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Artículos y colaboraciones.

Los puntos de vista y opiniones expresados en los artículos corresponden a los autores y no reflejan necesariamente la política oficial CODEIV.

Irán Petróleo y más que petróleo (I/II)

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Petróleo por alfombras persas… el 26 de mayo de 1908 a las cuatro y media de la madrugada, luego de siete años de búsqueda estéril en el desierto de Persia, en medio de ventiscas huracanadas, mosquitos gigantes y temperaturas que rozaban los cincuenta grados centígrados, se oyó un fuerte rugido proveniente del centro de la tierra seguido por una irrupción violenta de petróleo, que voló la cabria por los aires, inundó el campo y cubrió los rostros, las ropas y hasta las mentes de los hombres. Un reventón muy oportuno, ya que acababan de recibir un ultimátum para abandonar las operaciones que adelantaban en esa localización, denominada Mezquita de Salomón. Había comenzado una nueva historia para Persia. Las legendarias alfombras mágicas daban paso al milagroso petróleo. En 1909, la Burmah Oil Company, William Knox Darcy y otros empresarios privados fundaron la Anglo-Persian Oil Company (APOC). Las finanzas quedaron escuálidas luego de tanto esfuerzo y tuvieron que endeudarse para financiar el transporte y la manufactura. Debían construir un oleoducto de más de 200 kilómetros, así como una refinería para procesar el crudo. En 1913 Churchill, el visionario Winston Churchill, comulgaba con la ineludible necesidad de sustituir el carbón por hidrocarburos en la flota británica. Un combustible muy lejano, contrario al carbón tan abundante y a la mano, que alguien había expresado que Inglaterra era una isla de carbón. Para garantizar el flujo de combustible, Churchill – entonces Lord del Almirantazgo- convenció al parlamento de la imperiosa necesidad – en contra de los paradigmas ingleses- de que el Estado participara en la propiedad de la empresa petrolera. Así nació en 1914 la British Petroleum (BP), donde la corona británica poseía el 51 % de las acciones. Persia comenzaba su carrera petrolera como pieza estratégica – de vida o muerte – para la Marina Británica. En 1919, al finalizar la primera guerra mundial, ese país quedó convertido casi en protectorado británico, ya que como contrapartida de préstamos, los ingleses le controlaban las aduanas, las finanzas oficiales y el ejército. O sea… Derrocamiento del Sha… Durante la segunda guerra mundial, Irán (le habían cambiado el nombre en 1935), fue un surtidor de energía seguro para los ingleses. Su refinería de Abadán – la más grande del mundo – resultó fundamental en el triunfo de los aliados. Como se sospechaba de veleidades nazis en el Sha Reza Pahlavi, en 1941 ingleses y los rusos invadieron al país, lo expulsaron, y lo sustituyeron por su hijo Mohamad Reza Pahlavi, quien resultó un aliado incondicional del imperio británico. Nacionalización frustrada… Sin embargo no todo era color de rosa en la relación de Irán con el imperio británico. No tenían ni voz ni voto en el manejo de su industria petrolera, ni siquiera podían hacerle auditoría, lo que generaba descontento en los nativos y en los políticos. El vaso se rebozó cuando le negaron a Irán el derecho al fifti – fifti, medida originaria de Venezuela y ya adoptada por Arabia Saudita. Entonces, en 1951 el primer ministro Mohamad Mossadegh encabezó la Ley de Nacionalización del Petróleo que aprobó el parlamento. Les quitaron la concesión a los ingleses y la explotación del crudo quedó en manos de la estatal National Iranian Oil Company (NIOC). Las petroleras reaccionaron bloqueando al petróleo iraní, lo que minimizó la producción hasta apenas 100.000 barriles por día. La economía iraní quedó paralizada. En 1953 Mossadegh fue derrocado por efecto de la Operación Ajax dirigida por Estados Unidos e Inglaterra. El Sha, que había sido aventado al exilio, fue restituido a su puesto. Para las operaciones petroleras se creó el Consorcio de Petróleo de Irán, con participación de transnacionales del petróleo. Estados Unidos cobró su rol en el golpe de estado, pues quedó con el 40 % de las acciones del Consorcio a través de las empresas norteamericanas Esso, Chevron, Mobil, Gulf y Texaco. La BP mantuvo un 40%, Shell quedó con 14 % y los franceses (actual Total), un 6 %. Es decir – mensaje para los inocencios – las Siete Hermanas se repartieron el petróleo iraní. Por otra parte, las transnacionales reconocieron como modelo de distribución de ganancias con el Estado, al fifti- fifti. El Sha Mohamed Reza Pahlavi se convirtió en un monarca absoluto. Inició un fenómeno de occidentalización en Irán. Estados Unidos lo armó hasta los dientes y lo convirtió en el policía petrolero de la zona, mientras veía para otro lado con la represión del gobierno. Durante el Embargo Petrolero de 1973, Irán – al igual que Venezuela y Nigeria – no se involucró en el conflicto, pero salió beneficiado por los altos precios del crudo y por incrementar su producción para compensar los déficits generados por los países árabes. La represión, el desempleo, la inflación, la acelerada occidentalización que chocaba creencias locales, y la extrema desigualdad fomentaron mucha impopularidad del régimen iraní. La ultra dispendiosa celebración de los 2000 años del Imperio Persa, aunado a más de cien muertos en una manifestación de 1978 y a la creciente popularidad de los ayatolas, redundó en el derrocamiento del Sha y la llegada al poder del Ayatola Jomeini. Una patada al tablero geopolítico. El armamento del Sha cambió de signo y se convirtió en un arsenal profundamente antinorteamericano. Los Estados Unidos, de aliados se convirtieron en infieles con los que había que acabar, al igual que Israel. ¡Ah!, y había que buscar un nuevo policía del petróleo árabe. Continuará… Rafael Gallegos Castro   Ingeniero Petrolero. Ex-gerente en PDVSA. Profesor del IESA. Miembro de Gente del Petróleo. Coordinador Académico del Diplomado de “Diplomacia Petrolera y otras Energías” del CODEIV   

Irán y Venezuela como Nodos Estratégicos en la Arquitectura Geopolítica Global

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   ResumenEste artículo examina la transformación de Irán y Venezuela de socios estratégicos a nodos críticos en un contexto global en transición. Los recientes ataques y movimientos de Estados Unidos no deben interpretarse como hechos aislados, sino como manifestaciones de una Strategic Architecture orientada a la contención estructural. El documento plantea cómo la energía, la ubicación geopolítica y la narrativa internacional se integran en un modelo de Status Quo Reset, redefiniendo el equilibrio global en la era multipolar. 1. IntroducciónLa dinámica internacional contemporánea atraviesa un período de reconfiguración estructural, donde el poder no solo se mide en capacidad militar, sino en control de nodos críticos, influencia narrativa y gestión de interdependencias estratégicas. Irán y Venezuela representan casos paradigmáticos de esta transición. Ambos países, que fueron aliados confiables de Estados Unidos durante el siglo XX, hoy constituyen puntos neurálgicos cuya estabilidad afecta rutas energéticas, comercio global y la capacidad de disuasión de potencias revisionistas.2. Antecedentes históricos2.1 Irán (1953–1979)● Aliado estratégico de EE. UU. durante la Guerra Fría temprana● Pilar energético y geopolítico en Medio Oriente● Revolución Islámica (1979) marca su transformación en actor revisionista y autónomo2.2 Venezuela● Proveedor estratégico de petróleo hemisférico● Socio estable de EE. UU. hasta finales del siglo XX● Desde 1999, reorientación hacia China, Rusia e Irán, creando nuevos ejes de influenciaConclusión: La evolución de estos países refleja un cambio de integración al sistema estadounidense hacia una condición de nodos críticos de contención y resistencia estratégica. 3. Nodos energéticos y estratégicosLa ubicación y los recursos de Irán y Venezuela los convierten en centros de control de flujos estratégicos, tanto de energía como de comercio y defensa.● Influencia sobre rutas de petróleo, gas y minerales● Integración en redes alternativas de cooperación internacional● Efectos directos sobre la seguridad energética globalInterpretación: cualquier análisis de conflicto en estas regiones debe considerar la dimensión estructural y sistémica, no solo los eventos tácticos inmediatos. 4. Arquitectura estratégica de contención4.1 Principios fundamentales1. Disuasión anticipatoria: neutralizar amenazas emergentes antes de su consolidación2. Control de nodos críticos: gestión indirecta de recursos y rutas estratégicas3. Chokepoints globales: Panamá, Suez, Bab el-Mandeb, Malaca y Ártico4. Flexibilidad institucional: coaliciones ad hoc y redefinición de legitimidad5. Dominancia narrativa: enmarcar acciones como preventivas y estabilizadorasEsta arquitectura sugiere que EE. UU. aplica una ingeniería estratégica del equilibrio, basada en anticipación, no solo reacción. 5. Energía como variable centralLa energía ha pasado de ser instrumento de integración a palanca de contención.● Antes: cooperación energética con EE. UU.● Ahora: presión estratégica sobre flujos críticos, transformando la interdependencia en herramienta de equilibrio.6. Status Quo Reset: Hacia una contención estructural multidimensional6.1 Marco conceptualTres fases históricas:1. Orden institucional post-Segunda Guerra Mundial2. Unipolaridad post-19913. Multipolaridad competitiva emergente (2008–presente)El Status Quo Reset implica un cambio donde la estabilidad global depende de límites anticipados, no solo de normas compartidas.6.2 Las 5 capas de la Strategic Architecture1. Hard Power Reset: disuasión preventiva y restauración de credibilidad militar2. Resource & Energy Leverage: control de nodos energéticos y corredores estratégicos3. Chokepoint Containment: influencia sobre arterias logísticas críticas4. Rule Framing & Institutional Adaptation: redefinición de legitimidad operativa5. Cognitive & Narrative Dominance: gestión de percepción y construcción de riesgo sistémico7. Implicaciones sistémicas● Competencia estructural sostenida● Disuasión activa y anticipatoria● Multipolaridad administrada mediante control de nodos críticos● Redefinición de legitimidad internacionalDiferencias con modelos históricos:● No hay bloques ideológicos rígidos (distinto a la Guerra Fría)● No hay ocupaciones prolongadas (distinto a unilateralismo 2003)● Contención estructural multidimensional: equilibrio diseñado y límites anticipados8. ConclusiónIrán y Venezuela muestran cómo antiguos aliados se convierten en nodos críticos dentro de un nuevo diseño estratégico global. Más allá de ataques aislados, estamos ante la construcción de un rediseño estratégico del equilibrio multipolar, donde la estabilidad depende de la capacidad de imponer restricciones creíbles y gestionar nodos críticos de influencia global.  Carlos J. Pérez Pulido /  Internacionalista UCV. – Founder, ISHEA Institute · Strategic Advisor · Human Systems Analyst

El costo real de recuperar la soberanía en Venezuela

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Política, petróleo y la aritmética que no admite consignas  Introducción: la paradoja venezolana Incluso si Venezuela lograra hoy lo que históricamente le ha sido esquivo —unidad política interna, liderazgo estable y consenso social para una transición profunda— la recuperación de su soberanía económica seguiría fuera de alcance en términos racionales.Esta afirmación no es ideológica ni provocadora. Es contable.Durante años, el debate sobre la soberanía venezolana ha estado dominado por una falsa dicotomía: o se la defiende como principio absoluto, o se la descarta como imposibilidad práctica. Lo que ha faltado es un análisis frío del costo real de recuperarla, particularmente en el ámbito petrolero, que sigue siendo el eje material del Estado venezolano.El problema central no es político. Es estructural. ¿Qué es un protectorado en términos contemporáneos?En el siglo XXI, un protectorado no implica ocupación militar ni pérdida formal de soberanía política. Se trata de un arreglo funcional en el cual un Estado conserva sus símbolos institucionales —gobierno, elecciones, representación diplomática— pero pierde el control efectivo sobre uno o más recursos estratégicos que determinan su viabilidad económica.En el caso venezolano, el elemento definitorio no es la presencia externa directa, sino la imposibilidad práctica de decidir unilateralmente sobre la producción, la comercialización y el uso fiscal de su principal activo: el petróleo. Cuando un país produce, pero no controla la venta, el flujo de ingresos ni las condiciones financieras asociadas, la soberanía deja de ser operativa y pasa a ser nominal.Bajo esta definición —operativa, no ideológica— el arreglo actual encaja en un protectorado económico petrolero, resultado no de una imposición súbita, sino de una insolvencia estructural acumulada durante décadas. La realidad operativa del sector petrolero venezolanoA comienzos de 2026, Venezuela produce petróleo, pero no ejerce control soberano pleno sobre su cadena de valor. La comercialización internacional, la certificación de flujos financieros y el uso efectivo de los ingresos se encuentran condicionados por acuerdos, licencias y mecanismos de supervisión externos, principalmente vinculados a Estados Unidos.Este hecho tiene una consecuencia directa: el principal recurso estratégico del país no puede ser utilizado libremente como instrumento de política económica.Dado que entre el 75% y el 85% del presupuesto nacional depende directa o indirectamente del petróleo, el control de la comercialización equivale, en la práctica, a un veto estructural sobre la política fiscal. No se trata de una intervención explícita, sino de una restricción funcional: primero se atienden compromisos financieros, luego inversiones certificadas y, solo después, el gasto público residual. Por qué este arreglo no es temporalExiste una tentación recurrente de interpretar este esquema como una etapa transitoria. Los datos indican lo contrario.Entre 2026 y 2035 se proyectan inversiones en el sector petrolero venezolano que oscilan entre 60.000 y 95.000 millones de dólares. Estas inversiones están asociadas a contratos de largo plazo, con horizontes que se extienden hasta 2055–2065 y períodos de recuperación de capital de entre 8 y 12 años.Este fenómeno genera un efecto clásico de inversión hundida: ningún actor dominante —ni corporativo ni estatal— puede retirarse sin asumir costos económicos y estratégicos significativos. En términos políticos, esto implica que ninguna administración estadounidense futura tendrá incentivos reales para abandonar este esquema, independientemente de su signo ideológico. La dependencia técnica como límite duroMás allá de la dimensión financiera, existe un límite técnico que rara vez se discute con honestidad. PDVSA, en su estado actual, no dispone de:capacidad tecnológica para operar eficientemente la Faja del Orinoco,capital humano suficiente tras años de fuga de talento,sistemas de comercialización global competitivos,infraestructura de mejoramiento y refinación plenamente funcional.La reconstrucción de estas capacidades requeriría entre 15 y 25 años, con una inversión adicional estimada entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, incluso en un escenario de estabilidad política sostenida. No se trata de voluntad. Se trata de escala y tiempo. El argumento geopolítico que cierra el sistemaDesde la perspectiva estadounidense, Venezuela no es intercambiable. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un valor potencial estimado entre 21 y 22 trillones de dólares. Perder control sobre ese recurso implicaría fortalecer a potencias rivales en el hemisferio occidental, comprometer la seguridad energética y asumir costos migratorios elevados.Además, una parte significativa del sistema de refinación del Golfo de México está optimizada para crudos pesados. Sustituir a Venezuela implicaría reconversiones costosas, mayores precios internos y una dependencia extra hemisférica más profunda. En términos estrictamente pragmáticos, mantener el control es más barato que perderlo. ¿Cuánto cuesta realmente recuperar la soberanía?Aquí es donde el debate suele romperse con la realidad.Un intento de salida unilateral del esquema actual —por ejemplo, hacia 2040— implicaría:laudos arbitrales estimados entre 120.000 y 200.000 millones de dólares,una caída inmediata de la producción del 60–70%,sanciones financieras severas,nueva fuga de capital humano y de inversión.El costo total agregado se sitúa entre 450.000 y 650.000 millones de dólares, es decir, entre dos y tres veces el PIB venezolano proyectado. Bajo cualquier criterio técnico, este escenario es económicamente inviable. Política versus aritméticaAquí emerge la conclusión incómoda: la soberanía puede ser políticamente deseable, pero económicamente prohibitiva en el horizonte visible.Incluso un liderazgo capaz de unificar al país y sostener una transición ordenada se enfrentaría a un muro de restricciones materiales que no se resuelven con legitimidad política. La aritmética no negocia. Conclusión: la pregunta correctaVenezuela no está “recuperándose” en el sentido clásico. Está siendo integrada en un esquema de tutela económica funcional que no es ideológico, no es conspirativo y no es temporal. Es la respuesta pragmática a una insolvencia estructural acumulada durante más de 25 años.Sin embargo, la cúpula política continúa utilizando una retórica de soberanía que ya no se corresponde con la realidad material. La pregunta relevante no es quién tomará el poder, sino cuánto margen real tendrá ese poder en el tiempo, cuando el presupuesto del país —y los recursos que lo sostienen— se encuentran estructuralmente condicionados.La pregunta correcta no es si Venezuela debería aceptar este modelo. La pregunta es cómo maximizar el bienestar interno bajo estas condiciones, entendiendo que la inteligencia estratégica será vital y que, solo en el mejor de los casos, podría prepararse una salida gradual en un horizonte

Venezuela: el dilema de la Soberanía y la Responsabilidad de Proteger

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Durante siglos, la soberanía ha sido uno de los pilares del orden internacional. Jean Bodin, en el siglo XVI, la definía como el poder absoluto y perpetuo del Estado; más tarde, la Paz de Westfalia (1648) la consolidó como el derecho exclusivo de cada Estado a gobernar su territorio sin interferencias externas. Esta idea permitió construir estabilidad internacional, pero también dejó una pregunta sin responder: ¿qué ocurre cuando ese poder se ejerce contra la propia población?.Max Weber aportó otra clave fundamental al definir al Estado como quien detenta el monopolio legítimo de la violencia. La palabra “legítimo” no es menor. Cuando el uso del poder se divorcia del bienestar ciudadano, la soberanía deja de ser un principio jurídico y se transforma en una herramienta de dominación.Tras las tragedias del siglo XX, Hannah Arendt advirtió que el mayor fracaso del sistema internacional era permitir que millones de personas quedaran sin protección precisamente por estar bajo la autoridad de un Estado. De esa reflexión surge, décadas después, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), impulsada por autores como Gareth Evans y asumida por la ONU en 2005: la soberanía no es solo control territorial, no es una licencia para cometer delitos contra la población, sino responsabilidad frente a la vida y la dignidad de la población.Venezuela encarna de forma dolorosa este debate. En nombre de la soberanía, el poder ha rechazado informes internacionales sobre la violación de los Derechos Humanos, sobre la corrupción y el aumento de la pobreza en la población, sobre ayuda humanitaria independiente y sobre mecanismos de rendición de cuentas y el irrespeto a los resultados electorales, entre otros. Sin embargo, cuando vemos que más de nueve millones de venezolanos han tenido que abandonar el país para sobrevivir. Cuando un Estado no protege, expulsa; cuando no garantiza los derechos de su población, cuando obliga al exilio. Esa es la señal más clara de que la soberanía ha dejado de cumplir su función esencial.Desde la lógica de la Responsabilidad de Proteger (R2P), lo sucedido en Venezuela no es un caso de intervención militar para violar la soberanía, pero sí un ejemplo evidente de fracaso en la responsabilidad primaria de los gobernantes de un Estado. El problema no es la soberanía en sí, sino su uso como escudo para justificar la represión, el empobrecimiento y el silencio internacional. En la Constitución Venezolana en su artículo No. 5, se establece que “la soberanía reside en el pueblo” y no en sus gobernantes, mucho menos cuando los mismos no cumplen con sus responsabilidades y solo buscan someter a la población por la vía de la fuerza.La dificultad de la implementación del R2P, en las circunstancias actuales de cambios profundos en el sistema internacional, las críticas formuladas a la R2P no son infundadas. Autores como Noam Chomsky han señalado su aplicación selectiva y su instrumentalización geopolítica. Pero reconocer esa hipocresía no puede llevar a la indiferencia moral. Callar ante el sufrimiento humano también es una forma de tomar partido, y colocarse del lado del opresor, como bien lo señalo el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En otras palabras, en estos casos el silencio se convierte en complicidad.Como en su momento, el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló “la soberanía no puede ser un privilegio de los gobernantes frente a los gobernados. Un Estado que invoca la soberanía mientras abandona a su pueblo no la defiende: la vacía de contenido”.Finalmente, en tiempos de crisis global, la pregunta ya no es si la soberanía debe ser respetada, sino si puede seguir siendo utilizada como excusa frente al dolor de millones. Porque una soberanía sin pueblo no es autodeterminación: es poder sin legitimidad. Juan Francisco Contreras Arrieche   Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org  @jfca

Estados fallidos en América Latina: cuando el fracaso no se nombra

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En América Latina existe una palabra incómoda que muchos gobiernos, analistas y dirigentes políticos prefieren evitar: fracaso. Sin embargo, cuando el Estado no logra garantizar seguridad, justicia, servicios básicos ni oportunidades, el problema deja de ser semántico y se convierte en una realidad cotidiana. Hablar de Estados fallidos en la región no es una exageración alarmista, sino una forma de describir procesos de deterioro institucional que llevan años gestándose y que hoy afectan directamente a millones de personas.El concepto de Estado fallido suele asociarse a escenarios extremos, como guerras civiles o colapsos totales del poder público. Pero en América Latina el fenómeno adopta una forma más sutil y, precisamente por ello, más peligrosa: Estados que existen en el papel, celebran elecciones (muchas veces amañadas) y aprueban leyes, pero que son incapaces de ejercer autoridad efectiva, proteger a sus ciudadanos o garantizar derechos básicos, por lo general se convierten en Estados represores. El resultado es un Estado presente en los discursos, pero ausente en la vida real.Estados que prometen, pero no cumplenLa mayoría de los países latinoamericanos se han aprobado constituciones ambiciosas y marcos legales avanzados. El problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento sistemático. La ley se aplica de forma selectiva, la justicia llega tarde o no llega, y los servicios públicos funcionan de manera precaria o desigual. En muchos territorios, el Estado ha sido reemplazado por actores informales o abiertamente criminales que imponen reglas, cobran “impuestos” y ofrecen una falsa sensación de orden.Países como Venezuela, Cuba y Haití representan los casos más extremos de este deterioro, pero no son los únicos. Nicaragua, Honduras y Guatemala muestran signos claros de erosión institucional, mientras que El Salvador plantea un debate incómodo: ¿es posible recuperar el control del territorio sacrificando garantías democráticas? La región parece atrapada entre la inacción estatal y soluciones autoritarias que prometen resultados rápidos a costa de derechos.La desigualdad como acelerador del colapsoAmérica Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, y esa desigualdad es uno de los principales motores de la fragilidad estatal. Cuando millones de personas quedan excluidas del acceso a educación, salud y empleo digno, el contrato social se rompe. El Estado deja de ser visto como un garante de derechos y pasa a percibirse como un actor distante, irrelevante o en algunos casos directamente hostil.En este vacío florecen la informalidad, el clientelismo y las economías ilegales. La violencia se normaliza y deja de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano. No se trata solo de homicidios o enfrentamientos armados, sino de una violencia estructural que se expresa en impunidad, discriminación y abandono estatal. Violencia, miedo y territorios sin ley Uno de los indicadores más claros del fracaso estatal es la pérdida del control territorial. En numerosas zonas urbanas y rurales, el Estado comparte —o ha cedido— el poder con pandillas, narcotraficantes y otros grupos armados. Estos actores no solo ejercen violencia, sino que regulan la vida diaria de comunidades enteras, deciden quién puede trabajar, circular o incluso vivir en determinados lugares.Ante esta situación, muchos gobiernos optan por la militarización como respuesta. Aunque estas políticas pueden reducir ciertos indicadores de violencia en el corto plazo, rara vez atacan las causas profundas del problema. Sin reformas institucionales, inclusión social y oportunidades económicas, la violencia simplemente cambia de forma o se desplaza a otros territorios. Migrar como última opciónCuando el Estado fracasa, la migración se convierte en una estrategia de supervivencia. Millones de latinoamericanos han abandonado sus países no por elección, sino por necesidad. Huyen de la violencia, de la pobreza y de Estados incapaces de ofrecer un futuro. Esta migración masiva no solo evidencia el colapso interno, sino que genera tensiones regionales y pone a prueba la solidaridad entre países.Paradójicamente, la salida de población activa y capacitada debilita aún más a los Estados de origen, creando un círculo vicioso del que resulta cada vez más difícil salir.Economías frágiles, Estados sin recursosEl fracaso estatal también tiene una dimensión económica. Muchos países de la región dependen casi exclusivamente de la exportación de materias primas, lo que los hace vulnerables a los vaivenes del mercado internacional. Sin una base productiva diversificada, el Estado carece de recursos suficientes para sostener políticas públicas de calidad.El deterioro de servicios básicos como la salud, la educación o el transporte no es una consecuencia accidental, sino el resultado directo de Estados sin capacidad fiscal ni voluntad política. La expansión de la economía informal y de actividades ilegales termina por cerrar el círculo: menos ingresos, menos Estado y más poder para actores que operan al margen de la ley.¿Reconstruir o resignarse?Aceptar la fragilidad estatal como algo inevitable es una forma de renuncia política. Salir de esta situación exige algo más que discursos o medidas de emergencia. Requiere reconstruir instituciones, garantizar la independencia judicial y combatir la corrupción de manera real, no simbólica. También implica enfrentar la desigualdad con políticas de inclusión sostenidas y transformar economías que hoy generan exclusión en lugar de oportunidades.La cooperación regional y el apoyo internacional pueden ser herramientas útiles, pero no sustituyen la responsabilidad de las élites políticas nacionales. Sin voluntad política y presión ciudadana, cualquier intento de reforma será superficial.Un problema que ya no puede ignorarseHablar de Estados fallidos en América Latina incomoda porque obliga a señalar responsabilidades. Pero ignorar el problema no lo hace desaparecer. La fragilidad estatal no solo amenaza la estabilidad interna de los países afectados, sino que tiene efectos regionales en términos de migración, seguridad y gobernabilidad democrática.Más que preguntarnos si existen o no Estados fallidos en América Latina, la pregunta urgente es cuánto tiempo más puede la región convivir con Estados que no cumplen su función básica. El verdadero riesgo no es nombrar el fracaso, sino normalizarlo. Juan Francisco Contreras Arrieche   Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org  @jfca

Con Chevron o sin Chevron

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Con el retorno de Chevron a Venezuela el gobierno de Trump realizó un sorpresivo “vuelvan caras” que dislocó a muchos analistas. ¿Por qué retornó la empresa al país? Hay muy variadas opiniones: los que se sienten traicionados y desconcertados, los que hablan de un triunfo estratégico de USA, y hasta de – habrase visto – de un caballo de Troya; y finalmente los que celebran la medida. La verdad, habrá que preguntarle al Departamento de Estado. Lo único que aquí se puede afirmar – para los oídos de tanto inocencio – es que el dólar no tiene amigos sino intereses, como lo corroboran tantos ejemplos en la historia de América Latina. Y además que el MAGA de Trump significa primero EEUU, segundo EEUU, y tercero EEUU. O sea…  IMPACTO DE CHEVRON Sin entrar en consideraciones políticas, podemos afirmar que las divisas generadas por la operación de esta empresa en Venezuela en 2023 redundaron, entre otros efectos, en un valor del bolívar respecto al dólar más o menos estable. Luego, la sola expectativa de la salida de Chevron, aceleró la devaluación del signo monetario, que provocó altas tasas de inflación, disminución del poder adquisitivo, ralentización de la ya decaída economía y más escasez y hambre. Adicionalmente, hizo temer por un retorno a la hiperinflación. Se presume que el retorno de la petrolera, por lo menos contribuirá a estabilizar el signo monetario.   CHEVRON, ¿LE PAGA O NO LE PAGA AL GOBIERNO? Al igual que en 2023 cuando el primer retorno de Chevron, los expertos dicen que la empresa no pagará impuestos. Y están en lo cierto, a Chevron como accionista de empresas mixtas como por ejemplo Petroboscán y Petropiar, no le corresponde pagar impuestos. Ese es rol de las empresas mixtas, que legalmente deben cancelar el 30 % de la venta en regalías y el ISRL con una tasa de 50 %. El monto de estos desembolsos puede ascender a más de 2.000 millones de dólares al año, que no es poca cosa. Las condiciones de la negociación para el nuevo retorno no son públicas (“restringidas”), por ahora. Algunos especulan que los pagos al estado se harán en petróleo, o en diluentes, tan necesarios para la explotación de la Faja. La verdad es que eso podría hacer alguna diferencia con el pago en dólares, debido a los descuentos en venta de hidrocarburos de Venezuela, por efecto de las sanciones. Pero debe quedar fuera de toda discusión, que los hidrocarburos extraídos por Chevron, sí generarán recursos financieros al estado, y claro, algunas consecuencias sociales y económicas.  DESENFOQUE El nuevo retorno de Chevron estabiliza y aumenta la producción de petróleo en Venezuela, aunque de ninguna manera significa un repunte serio hacia los niveles que requiere el país, en línea con sus potencialidades. Aspecto que no sucedería ni siquiera con el retorno de Eni y Repsol y otras que podrían estar en la impredecible agenda de Trump. Algunos analistas fantasean que con el retorno de Chevron, se incrementarán las probabilidades de que la producción venezolana llegue hasta millón y medio de barriles a fin de año, y luego a dos. Les pregunto a ellos cómo lograrán esa meta sin taladros, en Venezuela hay si acaso dos o tres. Cuando Pdvsa producía unos tres millones de barriles, había más cien taladros. La verdad es que la producción de Venezuela ni siquiera ha llegado – según las cifras secundarias de la OPEP, que sí sabe de petróleo porque es su especialidad – al millón de barriles. Para llegar a millón y medio a fin de año, deberían generar en el mejor de los casos 100.000 barriles mensuales, lo que en estas condiciones se podría catalogar de milagro petrolero. De todas formas, el millón de barriles no debe – ni de lejos- ser el enfoque de la discusión petrolera en Venezuela. Ni siquiera la presencia o no de Chevron en el país. Eso equivaldría a imitar a los intelectuales de Bizancio discutiendo acerca del sexo de los ángeles, o del tamaño de los pelos del pubis, mientras los otomanos tumbaban los muros de Constantinopla. Hay que enfocarse en lo fundamental: ¿Qué debemos hacer los venezolanos para desarrollar una industria petrolera de nivel mundial que sirva de pivote y catalizador al desarrollo de nuestro país? O dicho en otras palabras, ¿qué debemos hacer para dejar de ser un limosnero sentado en un barril?  LA FÓRMULA -¿Qué necesitamos?… Una industria petrolera que produzca tres o cuatro millones de barriles por día y genere divisas para el desarrollo del país; con una refinerías que manufacturen más de un millón de barriles por día, garanticen la seguridad energética de los venezolanos y estén interconectadas con Citgo, a la que es imprescindible retener; que triplique la producción de gas, lo industrialice, y exporte gas licuado a cualquier parte del mundo, y que además facilite el desarrollo de una petroquímica de primera. -¿Hay condiciones?… sí, un horizonte del negocio petrolero de más de treinta años, gigantescas reservas de petróleo y gas. Si produjéramos cuatro millones de barriles de petróleo durante 20 años, gastaríamos menos de 30.000 millones de barriles, y tenemos mucho, pero muchísimo más. No hay excusa para no convertirnos en una potencia petrolera generadora de dividendos que sean utilizados para ayudar a transformar a Venezuela en el país que nos merecemos. Ya está bueno de ser el país de las oportunidades perdidas. -¿Cómo?… Un nuevo modelo de país que de Seguridad a los inversionistas. Se requieren entre 15 y 20.000 millones de dólares al año durante por lo menos diez años. Si los inversionistas no sienten seguridad para sus inversiones, se van para Guyana, Brasil, Argentina o vaya usted a saber. Así de simple. La Seguridad se origina en respeto, imagen gubernamental, separación de poderes, percepción de respeto…democracia. Y en una moderna Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) que contemple Agencias de Energía , Rondas de Licitación de paquetes de energía pre seleccionados con flexibilidad en las condiciones fiscales, y un Estado que diseñe la política petrolera y regule y oriente

La OEA y Venezuela: cuando el diálogo debilita la democracia

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El nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, manifestó recientemente su intención de promover un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y la oposición como vía exclusiva para superar la crisis política de Venezuela.En una entrevista concedida el pasado 23 de junio a la agencia EFE, Ramdin declaró: “Quiero promover un enfoque basado en el diálogo con el Gobierno, pero también con la oposición en Venezuela, con todos los partidos… No voy a discutir sobre si es una dictadura o no. Para mí es importante que, si hay un problema sobre democracia y elecciones, tratemos de resolverlo para que haya estabilidad política en el futuro”.Este enfoque de Ramdin, —que prioriza un diálogo sin condiciones ni diagnóstico previo sobre la naturaleza del régimen—, representa un distanciamiento importante respecto al mandato normativo de la Carta Interamericana de la OEA. Además, corre el riesgo de ignorar hechos fundamentales que deberían enmarcar cualquier iniciativa de negociación seria que realmente busque redemocratizar a Venezuela.Entre estos hechos destaca que, casi un año después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024, el régimen de Maduro sigue sin cumplir la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la OEA el 16 de agosto de ese año, en la que se le exige la publicación detallada de los resultados electorales por mesa y la verificación imparcial de las actas de votación.Igualmente, en octubre de ese mismo año, el Centro Carter presentó ante esa misma instancia los originales de las actas recopiladas por la oposición venezolana, las cuales, según sus conclusiones, acreditaban la victoria de Edmundo González Urrutia.La propuesta de diálogo también parece desentenderse de lo que ocurrió tras ese proceso electoral: el régimen impuso sus falsos resultados por la fuerza, desatando una ola represiva que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como terrorismo de Estado.El saldo fue trágico: al menos 23 personas murieron y más de 2.000 fueron detenidas. Esta política de persecución sistemática en contra de la oposición democrática se mantiene al día de hoy, con un saldo de más de 900 personas presas según reporta la ONG Foro Penal.Finalmente, esta apuesta por el diálogo como “vía exclusiva” de la OEA ignora el largo historial de manipulación del chavismo de procesos de negociación. El ejemplo más reciente fue la flagrante violación de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, suscrito el 17 de octubre de 2023, bajo la facilitación del Reino de Noruega, para garantizar las condiciones mínimas de cara a las presidenciales de 2024.En este contexto, resulta legítimo preguntarse si el enfoque propuesto por Ramdin puede realmente contribuir a redemocratizar de forma duradera a Venezuela, o si, por el contrario, corre el riesgo de neutralizar el rol que la OEA está llamada a desempeñar en la restauración del Estado de derecho y del orden constitucional en el país. Diálogos que favorecen el retroceso democráticoDesde que en 2013 Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, se han promovido al menos cinco procesos de diálogo y negociación con participación internacional. Todos ellos arrojaron resultados limitados y no lograron ofrecer soluciones duraderas a la profunda crisis que atraviesa el país.Por el contrario —tal como lo sostiene el Dr. Miguel Ángel Martínez Meucci, experto en conflicto político y procesos de pacificación— “Maduro ha aprendido a utilizar estos procesos para reequilibrar su régimen autoritario”.Los hechos demuestran que las mesas de negociación han sido empleadas por el régimen como una herramienta táctica de consolidación autoritaria, más que como una vía sincera hacia la apertura democrática.La estrategia del chavismo en estos espacios ha sido sistemáticamente la misma: proyectar una imagen de apertura ante la comunidad internacional, obtener legitimidad política, buscar alivio económico, ganar tiempo en medio de crisis internas, desescalar las protestas ciudadanas, reducir la presión política, debilitar a la oposición y fomentar sus divisiones internas.De modo que, como señala Martínez Meucci, “hasta ahora, el único resultado cierto que coincide con cada [uno de estos procesos] ha sido el desescalamiento de las tensiones y, a menudo, la desmovilización o profundización de las divisiones dentro de la oposición democrática”La asimetría de poder que condiciona todo intento de diálogoUn factor clave en el fracaso de los múltiples procesos de diálogo en Venezuela ha sido, como ha advertido Martínez Meucci, la profunda disparidad de poder entre el régimen de Nicolás Maduro y los actores que luchan por la restauración democrática en el país.Esta asimetría se manifiesta de forma especialmente marcada en varios planos: el férreo control del chavismo sobre el aparato, recursos e instituciones del Estado; en la concentración total que tiene sobre los medios de fuerza y el uso de armas; su carácter revolucionario, incompatible con los principios democráticos; y el respaldo internacional que recibe de regímenes iliberales y autoritarios.Esta disparidad estructural ha condicionado de manera decisiva tanto la dinámica como los resultados de las negociaciones. Le ha permitido al régimen imponer, en gran medida, la agenda y términos de las negociaciones, incidir en la designación de los negociadores de los opositores, limitar en gran medida los acuerdos a concesiones pragmáticas sin comprometerse a fondo con la transición política, retirarse de los procesos en cuanto considera que ya no existe una amenaza creíble de presión externa e interna; e incumplir los compromisos asumidos sin consecuencias.Un enfoque pragmático al margen de la Carta Democrática InteramericanaPor tanto, resulta como mínimo preocupante plantearse un nuevo proceso de diálogo sin considerar los perniciosos efectos que genera la asimetría de poder entre el chavismo y la oposición democrática.Más inquietante aún es que, desde la Secretaría General de la OEA, se impulse un enfoque para resolver la crisis venezolana sin apelar al marco legal que la propia organización ha consagrado para la defensa del orden democrático en la región, y que, en los hechos, parece privilegiar la estabilidad política por encima de la democracia.Al evadir asumir una postura clara sobre el carácter del régimen venezolano, —especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, donde la OEA expresó preocupaciones sobre la transparencia electoral—, el enfoque pragmático del diálogo promovido por

Una despedida al embajador Álvarez Pifano

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El día de hoy, 20 de junio de 2025, falleció en la ciudad de Caracas, Venezuela, alos 87 años el embajador Hugo Afranio Álvarez Pifano, personaje que desempeñóresponsabilidades relevantes en el servicio exterior venezolano, así como endistintas aristas en las que participó.Nacido en Cocorote estado Yaracuy el 18 de junio de 1938, Álvarez Pifano fueDoctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia, obteniendo un Masteren Derecho Internacional por el Instituto de Formación Profesional e Investigacionesde la Organización de las Naciones Unidas. Ingesó al Ministerio de RelacionesExteriores en 1964, quedando adscrito a la Consultoría Jurídica que dirigía elegregio doctor Ramón Carmona Figueroa e iniciando una notoria carrera en la quedurante 36 años representó al país como Embajador de Venezuela en Guyana(1986-1990), Haití (1990-1992) y el Reino de Dinamarca (1995-1999). Además, fuerepresentante de Venezuela en el Programa de las Naciones Unidas para el MedioAmbiente, Nairobi, Kenia (1983-1986); Cónsul General de Venezuela en Río deJaneiro (1978) y Sao Paulo (1979) Brasil y Director de Tratados, Director de Américay Jefe de Gabinete.Deja el embajador Álvarez Pifano una considerable obra escrita, resaltando elManual de los Tratados Bilaterales de Venezuela, obra de consulta obligatoria paraentender la evolución diplomática venezolana; El frac, la levita y el smoking algunasveces te apretujan. Anécdotas y escritos de rigor académico de un diplomáticovenezolano de los tiempos de la democracia en Venezuela (1958-1998), Un puestoal sol en Venezuela; El vals venezolano, historia y vida; y Cantantes líricos enVenezuela; entre otros libros. Además fue columnista regular de varios medios,entre ellos El Nacional y del portal del ilustre y honorable Colegio deInternacionalistas de Venezuela, institución de la que era Miembro Honorario.Diplomático, musicólogo, escritor, analista y estudioso del derecho son términos quedescriben a un personaje que sirvió y amó a su país. A su esposa Sandra Arias, asu hijo Manuel Antonio y a su ahijado Steen nuestra palabra de aliento y estima.Marchó el embajador Hugo Álvarez Pifano a presentar credenciales en otraslatitudes desde donde abogará por la dicha del país. Según su voluntad, sus cenizasreposarán en Yaracuy, la tierra bravía y mágica de la poesía de Manuel RodríguezCárdenas, la música de Otilio Galíndez y la “virtud de sus varones” como dice suhimno.¡Hasta siempre embajador! Luis Daniel Alvarez V Internacionalista UCV, Doctor en Ciencias Sociales. Profesor en la UCV y UCAB. Ex-Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV.   correoacademicoldav@gmail.com@luisdalvarezva

Petróleo y Luis Herrera Campins

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El 5 de mayo el presidente Luís Herrera Campíns (LHC) cumpliría cien años. Buen momento para analizar el significado de su trayectoria, su legado, sus aciertos, sus reveses. Y hacerlo más allá de la polarización, que tanto nos perjudica la capacidad de extraer lecciones que alimenten estrategias para nuestro futuro. Abogado, preso político de la dictadura perejimenista, diputado, senador y presidente de la República. Tal vez el presidente con mayor bagaje cultural que ha tenido Venezuela. Ganó las elecciones presidenciales de 1978, derrotando al favorito Luís Piñerúa Ordaz. “RECIBO UN PAÍS HIPOTECADO” Esa frase marcó su primer discurso como presidente. Realmente recibió una deuda pública de más de 13.000 millones de dólares, la denunció… y lamentablemente la duplicó durante su gobierno, con el agravante que la mayor parte de esa deuda se vencía a corto plazo, aspecto que aceleró el llamado viernes negro. En su descargo, es necesario recordar que más que un país hipotecado, el gobierno de LHC recibió la inercia de la llamada Gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez, quien a pesar de haber redimensionado al país con magníficas obras durante su gobierno 1974-79, no supo administrar la avalancha de dinero producto de la multiplicación de los precios del petróleo. Más bien multiplicó por seis el gasto público, duplicó la burocracia, generó el llamado capitalismo de estado y protegió excesivamente a la producción nacional. Y cuando el dinero no alcanzó, recurrió a una gigantesca deuda. Tanto dinero fácil aflojó los resortes morales, y generó un estado gigantesco e inviable, donde era más beneficioso estar a su sombra, que competir basado en la productividad. LHC intentó enfriar la economía, y provocó una incesante fuga de divisas. También continuó incrementando el gasto público, un 70 %. Finalmente llevó la deuda pública hasta 28 mil millones de dólares. PROFUNDIZACIÓN DE LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO Ese fue el lema de su política petrolera, dirigida fundamentalmente por el Dr. Humberto Calderón Berti, quien estuvo los primeros cuatro años al frente del Ministerio de Minas, y en agosto de 1983 sustituyó al general Rafael Alfonso Ravard, quien ocupaba la presidencia de Pdvsa desde 1976. En 1979, a los pocos meses del gobierno de LHC, el Ayatola Komeini derrocó al Sha de Irán, aliado de Estados Unidos y policía del petróleo de la zona. El armamento que administraba el Sha pasó a manos del profundamente antinorteamericano Komeini. De entrada, éste paralizó sus exportaciones petroleras iraníes (unos 5 millones de barriles diarios), lo desestabilizó al mercado y casi triplicó de los precios del petróleo hasta casi 30 $ el barril. En medio de ese escenario, el gobierno de LHC desarrolló programas exploratorios de petróleo y gas, que revirtieron la decadencia de las reservas. Las de petróleo se incrementaron desde 18.000 millones de barriles hasta 30.000. Se descubrieron importantes reservas de gas en el Caribe. Igualmente se dio inició el desarrollo de la Faja, perforando más de 900 pozos en las áreas Machete, Zuata, Hamaca y Cerro Negro. LHC también ejecutó el Cambio de Patrón de Refinación. Cuando se nacionalizó el petróleo, las refinerías venezolanas estaban consideradas como de residuales por las transnacionales. El cambio de patrón permitió producir más de 100.000 barriles diarios adicionales de gasolina y destilados, utilizando el mismo volumen de petróleo. Venezuela se convirtió en exportador de gasolina. También el gobierno de LHC acometió la Internacionalización del Petróleo, que consistió en comprar refinerías en Europa y Estados Unidos para procesar nuestros crudos pesados. Es decir, llevar los crudos pesados venezolanos desde los pozos hasta los tanques de gasolina de los vehículos en los principales centros de consumo de gasolina del mundo. De la vaca a la boca. Sólo en Estados Unidos, las refinerías estaban asociadas a más de 15.000 estaciones de servicios. Este conjunto de acciones, más que comprar refinerías, consistió en comprar mercados. La capacidad de refinación de Venezuela se incrementó hasta 3 millones de barriles diarios. La política petrolera de LHC prácticamente completó la nacionalización. Pdvsa fue considerada como una de las mejores empresas petroleras del mundo. La industria petrolera venezolana pasaba, de ser una “saca tubos y mete tubos”, a un emporio energético. LAS CUOTAS DE PRODUCCIÓN Todo lo que sube baja, y más en un negocio como el petrolero. En 1981 se comenzaron a debilitar los precios del petróleo. En 1982 la OPEP estableció las cuotas de producción, lo que significó para Venezuela serios recortes. Cuando las divisas no cubrían el nivel de gasto que se había dado el gobierno, LHC hizo varios esfuerzos infructuosos que afectaban la gestión de Pdvsa, como la centralización de las divisas de Pdvsa en el instituto emisor, y algunos “arañazos” a los dividendos. VIERNES NEGRO La disminución de ingresos quebró el modelo. La brecha fiscal, que era de más de 13.000 millones de bolívares, la moneda sobrevaluada, la fuga de divisas y el decrecimiento del PIB, obligaron al gobierno a tomar medidas. Las cuentas no daban. El gobierno anunció la devaluación del signo monetario (adiós al 4,30), y el control de cambio. Lo demás es historia. En diez años (CAP/LHC), se había transformado la gigantesca bonanza petrolera en deuda, inflación y desmoralización. Sin darnos cuenta, los venezolanos navegamos en la abundancia hundiéndonos, como si fuera arena movediza. Iniciaríamos, con altibajos, una ruta decadente que hoy está muy lejos de finalizar. EPÍLOGO LHC fue un demócrata, realizó las primeras elecciones municipales independientes de regionales y presidenciales desde 1958, inauguró el Metro, el Teatro Teresa Carreño, el Hipódromo de Valencia, 19 institutos de educación superior, 2250 camas de hospitales, 183 bibliotecas, 1400 kilómetros de carreteras. Respetó las libertades. No se trata de estigmatizarlo. Tuvo grandes logros, pero no supo salir de la vorágine de la mala administración de la abundancia. Debemos, sin polarizaciones ni simplonerías, analizar y extraer lecciones de aquellos momentos para cuando se reconstruya nuestra desvencijada industria petrolera, y por ende el país. Luis Herrera Campíns fue un hombre honesto, capaz y bueno. Murió en la inopia luego de administrar miles de millones de dólares. ¿Digno de Ripley? Es la hora de