Sadio Garavini Di Turno

La Controversia Venezuela-Guyana, hoy

Sadio Garavini di Turno La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha decidido, en contra de la posición venezolana, que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 que, según Venezuela, había sido puesto de lado por el Acuerdo de Ginebra. La mayor parte de los juristas especialistas en el tema afirman que, como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender, en la Corte, nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo e irrito. Pero la primera reacción del régimen ha sido acusar a los Magistrados de la CIJ, una de las instituciones internacionales más respetadas, de haber sucumbido a la presión de los EEUU y estar a “sueldo” de la EXXON y “curiosamente” siempre se le olvida mencionar que el socio de la EXXON, en Guyana es la CNOOC, la compañía estatal de China, “aliado estratégico” del régimen.  Hay quien cree posible que Guyana acepte de nuevo retomar la negociación bilateral. En mi opinión, no veo ninguna posibilidad de negociación bilateral sustantiva hasta tanto la CIJ haya tomado su decisión. Guyana ha presentado formalmente su posición ante la CIJ en marzo del 2022 y Venezuela tenía, en principio, hasta marzo del 2023 para presentar su “contramemoria”. Sin embargo, desde el mismo momento en que la CIJ decidió que tiene la jurisdicción para resolver la controversia, en el gobierno Maduro, se formaron dos “bandos”; el primero, muy pesimista en cuanto a la posibilidad de un resultado positivo para Venezuela en la CIJ, afirmaba que lo más conveniente era asumir una “narrativa” ideológica antimperialista y acusar a la CIJ de ser instrumento del Departamento de Estado y de la EXXON. Por tanto, había que rechazar participar en el proceso. El segundo, en cambio, estaba a favor de participar. Quizás, no olvidando que después de la decisión sobre el Laudo y la definición de la frontera terrestre, es muy probable que la CIJ tendrá que intervenir también en la delimitación de la áreas marinas y submarinas. Después de una indecisión, que duró aproximadamente tres meses, el segundo “bando”, probablemente orientado por el asesor internacional Antonio Remiro Brotons, convenció al alto gobierno y Venezuela presentó un recurso de inadmisibilidad de la demanda de Guyana, con lo cual aceptó participar en el proceso en la CIJ. Ahora la Corte debe decidir si acepta o no los argumentos de Venezuela; es muy improbable que lo haga. Pero, por ahora se suspendió el correr del año a disposición de Venezuela para presentar su “contramemoria”. Se ganaron unos meses de tiempo, ojalá se utilicen provechosamente. Sin embargo, no hay buenos indicios al respecto. Recientemente, Guyana y Venezuela presentaron sus argumentos ante la Corte, en relación al recurso de inadmisibilidad, una relativamente pequeña delegación guyanesa estaba acompañada por un equipo de asesores de altísimo prestigio y nivel académico. La delegación venezolana, en cambio, muy numerosa, pero con una asesoría internacional más débil y muchos asesores de habla española y casi ninguno de lengua inglesa. En la CIJ, los idiomas oficiales son sólo el inglés y el francés. Los agentes del Estado venezolano, son un historiador, una respetable profesora de derecho penal y un diplomático de carrera, Felix Plasencia, nombrado recientemente embajador en Colombia. Ojalá su sustituto sea un jurista experto en Derecho Internacional Público y se refuerce el equipo asesor en general. En particular debería contratarse un jurista experto angloparlante de primer nivel. Sadio Garavini Di Turno Doctor en Ciencias Políticas (UCV)- Profesor Universitario -Ex Embajador de Venezuela en Guyana, Guatemala y Suecia – Ex Viceministro de Justicia – Miembro Honorario del CODEIV y Miembro del Grupo Ávila @sadiocaracas

¿Cómo llegamos adonde quería Guyana?

Por Sadio Garavini di Turno En relación a la reclamación del Esequibo, la pregunta que deberían hacerse los venezolanos es: ¿Cómo es posible que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia. La CIJ siempre ha sido, desde la misma firma del Acuerdo de Ginebra (AG) en 1966, el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela. En el mismo AG se afirma que si no hubiese acuerdo entre las partes, el Secretario General de la ONU escogerá uno de los medios previstos en el art. 33 de la Carta de la ONU, que menciona varios medios de solución pacífica de controversias. La falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para Venezuela. En el gobierno del Presidente Chávez, con Maduro en la Cancillería por 6 años, la megalomanía de creerse líder del hemisferio, la influencia de Fidel Castro, que siempre apoyó a Guyana  y el deseo de controlar los votos de los países caribeños, en la OEA y la ONU, acarrearon un abandono de la reclamación. En el 2004, Chávez declaró  que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con  casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas cartas de negociación. En el  2007,  afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962,  fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el “gobiernito” de izquierda, autónomo en lo interno ,pero todavía dependiente  de la Gran Bretaña, del Primer Ministro de la Guayana Británica, Cheddi Jagan. Lo cual es una absoluta falsedad histórica, causada muy probablemente por la hipertrófica “ceguera ideológica” de Chávez. Cuando a finales del 2013, con el inicio de “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana de  un barco de exploración sísmica, el gobierno Ramotar manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General, no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ. El gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación por ejemplo. Recientemente la CIJ ha decidido, en contra de la posición venezolana, que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899, que el Acuerdo de Ginebra había puesto de lado. Por cierto esta no es sólo la interpretación venezolana. El propio Cheddi Jagan, ex Presidente de Guyana y fundador del actual partido de gobierno, se opuso a la firma del Acuerdo de Ginebra y, en su obra “The West on Trial”, dice que, con el Acuerdo de Ginebra, Guyana “concedió reconocimiento a la espuria reclamación territorial venezolana y lo que era un caso cerrado desde 1899 fue reabierto.” Hay otras declaraciones similares aún más contundentes, de  dirigentes políticos guyaneses, como Rupert Roopnarine, líder del partido WPA y recientemente Ministro en el Gobierno de Granger. Sospecho  que el  régimen madurista no haya utilizado estos argumentos de los propios guyaneses, por desconocerlos, ante Ban Ki-moon, Guterres y la propia CIJ. Ahora que la CIJ ha tomado su decisión, todos los juristas serios afirman que como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos seriamente, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo. Pero la primera reacción del régimen fue acusar a los Magistrados de la CIJ, una de las instituciones internacionales más respetadas, de haber sucumbido a la presión de los EEUU y estar a “sueldo” de la EXXON. Me temo que las posibles simpatías hacia la posición de Venezuela, entre los Magistrados, no deben haber “aumentado”. Por cierto, al régimen se le olvidó mencionar que, en las concesiones petroleras entregadas por Guyana, el socio principal de la EXXON, con el 25% de las acciones, es la China National Offshore Oil Corporation, la compañía estatal china, relevante socia de PDVSA. “Curioso!”. Sadio Garavini Di Turno Doctor en Ciencias Políticas (UCV)- Profesor Universitario -Ex Embajador de Venezuela en Guyana, Guatemala y Suecia – Ex Viceministro de Justicia – Miembro Honorario del CODEIV y Miembro del Grupo Ávila @sadiocaracas

La indecisión de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia

Guyana ha presentado formalmente su posición ante la CIJ en marzo pasado y Venezuela tiene hasta inicios de marzo del 2023 para presentar su “contramemoria” Por Sadio Garavini Di Turno La historia de la irresponsabilidad del actual régimen venezolano, en relación a la controversia con Guyana sobre el territorio Esequibo, está llegando a niveles realmente insólitos. Desde la misma firma, en 1966, del Acuerdo de Ginebra (AG), el tratado bilateral que enmarca la controversia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela. El AG también menciona que el Secretario General de la ONU, si las partes no llegasen a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La pregunta que deberían hacerse los venezolanos es: ¿Cómo es posible que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia? Los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para Venezuela. En el gobierno del Presidente Chávez, con Maduro en la Cancillería por 6 años, la megalomanía de creerse líder del hemisferio, la influencia de Fidel Castro, que siempre apoyó a Guyana y el deseo de controlar los votos de los países caribeños, en la OEA y la ONU, acarrearon un abandono de la reclamación. En el 2004, Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas cartas de negociación. En el 2007, afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el “gobiernito” de izquierda, autónomo en lo interno, pero todavía dependiente de la Gran Bretaña, del Primer Ministro de la Guayana Británica, Cheddi Jagan. Lo cual es una absoluta falsedad histórica. Cuando a finales del 2013, con el inicio de “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana de un barco de exploración sísmica, el gobierno Ramotar manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General, no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ, el gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación por ejemplo. Ahora que la CIJ ha decidido, en contra de la posición venezolana, que tiene la competencia para dirimir la controversia, todos los juristas serios afirman que, como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos seriamente, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender nuestra posición en la CIJ. Guyana ha presentado formalmente su posición ante la CIJ en marzo pasado y Venezuela tiene hasta inicios de marzo del 2023 para presentar su “contramemoria”. El régimen ha acusado a los magistrados de la CIJ de estar “a sueldo” de la EXXON, olvidando, “curiosamente”, que el socio de la EXXON en Guyana es la CNOOC, la compañía estatal china. Pero lo más grave es que todavía está debatiendo si se presenta ante la CIJ o rechaza el proceso. Esta indecisión, faltando apenas meses para presentar nuestra posición ante la CIJ, demuestra una suprema irresponsabilidad. Sadio Garavini Di Turno Doctor en Ciencias Políticas, Profesor Universitario, Embajador de Venezuela en Guyana. Guatemala y Suecia. Miembro Honorario del Colegio de Internacionalistas de Venezuela @sadiocaracas