conjunto de expresidentes (7), excancilleres (11) y exministros (15), han enviado a varios Presidentes en ejercicio de la región (14/11/2022), con el objetivo de reactivar la desahuciada UNASUR, incorporando una serie de propuestas interesantes, conocidasy reiteradas; orientadas a viabilizar y fortalecer el proceso de integración; empero, al profundizar en la misiva se aprecia un sesgo desequilibrado, generando algunas contradicciones. En el plano formal, la difusión del documento se ha caracterizado por desorganización y poca transparencia, lo que ha facilitado la manipulación de algunos gobiernos. Los organizadores no realizaron un acto público de presentación, lo que permitió que, en algún caso, algún gobierno la presentará como una carta remitida con exclusividad. Ese ha sido el caso en Venezuela, donde algunos medios difundieron el documento como una comunicación exclusiva para nuestro país, pero en realidad es un texto colectivo. Ahora bien, sobre Venezuela la carta ha debido incluir una sección especial, que resaltara las negativas consecuencias para la integración económica regional, de unas decisiones equivocadas, como el retiro de la Comunidad Andina, del Grupo de los Tres y el estancamiento de los pocos acuerdos vigentes con otros países de la región, en particular, la falta de adecuación a las complejas circunstancias que enfrenta el país. Adicionalmente, en la carta se ha debido denunciar la política de exoneraciones que se ha desarrollado en los últimos años, que paraliza los esfuerzos de la integración económica. Cualquier exportador al mercado venezolano, prefiere utilizar el decreto de exoneraciones, que le permite entrar al mercado nacional libre de aranceles y sin cumplir ninguna normativa adicional, en detrimento de la producción nacional.Por el contrario, en los esquemas de integración económica, para gozar de la eliminación de los aranceles, se debe cumplir con las normas de origen, las normas técnicas y de calidad y, las aduanas nacionales son responsables del cumplimiento de las normativas. El decreto de exoneraciones conlleva desventajas tanto para la producción nacional, como para cualquier esfuerzo de integración económica. Como se puede apreciar, Venezuela no registra el mejor expediente en materia de integración y, los promotores de la carta han debido realizar un llamado para superar tal situación. Adicionalmente, sobre aspectos formales, llama la atención el caso de Brasil, pues la carta fue remitida al Presidente electo Ignacio Lula Da Silva, quien asumirá tales funciones el primero de enero del próximo año. Los aspectos formales van engrosando las contradicciones. Conviene destacar que la carta enfatiza la importancia de la pluralidad, como una regla fundamental para lograr la estabilidad del proceso de integración. Ahora bien, al excluir al Presidente Jair Bolsonaro, en pleno ejercicio de sus funciones, se está generando un sesgo discriminatorio que, por cierto, caracterizó la gestión de gobierno de algunos de los firmantes. Los promotores de la carta seguramente alegan que al Presidente Bolosonaro le quedan pocos días en el cargo, pero no sería extraño que el tema ideológico se encuentre sea la causa de la decisión, desplazando el objetivo pregonado de respetar la pluralidad. Entrando en temas de fondo, en la carta se resalta la necesidad de promover la convivencia en el contexto de la diversidad, principio fundamental de las relaciones internacionales, empero, en varias oportunidades destacan que, gracias a los nuevosgobiernos electos en Chile, Colombia y Brasil, ahora será posible avanzar en la integración. Debemos observar que la realidad no confirma tal afirmación, recordemos que la experiencia previa de la ola roja en la región no generó mayores beneficios a la integración; por el contrario, ha dejado un panorama desolador, de estancamiento y desintegración. La insistencia en la importancia de la coherencia ideológica para avanzar en el proceso, desvirtúa los buenos propósitos a favor de la pluralidad y hace evidente el sesgo desequilibrado. No podemos desconocer que el enfrentamiento y la polarización ideológica, ha sido uno de los factores que limitan los avances en la integración. En la medida que se incrementa el clima ideológico, se estacan los esquemas de integración existentes. Adicionalmente, se promovieron nuevos esquemas, caracterizados por una marcada visión ideológica, que han generado fragmentación y desintegración.Cuando los gobiernos de varios de los expresidentes firmantes promovían proyectos como la Comunidad Suramericana de Naciones, sustituida por la UNASUR, la ALBA y la CELAC; se relegaban instituciones ya existentes como la ALADI y el SELA. En el caso de la ALADI, su acuerdo fundacional, el Tratado de Montevideo de 1980, contempla entre sus objetivos: la convergencia regional de los diversos proyectos de integración, la apertura al comercio intrarregional y la posibilidad de avanzar en múltiples áreas que los gobiernos podían aprobar. En relación al SELA, desde su creación (1975) tiene previsto el desarrollo de la cooperación intrarregional y la coordinación de posiciones regionales frente al mundo, en particular, frente a los Estados Unidos y otras economías desarrolladas, empero, por razones políticas, ideológicas y mediáticas se promovió un nuevo esquema como la CELAC, argumentando que cumpliría otras funciones eminentemente políticas, pero los resultados evidencian fragmentación y duplicación de esfuerzos. El comentario que sobre PROSUR presenta la carta; “PROSUR no pasó de ser un emprendimiento improvisado y precario, con nulas capacidades operativas como quedó demostrado con su total inoperancia”, confirma el sesgo desequilibrado, pues con objetividad, las experiencias de la ALBA, UNASUR y la CELAC podrían definirse en los mismos términos, pero en la son presentadas como importantes proyectos. Debemos reconocer que la carta no evidencia una actitud autocritica y un real propósito de enmienda. Al respecto, en el texto se enfatiza sobre la necesidad de la inclusión de todos los sectores de la sociedad para la construcción de la integración, en particular, el empresariado, los gremios, los sindicatos, las ONG. Al abordar esos temas, ha podido ser una oportunidad para la autocrítica, pues los gobiernos radicales de algunos de los firmantes, se caracterizaron por una marcada exclusión y descalificación de quienes piensan diferente. La carta resalta la grave situación social

¿Para qué sirven las Cumbres del G20?

Por María Alejandra Aristeguieta Bali es el centro de la atención mundial en esta semana por ser sede de la Cumbre del G20 que se celebra en esa isla del sur de Indonesia, cuyo gobierno ocupa la presidencia pro tempore del grupo. El G20, foro surgido de la necesidad de coordinar esfuerzos ante la crisis financiera de finales del siglo pasado y posteriormente del 2008, ha sido con frecuencia visto como el “club de los ricos”, al contar entre sus miembros a las 20 economías más importantes del planeta, que mueven cerca del 80% del comercio y cuentan con más de la mitad de la población mundial. Aunque se trata de una alianza bastante flexible e informal que no surge de un tratado internacional como la ONU ni tiene un cuerpo de normas que lo rijan, el G20 se ha convertido en una referencia entre tantos grupos de diplomacia multilateral. Originalmente centrado sobre todo en intentar coordinar esfuerzos globales en materia financiera y económica, el foro permite abordar temas que sean de mayor interés estratégico mundial, y ayudan a crear espacios de cooperación, que, en un escenario como el de Naciones Unidas, con 193 miembros, sería imposible de lograr. Sin embargo, debido al impacto que los temas más políticos y de seguridad tienen sobre las economías, el foro se ha ido indefectiblemente acercando cada vez más a estos asuntos. Recientemente, una gran parte de sus miembros se han enfocado particularmente en el tema de la invasión por parte de Rusia a Ucrania, debido a la crisis energética que la guerra ha desatado, así como su influencia en el aumento de la crisis alimentaria que ya se venía gestando producto de las disrupciones durante los momentos más álgidos de la pandemia del COVID-19. Esta tendencia, aunado a las reacciones que se vieron durante la reunión del mes de julio, en las que varias delegaciones se pararon y salieron de la sala ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, generaron muchas dudas sobre cómo se desenvolvería el foro en esta oportunidad y cuál debería ser su agenda. Quizás haya sido una de las razones por las que Joko Widodo, el presidente de Indonesia,  haya puesto sobre la mesa tres temas que incorporan cuestiones de mayor interés para los países en desarrollo (la mayoría de ellos ausentes de estos debates) y que deberían tener un amplio consenso para ser abordados de manera general: reforzar la infraestructura sanitaria global, asegurar una transformación tecnológica inclusiva, y promover una transición energética sostenible. Y como suele suceder en la diplomacia multilateral, que cada quien llega con su agenda para tratar de que alguno de sus puntos sea incluido en la negociación, el secretario general de la ONU, António Guterres, también ha intentado incluir el tema climático como corolario a la reunión de la COP27, y en particular el fondo global de cooperación que promueve la ONU para lograr la disminución de la temperatura del planeta. Más aún, Guterres ha planteado de entrada abogar por una flexibilización de los impactos colaterales de las sanciones a Rusia en el suministro global de energía, alimentos y fertilizantes, para evitar una catástrofe alimentaria de características inimaginables sobre todo en África. Lo cierto es que la invasión de Ucrania por parte de Rusia sigue siendo un tema muy importante en la agenda del G20, incluso incidiendo sobre algunas formalidades, como la foto de grupo final, por lo que será inevitable que se traiga a la mesa de discusiones multilaterales, tanto como a los encuentros bilaterales que siempre ocurren en los márgenes de este tipo de foros, pues estos son una oportunidad para buscar nuevos aliados, acercar posiciones con miras a resolver primero bilateralmente algo que luego se debata ya cocinado a nivel multilateral, o incluso determinar dónde están los límites dentro de posiciones antagónicas y qué espacio hay para que esos temas antagónicos no obstaculicen las soluciones a otros temas. Un buen ejemplo de esto es la reciente reunión celebrada en vísperas del inicio de la Cumbre de Presidentes del G20 entre Joe Biden y Xi Jinping el día lunes 14. De acuerdo con lo expresado por ambas delegaciones, en la misma se buscaron acercamientos para resolver la crisis energética y alimentaria causada por la guerra de invasión a Ucrania. Y es que, aunque ambas delegaciones se refieren de manera diferente al fondo de los temas tratados en la reunión que duró más de tres horas, lo que trasluce es que abordaron las posiciones de ambos sobre Taiwán, tema de gran antagonismo entre ambos países, y sobre Rusia, asunto sobre el que también tienen grandes diferencias, pero algunas coincidencias en cuanto a las consecuencias de la guerra a nivel mundial y su impacto en la economía y el comercio internacional de ambos países. Aunado con ello, destacaron como prioritario fortalecer las relaciones bilaterales (que están en este momento en su punto más bajo), en especial, las económicas y comerciales. En su rueda de prensa, Biden dijo haber insistido en la competitividad evitando el conflicto, mientras que Xi habla de espacios de crecimiento económico compartido donde ambos países pueden ganar. En suma, lo que se desprende de esta reunión bilateral es que parece ser un punto de inflexión que llevaría las relaciones de las dos economías más grandes del G20 –y del mundo– a una nueva etapa, que podría incluir espacios de cooperación con miras a minimizar o revertir el impacto de la guerra en Ucrania en sus exportaciones. Si se logra profundizar en este aspecto, lo veremos reflejado, así sea someramente, en el documento resultante de la Cumbre del G20. Y nos acercará, un poco más, a la esperanza de paz. María Alejandra Aristeguieta Internacionalista UCV, ex diplomática, consultora y analista de relaciones multilaterales. @MAA563

Recordando a Goulart

Por Luis Daniel Álvarez V. La realidad brasileña actual no presagia tranquilidad y calma. Si bien Lula da Silva, dada la nueva coyuntura, lo estrecho del triunfo y la necesidad de abrirse hacia actores emblemáticos, de nivel y de prestigio como su compañero de fórmula, y hasta hace relativamente poco histórico adversario Geraldo Alckmin, tiene en contra a sectores que prometen una venganza política por haber perdido y que anuncian que arremeterán contra la gestión, evidenciando su proceder en que aún no inicia el mandato y ya descalifican al mandatario electo. A lo anterior se une una preocupación adicional y es que actores que respaldaron al gobierno saliente repiten que hay que impulsar mecanismos que impidan al nuevo gobierno asumir, indicando que si entre las medidas está alguna de naturaleza castrense, deberá asumirse como una necesidad. Aunque el presidente Bolsonaro no ha llegado a respaldar públicamente esa postura anacrónica y destemplada, su silencio para admitir los resultados llevó al país a una angustiante espera en la que cualquier cosa pudo pasar. La historia brasileña tiene un episodio que pareciera similar. En 1964 el país atravesaba por un clima de incertidumbre y aunque la democracia se consolidaba, el presidente João Goulart se enfrentaba a actores que pedían, a como diera lugar, su salida del poder. De esta manera algunos personajes comenzaron a exigir que el sector militar actuara y depusiera al primer mandatario, acción que finalmente se concretó. La decisión militar de avanzar, no sólo tiró por la borda algunos logros significativos que se habían dado en las administraciones de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros y del propio Goulart, sino que sembró una era perversa en la que el miedo, las torturas y la desolación se apoderaron de un país que pasó a ser administrado como un cuartel. Quienes llaman a que se concrete una intervención armada parecieran no haber entendido que la acción de 1964 dio una carta abierta a las fuerzas armadas para que hicieran lo que quisieran sin control. El retorno a la democracia fue doloroso y lento, pero una vez conseguido es de las grandes banderas del país. En el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, sin importarle el daño que podía hacer, dedicó su voto a uno de los torturadores del régimen dictatorial, Carlos Alberto Brilhante Ustra.  Frente a los que como él idolatran la oscuridad y a los que a la ligera piden a las fuerzas armadas desconocer el mandato electoral, cabe recordar al presidente Goulart y señalar que independientemente de su manera de pensar, no merecía su gobierno terminar con un zarpazo que a la larga aplastó cualquier asomo de dignidad en el país. Luis Daniel Álvarez V. Internacionalista UCV, Doctor en Ciencias Sociales. Profesor en la UCV y UCAB. Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Secretario General del CODEIV correoacademicoldav@gmail.com @luisdalvarezva

Zona de contradicciones

Por Felix Gerardo Arellano El indo pacifico se posiciona como el epicentro de la geopolítica mundial, desplazando el atlántico y, en gran medida, a los valores liberales occidentales, particularmente las libertades, la democracia y los derechos humanos. Su crecimiento económico e innovación tecnológica han sido impresionantes, logrando una influencia decisiva en las cadenas globales de valor. Adicionalmente, su impresionante desarrollo se ha acompañado de la conformación de una red de instituciones orientada a fortalecer los vínculos económicos y la cooperación; empero, en los últimos años, crecen los focos de tensión en el área, generando la sensación que la zona podría dar origen a una gran conflagración de consecuencias impredecibles. En la consolidación de la globalización económica, el protagonismo del área del indo pacifico ha sido determinante. Unos 38 países que representan aproximadamente el 44% de la superficie mundial, el 65% de la población del planeta y se calcula que un 62% del PIB mundial. Albergando cinco de las potencias mundiales: Estados Unidos, China, Japón, India y Rusia. Geográficamente comprende puntos estratégicos para la economía y el comercio internacional, tales como los estrechos de Malaca, Ormuz y Bab el-Mandeb. En principio, el ritmo de crecimiento económico y tecnológico se concentró en el área del pacifico, destacando el acelerado progreso de Japón y de los llamados “tigres del Asia” de la primera generación, conformado por Corea de Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur; y los de la segunda generación: Malasia, Indonesia y Tailandia. Posteriormente la India fue descollando en el plano económico, convirtiéndose en una potencia emergente, miembro del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Cabe recordar que Deng Xiaoping, el constructor de la China comunista moderna, resaltó a Rajiv Gandhi como Primera Ministro (hijo de la célebre ex primera ministra Indira Gandhi), la importancia de la India para la zona. Para tratar de superar las desconfianzas mutuas producto, entre otros, de la visión suma cero que caracteriza la rígida interpretación la soberanía, algunos países de la zona promovieron la construcción de instituciones orientadas a fortalecer la cooperación y la integración, es el caso de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en ingles), conformada por cinco países fundadores: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia en 1967; a la que luego se sumaron otros cinco países: Birmania, Brunei, Camboya, Laos y Vietnam. Otro esquema de carácter informal, importante para la coordinación de posiciones en un escenario tan heterogéneo, fue la creación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC, por sus siglas en inglés), conformado por 21 países miembros en 1989. Pero además de la suspicacia que genera las visiones rígidas de la soberanía, fueron creciendo diferencias y resistencias producto de enfrentamientos ideológicos. Primero, producto de la guerra fría entre los Estados Unidos y la vieja URSS; luego, estimulados por la creciente competencia por la hegemonía y el liderazgo regional, entre los Estados Unidos y el meteórico ascenso de China como potencia. Tal competencia está incrementando la desconfianza entre los países del indo-pacifico y genera sus consecuencias  en el plano institucional en diversas áreas. Al respecto cabe destacar que, desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el incipiente ambiente de la guerra fría, se suscribe el Tratado Anzus, entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en 1951, para promover la seguridad e inteligencia en el pacifico. Otro acuerdo relevante en el marco del enfrentamiento este/oeste ha sido el llamado “Five Eyes Alliance”, una alianza en temas de seguridad e inteligencia, integrada por Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido, creada desde los inicios de la guerra fría, que se conoció públicamente en 1990.  Pero el ambiente de tensión se ha exacerbado en los últimos años, producto del giro más agresivo en la política exterior china, impulsado por el Presidente Xi Jinping, Una política de expansión más directa, dura y global, que tiene su máxima expresión en el ambicioso proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, que abarca los cinco continentes, con más de cien países incorporados. Una nueva política expansionista que, en los últimos años, está privilegiando el fortalecimiento de su fuerza militar y evidencia que se agotó el tiempo de la prudencia y el “soft power”. Actualmente, la amenaza militar china se presenta en varios focos, entre otros, en el mar del sur, la frontera con la India y, en particular, frente a Taiwán. El enfrentamiento geopolítico también ha permeado el plano económico e institucional; en tal sentido, el gobierno de los Estados Unidos, durante la presidencia de Barack Obama, trabajo arduamente para la conformación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que finalmente fue suscrito por doce países en febrero del 2016. Una zona de libre comercio, con el objetivo político de servir de muro de contención ante el impresionante ascenso de la hegemonía china en la zona; empero, el Presidente Donald Trump, al llegar a la presidencia, decidió el retiro de los Estados Unidos del acuerdo, el 23 de enero del 2017. El error estratégico del Presidente Trump fue aprovechado de inmediato por el gobierno chino, que se concentró en la conformación un acuerdo económico profundizado, que algunos definen como ASEAN+5; es decir, los 10 miembros de la ASEAN más Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Formalmente denominado Asociación Económica Integral Regional (RECEP, por sus siglas en ingles), firmado en la Cumbre de la ASEAN el 15 de noviembre del 2020, aún en proceso de ratificación por varios países signatarios. En oposición y para tratar de fortalecer el liderazgo de los Estados Unidos en la zona, el Presidente Joe Biden ha propuesto la creación de un esquema flexible de cooperación en diversas áreas, definido como Marco Económico del Indo-Pacifico para la Prosperidad (IPEF, por sus siglas en ingles), inicialmente integrado por 13 países de la zona, iniciativa que ha presentado en el marco de la Cumbre de la QUAD, efectuada en Japón en mayo del presente año. En el plano político, militar y de seguridad, Estados Unidos ha actuado más activamente y, al presente, ha

Venezuela y la Solución de Controversias Internacionales

 Por Omar Zurita A. Las controversias internacionales son para algunos estudiosos, consustanciales a la existencia misma de las relaciones entre los sujetos del derecho internacional, entendido este último como el conjunto de normas que han sido creadas por entes soberanos a los cuales en definitiva, le serán preferiblemente aplicadas. Es comprensible que para la solución de toda divergencia o discrepancia en la aplicación o interpretación del derecho existente o sobre la exigencia de obligaciones internacionales, los Estados hayan sido extremadamente cuidadosos en la utilización de mecanismos o procedimientos de solución de controversias basados en el recíproco reconocimiento de su personalidad. Entre los mecanismos diplomáticos de solución de conflictos internacionales más utilizados está el arreglo directo por vía amistosa, así como los Buenos Oficios y la Mediación, ambos caracterizados por la más o menos discreta acción amistosa de un tercero destinada a obtener un arreglo. La Investigación o sometimiento de un conflicto a unos investigadores cuya misión es aclarar las cuestiones de hecho, deja a los Estados involucrados en libertad de resolver el incidente por el método de su escogencia. Después de 1.919, se introduce en la práctica internacional el procedimiento de la Conciliación que tiene por objeto resolver los conflictos de intereses mediante su examen y la presentación de informe por parte de una Comisión de Conciliación de las partes, con concretas propuestas de arreglo. Como muchas veces se ha dicho, es reconocida la vocación de Venezuela al derecho y su propensión a evitar el recurrir a la fuerza para resolver sus controversias internacionales. El auge alcanzado por el principio del arbitraje como medio de solución de controversias en el transcurso del Siglo XIX, se hizo patente al aparecer siempre como precepto constitucional en numerosas cartas fundamentales a partir de la Constitución de 1.864, promulgada después del triunfo de la Revolución Federal. Disponía el artículo 119, de dicho texto constitucional, que en los tratados  internacionales de comercio y amistad se incluiría la cláusula de que “todas las diferencias entre las partes contratantes deberán decidirse sin apelación a la guerra por arbitramento de potencia o potencias amigas”. El mismo precepto se mantuvo en las constituciones de 1.874 (Artículo 112), 1.881 (Artículo 109) y 1.891 (Artículo 109). En el texto constitucional de 1.893 (Artículo 141), la cláusula se hizo extensiva a toda clase de acuerdo internacional y así se conservó en las constituciones de 1.901, 1.904 y 1.909. Pasado el período romántico después de la Guerra de la Federación, el precepto pasa a tener un valor positivo como condenación de la guerra, más bien que un sentido de obligación arbitral propiamente dicha, por cuanto el arbitraje quedaba siempre sometido al acuerdo de las Partes, o sea al compromiso, que podía o no lograrse. La disposición constitucional no pasaba de tener un valor moral más que de política internacional efectiva. Bajo la vigencia de este precepto constitucional se celebraron los arbitrajes con Colombia en 1.881, y con la Gran Bretaña en 1.899, que cercenaron el territorio nacional; el arbitraje con Francia sobre el caso Fabbiani, el celebrado con los Estados Unidos para solucionar el caso de la Compañía de Transporte, así como las Comisiones Mixtas de 1.865 y 1.885, con Francia y los Estados Unidos. Son todas páginas muy oscuras de la historia diplomática venezolana, en que el principio arbitral proclamado y profesado por la República se había vuelto contra ella, y apenas se conocía como caso aislado la victoria sobre Holanda en el caso de la Isla de Aves, en el diferendo decidido por el Rey de España en 1.865. La Constitución de 1.914, mantuvo el mismo precepto suprimiendo tan solo la parte relativa a que no se debía recurrir a la guerra, en tanto el texto constitucional de 1.922, ordenaba que en los tratados internacionales se pondría una cláusula según la cual todas las diferencias entre las partes contratantes, relativas a la interpretación o ejecución de un tratado, se decidirían por arbitraje. Al eliminar de la cláusula la prohibición a la guerra, el texto constitucional convertía en cierta manera obligatoria el arbitraje, de un modo unilateral. La Constitución de 1.925, incluyó el precepto entre las atribuciones del Presidente de la República pero conservó la misma forma de redacción que en la Constitución de 1.914, que se repetiría en los textos constitucionales de 1.928 y 1.929. A partir de la Constitución de 1.931, la obligación arbitral que debía estipularse en los tratados celebrados por la República, desapareció al establecer que todas las diferencias sobre la interpretación y ejecución de un tratado se decidirían por los medios pacíficos de solución de controversias reconocidos en el derecho internacional. Tan novedosa redacción del principio constitucional se conservó en las constituciones de 1.936 y de 1.945, y fue mejor desarrollado por el constituyente de 1.947, al establecer en el artículo 106, el siguiente texto: “En los compromisos internacionales que la República contraiga, se insertará una cláusula por la cual las Partes se obliguen a decidir por las vías pacíficas reconocidas en el Derecho Internacional, o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de la interpretación o ejecución del Pacto, siempre que ello se juzgue necesario dada la índole de éste o así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración.” En el Artículo 129 de la Constitución de 1.961, se repite la redacción del precepto salvo que en lugar de las palabras “compromisos internacionales”, el constituyente utilizó la frase “tratados, convenios y acuerdos internacionales”. El constituyente de 1.999, consecuente con la tradición republicana, mantuvo en líneas generales, la redacción del anterior artículo 129,  cuando establece en el Artículo 155, que las controversias que pudieren suscitarse entre las partes con motivo de la interpretación o ejecución de un tratado, deberán ser resueltas “por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas”, pero siempre que ello “no fuere improcedente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración”. Se deja abierta así la posibilidad para