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Los puntos de vista y opiniones expresados en los artículos corresponden a los autores y no reflejan necesariamente la política oficial CODEIV.

Cuando la diplomacia pierde su esencia y el deterioro del servicio exterior venezolano

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La detención en España de antiguos funcionarios de la representación diplomática venezolana, vinculados según las informaciones publicadas a una investigación por tráfico de cocaína, no debería ser vista únicamente como un episodio policial. Es, sobre todo, una señal profundamente preocupante sobre el deterioro de la función diplomática venezolana y sobre la manera en que se ha entendido la representación del Estado en el exterior.Las autoridades españolas mantienen la investigación bajo secreto de sumario, por lo que corresponde respetar plenamente la presunción de inocencia y el debido proceso. Sin embargo, los hechos conocidos son suficientemente graves como para abrir una discusión que va mucho más allá de las personas investigadas. En septiembre de 2026 fueron detenidos en España José Rafael Escorihuela Pereira y Kelvin Jesús Matos Pérez en el marco de una investigación relacionada con la incautación de 50 kilos de cocaína en Madrid. Medios españoles y venezolanos han informado que ambos habían desempeñado funciones en la representación venezolana en España; Matos figuraba además en registros oficiales españoles como Primer Secretario.La pregunta que debemos hacernos es incómoda, pero necesaria: ¿cómo llegaron personas vinculadas a una representación diplomática de Venezuela a estar relacionadas con un asunto de esta naturaleza? Ser diplomático no significa simplemente ocupar una oficina en una embajada, utilizar pasaporte diplomático o asistir a recepciones oficiales. La diplomacia es una profesión y, sobre todo, una responsabilidad.La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que las misiones diplomáticas tienen, entre otras funciones, representar al Estado, proteger sus intereses y los de sus nacionales, negociar con el Estado receptor, informar a su gobierno por medios lícitos y promover relaciones amistosas.Detrás de cada funcionario diplomático debería existir una carrera profesional, una formación especializada y una comprensión profunda de lo que significa representar a millones de ciudadanos.Por eso resulta particularmente grave que personas que no cuentan con la preparación, experiencia y trayectoria propias del servicio exterior puedan terminar ocupando posiciones desde las cuales hablan y actúan en nombre de Venezuela.El problema no es solamente quién ocupa un determinado cargo. El problema es qué concepto de diplomacia se está transmitiendo al mundo. Del servicio exterior a la política de cuotasDurante décadas, Venezuela construyó un servicio exterior profesional con diplomáticos de carrera que pasaron buena parte de su vida preparándose en relaciones internacionales, derecho internacional, negociación, protocolo, idiomas y análisis político.Esa tradición no era un lujo burocrático. Era una herramienta de Estado.Un diplomático venezolano debía comprender que, independientemente del gobierno de turno, estaba representando a la República.La politización extrema del servicio exterior ha contribuido, sin embargo, a desdibujar esa frontera. Cuando la lealtad política, las relaciones personales o la cercanía con determinados grupos pesan más que la preparación profesional, la diplomacia deja de ser una política de Estado y comienza a convertirse en una extensión del poder de turno. No todos los funcionarios son diplomáticosConviene hacer una distinción importante.Una persona puede ser designada por un gobierno para ocupar un cargo en una embajada y, jurídicamente, formar parte de una misión diplomática. Pero eso no significa necesariamente que posea la formación profesional, la experiencia y la cultura de servicio público que históricamente han caracterizado a un diplomático de carrera. Esta diferencia es fundamental.Un verdadero diplomático entiende que representa a Venezuela, no a un partido, una familia, un grupo económico o un gobierno circunstancial.Sabe que detrás de su comportamiento está el prestigio de una nación.Por eso, cuando un funcionario acreditado en el exterior aparece involucrado en un escándalo de esta magnitud, el daño no queda limitado a su persona. Afecta la credibilidad de toda la representación venezolana. El daño también lo pagan los diplomáticos honestos Mientras algunos funcionarios aparecen vinculados a investigaciones de esta naturaleza, existen diplomáticos venezolanos de carrera que durante años han servido al Estado en condiciones difíciles y que han mantenido una conducta profesional.Son ellos quienes terminan pagando también el costo de la pérdida de reputación.Un funcionario que ha dedicado veinte o treinta años al servicio exterior puede encontrarse de repente teniendo que explicar ante colegas extranjeros una conducta con la que no tiene ninguna relación.La conducta individual de quienes sean finalmente responsables no puede convertirse en una condena colectiva contra todos los venezolanos que trabajan en la diplomacia.Precisamente por eso resulta indispensable recuperar la profesionalización del servicio exterior. España y Venezuela: una relación que merece respetoEspaña no es un escenario cualquiera para Venezuela. Los vínculos históricos, humanos, culturales, económicos y familiares entre ambos países son extraordinariamente profundos. Millones de venezolanos tienen algún vínculo con España y miles de españoles mantienen relaciones personales y económicas con Venezuela.Por ello, cada actuación de un funcionario venezolano en Madrid tiene una dimensión adicional.No solo está en juego la relación entre dos gobiernos. Está también la imagen de Venezuela ante una sociedad que conoce profundamente nuestra realidad.El comportamiento de quienes representan a Venezuela en España debería contribuir a fortalecer esa relación, no a deteriorarla. La verdadera preguntaMás allá de lo que determine la justicia española, existe una responsabilidad política e institucional que no puede desaparecer detrás de un expediente judicial.¿Quién seleccionó a esas personas? ¿Qué antecedentes profesionales tenían? ¿Qué controles existían? ¿Qué mecanismos de supervisión funcionaban?Y, sobre todo: ¿qué ocurrió con el principio de que representar a Venezuela en el exterior debe ser una responsabilidad reservada a personas preparadas para ejercerla? Porque el problema no es únicamente el posible comportamiento ilícito de determinados individuos. El problema es el sistema que permitió que personas cuestionadas pudieran llegar a ocupar posiciones desde las cuales tenían acceso a los símbolos, recursos y representación de la República. Recuperar la diplomacia como política de EstadoVenezuela necesitará, tarde o temprano, reconstruir sus instituciones, esa reconstrucción tendrá que incluir necesariamente al servicio exterior.Será necesario recuperar la carrera diplomática, establecer criterios profesionales de ingreso y ascenso, fortalecer los mecanismos de control y evaluación y separar la representación del Estado de la militancia política. La diplomacia venezolana necesita volver a ser una profesión de Estado, como lo fue durante la democracia.Porque Venezuela no necesita funcionarios que simplemente ocupen embajadas. Necesita diplomáticos que entiendan y sepan representar a

Misión de la ONU sobre Venezuela debe continuar su labor

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Mientras exista impunidad en Venezuela, mientras se sigan cometiendo atropellos a la libertad de expresión y de conciencia, mientras se persiga y se aprese por razones políticas, mientras no exista un sistema de justicia creíble y profesional y mientras prevalezca la dictadura por encima del Estado de derecho, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, debe continuar su labor de recolección y documentación de violaciones graves de los derechos humanos, para establecer responsabilidades y asegurar la posibilidad de justicia y reparación para las víctimas. Durante este 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el mandato de la Misión debe ser renovado por cuarta vez. Creada en septiembre de 2019, en siete años de trabajo, la Misión ha logrado establecer patrones constitutivos de políticas de Estado, identificar las estructuras que cometen tales violaciones, así como sus cadenas de mando, presuntos perpetradores y patrones de represión. También se ha adentrado en la crisis preelectoral y postelectoral y ahora, durante este 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, debe presentar su último informe, que cubre el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. En él analizará sus hallazgos a partir de su mandato original, es decir, la investigación de violaciones graves de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 2014, específicamente las referidas a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, así como violencia sexual y de género. En este informe abordará, además, lo que ha sucedido en Venezuela desde el 3 de enero hasta el presente y retomará las investigaciones sobre las estructuras de mando que tuvo que suspender para poder abordar la ola represiva de 2024 y 2025. A ello sumará el análisis de las modificaciones en el estamento militar realizadas por Delcy Rodríguez durante estos nueve meses de tutelaje. Por lo tanto, una parte de lo que se determine en este informe tendrá implicaciones respecto de la responsabilidad directa de la camarilla actualmente en el poder. A lo largo de estos años, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ha marcado pauta. Ya en su primer informe, de 2020, concluyó que existían motivos razonables para creer —su estándar de prueba— que autoridades estatales, incluidas personas de los más altos niveles del Gobierno, habían diseñado y ejecutado una política destinada a “silenciar, desalentar y anular” a la oposición venezolana, y que esta incluía conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Los informes posteriores no abandonan esta tesis; por el contrario, la desarrollan y documentan su evolución. En los informes de 2022 y 2023, describió con certera claridad las estructuras de las fuerzas de seguridad del Estado y la combinación de mecanismos de “línea dura” con mecanismos más “blandos”, como la intimidación, la criminalización, la inhabilitación política, la censura y las restricciones a las ONG, los sindicatos, los medios y los partidos políticos. La Misión logró establecer con precisión la ubicación de centros de tortura en medio de urbanizaciones, bajo la apariencia de viviendas; los métodos de tortura, y la continuidad y evolución de todo el aparato represivo. Por ejemplo, en esos informes se pudo comprobar cómo se cometían ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de operativos de seguridad, primero con las OLP, luego con las FAES y, posteriormente, con la DAET, lo que permitió determinar la continuidad entre esas estructuras, más que su desmantelamiento efectivo. La Misión concluyó que durante el proceso electoral de 2024 se produjo una intensificación de la represión y del cierre del espacio cívico y democrático tras el 28 de julio, y constató la reactivación de los mecanismos más violentos del aparato represivo, al calificar ese período como una de las crisis de derechos humanos más agudas de los últimos años, similar a las de 2014 y 2017. La magnitud de la crisis postelectoral obligó a la Misión a reorientar sus investigaciones y posponer la conclusión de su investigación específica sobre la Guardia Nacional Bolivariana y su cadena de mando. La propia Misión dijo que la completaría si se renovaba su mandato y será seguramente parte del informe que escucharemos este 18 de septiembre. Durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos del informe de 2025, escuchamos tres elementos que dan cuenta de los avances y de la profundización de sus investigaciones. El primero fue la determinación de patrones postelectorales, en los que se analizaron individualmente y de manera conjunta las seis categorías investigadas: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; tortura y tratos crueles; muertes en protestas y bajo custodia; violencia sexual y de género, y persecución de opositores, defensores, periodistas y miembros de la sociedad civil. El segundo, y quizás el más importante de cara al futuro, fue determinar que la “continuación exacerbada del plan de aniquilar a opositores o personas percibidas como tales” constituiría un crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas, según lo establecido en el artículo 7.h) del Estatuto de Roma. Y el tercer elemento fue la determinación, por parte de los expertos, de un patrón de continuidad y adaptación del sistema represivo. En su actualización oral de marzo de este año, la Misión expresó que sus investigaciones llevaban a la conclusión de que el aparato represivo del Estado permanecía “intacto”, pese al cambio de liderazgo. Los expertos también pidieron que la incertidumbre política actual se tradujera en cambios significativos en materia de derechos humanos. Por todo lo anterior, se puede suponer que el nuevo informe que leeremos y escucharemos en los próximos días dará cuenta detallada de la evolución de las estructuras y cadenas de mando responsables de la represión; de la situación de las personas detenidas arbitrariamente y de las desapariciones documentadas, sobre todo luego del supuesto cierre del Helicoide, que no fue más que otro ardid para continuar con su patrón de adaptación; de los nuevos casos de tortura y violencia sexual; del funcionamiento del sistema judicial posterior al 3 de enero; de las responsabilidades individuales de personeros del régimen, y de

Petróleo: Acuerdo y desacuerdos

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 Premisas En materia petrolera Venezuela es socio natural de EEUU. Igualmente existe consenso en que la reconstrucción de nuestra desvencijada industria petrolera, se basa en la incorporación de empresas privadas. Por otra parte EEUU necesita el petróleo venezolano. Sus reservas indican que en pocos años la producción de ese país comenzará a declinar, y su compensación está en las cercanas y cuantiosas reservas venezolanas. La crisis de Ormuz enfatiza este aspecto. Finalmente Venezuela- a excepción de los años de la “revolución”- ha sido un tradicional y seguro proveedor de ese país. Entonces, hacer críticas al Acuerdo petrolero – que deja demasiado que desear – no significa criticar que empresas norteamericanas exploten los yacimientos venezolanos. Al contrario, son indispensables; pero eso sí, con tratos justos, ganar-ganar.   El Acuerdo –      El lenguaje… Ni somos botín de guerra, ni nuestras reservas duplican las estadounidenses. Importante, porque las palabras generan creencias, paradigmas, comportamientos, y se reflejan en la autoestima. –      La opacidad… Ya es suficiente con la confidencialidad de los CPP, contrataciones de donde salieron los accidentes fatales en La Victoria y en el Lago. Es imperativo que los venezolanos conozcamos – y participemos – en el Acuerdo. Y que conozcamos en los contratos: quién, condiciones fiscales, arquitectura jurídica, etc. Recordemos la Apertura de los años noventa que se hizo por televisión… Transparencia. –      La discrecionalidad… Ningún funcionario puede firmar tamaño Acuerdo sin consultar con el país. Por ello es necesaria una amplia consulta, y hacia un próximo futuro una LOH que contemple Agencias de Energía que seleccione los paquetes energéticos, organice Rondas de Licitación y subaste al mejor oferente. Más sistémico, y beneficioso para la industria y el país. La rebatiña perjudica a Venezuela. –      Los socios… Éticamente muy cuestionado el socio principal. Y escogido a dedo. El otro socio (Estado norteamericano) con acción de oro, dirigirá la empresa. Por cierto, ¿quién le pagará a China si gana sus reclamos por confiscación? … Adivine. –      Petróleo al costo… El 20 % de la venta del petróleo será a costo, lo que implica – saque cuentas- que el promedio ponderado del precio de venta es alrededor de 56 $ por barril y no 65. Además ¿USA cobrará por manejo el 10% de los ingresos?… unos veinte mil millones de dólares de los doscientos mil que ingresarían al Fisco. ¿Qué tal?  –      Los 100.000 millones de dólares… Solo las pueden traer las grandes empresas, que han dicho hasta la saciedad que no vienen hasta que cambien las condiciones. Confianza, Seguridad Jurídica, Respeto, Separación de Poderes, etc. O sea… –      Ganancia del gobierno… Eso que llaman goverment take. La Regalías + Impuestos ofrecida es 19 $ por barril. Y el precio 65 $ por barril. 19/65 da casi 30 %. Este parámetro es Inferior a Colombia, Brasil, México y otros países, donde esa cifra es mínimo 45%. ¿Venezuela en oferta? –      En síntesis… El Acuerdo es insatisfactorio. Cierto que habrá más taladros y más empleo en las zonas petroleras, y allí se incrementará el nivel de vida. Lo cual es excelente pero no suficiente. Venezuela tiene derecho a una negociación consensual y justa. Tenemos infraestructura, reservas, y gente muy conocedora para negociar. Debemos aplicar una LOH sistémica, productiva, transparente y con Agencia de Energía. Cero rebatiñas. Negociar para desarrollar una empresa petrolera de primera, que magnifique los beneficios para Venezuela y que nos permita manejar nuestro negocio. Y este Acuerdo… está muy lejos. El entorno político No lo dude, petróleo es política. El Acuerdo no viene solo. Ya suenan las piedras del río en cuanto a la salida de Venezuela de la OPEP. Esta organización permite a Venezuela mantener relaciones con los países productores. Retirarnos de la OPEP es perder capacidad de negociación con las transnacionales. Porque la Soberanía no es de izquierda ni de derecha, es el aprovechamiento estratégico de nuestros recursos, más en una industria fundamental para Venezuela que si no la controlamos nosotros, la controlarán otros. Verbigracia… También es imprescindible salvar a Citgo. Si algo especial debe hacer la Mesa de Diálogo, es solicitar que NO se subaste Citgo. Y menos por siete mil millones de dólares, demasiado por debajo de su valor. Temor: que se la cambien a Conoco por participación en el Acuerdo. Como dice Rafael Poleo: el imperio existe y es malo.  Mensaje para inocencios. Por otra parte, dada la camaralenta (¿inducida?) de la Mesa de la Unidad, nada de raro tendría que tras este Acuerdo, las elecciones presidenciales se realizaran en 2029… o después. “No están listos”… Los políticos tienen que fijar posición sobre este trascendente Acuerdo. Tenemos el deber de  – por fin- transformar las reservas petroleras en calidad de vida sustentable de los venezolanos.  Y precisamente, no debemos entregar “por nada”. Pilas y guáramo son nuestras primeras necesidades. Rafael Gallegos Castro   Ingeniero Petrolero. Ex-gerente en PDVSA. Profesor del IESA. Miembro de Gente del Petróleo. Coordinador Académico del Diplomado de “Diplomacia Petrolera y otras Energías” del CODEIV 

Ronald Peña R. | Imagen propiedad de: EFE

Venezuela vive la mayor crisis humanitaria de su historia

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Foto cortesia de EFE La zona centro norte costera de Venezuela, sufrió el pasado 24 de junio el devastador doble terremoto de magnitudes 7.5 y 7.2. La catástrofe, ocasionó daños en muchas regiones, sin embargo, las zonas más afectadas son La Guaira y Caracas. Hasta ahora el saldo ofrecido por las fuentes oficiales ya supera los 4.829 muertos, así como, miles de heridos y decenas de miles de personas desaparecidas, estas cifras que no se corresponden con lo que se observa en el área del desastre. A medida que se va conociendo de forma detallada la situación posterior a los sismos, se pone de manifiesto la premura necesaria para atender la tragedia en los siguientes aspectos: • Población Afectada: Hay estimaciones que señalan que el número total de afectados directos e indirectos podría escalar hasta los siete millones de personas, a los cuales hay que dar respuestas concretas. • Refugios de Emergencia: El Estado mantiene activos al menos 108 campamentos que albergan a cerca de 20.000 refugiados que perdieron la totalidad de sus viviendas, sin embargo, hay zonas en el interior del país, donde todavía no ha llegado ayuda. • Colapso Sanitario: Los centros de salud, que operaban al límite de sus capacidades antes del 24 de junio, se encuentran desbordados y requieren dotación urgente de insumos médicos y quirúrgicos masivos. • Vulnerabilidad Infantil: De acuerdo con reportes de UNICEF, aproximadamente 3.9 millones de niños, niñas y adolescentes habitan en las zonas de desastre. Enfrentan severas carencias de agua potable, alimentos y sistemas de protección frente a riesgos de separación familiar u orfandad. • Colapso de Infraestructura: El desplome de más de 180 grandes edificaciones residenciales y los severos daños estructurales en cientos de condominios, situación que requerirá proyectar y construir viviendas y edificaciones para al menos 25.000 nuevas viviendas en planicies seguras. En cuanto a las edificaciones dañadas total o parcialmente, se va a requerir un plan extraordinario de apoyo a los damnificados, a través de subsidios directos a juntas de condominio y la habilitación de terrenos en zonas estables de La Guaira y otras regiones afectadas, para intentar mitigar el déficit habitacional. • Pérdidas Materiales: Algunos economistas, en cálculos preliminares,  estiman que el costo directo del desastre natural supera los 37.000 millones de dólares. Esto podría provocar una contracción de hasta el 6% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ante esta situación, la población venezolana se encuentra en una lamentable situación de vulnerabilidad, producto del colapso institucional, de la salud, de la educación, de los servicios públicos que se vive en el País, desde hace más de dos décadas. así que los terremotos, han traído como consecuencia el agravamiento de la “Crisis Humanitaria Compleja”, que ya se vivía antes del 24 de junio. La respuesta a la tragedia por parte del “gobierno socialista” se basó en mantener el control de la población; mientras que la mayoría de los afectados se vieron imposibilitados de lograr la ayuda necesaria para rescatar a sus familiares y amigos, a pesar de la rápida y eficiente ayuda de los rescatistas internacionales, también se ha violado el derecho irrenunciable a sepultar a sus seres queridos. Milagrosamente, han aparecido informaciones y videos en las redes sociales, sobre el rescate de personas vivas bajo los escombros, después de transcurridos más de dos semanas de los terremotos del 24 de junio, de lo cual se infiere que de haberse producido una respuesta rápida y coordinada se pudo haber rescatado con vida, un mayor número de personas atrapadas bajo los escombros. Como en anteriores ocasiones, la opacidad en la información y los registros oficiales, como el caso de las cifras reales de víctimas o de desaparecidos, no se trata de un error logístico, es el reflejo de un sistema que teme asumir la magnitud real de una catástrofe natural, que la corrupción, la falta de respuesta, de mantenimiento y/o infraestructura resistente a los sismos, multiplicó. De igual forma es importante señalar que la diáspora en muchos países, y poblaciones grandes y pequeñas, donde existen organizaciones venezolanas, se movilizo y organizo rápidamente para recolectar centenares de toneladas de medicamentos e insumos para enviar a Venezuela, sin embargo, el gran reto ahora, consiste en que esa ayuda llegue a los que realmente lo necesitan y no se desvíe o se quede en el camino, producto de la arbitrariedad de algunos funcionarios públicos. Como resultado de la tragedia, se ha comenzado un debate político sobre el modelo de gobernanza necesario para administrar la crisis, La reconstrucción de Venezuela, requiere un gran consenso nacional, no puede ser realizada por los mismos responsables que generaron la situación actual, Esta tragedia debe iniciar la reconstrucción no solo desde el punto de vista de la infraestructura física y de los servicios públicos, sino del cambio moral y político que el país requiere. Juan Francisco Contreras Arrieche Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

¿Nuevas Cruzadas?

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El peligro de convertir la geopolítica en “Guerra Santa” El reciente conflicto de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, no solo es una crisis militar más en Oriente Medio; es también una especie de espejo donde se reflejan viejas narrativas, miedos y simplificaciones que en pleno siglo XXI, siguen moldeando la política internacional.En la historia hay palabras que no desaparecen del todo. Solo esperan el momento preciso para regresar, tal es el caso del significado de la palabra “Cruzada”. Aunque en la actualidad esta palabra no forma parte de los comunicados oficiales que se han emitido en este conflicto, su significado, está implícito en el lenguaje, en los discursos, en que ambas partes se refieren al enemigo.Cuando observamos el enfrentamiento entre Israel y Estados Unidos, quienes se presentan como defensores de los principios y valores de “la civilización occidental” y por la otra parte Irán y sus aliados (Hezbolah en el sur del Líbano y los Huties en Yemen), quienes asumen los principios y valores de “la civilización Islámica”. Surge, como consecuencia, la pregunta: ¿estamos viendo una guerra estratégica o el resurgimiento de la lógica de cruzada en pleno siglo XXI?Hoy, resulta muy obvio observar paralelismos discursivos. Cuando revisamos la historia universal, nos encontramos que en los siglos XI y XIII, se produjeron las llamadas Cruzadas, enfrentamientos bélicos entre cristianos y musulmanes, las cuales fueron justificadas como luchas sagradas, inevitables y existenciales. Al analizar lo que ocurre hoy en el Medio Oriente, encontramos que existen argumentaciones algo similares.Si analizamos el llamado del papa Urbano II en el año 1095 vemos que no solo apelaba a la fe cristiana, sino también a una narrativa de amenaza existencial: del “otro” (los musulmanes), los cuales, no solo ocupaban los territorios santos del cristianismo, sino que representaba un peligro para la existencia de toda la cristiandad. Sin embargo, detrás de ese lenguaje religioso también se escondían intereses muy concretos: control de rutas comerciales, territorios estratégicos y legitimidad política de Europa.En la actual situación, el llamado al conflicto no proviene del Vaticano, ni siquiera de Europa, sino de una parte de los herederos de la civilización judeo-cristiana. Para algunos analistas, las posiciones asumidas por los actores en conflicto recuerdan peligrosamente a las Cruzadas Medievales, Sin embargo, es relevante señalar, que, en teoría, el actual conflicto tiene menos que ver con religión que con otros aspectos como:• El control regional del poder en Oriente Medio y la influencia en la geopolítica global,• La seguridad y estabilidad energética global (particularmente en el transito e hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz),• El desequilibrio militar en la región producto de la posibilidad que Irán desarrolle armamento nuclear, La religión como el lenguaje; el poder, el verdadero motor. Es importante conocer la historia como advertencia, no como destino determinante, es por esta razón, que el estudio de las Cruzadas nos enseña algo fundamental: los conflictos más devastadores suelen justificarse con grandes relatos morales o civilizatorios, basados en la fe religiosa (la lucha contra “los infieles”), que es un elemento que eleva la dimensión del problema.Hoy, el conflicto bélico entre Israel y Estados Unidos contra Irán y sus aliados, parece repetir ese recurrente patrón. No se declara como guerra religiosa, pero se construye en términos que evocan una lucha entre modelos de civilización: democracia versus teocracia, el mundo judeo-cristiano Occidental versus mundo islámico, el orden versus el caos. Samuel Huntington y la posibilidad que su profecía se cumplaCuando Samuel P. Huntington planteó el “choque de civilizaciones”, ofreció una narrativa seductora por su simplicidad: el mundo dividido en bloques culturales enfrentados de manera casi inevitable. En 1996, “The Clash of Civilizations”, propuso una idea tan influyente como polémica: los conflictos del futuro no serían ideológicos (Como la gran mayoría en el siglo XX), ni económicos, sino culturales. Según Huntington, el mundo se dividiría en grandes bloques civilizatorios, el occidental, el islámico, el confuciano, entre otros. cuyas diferencias serían irreconciliables.En el conflicto actual, existen elementos que permiten señalar que por los momentos no estamos en una guerra entre “Occidente” y “el Islam”. Cómo ejemplo, podemos señalar:1- Las alianzas que existen entre Estados Unidos y varios países musulmanes;2- Israel representa una fracción muy minoritaria de Occidente;3- La no participación directa de Europa en el conflicto;4- Las divisiones internas dentro del propio mundo islámico (Chiitas y Sunitas), Irán representa a los Chiitas, que son un sector minoritario del mundo Islámico5- Finalmente, la democracia en los Estados Unidos no representa una civilización homogénea.Sin embargo, la preocupación surge, cuando algunos actores políticos comienzan a actuar como si Huntington tuviera razón y su teoría deja de ser un análisis académico, pudiendo convertirse en una guía de acción. De Jerusalén a Teherán: paralelismos incómodosEl enfrentamiento que se produjo en las Cruzadas no fue solo guerras santas; fueron procesos de deshumanización. La contraparte no era un adversario político al que había que vencer, sino un enemigo de la fe, alguien a quien no se le reconocía legitimidad, ni humanidad plena, así que por seguridad y para cada civilización logre sobrevivir, había que eliminar a “la otra”.Hoy vemos ecos de esa lógica, a través de:• Discursos que presentan al adversario como una amenaza absoluta,• Justificaciones morales para realizar ataques preventivos contra enemigo,• La narrativa donde negociar la convivencia, parece una forma de debilidad.El reciente ataque de Israel y Estados Unidos contra objetivos estratégicos en Irán, seguido de respuestas militares en cadena, no puede entenderse únicamente como una operación táctica. Es también un acto cargado de simbolismo: la idea de neutralizar un “peligro civilizatorio”, para garantizar la sobrevivencia.Del lado de Teheran, la respuesta tampoco es solo militar, utiliza también el tema económico como un recurso estratégico, ya que está consciente que la desestabilización de los recursos energéticos afecta a la comunidad internacional. Esto se constituye en una especie de resistencia frente a una agresión externa, casi como una defensa histórica frente a invasiones recurrentes de “los infieles”, además de intentar erigirse como el defensor de la civilización islámica. Los representantes de Occidente (particularmente Estados Unidos) suelen justificar sus

Irán Petróleo y más que petróleo (I/II)

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Petróleo por alfombras persas… el 26 de mayo de 1908 a las cuatro y media de la madrugada, luego de siete años de búsqueda estéril en el desierto de Persia, en medio de ventiscas huracanadas, mosquitos gigantes y temperaturas que rozaban los cincuenta grados centígrados, se oyó un fuerte rugido proveniente del centro de la tierra seguido por una irrupción violenta de petróleo, que voló la cabria por los aires, inundó el campo y cubrió los rostros, las ropas y hasta las mentes de los hombres. Un reventón muy oportuno, ya que acababan de recibir un ultimátum para abandonar las operaciones que adelantaban en esa localización, denominada Mezquita de Salomón. Había comenzado una nueva historia para Persia. Las legendarias alfombras mágicas daban paso al milagroso petróleo. En 1909, la Burmah Oil Company, William Knox Darcy y otros empresarios privados fundaron la Anglo-Persian Oil Company (APOC). Las finanzas quedaron escuálidas luego de tanto esfuerzo y tuvieron que endeudarse para financiar el transporte y la manufactura. Debían construir un oleoducto de más de 200 kilómetros, así como una refinería para procesar el crudo. En 1913 Churchill, el visionario Winston Churchill, comulgaba con la ineludible necesidad de sustituir el carbón por hidrocarburos en la flota británica. Un combustible muy lejano, contrario al carbón tan abundante y a la mano, que alguien había expresado que Inglaterra era una isla de carbón. Para garantizar el flujo de combustible, Churchill – entonces Lord del Almirantazgo- convenció al parlamento de la imperiosa necesidad – en contra de los paradigmas ingleses- de que el Estado participara en la propiedad de la empresa petrolera. Así nació en 1914 la British Petroleum (BP), donde la corona británica poseía el 51 % de las acciones. Persia comenzaba su carrera petrolera como pieza estratégica – de vida o muerte – para la Marina Británica. En 1919, al finalizar la primera guerra mundial, ese país quedó convertido casi en protectorado británico, ya que como contrapartida de préstamos, los ingleses le controlaban las aduanas, las finanzas oficiales y el ejército. O sea… Derrocamiento del Sha… Durante la segunda guerra mundial, Irán (le habían cambiado el nombre en 1935), fue un surtidor de energía seguro para los ingleses. Su refinería de Abadán – la más grande del mundo – resultó fundamental en el triunfo de los aliados. Como se sospechaba de veleidades nazis en el Sha Reza Pahlavi, en 1941 ingleses y los rusos invadieron al país, lo expulsaron, y lo sustituyeron por su hijo Mohamad Reza Pahlavi, quien resultó un aliado incondicional del imperio británico. Nacionalización frustrada… Sin embargo no todo era color de rosa en la relación de Irán con el imperio británico. No tenían ni voz ni voto en el manejo de su industria petrolera, ni siquiera podían hacerle auditoría, lo que generaba descontento en los nativos y en los políticos. El vaso se rebozó cuando le negaron a Irán el derecho al fifti – fifti, medida originaria de Venezuela y ya adoptada por Arabia Saudita. Entonces, en 1951 el primer ministro Mohamad Mossadegh encabezó la Ley de Nacionalización del Petróleo que aprobó el parlamento. Les quitaron la concesión a los ingleses y la explotación del crudo quedó en manos de la estatal National Iranian Oil Company (NIOC). Las petroleras reaccionaron bloqueando al petróleo iraní, lo que minimizó la producción hasta apenas 100.000 barriles por día. La economía iraní quedó paralizada. En 1953 Mossadegh fue derrocado por efecto de la Operación Ajax dirigida por Estados Unidos e Inglaterra. El Sha, que había sido aventado al exilio, fue restituido a su puesto. Para las operaciones petroleras se creó el Consorcio de Petróleo de Irán, con participación de transnacionales del petróleo. Estados Unidos cobró su rol en el golpe de estado, pues quedó con el 40 % de las acciones del Consorcio a través de las empresas norteamericanas Esso, Chevron, Mobil, Gulf y Texaco. La BP mantuvo un 40%, Shell quedó con 14 % y los franceses (actual Total), un 6 %. Es decir – mensaje para los inocencios – las Siete Hermanas se repartieron el petróleo iraní. Por otra parte, las transnacionales reconocieron como modelo de distribución de ganancias con el Estado, al fifti- fifti. El Sha Mohamed Reza Pahlavi se convirtió en un monarca absoluto. Inició un fenómeno de occidentalización en Irán. Estados Unidos lo armó hasta los dientes y lo convirtió en el policía petrolero de la zona, mientras veía para otro lado con la represión del gobierno. Durante el Embargo Petrolero de 1973, Irán – al igual que Venezuela y Nigeria – no se involucró en el conflicto, pero salió beneficiado por los altos precios del crudo y por incrementar su producción para compensar los déficits generados por los países árabes. La represión, el desempleo, la inflación, la acelerada occidentalización que chocaba creencias locales, y la extrema desigualdad fomentaron mucha impopularidad del régimen iraní. La ultra dispendiosa celebración de los 2000 años del Imperio Persa, aunado a más de cien muertos en una manifestación de 1978 y a la creciente popularidad de los ayatolas, redundó en el derrocamiento del Sha y la llegada al poder del Ayatola Jomeini. Una patada al tablero geopolítico. El armamento del Sha cambió de signo y se convirtió en un arsenal profundamente antinorteamericano. Los Estados Unidos, de aliados se convirtieron en infieles con los que había que acabar, al igual que Israel. ¡Ah!, y había que buscar un nuevo policía del petróleo árabe. Continuará… Rafael Gallegos Castro   Ingeniero Petrolero. Ex-gerente en PDVSA. Profesor del IESA. Miembro de Gente del Petróleo. Coordinador Académico del Diplomado de “Diplomacia Petrolera y otras Energías” del CODEIV   

Irán y Venezuela como Nodos Estratégicos en la Arquitectura Geopolítica Global

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   ResumenEste artículo examina la transformación de Irán y Venezuela de socios estratégicos a nodos críticos en un contexto global en transición. Los recientes ataques y movimientos de Estados Unidos no deben interpretarse como hechos aislados, sino como manifestaciones de una Strategic Architecture orientada a la contención estructural. El documento plantea cómo la energía, la ubicación geopolítica y la narrativa internacional se integran en un modelo de Status Quo Reset, redefiniendo el equilibrio global en la era multipolar. 1. IntroducciónLa dinámica internacional contemporánea atraviesa un período de reconfiguración estructural, donde el poder no solo se mide en capacidad militar, sino en control de nodos críticos, influencia narrativa y gestión de interdependencias estratégicas. Irán y Venezuela representan casos paradigmáticos de esta transición. Ambos países, que fueron aliados confiables de Estados Unidos durante el siglo XX, hoy constituyen puntos neurálgicos cuya estabilidad afecta rutas energéticas, comercio global y la capacidad de disuasión de potencias revisionistas.2. Antecedentes históricos2.1 Irán (1953–1979)● Aliado estratégico de EE. UU. durante la Guerra Fría temprana● Pilar energético y geopolítico en Medio Oriente● Revolución Islámica (1979) marca su transformación en actor revisionista y autónomo2.2 Venezuela● Proveedor estratégico de petróleo hemisférico● Socio estable de EE. UU. hasta finales del siglo XX● Desde 1999, reorientación hacia China, Rusia e Irán, creando nuevos ejes de influenciaConclusión: La evolución de estos países refleja un cambio de integración al sistema estadounidense hacia una condición de nodos críticos de contención y resistencia estratégica. 3. Nodos energéticos y estratégicosLa ubicación y los recursos de Irán y Venezuela los convierten en centros de control de flujos estratégicos, tanto de energía como de comercio y defensa.● Influencia sobre rutas de petróleo, gas y minerales● Integración en redes alternativas de cooperación internacional● Efectos directos sobre la seguridad energética globalInterpretación: cualquier análisis de conflicto en estas regiones debe considerar la dimensión estructural y sistémica, no solo los eventos tácticos inmediatos. 4. Arquitectura estratégica de contención4.1 Principios fundamentales1. Disuasión anticipatoria: neutralizar amenazas emergentes antes de su consolidación2. Control de nodos críticos: gestión indirecta de recursos y rutas estratégicas3. Chokepoints globales: Panamá, Suez, Bab el-Mandeb, Malaca y Ártico4. Flexibilidad institucional: coaliciones ad hoc y redefinición de legitimidad5. Dominancia narrativa: enmarcar acciones como preventivas y estabilizadorasEsta arquitectura sugiere que EE. UU. aplica una ingeniería estratégica del equilibrio, basada en anticipación, no solo reacción. 5. Energía como variable centralLa energía ha pasado de ser instrumento de integración a palanca de contención.● Antes: cooperación energética con EE. UU.● Ahora: presión estratégica sobre flujos críticos, transformando la interdependencia en herramienta de equilibrio.6. Status Quo Reset: Hacia una contención estructural multidimensional6.1 Marco conceptualTres fases históricas:1. Orden institucional post-Segunda Guerra Mundial2. Unipolaridad post-19913. Multipolaridad competitiva emergente (2008–presente)El Status Quo Reset implica un cambio donde la estabilidad global depende de límites anticipados, no solo de normas compartidas.6.2 Las 5 capas de la Strategic Architecture1. Hard Power Reset: disuasión preventiva y restauración de credibilidad militar2. Resource & Energy Leverage: control de nodos energéticos y corredores estratégicos3. Chokepoint Containment: influencia sobre arterias logísticas críticas4. Rule Framing & Institutional Adaptation: redefinición de legitimidad operativa5. Cognitive & Narrative Dominance: gestión de percepción y construcción de riesgo sistémico7. Implicaciones sistémicas● Competencia estructural sostenida● Disuasión activa y anticipatoria● Multipolaridad administrada mediante control de nodos críticos● Redefinición de legitimidad internacionalDiferencias con modelos históricos:● No hay bloques ideológicos rígidos (distinto a la Guerra Fría)● No hay ocupaciones prolongadas (distinto a unilateralismo 2003)● Contención estructural multidimensional: equilibrio diseñado y límites anticipados8. ConclusiónIrán y Venezuela muestran cómo antiguos aliados se convierten en nodos críticos dentro de un nuevo diseño estratégico global. Más allá de ataques aislados, estamos ante la construcción de un rediseño estratégico del equilibrio multipolar, donde la estabilidad depende de la capacidad de imponer restricciones creíbles y gestionar nodos críticos de influencia global.  Carlos J. Pérez Pulido /  Internacionalista UCV. – Founder, ISHEA Institute · Strategic Advisor · Human Systems Analyst

El costo real de recuperar la soberanía en Venezuela

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Política, petróleo y la aritmética que no admite consignas  Introducción: la paradoja venezolana Incluso si Venezuela lograra hoy lo que históricamente le ha sido esquivo —unidad política interna, liderazgo estable y consenso social para una transición profunda— la recuperación de su soberanía económica seguiría fuera de alcance en términos racionales.Esta afirmación no es ideológica ni provocadora. Es contable.Durante años, el debate sobre la soberanía venezolana ha estado dominado por una falsa dicotomía: o se la defiende como principio absoluto, o se la descarta como imposibilidad práctica. Lo que ha faltado es un análisis frío del costo real de recuperarla, particularmente en el ámbito petrolero, que sigue siendo el eje material del Estado venezolano.El problema central no es político. Es estructural. ¿Qué es un protectorado en términos contemporáneos?En el siglo XXI, un protectorado no implica ocupación militar ni pérdida formal de soberanía política. Se trata de un arreglo funcional en el cual un Estado conserva sus símbolos institucionales —gobierno, elecciones, representación diplomática— pero pierde el control efectivo sobre uno o más recursos estratégicos que determinan su viabilidad económica.En el caso venezolano, el elemento definitorio no es la presencia externa directa, sino la imposibilidad práctica de decidir unilateralmente sobre la producción, la comercialización y el uso fiscal de su principal activo: el petróleo. Cuando un país produce, pero no controla la venta, el flujo de ingresos ni las condiciones financieras asociadas, la soberanía deja de ser operativa y pasa a ser nominal.Bajo esta definición —operativa, no ideológica— el arreglo actual encaja en un protectorado económico petrolero, resultado no de una imposición súbita, sino de una insolvencia estructural acumulada durante décadas. La realidad operativa del sector petrolero venezolanoA comienzos de 2026, Venezuela produce petróleo, pero no ejerce control soberano pleno sobre su cadena de valor. La comercialización internacional, la certificación de flujos financieros y el uso efectivo de los ingresos se encuentran condicionados por acuerdos, licencias y mecanismos de supervisión externos, principalmente vinculados a Estados Unidos.Este hecho tiene una consecuencia directa: el principal recurso estratégico del país no puede ser utilizado libremente como instrumento de política económica.Dado que entre el 75% y el 85% del presupuesto nacional depende directa o indirectamente del petróleo, el control de la comercialización equivale, en la práctica, a un veto estructural sobre la política fiscal. No se trata de una intervención explícita, sino de una restricción funcional: primero se atienden compromisos financieros, luego inversiones certificadas y, solo después, el gasto público residual. Por qué este arreglo no es temporalExiste una tentación recurrente de interpretar este esquema como una etapa transitoria. Los datos indican lo contrario.Entre 2026 y 2035 se proyectan inversiones en el sector petrolero venezolano que oscilan entre 60.000 y 95.000 millones de dólares. Estas inversiones están asociadas a contratos de largo plazo, con horizontes que se extienden hasta 2055–2065 y períodos de recuperación de capital de entre 8 y 12 años.Este fenómeno genera un efecto clásico de inversión hundida: ningún actor dominante —ni corporativo ni estatal— puede retirarse sin asumir costos económicos y estratégicos significativos. En términos políticos, esto implica que ninguna administración estadounidense futura tendrá incentivos reales para abandonar este esquema, independientemente de su signo ideológico. La dependencia técnica como límite duroMás allá de la dimensión financiera, existe un límite técnico que rara vez se discute con honestidad. PDVSA, en su estado actual, no dispone de:capacidad tecnológica para operar eficientemente la Faja del Orinoco,capital humano suficiente tras años de fuga de talento,sistemas de comercialización global competitivos,infraestructura de mejoramiento y refinación plenamente funcional.La reconstrucción de estas capacidades requeriría entre 15 y 25 años, con una inversión adicional estimada entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, incluso en un escenario de estabilidad política sostenida. No se trata de voluntad. Se trata de escala y tiempo. El argumento geopolítico que cierra el sistemaDesde la perspectiva estadounidense, Venezuela no es intercambiable. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un valor potencial estimado entre 21 y 22 trillones de dólares. Perder control sobre ese recurso implicaría fortalecer a potencias rivales en el hemisferio occidental, comprometer la seguridad energética y asumir costos migratorios elevados.Además, una parte significativa del sistema de refinación del Golfo de México está optimizada para crudos pesados. Sustituir a Venezuela implicaría reconversiones costosas, mayores precios internos y una dependencia extra hemisférica más profunda. En términos estrictamente pragmáticos, mantener el control es más barato que perderlo. ¿Cuánto cuesta realmente recuperar la soberanía?Aquí es donde el debate suele romperse con la realidad.Un intento de salida unilateral del esquema actual —por ejemplo, hacia 2040— implicaría:laudos arbitrales estimados entre 120.000 y 200.000 millones de dólares,una caída inmediata de la producción del 60–70%,sanciones financieras severas,nueva fuga de capital humano y de inversión.El costo total agregado se sitúa entre 450.000 y 650.000 millones de dólares, es decir, entre dos y tres veces el PIB venezolano proyectado. Bajo cualquier criterio técnico, este escenario es económicamente inviable. Política versus aritméticaAquí emerge la conclusión incómoda: la soberanía puede ser políticamente deseable, pero económicamente prohibitiva en el horizonte visible.Incluso un liderazgo capaz de unificar al país y sostener una transición ordenada se enfrentaría a un muro de restricciones materiales que no se resuelven con legitimidad política. La aritmética no negocia. Conclusión: la pregunta correctaVenezuela no está “recuperándose” en el sentido clásico. Está siendo integrada en un esquema de tutela económica funcional que no es ideológico, no es conspirativo y no es temporal. Es la respuesta pragmática a una insolvencia estructural acumulada durante más de 25 años.Sin embargo, la cúpula política continúa utilizando una retórica de soberanía que ya no se corresponde con la realidad material. La pregunta relevante no es quién tomará el poder, sino cuánto margen real tendrá ese poder en el tiempo, cuando el presupuesto del país —y los recursos que lo sostienen— se encuentran estructuralmente condicionados.La pregunta correcta no es si Venezuela debería aceptar este modelo. La pregunta es cómo maximizar el bienestar interno bajo estas condiciones, entendiendo que la inteligencia estratégica será vital y que, solo en el mejor de los casos, podría prepararse una salida gradual en un horizonte