Abraham Clavero Toro

Las Olimpiadas y el efecto migratorio

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Concluyó la cita olímpica en Paris con un saldo de sorpresas, criticas, observaciones, nuevos récords, y decepciones como siempre ocurre en estos eventos. Fueron dos semanas durante las cuales Paris centró el interés de una gran mayoría, pendiente de lo que acontecía en el mundo del deporte. Quedará para la posteridad desde la ceremonia de inauguración con sus detalles que han causado asombro e inclusive calificativos de repugnante con la recreación de la Ultima Cena de Leonardo Da Vinci. También observaciones respecto a las residencias de los atletas, la contaminación de las aguas del Sena, que no dejó de ocupar espacios en la prensa mundial, y el desgaste rápido de las medallas olímpicas.Estos juegos sirvieron para reafirmar el desempeño de atletas ya establecidos, el adiós de otros y el surgimiento de nuevas figuras con miras a las Olimpiadas de Los Ángeles en 2028.Dentro de todo el desenvolvimiento de este acontecimiento deportivo mundial, no hay duda que el tema de los movimientos migratorios se vio reflejado en una serie de selecciones que incluyeron a deportistas que no “encajaban” con la idiosincrasia tradicional de muchos países. No es el caso de las potencias coloniales que alberga dentro de su estructura social varias generaciones de grupos raciales procedentes de sus antiguas colonias: Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal y en menor medida España y Alemania.Sin lugar a dudas, se ha producido un máximo flujo de inmigrantes desde la Primavera Árabe hacia el continente europeo. Por eso el 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado, por el 50º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.En el deporte, como en otras áreas, varios atletas refugiados han destacado en los últimos años en diversas disciplinas y han levantado su voz sobre lo que significa ser refugiado y cómo proteger a aquellas personas que huyen de zonas en conflicto. Para finales de 2020, los desplazados por la fuerza en todo el mundo superaron los 82 millones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. De ese número, entre 30 y 34 millones eran niños y niñas menores de 18 años de edad. Alrededor de 7 millones de venezolanos forman parte de este conjunto de desplazados.En el ámbito deportivo, específicamente hay que mencionar a los países nórdicos que incluyeron un número representativo, dentro de sus equipos nacionales, a atletas procedentes de otras latitudes. Es evidente que, debido a la gran cantidad y calidad de atletas nacidos en Etiopia, Uganda y Somalia, por solo nombrar algunos, que no pudieron ser incluidos en sus escuadras nacionales, muchos debieron buscar otras alternativas para triunfar. En este sentido, es digno de hacer referencia al equipo de atletismo de Italia con un numero importantes de competidores con nombres que no representan la verdadera cultura “azurra”, cuya Primer Ministro, Giorgia Meloni, mantiene posturas conservadoras en temas migratorios, y en favor de normas fuertes para paliarla. Lo mismo puede decirse de los Países Bajos.El caso más patético lo constituyeron los tres atletas cubanos que compitieron por España, Portugal e Italia quedándose con los máximos honores, mientras que el verdadero representante de La Habana no pudo alcanzar ningún tipo de recompensa olímpica.Muy diferente es la situación de Bahrein, que ha puesto en práctica una política de reclutamiento en diversos países africanos para conformar un equipo que ha conseguido recompensas olímpicas con escapularios ajenos, como dice el dicho popular.Cabe destacar, que el cierre de la cita olímpica incluyó la ceremonia de premiación de la gran atleta neerlandesa Sifan Hassan, nacida en Etiopía, quien emigró a los 15 años. No se sabe si el objetivo del Comité Olímpico implicaba una velada crítica al gobierno de ese país, en el cual el Partido por la Libertad, del ultra conservador Geert Wilders, tiene mayoría y cuya Ministra de Asilo y Migración Marjolein Faber ha llamado a poner mano dura contra la inmigración.Por tercera vez consecutiva en París 2024 participó el denominado Equipo Olímpico de Refugiados del COI, integrado por 36 atletas de 11 países diferentes, con la ayuda de 15 Comités Olímpicos Nacionales, en 12 deportes. Esta idea surgió en el 2015, tras la aprobación del Comité Ejecutivo del COI. Su debut, en citas olímpicas, tuvo lugar en los Juegos de Río 2016, con 10 deportistas que conformaron el primer equipo de esta naturaleza. La Comisión Ejecutiva del COI aprueba la lista de participantes según los criterios de rendimiento deportivo de cada atleta y su condición de refugiado verificada por ACNUR, es decir, una persona que se huyó de su país por situaciones de persecución, guerra o violencia.Esta plantilla representa “un símbolo de esperanza para los refugiados de todo el mundo. Además, su intervención busca principalmente generar conciencia y despertar la atención de la comunidad internacional sobre la magnitud de la crisis que vive un refugiado”. Por eso, su presencia va más allá del resultado deportivo.En París, el Equipo Olímpico de Refugiados compitió bajo las siglas EOR (Équipe Olympique des Réfugiés). A diferencia de sus dos anteriores participaciones, bajo la bandera olímpica, esta vez contó con su propio emblema, un logo con un corazón en el medio. Su objetivo fue generar una identidad común para el equipo junto a las individualidades de cada historia de sus integrantes. Masomah Alí Zada, que compitió en ciclismo como miembro del Equipo Olímpico de Refugiados en Tokio 2021, se desempeñó como jefa de misión del conjunto en París 2024. La R.I. de Irán fue el país que más aportó a este equipo con 15 deportistas, que demuestra el estado de persecución y violación de los derechos humanos que vive el país persa.Por Venezuela integró dicho equipo el larense Edilio Francisco Centeno Nieves, en la modalidad de Tiro, quien se encuentra en calidad de refugiado en México junto con su hermana Marialejandra también atleta en este deporte. Centeno ha continuado su carrera gracias al apoyo de Becas para Atletas Refugiados. Nacido en Barquisimeto, en 1980, tuvo que salir, en 2017, en contra de su voluntad para convertirse en uno más de los millones de desplazados que existen

2024: Radiografía de un año electoral (Tercera Parte)

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Por Abraham Clavero La Federación Rusa de Vladimir Putin, realizó votaciones presidenciales (15 al 17 de marzo) anunciadas después de un nuevo aniversario de la denominada “operación especial en Ucrania”. Putin de 71 años, (Rusia Unida) ha gobernado, durante más de veinte años, con hermetismo y opacidad, luego de presidir la Federación de Rusia desde el 2000, cuando sucedió a Boris Yeltsin, y ejerció como Primer Ministro (2008 y 2012). Es el presidente ruso más longevo desde Josef Stalin. En 2020, Putin reformó la Constitución rusa, para ejercer dos mandatos de seis años cada uno, hasta el 2030. Sectores de la oposición califican estas elecciones como “un teatro fraudulento que favorecen al presidente”, percibido como una mera formalidad, ante una oposición que no tiene voz en Rusia, pero también como una especie de referéndum a su gobierno y la campaña militar en Ucrania. El entonces máximo líder de la oposición Alexéi Navalni, fallecido “repentinamente”, purgando una condena a 30 años, había pedido a sus compatriotas que votaran “a cualquier partido que no sea Putin”. El exilio, la cárcel o la muerte son el destino de los opositores del régimen. En la Rusia de hoy, no hay quien le dispute el poder. Navaldi fue el último de sus contrarios fallecidos en circunstancias inexplicables entre los que sobresalen, además del Jefe del Grupo Warner, Yevgeny Prigozhin (2023), el legislador liberal Serguéi Yushenkov, (2021), el diputado Vladímir Golovliov (2022), la periodista Anna Politkovskaya (2006), el ex Viceprimer Ministro Boris Nemtsov (2015), Alexander Litvinenko (2006), Boris Berezovksy (2013), Serguéi Skripal (2018) y su hija Yulia (solo envenenados) y Ravil Maganov (2022). ¿Quién será el próximo? Se habla de Vitali Robertus, vicepresidente de la compañía rusa de petróleo y gas Lukoil. En estos recientes comicios, se enfrentó a tres candidatos calificados de simples comparsas que indirectamente han apoyado al mandatario ruso: el nacionalista Leonid Slutski (Partido Liberal Democrático), Nikolai Jaritonov (Partido Comunista) quien está en favor de una “victoria en todos los frentes”, y el empresario Vladislav Davankov (Nuevo Partido popular). Esto ha sido calificado como un signo de reducción del espacio político. Ninguno de estos aspirantes planteaba un desafío verdadero, debido a que dichas organizaciones políticas han apoyado las iniciativas legislativas de Rusia Unida, el partido de gobierno. No obstante, son fuerzas políticas reales, si se toma en cuenta que la derecha nacionalista tiene un peso político en Rusia al igual que el Partido Comunista, representando alrededor del 10% del electorado. Los analistas de la política rusa consideran que “cada candidato representó una ideología y una posición política interna completamente yuxtapuesta por sí mismo que colectivamente contribuyeron al objetivo de Putin de reforzar su control en el país. Sirvieron, además, para canalizar el descontento de diversos sectores de la sociedad y dar un barniz pluralista al voto, mientras que la verdadera oposición “ha sido completamente arrasada por años de represión”.      A parte de “los candidatos comparsa”, hubo otros potenciales candidatos incluyendo a un legislador de la región de Moscú, Boris Nadezhdin, propuesto por el partido Iniciativa Cívica. Se le conoce como “candidato de la paz”, ya que ha estado pidiendo abiertamente que se ponga fin a la “operación militar especial”. Sin embargo, la Comisión Electoral decidió descartarlo por presuntas irregularidades en más de 100 mil firmas de apoyo. De igual manera, la comisión se negó registrar a Ekaterina Duntsova, la denominada candidata de la paz”, quien en noviembre acaparó la atención mediática como “la mujer que desafía a Putin” Como era previsible, Putin obtuvo el 87,76 % de los votos escrutados, considerado como el resultado “más alto jamás registrado en la historia postsoviética Rusia”, muy por encima del 76,69% logrado en 2018. Por su parte, la oposición tolerada por el régimen, para dar sensación de pluralismo, quedó bastante rezagada con 4,6 % para Jaritonov, Davankov 4,2% y Slutski 3%. Según informaciones oficiales, la participación ciudadana estuvo por encima del 73,33 %, de un total de 114 millones de votantes, y el sufragio en línea alcanzó el 90%. De esta manera, Putin logró su objetivo más anhelado de una alta participación, de forma que pueda presentar su victoria como totalmente legitima, ante las serias críticas que las consideraron como fraudulentas y amañadas, y nada apegadas a los principios democráticos, utilizando todas las vías para coaccionar el voto.    Según señala el diario Le Monde, la magnitud del fraude durante las recientes presidencial en base a informaciones de medios rusos independientes, el número de votos robados oscilaría entre 22 y 36 millones, de un total de 76 millones de votantes. Los votos ficticios sirvieron para aumentar la puntuación de Putin de 57% a 86%. El último día de las elecciones, se llevaron a cabo una serie de manifestaciones pacíficas, denominadas “Mediodía contra Putin”, revestidas de un gran simbolismo contra el jefe de estado, incluyendo visitas a la tumba de Navalny para emitir “un voto simbólico” a su favor. Las mismas fueron tildadas de ser realizadas por “extremistas peligrosos que buscan desestabilizar el país en nombre de Occidente”. Las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 70 personas. En San Petersburgo una mujer fue detenida luego de arrojar una bomba incendiaria a la entrada del colegio electoral, y otras por arrojar antiséptico verde o tinta en las urnas. Hasta ahora solo gobiernos autocráticos han felicitado a Putin por su triunfo “arrollador” en las elecciones, mientras que Estados Unidos y la UE han criticado los resultados calificándolos de anti democráticos. De igual manera tildaron de inaceptables la realización de elecciones en aquellos territorios ucranianos ocupados por Rusia. Cabe destacar que el descontento se extendió más allá de la Rusia actual incluyendo países del Cáucaso, y Asia Central, (Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán) que registraron una significativa participación electoral de ciudadanos rusos, quienes se apersonaron en las embajadas para expresar su descontento con el gobierno de Putin.     De acuerdo con informaciones filtradas del comando de campaña del presidente ruso, se invirtieron una cifra cercana a 1.100millones de dólares en estas elecciones cuyo lema era reforzar el nacionalismo y la lealtad a

2024: radiografía de un año electoral (Segunda Parte)

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Por Abraham Clavero El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió convocar elecciones anticipas, este 10 de marzo, tras la dimisión del Primer Ministro socialista, António Costa, investigado por corrupción. La Asamblea Nacional, de 230 escaños, permaneció en funciones hasta el 15 de enero garantizando la aprobación de los presupuestos generales del Estado y la actividad legislativa, mientras que António Costa se mantendrá como Primer Ministro hasta la formación de un nuevo Gobierno. Los candidatos a reemplazar a Antonio Costa incluían: Pedro Nuno Santo, socialista, de 46 años y economista, elegido por mayoría en las primarias. Ha sido Ministro de Infraestructuras y de Vivienda. Considerado un hombre de izquierdas, aunque algunos lo califican de radical y rebelde. Sus posiciones están en favor de las pensiones o la subida del salario mínimo. Luis Montenegro, líder del PSD y de la oposición conservadora, de 51 años y de profesión abogado. Desde su escogencia, endurecido su discurso para apartarse de la ultraderecha. Ha sido diputado en el Parlamento y presidente del grupo parlamentario. La tercera fuerza política en el Parlamento es Chega, la formación de ultraderecha que lidera André Ventura, profesor, comenzó a darse a conocer como comentarista deportivo y fue candidato a la Alcaldía de Loures por el Partido Social Demócrata. En estas elecciones Ventura manifestó que solo pactará con la Alianza Democrática para formar gobierno. Entre sus puestas destacaban, además de rebajar los impuestos y recuperar la sanidad, establecer cupos de inmigración. El Bloque de Izquierda fue encabezado por Mariana Mortagua, defensora de la economía de izquierdas. “El Bloco” fue el partido que permitió la primera ley contra la violencia de la mujer en Portugal, y ha mantenido alianzas con partidos como Podemos. Iniciativa Liberal (IL) y Livre fueron los otros dos partidos con aspiraciones en estas elecciones. IL presentó la candidatura de Rui Rocha, liberal, que ha estado muy vinculado a recursos humanos en varias áreas como la banca o la industria de la automoción. Livre estuvo representado por Rui Tavares, cuya orientación es más a la izquierda y aspiraba a ser un freno para la subida de la ultraderecha. El Partido Comunista presentó a Paulo Raimundo actual secretario general, de 46 años y ha estado siempre ligado al movimiento obrero. Desde el final de la dictadura, solo cinco de quince primeros ministros han completado su mandato. Al respecto, Rebelo de Sousa fue partidario de convocar elecciones anticipadas, si António Costa no finalizaba su mandato. Los análisis políticos coincidieron en señalar que ni la derecha moderada ni el centro izquierda obtendrían un resultado que les pudiera permitir formar gobierno, sin tener que recurrir a alianza incomodas. De lo contrario el nuevo gobierno enfrentaría una situación de apremio que conduciría a elecciones a corto plazo. El Bloque de Izquierda, encabezado por el PS con una mayoría relativa y el PSD en el campo de la derecha, aglutinaron gran parte de la votación, junto con el fenómeno electoral de Chega. En este sentido es necesario recordar que, Luis Montenegro, durante la campaña reiteró que no gobernará con Chega y que su escenario favorito seria formar una coalición con Iniciativa Liberal. El PSD concurrió a estas elecciones junto con Alianza Democrática (AD) constituida por los conservadores del Centro Democrático Social-Partido Popular y los tradicionalistas del Partido Popular Monárquico Según les escrutinios, ningún partido obtuvo una mayoría suficiente para gobernar en solitario. La Alianza Democrática de Luis Montenegro, con el 29,49% frente al 28,77 de los socialistas de Pedro Nuno Santos, mientras que el partido Checa de André Ventura, con el 18,06% confirma un crecimiento vertiginoso, de casi el triple de respaldo del recibido en 2022, más de un millón de votos, que se tradujo en 48 diputados en el Parlamento y que supo captar el descontento en especial de los jóvenes. Estos logros han servido para acabar con el bipartidismo en Portugal y ha sido considerado como un fenómeno que se vislumbra en relación con las próximas elecciones en la Unión Europea. Los diputados de Iniciativa Popular no fueron suficientes para que el PSD formara gobierno. Por el lado de la izquierda los pobres resultados del Partido Comunista no le sirvieron, a los socialistas para alcanzar una mayoría parlamentaria Sin embargo, a diferencia de España, el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, que perdió medio millón de votos, y un tercio de sus diputados (120 a 77) permitirá un gobierno del Partido Social Demócrata de Luis Montenegro a fin de impedir que la derecha radical representada por Checa se integre al nuevo gobierno. Este anuncio ha sido interpretado como una clara referencia de aplicar una especie de cordón sanitario. En Interesante la realidad política actual de Portugal, al producirse este giro hacia la derecha, cuando precisamente se están cumpliendo 50 años de la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura de Oliveira Salazar en 1974. Después de más de ocho años, la derecha regresa al poder, cuando el socialista Antonio Costa, aliándose con otras fuerzas de la izquierda logró la aprobación de una moción de censura contra el conservador Pedro Passos Coelho. Uno de los principales temores que enfrenta el pais es el importante crecimiento experimentado por partido Checa de extrema derecha, cuyo líder André Ventura ha admitido que no aceptará acuerdos postelectorales con los demás partidos de derechas si no se le incluye en el gobierno. Según estos resultados, cualquier escenario de mayoría absoluta están descartado, siendo Chega necesario para la formación de una mayoría de derecha. Un aspecto que jugó un papel significativo en estos comicios fue la corrupción y los escándalos judiciales. Destacan tres casos: Operación Influencer contra Antonio Costa y el exministro de Infraestructuras Joao Galamba; el caso Marques contra José Sócrates y algunas de las personalidades más influyentes en la sociedad portuguesa y la mega operación judicial en Madeira contra Miguel Alburquerque y Pedro Calado. A estos se suman los casos acumulados por exministros y Secretarios de Estado del gobierno saliente. Un estudio sobre el costo de la corrupción (2018) estima que en Portugal equivale

2024: radiografía de un año electoral (Primera Parte)

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Por Abraham Clavero Toro Desde un pasado reciente, se observa con interés y preocupación el recrudecimiento de tendencias radicales, de los diversos sectores que hacen vida política, en aquellos países cuyos regímenes permiten elecciones. Cada sistema tiene sus particularidades, por lo tanto, cada quien juzgará a sus gobiernos sobre la base de aspectos sobresalientes: inflación, empleo seguridad personal y posibilidades futuras.   El análisis realizado por Pranab Bardhan, en su libro “un Mundo de Inseguridad”, sostiene que los males que azotan al mundo se entienden mejor no en términos de desigualdad sino de inseguridad, ansiedad económica y social latente por la pérdida de empleo, disminución de los ingresos, pobreza y cambio cultural. La revista Foreign Policy, clasifica a las democracias en el mundo en varias categorías: desde Democracias Completas (Uruguay, Taiwan, Austria 15%) Democracias Defectuosas (India, Estados Unidos, Panamá, Sudáfrica 40%) pasando por Regímenes Híbridos (Pakistan, Georgia, El Salvador, Túnez 17%) y Regímenes Autoritarios (Rusia, Jordania, Ruanda, Venezuela, Bielorrusia 28%).    Múltiples serán las interrogantes que se despejarán en este 2024, para más de la mitad de la población mundial. Alrededor de 70 países están convocados a elegir a sus mandatarios y cuerpos legislativos en cuatro continentes. El gran dilema será entre la democracia y la autocracia. Siete de los 10 países más grande votarán en elecciones nacionales, y en cada uno de ellos la democracia se encuentra en un punto de inflexión.    Gran parte de estas citas electorales, serán cruciales para dirimir las tendencias que predominarán en dichas sociedades, incluyendo, algunos de los países más poblados (India, Pakistán, Indonesia, Bangladesh, México y Rusia); los aliados más cercanos de Estados Unidos (integrantes de la UE, de la OTAN, y Gran Bretaña); en Asia, Taiwán; mientras que en África destacan Ghana y Sudáfrica. Es difícil predecir el impacto de todas estas votaciones. Lo que, si es evidente, es que, al finalizar este largo proceso, nuevas generaciones de políticos asumirán sus mandatos, prevaleciendo sus ideologías y nuevas formas de gobernar. El giro de la izquierda al liberalismo extremo, caso argentino, proporciona un adelanto de lo dramático que pueden ser tales cambios. Los resultados electorales, desempeñarán un rol importante en la política exterior de países claves respecto a las grandes potencias, derivando en nuevas orientaciones, y que se verá refleja en su conducta futura. Las consultas electorales sirvieron, en muchos casos, para dividir aún más a sus poblaciones. Aun son motivo de análisis, especulaciones y criticas los resultados en España, Argentina, Países Bajos, Polonia, Brasil, Turquía e incluso Italia, en los que triunfaron distintas tendencias de izquierda centro, al igual que de derecha en sus diversas variantes. El punto de partida de este año electoral tuvo lugar en Bangladesh, (7 de enero), cuyo desarrollo y resultado han sido ampliamente criticados por la oposición y los grupos de derechos humanos. La campaña electoral, en este pais del sur de Asia, de 169 millones de habitantes, se vio empañada por la violencia. Las hostilidades alcanzaron su punto álgido, a finales de octubre pasado, después de una masiva manifestación del Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y la posterior detención de miles de sus líderes y seguidores. La Primera Ministra Sheikh Hasina, en el poder desde 2009, buscaba la reelección, mientras que el PNB, decidió boicotear los comicios, ante la negativa de Hasina de disolver su Gobierno y nombrar a una Administración interina para supervisar los comicios. Estos hechos influyeron para que este proceso estuviera marcado por una baja participación popular de solo un 40% frente al 80,2% de 2018. A ellas concurrieron 27 partidos y 404 candidatos independientes, muchos de estos candidatos independientes pertenecían a la propia Liga Awami de Sheika Hasina, y a partidos de oposición más pequeños. La Comisión Electoral de Bangladesh reconociendo el triunfo de la Liga Awami con una amplia mayoría al obtener 223 de los 299 escaños parlamentarios garantizando así un cuarto mandato consecutivo y el quinto en total, si se incluye una primera etapa al frente del Gobierno entre 1996 y 2001. El Partido Jatiya, patrocinado por la Liga Awami, obtuvo 11 escaños y se convirtió en la segunda fuerza del país asiático, cumpliendo con el rol de dar la apariencia de una verdadera de oposición interna. Michael Kugelman, director del Instituto del Sur de Asia en el Wilson Center manifestó que ninguno de los contendientes representó un gran desafío para el partido de Hasina. Taiwán (13 de enero), fue el segundo pais en realizar elecciones. Los resultados confirmaron el favoritismo de Lai Ching-te (40%) candidato del Partido Democrático Progresista (PDP) frente a Hou Yu-ih (33%) alcalde del nuevo Taipéi, del Kuomintang (KMT) y Ko Wen-je (26%) del Partido Popular de Taiwán (PPT). Los comicios fueron calificados de “una carrera a tres bandas” entre el KMT, más cercano a China, y PDP que, con su triunfo, mantendrán el estatus quo en el Estrecho. El tercero en discordia, el Partido Popular de Taiwán, presentó la candidatura de Hsiao Bi-khim, quien se distanció de la polémica respecto a la R.P. China para centrarse en la problemática nacional que le permitió conseguir el apoyo de ciertos sectores de la juventud. De esta manera, el PDP logra su tercer mandato consecutivo y lanza un claro mensaje de continuar por la senda marcada por la actual presidenta Tsai Ing Wen. Lai Ching-te asumirá funciones el 20 de mayo, manifestándose en favor de evitar un conflicto armado con Pekín y recurriendo a la persuasión en condiciones de paridad y dignidad. Recalcó que entre la democracia y el autoritarismo estaremos siempre del lado democrático. Ante estos resultados, la R.P. China fue enfática en señalar que “el PDP no representa la mayoría de la opinión del pueblo taiwanés y que el deseo de ambos lados del Estrecho es acercarse cada vez más y que la patria terminará unificándose inevitablemente”. Estas fueron las novenas elecciones que se convocan desde 1996, calificadas de “geopolíticamente importantes”, para las futuras relaciones entre Estados Unidos y China, y cuyo resultado también puede influir de

La Franja del Sahel: cinturón de hambre, terrorismo, y golpes de Estado.

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Por María Valeska Celis García y Abraham de Jesús Clavero Toro Las relaciones internacionales pasan por una dinámica de inmediatez, que relega a otras situaciones a un segundo plano, las cuales a mediano o largo plazo podrían revertirse, imprevisiblemente, en serias amenazas para la paz y la seguridad internacional. Por más de un año, todo el interés ha estado centrado en el conflicto Rusia-Ucrania para luego dar paso a un nuevo enfrentamiento árabe-israelí a causa del acto terrorista llevado a cabo por Hamas del 7 de octubre. En el ínterin ciertos acontecimientos les robaron protagonismo a estos dos hechos: los golpes de Estado en diversos países de la Franja del Sahel. Esta zona del continente africano se ha convertido en una seria preocupación para los países africanos, europeos y para la comunidad internacional en general. En la década actual, millones de personas que habitan esta Franja, se han visto obligadas a abandonar sus hogares por diversos motivos, incluyendo las consecuencias de la hambruna, el cambio climático y el terrorismo islámico. Al hablarse de la región del Sahel se hace referencia a las áreas que están a orillas del desierto del Sáhara; una extensa franja de tierra, difícil incluso de concretar qué países lo conforman, pues no hay un consenso común al respecto. De hecho, atendiendo a su significado en árabe (“costa”), esta región abarcaría una línea recta desde el Océano Atlántico en el oeste, hasta el Mar Rojo y, desde Senegal hasta Etiopía, agrupando a países con diversas características. El término sāḥil significa en árabe «borde, costa», y sirve para describir la aparición de la vegetación del Sahel como una línea que delimita el desierto del Sáhara. Es una zona eco climática y biogeográfica de más de tres millones kilómetros cuadrados, que actúa como espacio de transición entre el desierto del Sahara y la sabana sudanesa. Incluye 10 países: partiendo de Senegal, pasando por Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía, para culminar en Eritrea, constituyendo un cinturón de 5.400 kilómetros de longitud y varios cientos de kilómetros de ancho. Es una zona de interacción entre el norte de África y el África subsahariana en la que tienen lugar intercambios humanos, financieros, religiosos y multifacéticos. A pesar de la abundancia de importantes recursos naturales que ha atraído el interés de potencias externas para su explotación: petróleo, oro, bauxita, cobre, uranio, níquel, cobalto con gran demanda a nivel mundial, las oportunidades económicas siguen siendo limitadas y su población extremadamente pobre. Durante las dos últimas décadas, esta inmensa zona ha sido percibida como una significativa amenaza a la seguridad a consecuencia, principalmente, de la mala gobernanza en el control de sus áreas rurales, que contiene fronteras porosas utilizadas, históricamente, por comerciantes, traficantes de drogas y armas. Otros acontecimientos incluyen los conflictos interétnicos, y las divisiones dentro de las tribus tuareg que han exacerbado las pésimas condiciones de esta región, a lo que hay que agregar el cambio climático. Para los estudiosos de la Franja, la crisis de Malí, ejemplificada por la inestabilidad política, los golpes de Estado, la presencia de grupos terroristas y el separatismo tuareg, es un signo representativo de lo que sucede en el Sahel. Tales condiciones justificaron para que la UE prestara mayor atención a Mali en particular y al Sahel en general, preocupada por la inestabilidad política, la inseguridad y las consecuencias humanitarias que podrían afectar a la región Sahara-Sahel. La UE ha mantenido un constante seguimiento al impacto de las condiciones de la región, para proteger sus propios intereses económicos y los efectos indirectos de la migración hacia Europa. Por su parte, la ONU ha reiterado, en diversos informes, que en la Franja del Sahel se combina una serie de acontecimientos explosivos de violencia, inseguridad, extrema pobreza e incremento de los precios de los alimentos, que colocan en riesgo la sobrevivencia a millones de seres humanos, especialmente en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. De ahí que esta región sea denominada también “el cinturón del hambre”. En la última década, 2,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por los conflictos y la violencia surgida en el Sahel. Según la Coordinación de Ayuda de Emergencia de la ONU, casi 15 millones de personas, solo en Malí, Níger y Burkina Faso, necesitaron asistencia humanitaria en 2022, es decir, cuatro millones de personas, más que en el 2021. La ONU estimaba que ocho millones de personas padecerán hambre en los años venideros, debido a que el 80% de las tierras de cultivo están afectadas por el calentamiento global. La crisis alimentaria es causada por diversos factores interrelacionados incluidos el clima y la productividad, y de carácter sociales y económicos. La agricultura se basa principalmente en la producción de mijo, sorgo, maíz, fonio, entre otros que depende de las precipitaciones y del clima. El déficit de alimentos de estos países es responsabilidad en gran medida del equilibrio de la actividad agrícola, afectada por la escasez de lluvias, junto al aumento de la demanda a consecuencia del rápido crecimiento demográfico. El agotamiento de las reservas alimenticias obliga a muchas familias a adoptar prácticas de supervivencia que incluyen: reducir su dieta, la ingesta de frutas o plantas silvestres, el endeudamiento o la venta de sus medios de producción y los rebaños de ganado, lo que, a su vez, disminuye su estatus. Sin embargo, la situación crítica no es sólo el resultado de la sequía o la reducción del suministro de cereales, sino también de la vulnerabilidad y el bajo poder adquisitivo de muchos hogares cuyos recursos han sido limitados después de sucesivas crisis. A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierte que las mujeres y los niños llevan la peor parte de esta crisis humanitaria puesto que en toda la región, hechos derivados de la violencia sexual, los abusos, la explotación, los matrimonios forzados y precoces, así como la trata de personas se han generalizado. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Sahel es uno de los más

México, Las mujeres al poder

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Por Abraham Clavero y Georgette Schuessler El país azteca ha dado un paso histórico, al escoger los principales grupos políticos dos candidatas con suficientes méritos para ocupar la primera magistratura. Las posibilidades que un “outsider”, puede disputarles a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez el privilegio de ser la primera mujer que dirija los destinos del país son un tanto remotas. Ambas, egresadas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en la década de los ochenta, sostiene posiciones progresistas en programas que favorecen las prestaciones sociales y el derecho al aborto.   Esta lucha sin precedentes entre dos mujeres coloca a México en el centro de las cuestiones feministas en América Latina, que se han movilizado para conseguir conquistas importantes y que representan el 52% de la población. La mayoría de ellas, estará en el centro de la campaña electoral que se avecina, catalogada de las más reñidas y significativas de los últimos años. Cabe destacar, que el poder electoral mexicano está compuesto por varias instituciones, incluyendo el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar las elecciones federales y locales, mientras que los tribunales electorales se centran en resolver las controversias que surjan en este ámbito. Es un sistema mixto, que combina diversos elementos electorales, eligiendo tanto representantes por mayoría relativa como por representación proporcional. La elección presidencial, cada seis años, se desarrolla en una sola ronda electoral, y el presidente es elegido por mayoría relativa. Desde el momento que los partidos registran a sus candidatos, se inicia extraoficialmente la campaña, con miras a que promuevan sus ideas y programas de gobierno. México es un caso muy particular, caracterizado por un alto grado de machismo, exaltado siempre los valores de la cultura del charro, los mariachis, el tequila, todos ellos sinónimos del predominio del hombre, que durante muchas décadas constituyeron la carta de presentación de la cinematografía mexicana. Es evidente que todavía, en muchas sociedades, las mujeres no alcanzan un lugar preponderante en la toma de decisiones y continúan relegadas en el ámbito político, bajo el mito del aparente desinterés de participar en el poder público. La ubicación tradicional de las mujeres en los espacios privados y domésticos, desvalorizados socialmente, ha obstaculizado su ingreso a las actividades en los espacios públicos. La política, como expresión paradigmática de dichos espacios, ha sido monopolizada por el sector masculino. Estos obstáculos han sido destacados en múltiples trabajos, en estudios, así como en los testimonios que recogen las vivencias y experiencias de las protagonistas. Al respecto cabe mencionar la tesis de grado de Georgette Schuessler (2023) “La Desigualdad de Género en México dentro del Entorno Sociopolítico en el periodo 2018-2022.”, donde se encuentra plasmado los avances que ha tenido el país azteca respecto a la desigualdad de género y se centra de manera muy específica en cómo ha evolucionado el rol de la mujer dentro de la política mexicana. Las redes sociales han desempeñado un papel de primer orden, permitiéndoles potenciar el poder en diversos ámbitos. Sin lugar a duda, es una práctica innovadora que resulta una alternativa viable para contribuir a modificar la situación de las mujeres que actúan en espacios públicos. Son instrumentos eficaces para iniciativas colectivas, para conjuntar y potenciar esfuerzos, visibilizar sus actuaciones y propuestas, circular información, además de apoyar el ejercicio del poder de las mujeres en el mundo político. De manera progresiva, la sociedad internacional ha visto el empoderamiento de las mujeres a partir de la segunda mitad del siglo XX, llevando a cabo responsabilidades políticas y/o técnicas en diversos ámbitos, y llegando a disputar posiciones que fueron durante mucho tiempo coto privado del sector masculino.   En el transcurso de la historia, un conjunto de mujeres debieron asumir responsabilidades, en situaciones controversiales, de Jefes de Estado o de Gobierno. El desempeño de Golda Meyer, Margaret Thatcher, Indira Gandhi y Corazón Aquino, por citar algunos ejemplos, han quedado para la posteridad.     También es significativo el hecho que países de mayoría musulmana han sido gobernados por insignes mujeres: la Primera Ministra pakistaní Benazir Bhutto (1988 – 1990) y (1993 – 1996), quien cursó estudios en las universidades de Oxford y Harvard. Khaled Zia Primera Ministra de Bangladesh (1991 – 1996) y (2001 – 2006). En 1991, Tansu Ciller Primera Ministra de Turquía (1993 – 1996) y Megawati Sukarnoputri Presidente de Indonesia (2001 – 2004). América Latina ha contado con un total de trece mujeres al frente de la primera magistratura, comenzando con la nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) quien llegó al poder liderando la coalición Unión Nacional Opositora contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega. También destacan, Michel Bachelet (2006-2010/2014-2018), Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Dilma Rousseff (2011-2016), María Estela Martínez de Perón (1974-1976), y Xiomara Castro electa el año pasado. Jeanine Añez (2019-2020), actualmente detenida, asumió la presidencia de Bolivia de manera interina luego de la renuncia de Evo Morales (2019). Fue la segunda mujer que ejerció dicho cargo en Bolivia, después de Lidia Gueiler Tejada (1979-1980). México ha contado, en el transcurso de su historia, con 6 candidatas en distintas contiendas electorales: Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988), Cecilia Soto y Marcela Lombardo (1994), Patricia Mercado (2006), Josefina Vázquez Mota (2012) y Margarita Zavala (2018). Ibarra de Piedra, Soto, Lombardo y Mercado se habían postulado con ideales de izquierda; mientras que Vázquez y Zavala representaban posiciones de derecha. Al analizar la situación actual, con miras a las elecciones del 2 de junio de 2024, tanto el partido oficial Morena, de Andrés Manuel López Obrador, como el Frente Amplio de México integrado por el Pan (Partido de Acción Nacional), el PRI y el PRD favorecieron las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez respectivamente. Esta escogencia significa, que salvo un hecho imprevisto, una mujer ocupará,  por primera vez, la Residencia Oficial de los Pinos en los 200 años de vida republicana mexicana. Sus orígenes son diametralmente opuestos. Sheinbaum nieta de judíos, de Ciudad de México, (24/07/1962), egresada de la UNAM con el título de física, y posteriormente el grado de ingeniería energética.

Los hijos de los mandatarios

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Por Abraham Clavero Por lo general, al hace referencia de las actividades de los familiares cercanos de los mandatarios, el nepotismo constituye una constante. La historia de la humanidad está llena de cientos de casos de esta índole, que han puesto en entredicho el cabal desempeño de un sinnúmero de gobernantes. La debilidad de cruzar esa línea que conduce a la intromisión en los asuntos de estado, representa un hecho a la que no escapan incluso los gobiernos democráticos, mientras que en regímenes de cualquier otro signo constituyen una constante aceptada.     En fechas recientes, los hijos de los mandatarios de Colombia y los Estados Unidos han sido centro de este tipo de acusaciones, debiendo soportar infinidades de críticas provenientes de la opinión pública en general y de los medios de comunicación en particular, al igual que denuncias en las instancias gubernamentales. Las actividades de Nicolas Petro y sus recientes confecciones que involucran al gobierno del presidente colombiano, así como las acusaciones contra Hunter Biden, que han llevado al nombramiento de un fiscal especial, constituyen situaciones que han enturbiado el desempeño de las administraciones de Gustavo Petro y Joe Biden. Al revisar el historial de estos dos casos, se pueden observar diversas conductas violatorias de los principios de una sana y diáfana gobernanza. En el caso colombiano, los señalamientos contra Nicolas Petro, unida a su confesión han desencadenado circunstancias apremiantes que constituyen pruebas fehacientes para someter al actual gobierno a un escrutinio más detallados, poniendo en peligro su devenir político. Al respecto, se argumentan cuáles serán las acciones que el presidente deberá tomar ante la develación de situaciones de tanta envergadura. Su hijo Nicolas, ha sido prácticamente centro de atención casi desde el inicio del actual gobierno, por hechos de corrupción que han desembocado en la apertura de acción judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sus declaraciones colocan a su progenitor, en el ojo del huracán, cuando recién cumple su primer año de mandato. Egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, diputado a la Asamblea del Departamento del Atlántico, con estudios sobre Cambio Climático en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra, (Barcelona-España), es el más conocido de los hijos del mandatario colombiano. Es el único que se decantó por seguir una carrera política. Es hijo de Katia Burgos con quien Gustavo Petro mantuvo una relación durante su militancia en el M-19. El presidente tiene dos hijos de otra relación. Posteriormente, contrajo matrimonio con Verónica Alcocer, con quien tuvo dos hijas. Por su parte, la primera dama aportó al núcleo familiar un hijo quien también lleva el nombre de Nicolás. Radicado en Barranquilla, se puso al frente del movimiento político de su padre “Colombia Humana”, manteniendo una relación fluida hasta concluida la campaña electoral y la elección presidencial. Esa buena disposición contribuyó, fundamentalmente, a la reconstrucción de los lazos familiar que los había mantenido separados. Participó en todos los actos electorales, manteniendo una actitud de bajo perfil, y se dice que trató de asimilar la capacidad de su progenitor de llegar con su discurso a los sectores más populares. El pasado 1 de febrero, se produce un vuelco de 180 grados a raíz de las declaraciones de su ex esposa, Day Vásquez, que sirvieron para abrir una especie de Caja de Pandora. Sobresalió en esa denuncia, las grandes cantidades de dinero de empresarios que creían estar aportándolo a la campaña de su padre. Lo más grave es que algunas de esas donaciones fueron realizadas por elementos relacionados con el narcotráfico y el contrabando. Ante esta evidencia el primer mandatario debió solicitar a la Fiscalía una investigación a fondo. Hay que destacar que la revista Semana, en una edición reciente, publicó una amplia entrevista con la señora Vásquez, en la cual se refirió con lujo de detalles a toda esa situación aportando prueba que incluí sus chats con Nicolás. Estos acontecimientos han servido para dar un vuelco total a la armonía familiar, y al mismo tiempo convirtiéndolo en un elemento incómodo sobre quien pesa la acusación de haber aprovechado el nombre de su padre para enriquecerse. Todas estas revelaciones constituyen una verdadera amenaza para la democracia colombiana, según lo han revelado diversos dirigentes colombianos quienes consideran que “el testimonio de Nicolas Petro es una bomba que estremece los cimientos de la democracia y pone en estado de coma el gobierno actual, quien tendrá que pasar el resto de sus días defendiéndose, sus políticas quedarán en entre dicho y desatarán más odios, rabias y frustraciones”. El caso de Robert Hunter Biden (Wilmington, Delaware; 4 de febrero de 1970), es mucho más complejo, con una serie de ramificaciones de carácter internacional. Graduado en la Universidad de Georgetown (1992) con una licenciatura en historia, y voluntario jesuita en una iglesia en Portland, Oregón. Casado con Kathleen Buhle (1993), se graduó de abogado en la Escuela de Derecho de Yale, (1996). ​ Hunter Biden comienza su vida profesional desempeñándose en una importante compañía bancaria, (MBNA América), y contribuyendo de manera significativa a las campañas políticas de su padre. Para 1998, ascendido al rango de vicepresidente ejecutivo. De 1998 a 2001, trabajó en el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Se dedica entonces a la actividad de lobista (2001), participando en la fundación de la firma Oldaker, Biden & Belair. Según la revista The New Yorker, los Biden establecieron una relación en la que “Biden no le preguntaría a Hunter sobre sus clientes, y Hunter no le diría a su padre información sobre ellos”. En 2006, fue nombrado por el presidente George W. Bush vicepresidente de la junta directiva de Amtrak (nombre comercial de la red estatal interurbana de trenes de pasajeros de Estados Unidos) cumpliendo funciones hasta enero de 2009. Fue cofundador de la firma de inversión Rosemont Seneca. También se unió al bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP y estableció la firma de capital de riesgo Eudora Global. En mayo de 2013, se aprobó su solicitud para un puesto de

La Guerra de Ucrania llega a la CPI

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Por Abraham Clavero Toro El establecimiento de la Corte Penal Internacional ha sido uno de los grandes logros en materia de derechos humanos, con la aprobación del Estatuto de Roma (1998). De esta forma, la comunidad internacional continuó el proceso de consolidación, destinado a impartir justicia en todos aquellos casos de violación en este ámbito. Esta decision fue precedida por un largo camino, cuyo punto de partida se remonta a la instauración de los Tribunales de Núremberg (1945) destinados a juzgar a los responsables de los abusos contra la humanidad, cometidos en nombre del Tercer Reich, entre el 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen en mayo de 1945. Conjuntamente, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente (Tribunal de Tokio), procedió a imputar a los responsables de los crímenes recogidos en el Estatuto o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945. Como lo señalamos en nuestro articulo intitulado “De los Tribunales de Núremberg y Tokio a la Corte Penal Internacional”, todos ellos constituyeron elementos útiles para continuar aplicando normativas penales cuando se comenzaron a desarrollar los denominados “conflictos internos”, a medida que se diluyeron los “conflictos internacionales”. Dichos conflictos, surgieron en la década noventa del siglo pasado, con el desmembramiento de la antigua Yugoslavia (1993) y las atrocidades raciales cometidas en Ruanda (1994) que dieron lugar a la creación de Tribunales Penales ad-hoc para estos hechos. Dentro de este esquema, se crearon, además, otros tribunales: los Paneles Especiales para Crímenes Graves en Dili (Timor Oriental – 1999), el Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), las Cámaras Extraordinarias para las Cortes de Camboya (2003) y el Tribunal Especial para El Líbano (2007) establecidos por decision del Consejo de Seguridad. A pesar de estos importantes avances en materia penal, el objetivo que realmente se perseguía era la elaboración de un Código de Crímenes contra la Humanidad, y la instauración de un órgano supranacional permanente para juzgar a quienes habían cometido esos tipos de delitos. La Comisión de Derecho Internacional (C.D.I.) de la O.N.U., decidió presentar ante la Sexta Comisión, una serie de informes anuales sobre esta materia. Desafortunadamente, no fue posible lograr el más mínimo avance en la consecución de este objetivo. Es en la Asamblea General de la O.N.U. de 1994, cuando la Sexta Comisión dio a conocer un proyecto preliminar para el establecimiento de una Corte Penal Internacional (C.P.I.). Se conformó, entonces, el Grupo de Trabajo Especial que se reunió en el primer trimestre de 1995, con miras a mejorar y actualizar dicho proyecto, lo que permitió a la Asamblea General la integración de un Comité ad-hoc a fin de revisarlo. Entre 1996 y 1998 se llevaron a cabo seis sesiones de dicho comité, durante las cuales la Coalición de ONG por una Corte Penal Internacional aportaron sus criterios. Su contenido fue reestructurado con la participación de reconocidos estudiosos de todos los sistemas jurídicos prevalecientes (Zutphen, Países Bajos, enero de 1998). Este avance, propició la convocatoria de una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, destinada a “finalizar y adoptar una convención sobre su establecimiento”. Dicha reunión, conocida como Conferencia de Roma (15 de junio al 17 de julio, 1998), contó con la participación de 160 países para las negociaciones finales. Hasta la presente fecha, 139 Estados lo han firmado y 124 han ratificado el Estatuto de Roma, conformado por un Preámbulo y Trece Partes que abarcan una amplia gama de temas que van desde el Establecimiento de la Corte, la Investigación y el Enjuiciamiento, las Penas, la Asamblea de los Estados, el Financiamiento y las Enmiendas. Es importante resaltar, que la C.P.I. actúa sobre la base del principio “de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte”, interviniendo únicamente en los casos en que aquéllos no ejerzan su competencia, o no estén en condiciones de hacerlo. Esta jurisdicción puede ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados Parte del Estatuto de la Corte (ex Oficio). Las ONG, (nacionales e internacionales) también pueden enviar información al Fiscal, para que ex oficio, pueda remitir el caso a la jurisdicción de la Corte. La C.P.I. tiene competencia, únicamente, respecto a crímenes perpetrados a partir de la vigencia del Estatuto (1 de julio de 2002). En este sentido manifiesta que, “si un Estado hubiese ratificado el Estatuto después de esta fecha, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente en relación con los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto respecto de ese Estado, a menos que dicho Estado haya hecho una declaración aceptando la competencia de la Corte desde el 1 de julio de 2002”. El Art. 27 del Estatuto señala que “su aplicación es igual para todas las personas sin distinción alguna basada en el cargo oficial”: sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, y en ningún caso le eximirá de responsabilidad penal, ni constituirá por sí mismo un atenuante para imposición de la pena. Washington, Beijing, Moscú cree que la Corte no es competente para enjuiciar a nacionales de Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma. En fecha reciente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó que las decisiones de la CPI son “nulas y sin efecto”. En el marco del Estatuto de Roma existen tres fases fundamentales a objeto de poder llevar a cabo la acción judicial: 1. las cuestiones preliminares, 2. la fase de investigación y 3. el enjuiciamiento.  Debido a la importancia que tiene “las Cuestiones Preliminares”, hay que hacer referencia a lo establecido en el Art. 57, según el cual se debe precisar aspectos significativos: a. el ámbito de aplicación de la jurisdicción de la C.P.I., y b. la legitimación activa para la remisión de casos ante la C.P.I. Desde su vigencia (1 de julio del 2002), tres juristas han desempeñado el cargo de Fiscales de la C.P.I.: Luis Moreno Ocampo

Autócratas del Mundo….

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La autocracia es uno de los grandes males de la humanidad en todas las épocas, quedando para la posteridad una larga lista de políticos, recordados por los abusos que identificaron sus gobiernos. Existe toda una gama de verdaderos azotes para sus pueblos, comenzando por Hitler y continuando con Stalin, Mao Zedong, Mussolini, Franco, Ceaușescu, Idi Amin hasta llegar a autócratas de la talla de Khomeini, Muhammad Zia-ul-Haq, Kim Il-sung, Gaddafi, Trujillo, Somoza, Perón, Castro, Pinochet, además de Ortega. Por cierto, algunos de los autócratas más connotados en América Latina rindieron un tributo a Chávez el pasado 5 de marzo. Existen, también, un conjunto de países que llevan implícito en su ADN el fundamento de la autocracia: la R.P. China, Corea del Norte, la República Islámica de Irán, Vietnam y Cuba.    En el siglo XX, muchos autócratas se consolidaron gracias a la anuencia de Occidente que velaba por la seguridad de ciertas zonas geoestratégicas de gran valor. Fue el caso del Medio Oriente a consecuencia de sus inmensas reservas petroleras. Posteriormente, al estallar la denominada “Primavera Árabe” continuaron respaldando a esos gobiernos, bajo la excusa de servir de muro de contención ante la expansión del islamismo radical. A medida que el Siglo XXI ha ido avanzando, una nueva forma de autocracia ha tomado auge, basados en principios según las cuales dichos sistemas asegurarán un gran bienestar económico a sus pueblos a cambio de un control total en todos los ámbitos. Este es el caso de la República Popular China. Luego de los sangrientos sucesos de Tiananmen (1989), enfatizó el proceso de apertura económica conocido como socialismo con características chinas, bajo la dirección de Deng Xiaoping. La llegada de Xi Jinping ha servido para reforzarlo, especialmente en la esfera política. En base a estas medidas, R.P. China alcanzó tasas de crecimiento de alrededor del 11% anual, desde la Presidencia de Hu Jintao en la primera década del presente siglo, contribuyendo a su ​ingreso en la Organización Mundial de Comercio (2001). La actual tasa de crecimiento es de alrededor del 5,5% (2023) la más baja en décadas. Sin embargo, su record en materia de derechos humanos sigue constituyendo una materia pendiente, no solo por la manera de manejar la pandemia, sino además por la represión contra las manifestaciones anti gubernamentales en Hong Kong y las persecuciones raciales en la provincia autónoma de Xinjiang.     De la misma manera, Vladimir Putin se ha aferrado al poder poniendo en práctica algunas acciones que hacen recordar el periodo soviético. El líder ruso siempre ha calificado el desmantelamiento de la Unión Soviética “de tragedia nacional a gran escala”, de la cual “solo las élites y los nacionalistas sacaron provecho.” Esto constituye el fundamento de Moscú para enfrascarse en la invasión a Ucrania, con miras a restablecer el antiguo imperio ruso. La opinión generalizada es que, bajo el liderazgo de Putin, se ha experimentado un retroceso democrático y un giro al totalitarismo caracterizado por la corrupción endémica, el encarcelamiento y la represión de los opositores políticos, la intimidación y la represión de los medios independientes y la falta de elecciones libres y trasparentes. En el plano económico, Putin pronosticó (2007) que Rusia se convertirá en una de las cinco economías más grandes del mundo. Sin embargo, en el 2013 el país era una de las cinco economías más grandes en términos de producto interno bruto, pero aún estaba rezagada con respecto a otros países en indicadores como la productividad laboral. Estas nuevas tendencias gubernamentales han sido acogidas por diversos países cuyos gobernantes se encuentran entre los nuevos autócratas. Al respecto, destaca el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (2014) poniendo en práctica una seudo democracia para acabar con sus opositores aunada a “una limpieza” en los poderes públicos y en el ejército, y valiéndose inclusive de un auto golpe de estado (2016). El referéndum (2016) sirvió para ampliar el control del aparato administrativo. A finales del año pasado, el poder judicial controlado por Erdogan, condenó a casi tres años de prisión al Alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, su principal rival político, por insultar a los miembros del Consejo Supremo Electoral. En los actuales momentos, Erdogan atraviesa su peor momento, no solo por el descontento popular causado por las altas tasas de inflación, sino también por el manejo de la ayuda humanitaria a las provincias más afectadas por el fuerte terremoto de febrero pasado. Existe la percepción que estos hechos tendrán consecuencias políticas a corto plazo, con la escogencia, reciente, de un candidato único de la oposición, Kemal Kilicdaroglu para las elecciones del próximo mes de mayo. En América Latina, la autocracia ha sido un mal prevaleciente prácticamente desde la independencia. En los actuales momentos, solo basta referirse a Daniel Ortega, a causa de las continuas violaciones de los derechos humanos la detención de todos aquellos que osaron intentar disputarle la presidencia y la expulsión de más de 200 disidentes, a quienes además despojó de la nacionalidad violando la constitución nacional y la declaración Universal de los Derechos Humanos. No conforme con ello procedió a retirarles sus pensiones. El caso venezolano, es otro claro ejemplo de esta nueva forma de autocracia llegando hasta el colmo de reconocer, públicamente, que nunca permitirán que un gobierno que no esté presidido por el PSUV gobierne el país. Un hecho significativo para Venezuela ha sido la actuación de la Corte Penal Internacional, al dar su visto bueno para continuar investigando un conjunto de hechos considerados crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos. El nuevo Fiscal de la Corte, Karim Khan, manifestó, en fecha recientemente, que se está terminando el plazo para la presentación de pruebas en descargo de las acusaciones. La respuesta del oficialismo en su comunicado fue un claro ejemplo del desprecio hacia las instituciones internacionales, considerando que “habla de las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”, Al avanzar en el tema, es evidente que la autocracia no es una forma

La proliferación de las protestas populares

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Por Abraham Clavero Toro En esta era de las telecomunicaciones en la cual la cambiante situación en las relaciones internacionales es una constante, desplazando del centro de atención acontecimientos de primera magnitud que emergen diariamente: la guerra rusa-ucraniana, el incidente de los globos chinos, las aterradoras consecuencias de los terremotos en Turquía y Siria, etc, etc, vemos como diversos hechos de gran importante pasan a segundo plano, llegando incluso a desaparecer del interés de los grandes medios de comunicación.    Este es el caso de aquellas manifestaciones que se han producido en varias partes mundo. Al respecto, desde el último trimestre del 2022 ha tenido lugar un resurgir de las protestas populares, de índole política y social, que han mantenido su efervescencia en el inicio de este 2023. Desde la República Islámica de Irán, pasando por la República Popular China hasta llegar a las manifestaciones en Perú y las más recientes en Israel, Francia, España e incluso en Venezuela. Cada vez más, en diversos puntos del planeta, los pueblos han tomado las calles para mostrar su descontento, por diversas razones, que incluyen la discriminación hacia las mujeres, los efectos del confinamiento por el COVID 19, la represión oficial contra los que respaldan a un mandatario saliente, los efectos de las políticas económicas que han perjudicado de manera significativa a los sectores más populares, así como las pretensiones de reducir el papel del poder legislativo.   Indiscutiblemente que una cosa en manifestar en un país donde se respeta el estado de derecho, con todos los excesos que se puedan cometer, y otro muy diferente, hacerlo en aquellos países donde no existe libertad de expresión.      Es precisamente a estas últimas a las que nos referiremos en esta ocasión. Dos de las autocracias más representativas, una de carácter teocrático y la otra ideológica, se han visto convulsionadas por protestas populares de verdadero alcance. Primero fue la República Islámica de Irán y más recientemente la R.P. China. Desde el pasado 16 de septiembre, el régimen de los ayatolas mantiene un estado de confrontación, especialmente con los sectores más jóvenes de la población, a causa del asesinato de la adolecente Mahsa Amini. Este hecho constituyó la chispa que desató dichas protestas las cuales, a pesar de haber perdido fuerza, se mantienen activas en gran parte del país, clamando por un cambio de régimen. Ante esta situación, el gobierno decidió realizar un gesto sin que se considerara que claudicaba en forma definitiva. Al respecto, el Fiscal General Mohamad Yafar Montazerí anunció el desmantelamiento de la policía de la moral, al señalar “que no tiene nada que ver con el poder judicial”. Fue evidente que este anuncio buscaba calmar las revueltas públicas que ha dejado hasta ahora alrededor de 500 fallecidos y más de 20.000 personas arrestadas, según “Human Rights Activists in Irán”. No obstante, impuso ciertas condiciones: “que el poder judicial seguirá supervisando el comportamiento de la sociedad e insistió que la vestimenta de las mujeres continuará siendo muy importante″. También mencionó que “el Parlamento y el Poder Judicial estaban trabajando en la cuestión del velo obligatorio”. Este relajamiento anunciado por el Fiscal General, sin embargo, se contradice con las posteriores medidas llevas a cabo por el gobierno al ajusticiar a varios manifestantes: el 8 de diciembre Mohsen Shekari fue ejecutado por participar en la ola de protestas antigubernamentales, luego de ser declarado culpable por un Tribunal Revolucionario del delito de “moharebeh” que significa odio contra Dios. Cuatro días después, Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad sagrada de Mashad por el presunto asesinato de dos agentes de seguridad del Poder Judicial, según la información emanada de la agencia Mizan. Mohammad Mehdi Karami, campeón de kárate de tan solo 22 años, ha sido el último en ser ajusticiado, luego de un juicio considerado injusto, al solo disponer de 15 minutos para su defensa, según la información publicada por la BBC. A los casos anteriores hay que agregar el de Amir Nasr-Azadani, exjugador de fútbol. Ante su posible ajusticiamiento suscitó una condena mundial, especialmente en aquellos momentos cuando la comunidad internacional estaba imbuida por el Mundial de Qatar. Posteriormente, la pena fue conmuta y sentenciado a 26 años de cárcel. Las sentencias capitales han provocado una oleada de protestas internacionales, en especial por parte de los países occidentales, que han pedido a Teherán que ponga fin a este tipo de ajusticiamientos. Al respecto, la UE reaccionó aprobando una serie de nuevas sanciones contra responsables iraníes de violaciones de los derechos humanos, tras criticar duramente la ejecución de Shekari. Cabe señalar que, entre los detenidos, hay 109 personas a los que pueden dictárseles pena de muerte, como lo ha indicado Amnistía Internacional. A estas sanciones se agregan las impuestas recientemente por la organización al manifestar que “la UE condena enérgicamente el uso brutal y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades contra las manifestaciones pacíficas”. En la lista de los sancionados destacan las ramas regionales de la Guardia Revolucionaria. Estas medidas se producen en un momento en el que crece el debate sobre si incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Se necesitaría que por lo menos un integrante de la organización declare a dicho organismo como terrorista.       Hay que recordar que el 14 de diciembre pasado, el Consejo Económico y Social, en una decisión sin precedentes, y por votación (29-8 y 16 abstenciones), expulsó a Irán por el resto de su mandato en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que expiraba en 2026. Esta comisión se encarga de discutir temas sobre el empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género. A su vez, el nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk consideró que las ejecuciones tienen por objeto amedrentar a los manifestantes. No obstante, el régimen no ha logrado aplacar del todo la rebeldía popular y las protestas, aun que han mermado de manera significativa, continúan incluyendo las marchas