María Alejandra Aristeguieta

¿Por qué con Brasil sí y con otros no?

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Por María Alejandra Aristeguieta Hace unos días una turba atentó contra las instituciones de Brasil. Las instituciones, quiero decir con esto, contra los símbolos de la democracia: los poderes que representan a los ciudadanos y que garantizan la libertad, la justicia, y la igualdad ante la ley. Los líderes del mundo entero condenaron tal acción. Algunos de manera más enérgica que otros, pero se hicieron presentes y dejaron escuchar o leer su mensaje inequívoco. Algunos, como Rusia, China o Venezuela, de manera bastante cínica, puesto que ni creen en la democracia, ni tienen instituciones democráticas. El presidente Lula, pero sobre todo la democracia brasileña, recibió un necesario respaldo. Al mismo tiempo, en las redes se ha hablado del doble rasero con el que condenan este asalto al orden constitucional de un país, esta revuelta que atentaba contra el poder del presidente legítimamente electo (nos guste o no) en contraste con la indiferencia, tibieza o el simple silencio ante hechos en la región que también han atentado contra el Estado de Derecho, las instituciones, el orden constitucional y la democracia.  Una rápida búsqueda en Google y confirmamos que casos como el que recientemente se vivió en Perú no recibió la misma atención, y hasta, por el contrario, una vez que se había destituido al presidente que intentó un autogolpe de Estado, muchos gobiernos y líderes regionales condenaron su destitución sugiriendo un golpe de Estado al presidente (que venía de quebrantar el orden constitucional). Y en ese mismo orden de ideas, ni que decir de las poquísimas condenas cuando las hordas chavistas asaltaron el parlamento venezolano. Había que arrancarle una declaración a cualquier organismo internacional salvo la OEA, y muy pocos presidentes se manifestaron directamente delegando el mensaje en sus cancillerías y embajadores. Uno se pregunta, entonces, por qué con unos sí y con otros no. También se ve tentado a decir que se trata de una desviación ideológica, un sesgo característico de las izquierdas del mundo frente a las derechas. Pero lo cierto es que, más allá del folklore político regional, en este caso hay mucho más. Brasil es un país con 215 millones de habitantes, su PIB se acerca a los 490.000 millones de dólares, y forma parte de las 25 economías más importantes del planeta. Como tal, integra el G20, y, junto con la India, China, Rusia y Suráfrica forma parte del BRICS, grupo informal de coordinación de posiciones originalmente en temas comerciales, pero que, con el tiempo, al igual que ha sucedido con el G20, va ampliando el número de temas abarcados. Aunado con ello, el rol de Brasil en el mapa geopolítico mundial tiene una relevancia particular por ser uno de los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en momentos en que es necesario abordar el fin de la invasión de Rusia a Ucrania, donde Brasil puede ser considerado como un gestor honesto porque tiene una buena relación con las democracias liberales por una parte, y con sus socios del BRICS por la otra. Pero, además, desde el punto de vista comercial, Brasil tiene excelentes relaciones con China, su principal mercado de exportación y que constituye el 25% de su comercio, y con su segundo socio comercial,  Estados Unidos, cuya política de acercamiento en la región para competir con China, se ve ahora reforzada ante la necesidad de crear un “cordón sanitario” frente a la Rusia de Putin y, por supuesto, garantizar el flujo de importaciones en momentos en que tanto el COVID como la guerra lo han impactado. Brasil es pues un actor de relevancia mundial, un socio comercial confiable y un apoyo político y diplomático en un sistema internacional que necesita de su presencia. Y que lo necesita estable y fuerte. La amenaza a la democracia y el Estado de Derecho en América Latina nos recuerda su fragilidad y nos coloca ante la realidad de su declive mundial. Hasta hace unos treinta años, la democracia era todavía considerada como el sistema idóneo para lograr mayor igualdad, desarrollo, equidad, libertad y justicia. No en vano, una vez caída la Cortina de Hierro los países de Europa oriental que habían estado bajo el yugo del comunismo soviético dieron rápidamente los pasos necesarios para una transición democrática, lo que les permitió posteriormente a muchos de ellos unirse a la Unión Europea. Pero, fue justamente con la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar, que Estados Unidos y Europa bajaron la guardia y pensaron que el comercio y la globalización bastaban. Olvidaron que los esfuerzos democratizadores tanto en América Latina como el resto del mundo promovían una alternativa distinta a los totalitarismos de China y la URSS. Los países pasaron a ser mercados, y antes que nos diéramos cuenta, se dio prioridad al fortalecimiento de nuevas economías y con ello a nuevos relacionamientos (que han derivado en la fragmentación del poder) por encima de las bases sólidas de convivencia que entendíamos como democracia. Por eso Brasil importa, o importa el petróleo de Venezuela en este escenario de guerra, pero ni América Latina es relevante, ni se está defendiendo realmente la democracia. María Alejandra Aristeguieta Internacionalista UCV, ex diplomática, consultora y analista de relaciones multilaterales. @MAA563

¿Para qué sirven las Cumbres del G20?

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Por María Alejandra Aristeguieta Bali es el centro de la atención mundial en esta semana por ser sede de la Cumbre del G20 que se celebra en esa isla del sur de Indonesia, cuyo gobierno ocupa la presidencia pro tempore del grupo. El G20, foro surgido de la necesidad de coordinar esfuerzos ante la crisis financiera de finales del siglo pasado y posteriormente del 2008, ha sido con frecuencia visto como el “club de los ricos”, al contar entre sus miembros a las 20 economías más importantes del planeta, que mueven cerca del 80% del comercio y cuentan con más de la mitad de la población mundial. Aunque se trata de una alianza bastante flexible e informal que no surge de un tratado internacional como la ONU ni tiene un cuerpo de normas que lo rijan, el G20 se ha convertido en una referencia entre tantos grupos de diplomacia multilateral. Originalmente centrado sobre todo en intentar coordinar esfuerzos globales en materia financiera y económica, el foro permite abordar temas que sean de mayor interés estratégico mundial, y ayudan a crear espacios de cooperación, que, en un escenario como el de Naciones Unidas, con 193 miembros, sería imposible de lograr. Sin embargo, debido al impacto que los temas más políticos y de seguridad tienen sobre las economías, el foro se ha ido indefectiblemente acercando cada vez más a estos asuntos. Recientemente, una gran parte de sus miembros se han enfocado particularmente en el tema de la invasión por parte de Rusia a Ucrania, debido a la crisis energética que la guerra ha desatado, así como su influencia en el aumento de la crisis alimentaria que ya se venía gestando producto de las disrupciones durante los momentos más álgidos de la pandemia del COVID-19. Esta tendencia, aunado a las reacciones que se vieron durante la reunión del mes de julio, en las que varias delegaciones se pararon y salieron de la sala ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, generaron muchas dudas sobre cómo se desenvolvería el foro en esta oportunidad y cuál debería ser su agenda. Quizás haya sido una de las razones por las que Joko Widodo, el presidente de Indonesia,  haya puesto sobre la mesa tres temas que incorporan cuestiones de mayor interés para los países en desarrollo (la mayoría de ellos ausentes de estos debates) y que deberían tener un amplio consenso para ser abordados de manera general: reforzar la infraestructura sanitaria global, asegurar una transformación tecnológica inclusiva, y promover una transición energética sostenible. Y como suele suceder en la diplomacia multilateral, que cada quien llega con su agenda para tratar de que alguno de sus puntos sea incluido en la negociación, el secretario general de la ONU, António Guterres, también ha intentado incluir el tema climático como corolario a la reunión de la COP27, y en particular el fondo global de cooperación que promueve la ONU para lograr la disminución de la temperatura del planeta. Más aún, Guterres ha planteado de entrada abogar por una flexibilización de los impactos colaterales de las sanciones a Rusia en el suministro global de energía, alimentos y fertilizantes, para evitar una catástrofe alimentaria de características inimaginables sobre todo en África. Lo cierto es que la invasión de Ucrania por parte de Rusia sigue siendo un tema muy importante en la agenda del G20, incluso incidiendo sobre algunas formalidades, como la foto de grupo final, por lo que será inevitable que se traiga a la mesa de discusiones multilaterales, tanto como a los encuentros bilaterales que siempre ocurren en los márgenes de este tipo de foros, pues estos son una oportunidad para buscar nuevos aliados, acercar posiciones con miras a resolver primero bilateralmente algo que luego se debata ya cocinado a nivel multilateral, o incluso determinar dónde están los límites dentro de posiciones antagónicas y qué espacio hay para que esos temas antagónicos no obstaculicen las soluciones a otros temas. Un buen ejemplo de esto es la reciente reunión celebrada en vísperas del inicio de la Cumbre de Presidentes del G20 entre Joe Biden y Xi Jinping el día lunes 14. De acuerdo con lo expresado por ambas delegaciones, en la misma se buscaron acercamientos para resolver la crisis energética y alimentaria causada por la guerra de invasión a Ucrania. Y es que, aunque ambas delegaciones se refieren de manera diferente al fondo de los temas tratados en la reunión que duró más de tres horas, lo que trasluce es que abordaron las posiciones de ambos sobre Taiwán, tema de gran antagonismo entre ambos países, y sobre Rusia, asunto sobre el que también tienen grandes diferencias, pero algunas coincidencias en cuanto a las consecuencias de la guerra a nivel mundial y su impacto en la economía y el comercio internacional de ambos países. Aunado con ello, destacaron como prioritario fortalecer las relaciones bilaterales (que están en este momento en su punto más bajo), en especial, las económicas y comerciales. En su rueda de prensa, Biden dijo haber insistido en la competitividad evitando el conflicto, mientras que Xi habla de espacios de crecimiento económico compartido donde ambos países pueden ganar. En suma, lo que se desprende de esta reunión bilateral es que parece ser un punto de inflexión que llevaría las relaciones de las dos economías más grandes del G20 –y del mundo– a una nueva etapa, que podría incluir espacios de cooperación con miras a minimizar o revertir el impacto de la guerra en Ucrania en sus exportaciones. Si se logra profundizar en este aspecto, lo veremos reflejado, así sea someramente, en el documento resultante de la Cumbre del G20. Y nos acercará, un poco más, a la esperanza de paz. María Alejandra Aristeguieta Internacionalista UCV, ex diplomática, consultora y analista de relaciones multilaterales. @MAA563

El “flagelo” de la migración venezolana como excusa

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Por María Alejandra Aristeguieta Un odontólogo que vende su consultorio, equipos, casa y carro y se lanza en una travesía a pie para entrar por la frontera terrestre de Estados Unidos; un estudiante perseguido por los colectivos en el interior de Venezuela que aparece en un centro migratorio de Basilea, un abogado que logra ser protegido en Bélgica luego de huir de Venezuela por la frontera; pueblos indígenas enteros que se desplazan a otro país fronterizo producto de la violencia y la persecución de su etnia; centros de acogida en Madrid que tienen más venezolanos que personas provenientes de las costas del norte de África. Las historias de nuestros migrantes son infinitas, y todos conocemos al menos una. A esas historias que nos llegan de cerca, le sumamos las que leemos a diario cuyos desenlaces fatales las hacen noticia al atravesar la selva del Darién, o recibir linchamientos en algún país de la región donde ha crecido la xenofobia producto de lo que han llamado el flagelo migratorio de nuestros connacionales. Y a esas historias, le vamos sumando las de los caminantes de los últimos años por las sierras colombianas, y noticias de trata de mujeres y de niños, de prostitución, de secuestros, de menores deambulando solos por las calles de Cúcuta, después de haber atravesado alguna trocha. Las organizaciones internacionales especializadas arrojan cifras espeluznantes y que ya representan 20% del total de los 30 millones que alguna vez fuimos. En el palmarés del exilio, hemos superado a Siria ya con 11 años de guerra civil encima, o a Ucrania, donde se libra la guerra mundial más reciente. Aunado a la tragedia humana que supone ser expulsado por las acciones de un déspota mafioso, le sumamos, además, la creciente instrumentalización de nuestro drama por parte de los protagonistas del debate político en los países del hemisferio. El más reciente episodio de esta dolorosa saga lo hemos presenciado en Estados Unidos, donde un grupo de migrantes venezolanos fueron a parar a una urbanización turística y acomodada de Massachussets, llamada Martha’s Vineyard. Como en Perú, Chile, y Colombia, en Estados Unidos la política migratoria ocupa una cada vez más importante posición en la agenda electoral, y en particular en la agenda de los Estados que reciben el mayor número de personas. Hasta hace poco se trataba de declaraciones demagógicas o de una respuesta efectista a un problema severo que cuenta con muchas aristas, pero al haber sido tratado de manera ineficiente, y, en algunos casos también de manera populista, se ha creado la tormenta polarizadora perfecta. En 2015, Angela Merkel permitió la entrada más de 1 millón personas provenientes de Siria y de otros países en conflicto a Alemania, generando una profunda controversia nacional que casi le cuesta el puesto y que abrió grietas en su propio partido. Su planteamiento surgía como respuesta a la incapacidad de los gobiernos europeos de ponerse de acuerdo en torno a las políticas de acogida y distribución de los demandantes de asilo, y la violencia con la que se trataba al éxodo más grande que había transitado por Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis venía a sumarse a la crisis del euro y el consecuente rescate de las economías más frágiles como la griega, y ponía en riesgo los tratados de libre circulación de Schengen, así como el futuro mismo de la Unión Europea. Pero también asumió esa política de fronteras abiertas a los refugiados sirios, en medio de la emoción que embargó al mundo la muerte del niño Alan Kurdi ahogado en las costas mediterráneas. Merkel decía que esta medida humanitaria excepcional obedecía a la necesidad de, como europeos, estar a la altura de ese momento histórico. “Si Europa fracasa en la cuestión de los refugiados, no será ya la Europa cuyos valores fundacionales reposan sobre los derechos civiles universales”, habría dicho, para luego agregar: ¡lo lograremos! El balance que se hace hoy en día, siete años más tarde, es que sí se logró mucho, que hizo falta más que buena voluntad y solidaridad, que fue necesario desarrollar distintas políticas incluyendo de educación de la población alemana para superar resquemores y dudas naturales, y que ni ese contingente migratorio ha sido absorbido del todo a pesar de los esfuerzos, ni una buena parte del país le ha perdonado ese gesto, que abrió las puertas del parlamento a la extrema derecha alemana. Desde entonces, Alemania ha sido más conservadora en la manera de abordar el tema, ha impulsado con más fuerza la necesidad de que sus colegas europeos asuman su cuota de responsabilidad compartida, y que algunos Estados dentro y fuera de la UE apliquen las medidas necesarias contempladas en las leyes europeas para evitar abusos de lado y lado. Además, antes de retirarse, Merkel reafirmó su posición de que, los países europeos en su totalidad deben dar más financiamiento a los Estados que reciben el primer impacto migratorio, como sucede con Turquía, Grecia, Italia y España. Al igual que en el caso de Alemania y de Europa, el derecho de asilo está consagrado en la mayoría de las constituciones de los países del hemisferio, y estipulado en los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por ellos. Pero el derecho de asilo, o más ampliamente el derecho a la migración, debe venir acompañada de una serie de políticas públicas que vayan desde la acogida, apoyo y ubicación del migrante, hasta su integración en la vida productiva y social del país de acogida, como muestra el ejemplo de Alemania. Existen ejemplos más recientes con la llegada de los refugiados ucranianos a quienes buena parte de Europa les ha dado el derecho temporal de estadía. Suiza, por ejemplo, ha integrado a cientos de niños ucranianos al sistema escolar. Y en Suramérica, países como Brasil garantizan el traslado de los migrantes desde la frontera con Venezuela a las ciudades. Esto evita el congestionamiento y la inseguridad. Además, ofrece a los migrantes clases de portugués para facilitar su integración. Sin embargo, es allí donde fallan

Pasaportes para la migración venezolana

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Por María Alejandra Aristeguieta El informe de Acnur sobre las tendencias globales de 2021 indica que el número total de personas que han migrado por razones de fuerza ha aumentado a 89,9 millones. De ellos, dos tercios vienen de 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. En el caso de Venezuela, la cifra aumentó en 15% en relación con el año anterior por encima de medio millón de personas, y se estima que este aumento viene dado por el levantamiento de las restricciones debido a la pandemia del covid-19. Este informe nos hace de nuevo reflexionar sobre las razones del desplazamiento forzado en el caso de Venezuela y que se conceptualiza en la llamada emergencia humanitaria compleja. Pero más allá de los síntomas, o las razones inmediatas que obligan a las personas a migrar de su país, habría que determinar también las razones de Estado para hacerlo. Y es que en cuatro de los cinco países citados arriba estamos frente a persecuciones por conflicto armado producto de una guerra civil, como es el caso de Siria, o de un proceso de limpieza étnica como es el caso de las 740.000 personas de etnia rohingya en Myanmar, o el desplazamiento es por el regreso de un grupo terrorista al poder, como los talibanes en Afghanistán en agosto del año pasado. En el caso de Venezuela, en cambio, no hay conflicto armado, ni se trata de una limpieza étnica ni de un cambio de gobierno de unas mafias por unos terroristas. Se trata de una política de Estado para expulsar de su territorio a 20% de la población por una combinación de razones políticas y económicas. Por razones de persecución y violación masiva de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los venezolanos, tal como ha sido documentado en informes de organismos regionales y de la ONU. Tan es difusa la razón de fondo, que en los tratados internacionales relativos al tema migratorio no existe una figura jurídica o una situación de fuerza que contemple lo que sucede en Venezuela, porque ningún país hasta ahora se había dedicado a expulsar a su propia gente sin razón aparente. Debido a esto, hace pocos años ACNUR tuvo que inventar una categoría que no existía dentro de su mandato para poder cuantificar a los desplazados venezolanos en el exterior, y aunque en aumento, tal cifra todavía está lejos de los 6,5 millones identificados por la OEA y “apenas” abarca 4,4 millones de venezolanos. Hay que destacar que aunque las cifras no coincidan por razones técnicas, no significa que las agencias internacionales no sepan con exactitud la cantidad de migrantes. Al contrario, su experticia les permite identificar la migración por categorías y por problemas, puesto que logran documentar sus necesidades y conocen las posibles soluciones a los distintos casos. También esta labor les permite coordinarse entre agencias, y entre agencias y países de acogida, o países donantes, para de esta manera desarrollar programas conjuntos tanto en el terreno como en la diplomacia de cooperación internacional. En cambio, para Maduro y su régimen, acostumbrados a desintegrar para gobernar en la división y la precariedad, que 20% de la población viva en el exterior significa que poco a poco los migrantes participaremos significativamente en la economía venezolana a través de las remesas. Hoy en día algunos calificados economistas venezolanos cuantifican las remesas en aproximadamente 10% de nuestro PIB. No es algo insignificante, y lamentablemente tal acción de destruir para luego beneficiarse tampoco es muy original, no un invento “hecho en Venezuela”, puesto que en países muy pobres como Haití, por ejemplo, las remesas representan casi 24% de su PIB, y en países muy atrasados como Tonga, un minúsculo archipiélago en la Pacífico gobernado por un sistema férreo y medieval, las remesas representan casi 40% de su PIB, según cifras del Banco Mundial. Sin embargo, para que el tema de las remesas sea realmente un buen negocio, el régimen venezolano debería considerar un elemento clave: la emisión de pasaportes a los venezolanos en el exterior. Hasta el presente, a la política de expulsión por razones económicas se le ha sumado la de persecución política violatoria del derecho a la identidad y de esta manera precarizado la situación de millones de venezolanos en el exterior, a quienes se les dificulta la capacidad de educarse, trabajar, conseguir vivienda, atención médica, recibir documentos de residencia en los países de acogida o registrar actos civiles, entre otros tantos derechos debido a la ausencia de documentos de identificación. Sabemos que en ausencia de un Estado de Derecho, es poco lo que individualmente se puede hacer ante un consulado o ante el Saime. Tampoco es de interés otorgar documentos de identidad que permitan a la diáspora votar y eso lo han constatado los partidos políticos que se han abocado entonces a despertar el interés al interior del país dejando de lado esta importante reivindicación. Pero, ¿y si los venezolanos en el exterior nos convertimos en el nuevo producto de exportación? ¿Y si “diversifican” la economía y además de exportar petróleo, contrabandear oro del Arco Minero, también “producen” remesas? Somos seis millones y medio, y subiendo. Si cada uno de esos miembros de la diáspora mandamos 10 dólares al mes, son 780.000.000 de dólares al año, más de lo que se produjo por concepto de petróleo en 2020. María Alejandra Aristeguieta Internacionalista UCV, ex diplomática, consultora y analista de relaciones multilaterales. @MAA563

OMS, vacunas, campañas comunicacionales y la política del terror

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Por: María Alejandra Aristeguieta Recientemente el gobierno de facto venezolano anunció que importaría un lote de 12 millones de vacunas compradas a Cuba, e iniciaría una campaña de vacunación masiva. En seguida, las redes sociales alertaron sobre la posibilidad de que esta campaña de vacunación serviría como parte de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo para la vacuna Abdala. Las distintas voces expertas advirtieron sobre los peligros de exponer a la población venezolana a una vacuna que no cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia, o desempeño de la data generada durante los ensayos clínicos, a fin de evaluar el riesgo beneficio requeridos por la OMS y así decidir su uso externo, más allá de los ensayos clínicos. En efecto, aunque hablan de la vacuna Abdala, la realidad es que se trata de una vacuna en fase experimental. Las distintas “vacunas” cubanas (existen al menos cinco) han sido promocionadas a través de lo que luce como una campaña comunicacional, lejos de lo que se espera en estos casos, es decir, un estudio científico o publicación especializada. De hecho, las únicas fuentes de información es la que ha dado Cuba, y según ésta, las pruebas para Soberana 02 y Abdala son las más avanzadas. La similitud en lo que recogieron los distintos medios internacionales (El País, DW, France24, EFE), indicaban que se trataba de la primera vacuna de América Latina, describiéndola asimismo como la esperanza de América Latina, y añadían, además, que tales avances surgen, sorpresivamente, en medio de una fuerte recesión. La noticia relataba, para finalizar, que la vacuna contaba con un certificado de excelencia de la OMS cuya inexistencia fue luego puesta en evidencia tanto por los medios internacionales, como por las propias organizaciones se ocupan de la materia (BBC, EFE, Swissinfo, OPS, OMS). Una vez más, al poner la política, y más aun, la ideología, por encima de los intereses del país, se expone a su población, esta vez, a servir de cobayos para una vacuna que ni siquiera está en el proceso de acceso al Listado de Uso en Emergencias con que cuenta la OMS para facilitar el uso seguro de las vacunas que están en prueba. La realidad es que  Cuba, y su farmacéutica, ha manifestado su expresión de interés al mecanismo que se encarga de vigilar el proceso de desarrollo de vacunas contemplado en los protocolos del Listado de Uso en Emergencias,  pero ni siquiera ha firmado el memorándum de entendimiento que comprometería a que sus vacunas fuesen evaluadas bajo la lupa de los estándares internacionales, la misma lupa bajo la que se están evaluando todas las vacunas del mundo, incluyendo la china, la rusa, la india, por nombrar algunas. Y es que, en un esfuerzo global sin precedentes, y cumplidos los criterios preestablecidos, la OMS puso en marcha el Listado de Uso en Emergencias, procedimiento previsto para la valoración de vacunas que aun no cuentan con la debida licencia, terapéuticas y diagnósticos in vitro, a fin de hacer más expedita la disponibilidad de tales productos en momentos de emergencias de salud pública tales como la que estamos viviendo en el presente. Desde el 2020, la OMS, actuando desde el principio de que ninguno está a salvo hasta que todos estemos a salvo, se ha organizado con los representantes de los gobiernos, expertos en salud pública y epidemiología, la academia, la sociedad civil, y las farmacéuticas para acelerar el desarrollo de vacunas seguras que hagan frente a la pandemia que vivimos. Se han desarrollado protocolos, mecanismos de seguimiento y control, y una serie de acciones que aborden los aspectos de investigación, desarrollo y testeo de las vacunas que posteriormente se puedan utilizar masivamente. Así pues, para que una vacuna pueda ser aprobada para su uso en emergencias y administrada a la población, ésta debe seguir una serie de pasos supervisados internacionalmente, y sus fabricantes comprometerse a desarrollar una comunicación fluida con el Organismo, lo cual, según aparece en el portal de la OMS relativo al COVID-19, incluye: •Demostrar la seguridad y eficacia de la vacuna en ensayos clínicos grandes (fase III). • Pasar por revisiones independientes de la evidencia de eficacia y seguridad para cada vacuna candidata, incluida la revisión regulatoria y el Comité Asesor Global sobre Seguridad de las Vacunas. • Haber recibido recomendaciones de política sobre cómo deben usarse las vacunas. • Pasar por un panel externo de expertos convocado por la OMS, denominado Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE). • Desarrollar junto a los funcionarios sanitarios correspondientes, políticas sobre cómo usar las vacunas en su país de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. • Tener capacidad de fabricación en grandes cantidades, al mismo tiempo que se continúa produciendo todas las demás vacunas importantes que ya están en uso. •  Garantizar junto con los funcionarios sanitarios correspondientes, la distribución a través de un complejo proceso logístico, con una rigurosa gestión de existencias y control de temperatura. Fuente: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/blue-print/information-template_novel-covid-vaccine-candidate.pdf?sfvrsn=8f8e0bb4_3&download=true Cabe destacar que, en todo el procedimiento de evaluación, las personas que se presenten como voluntarias para los ensayos clínicos, desde la fase 1 hasta la fase 3, deben también cumplir con una serie de requisitos que incluyen, confirmación de estar informados y ser efectivamente personas que se prestan voluntariamente, adultos sanos para la primera fase, procedentes de los distintos grupos etarios, de género, étnicos, raciales, poblacional y geográficos. Para la segunda y tercera fase, además de lo ya señalado, se requieren algunos voluntarios con condiciones clínicas preexistentes y que puedan ser, por lo tanto, de una población de mayor riesgo.   Por último, en lo relativo al trabajo que se realiza en el marco de la OMS, hay que señalar que las primeras campañas de vacunación se iniciaron apenas en diciembre del 2020 con vacunas cuyos estándares habían sido valorados por entes de regulación nacional o regional que trabajan en estrecha colaboración con la OMS y sus distintas dependencias, y de esta manera garantizar una evaluación oportuna.  Al 3 de junio del 2021, la OMS considera que

La Agenda Europea frente a América Latina y el Caribe

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A finales del 2020, en medio de la pandemia COVID-19 que estamos padeciendo a nivel mundial y sus consecuencias sobre la democracia y la economía, de la entrada en vigor del Brexit, de un cada vez más claro requerimiento de la ciudadanía europea de abordar con urgencia el tema ambiental, de las consecuencias surgidas luego de las olas de migración procedentes de Siria, de varios años de  enfrentamiento híbrido en Ucrania (que parece recrudecerse en estos últimos días) en los bordes de la zona de influencia de la UE, Europa como un bloque, intenta retomar sus relaciones con América Latina y el Caribe. A tal efecto, el 14 de diciembre de 2020, se llevó a cabo en Berlín una reunión informal de Ministros de Exteriores  UE27-América Latina y el Caribe, con miras a  “intensificar el diálogo político de alto nivel y trabajar en pro de una Cumbre birregional” en el 2021. Cabe destacar que la última Cumbre birregional se llevó a cabo en el 2015, en un bloque en el que, según el máximo vocero en materia de política exterior, Josep Borrell, se tiene una Cumbre con alguien casi todos los días de cada año. Esta crítica al abandono político de una región con la que se comparte historia y cultura denota la poca importancia estratégica que se le ha asignado en el último lustro. Entonces, ¿qué ha pasado para cambiar el rumbo? ¿Se debe, quizás, al hecho de tener un español al frente de la diplomacia europea? Contexto Las razones para este encuentro, iniciativa de la Presidencia rotatoria alemana Consejo Europeo en el 2020,  y fuertemente apoyada por el Alto Representante de las Relaciones Exteriores de la UE, surgen de varias constataciones. Sin tratar de clasificarlas por orden de prioridad, podemos decir que hay razones de orden económico, de orden político, medioambiental, y humanitario, pero todas se resumen en una gran razón de orden geopolítico. ¿Cuáles son estos supuestos de orden geopolíticos? A continuación, veremos algunos de ellos. Balanza económica La influencia de China en América Latina y el Caribe es innegable y tiende a seguir creciendo. China ha desplazado a la UE como el segundo socio comercial de la región LAC, por detrás de EEUU, a pesar de que la IED desde la UE hacia la región sigue siendo la de mayor importancia con alrededor de 800.000 millones de Euros en el 2018, por encima de las inversiones europeas en China, India, Japón y Rusia tomadas en conjunto. A esto, hay que sumarle unos 3.8 mil millones de Euros en cooperación internacional humanitaria o de desarrollo, y 2.4 mil millones en ayudas para combatir la pandemia, con lo cual, se evidencia un desbalance entre lo que se “aporta” y lo que se obtiene a cambio, a través de las exportaciones de bienes y servicios.  Presencia internacional global Aunado a ello, la UE ha perdido terreno en el escenario internacional en todos los ámbitos, en parte debido al antagonismo entre China y Estados Unidos, antagonismo visto por distintos analistas europeos cada vez mas cercano a una nueva Guerra Fría y cuya dinámica seguirá marcando la agenda mundial a pesar del cambio de administración en Estados Unidos. Esta pérdida de presencia global incluye a la región latinoamericana y del Caribe, muy a pesar de ser ésta, como se señalaba arriba, por su historia y cultura, una región que debería estar muy cerca de Europa. Independencia de la política bilateral con Estados Unidos Luego de los “años Trump”, Europa quiere asegurar que, ante un posible nuevo distanciamiento en las relaciones con Estados Unidos, éste no incida de manera negativa en sus relaciones con LAC. Lo inteligente es que el bloque asegure una cooperación trasatlántica más amplia independiente de su un nuevo acercamiento a Estados Unidos.   Multilateralismo Sin duda, el terreno perdido a nivel global incluye la capacidad de influencia que tiene el bloque europeo en la agenda multilateral, coadyuvado, además, por la política aislacionista de Estados Unidos en los últimos años. Estos son elementos a tomar en consideración frente al expansionismo chino, por lo demás muy visible a la hora de formar alianzas en los foros multilaterales. Para Europa “no es una opción, es una necesidad” el rol que pueden jugar las dos regiones juntas en el reforzamiento de un multilateralismo más eficaz, de un orden multilateral basado en normas. Estaríamos hablando de 62 países, un tercio del total de los votos en la ONU, con lo cual las agendas podrían incluir temas de desarrollo sostenible, de cooperación internacional, sobre la base de valores democráticos y de respeto a los DDHH. La pandemia COVID 19 No menos importante, los retos multidimensionales planteados por la pandemia del COVID 19 los cuales sólo pueden ser superados si se manejan de manera global, y en este sentido, unas relaciones mas sólidas, permitirán abordar las duras consecuencias en LAC donde han ocurrido 1/3 de las muertes mundiales, y donde las brechas económicas se han intensificado a tal punto, que ya se considera que LAC entrará en una nueva década perdida. La región europea también sufre las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Se habla de niveles de desempleo ya duplicados en muchos países y en franco aumento, pérdidas por el cierre sobre todo de PYMES, que en definitiva son la columna vertebral de la economía europea, una fuerte contracción económica debido a los enormes niveles de endeudamiento, aunado al enlentecimiento de las exportaciones producto de las medidas de adaptación que hubo que poner en marcha durante el 2020. Para Europa, un mercado ampliado puede ayudar a dinamizar la economía post pandemia en ambas regiones. Cambio Climático  Desde hace muchos años, pero sobre todo en los últimos tres años, la agenda europea se ha centrado en el tema medioambiental ante el requerimiento cada vez mayor de la ciudadanía, los distintos actores especializados, la sociedad civil y la comunidad científica. Europa ha puesto en marcha un ambicioso plan de reducción de la dependencia de energías fósiles dentro del marco del “Green Deal” o “Pacto

La Relatora de la ONU y el ajedrez de los Derechos Humanos

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Las declaraciones sin fundamento y poco precisas de Alena Douhan, Relatora Independiente de la ONU sobre los derechos humanos y las sanciones han causado sorpresa y revuelo en los medios de comunicación las redes sociales venezolanas. Lo sorprendente es que hayan sorprendido. En realidad, esas declaraciones eran totalmente predecibles, puesto que son parte de una estrategia de largo plazo diseñada por quienes desde hace mas de veinte años detentan o controlan el poder en Venezuela. Nunca es un azar, y aunque a veces se retrasen, el tener un objetivo claramente definido les permite llevar a cabo cada actividad por conveniencia táctica o por aprovechamiento de oportunidades. Veamos por partes. El sistema universal de derechos humanos monitorea la protección y promoción de los derechos fundamentales en todos los países parte de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela no es una excepción, y aunque el organismo a cargo de proteger y promover tales derechos tardó bastante en reaccionar ante las primeras violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Hugo Chávez, el mismo ha ido documentando cada caso traído por abogados, defensores o activistas de la sociedad civil a alguna de sus instancias. Más recientemente, y en particular desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, este monitoreo se ha acentuado y profundizado vista la escalada que se inicia a partir del 2014. Si revisamos la documentación existente, podremos constatar que se pasó de la erosión de los derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, o de casos ejemplarizantes, a patrones sistemáticos para aterrar y someter a la población.  Es decir, en un primer nivel,  se persiguieron los medios de comunicación y se cerraron periódicos, estaciones de radio y canales de televisión, se expropiaron bienes muebles e inmuebles. Luego pasamos a casos de detenciones arbitrarias en los que se evidenciaba la ausencia de independencia del poder judicial, como fue el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien Hugo Chávez encarceló para indicar a otros jueces que correrían con la misma suerte de ella si no se atenían a las exigencias de quienes controlaban el poder judicial desde su cúpula.   Sin embargo, es entre los años 2014 y 2017, y en particular durante los períodos de protesta estudiantil, que descubrimos una estrategia clara de persecución y exterminación del adversario, entendido éste como objetivo enemigo. Ante este punto de inflexión,  surgieron múltiples declaraciones y llamados de alerta desde los distintos mecanismos de supervisión del sistema universal, incluyendo los Procedimientos Especiales, entre los que se encuentran los Relatores independientes para áreas temáticas. En total, más de 20 Relatores Independientes han pedido se les permita visitar Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos en sus áreas especificas, sobre todo, aquellos que supervisan y hacen recomendaciones relativas a los derechos civiles y políticos, que son en definitiva los considerados como derechos nucleares, es decir, sobre detenciones arbitrarias, tortura, independencia del poder judicial, o sobre libertad de expresión y asociación.  En paralelo, en 2017, el entonces Alto Comisionado Zeid Al Hussein, decide iniciar una investigación ex officio, ante el abuso en el uso de la fuerza de los organismos de seguridad del Estado frente a las protestas estudiantiles, y sobre todo, ante las denuncias de torturas atroces cometidas por estos cuerpos de seguridad. El informe desnuda una realidad que muchos desconocían y otros tantos se negaban a aceptar. Es durante este período, que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su cancillería, decide extender  invitación a tres Relatores Independientes: el de derecho al desarrollo, el de la promoción de un orden democrático y equitativo,  y el de derechos humanos y  sanciones. A diferencia de los otros Relatores Independientes, aquí se trata de tres mecanismos impulsados por razones políticas, que obedecen a esquemas geopolíticos “Norte-Sur” propios del otrora expansionismo soviético a través del discurso victimista/desarrollista, y que dentro del esquema de Naciones Unidas, goza aun de muy buena salud. En 2017 fue Alfred De Zayas, en ese entonces Relator Independiente para la promoción de un orden democrático equitativo. Su visita se llevó a cabo a finales de noviembre del 2017, poco después del primer informe sobre Venezuela aludido antes. Según lo presentado, el experto centró su misión en la necesidad de “promover una mayor cooperación regional e internacional, hacer un seguimiento de las políticas dirigidas a detener los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales, garantizar la libertad de comercio y realización de transacciones financieras sin discriminación, atacar los problemas de la reestructuración de la deuda soberana, obtener información sobre políticas relativas a la distribución de recursos y la regulación del sector privado, y explorar medios para fortalecer la asistencia letrada mutua en los casos penales.” En su informe final encontramos los siguientes apartados:  “Obstáculos que impiden el disfrute de los derechos humanos: guerra económica”, “multilateralismo y el principio de no intervención”, “las sanciones económicas” y “crisis humanitaria e intervención humanitaria”, cuyo primer párrafo apunta: “Mediante una inquietante campaña mediática se procura forzar a los observadores a adoptar una visión preconcebida de que existe una “crisis humanitaria” en la República Bolivariana de Venezuela. La señora Alena Douhan es relatora independiente para los derechos humanos y las sanciones. Es la segunda de los tres invitados, y su informe preliminar fue presentado el 12 de febrero pasado, en vísperas de la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos en el que se va a recibir un informe oral de la Misión de Determinación de Hechos, la misma que en septiembre pasado indicó que había elementos para pensar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de Lesa Humanidad. El informe preliminar de la Sra. Douhan consta de varios apartados cuyos títulos son los siguientes: “Situación económica y humanitaria en Venezuela”, “Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones”, e “Impacto en el disfrute de los derechos humanos”. El primer apartado de este informe da a entender que es debido a las sanciones que se ha deteriorado la economía en Venezuela y se ha creado la situación humanitaria actual. Ya

Hablemos de otra cosa: ¿viste lo que está pasando en Etiopía?

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Por María Alejandra Aristeguieta* Seguramente esta pregunta no tendrá una respuesta muy amplia, pues poco se ha dicho del conflicto en ese país iniciado en noviembre del 2020, y esto es hasta cierto punto normal. Etiopía no está entre las prioridades de los analistas internacionales. Ni de los venezolanos, ni de los del resto del mundo. Y es que este país del este de África, aparece y desaparece del radar internacional dependiendo de las sequías y hambrunas, o de las guerras  con sus vecinos. Para mi, Etiopía fue un punto de inflexión. Fue mi última misión como consultora en temas de  comercio internacional y desarrollo. Y también fue el lugar donde vi algo a lo que he regresado una y otra vez. Vi el futuro de Venezuela. Hablo de un viaje que sucedió en octubre del 2012, y que todavía hoy me interpela. En el camino del aeropuerto al hotel noté muchas fotos, formato gigante, del líder político. Pensando en el caudillo de mi tierra, pregunté al funcionario del programa de la francofonía de la Comisión de la Unión Africana, que me acompañaba: es el Presidente, verdad? Me respondió: el Primer Ministro, que murió. El diálogo posterior fue algo así como: –¿Y por qué el nuevo deja las fotos? –Porque el que murió designó a éste como su sucesor. –¿Y la gente votó por él, así por así? –Son del mismo partido, y el parlamento lo eligió. Apenas llegar al aeropuerto, y ya se veían agolpados a sus puertas hombres de caras delgadas hasta los huesos. Al principio inferí que esa fisionomía correspondía a la etnia del país. La gente, taciturna, sin rumbo aparente y con la mirada perdida, caminaba por calles y carreteras. También alrededor del hotel con chinches que me había sido asignado, y que estaba rodeado de ranchos, muchos de madera, tan pequeños como un quiosco.  El director de la agencia de cooperación de la ONU con quien estaba trabajando me recibió amable y sonriente. Un libanés muy joven, cuya oficina de base estaba en Ginebra, pero que pasaba buena parte de su vida en esa región del mundo. Salimos a dar una vuelta. Etiopía es cuna de una de las religiones cristianas mas antiguas del planeta, y tenía curiosidad por conocer una iglesia Copta.  Muchas se encuentran en la subida al Monte Entoto, la montaña a los pies de la cual se erigió Adís Abeba y desde donde se aprecia la ciudad, ahogada, por cierto, por una espesa nube de calima. El director me explicó que la calima es producto de la cocina a leña y la torrefacción del café cada mañana. De inmediato comprendí la imagen de las mujeres cargando unos enormes paquetes con largos y delgados troncos sobre sus espaldas. El Monte Entoto está cubierto por un bosque de eucalipto, talado sobre todo por mujeres, pues se trata de una fuente importante de esa leña con la que cocinan. De regreso, nos encontramos con una vibrante vida social en el hotel.  Sus instalaciones son espacios utilizados por la clase dirigente etíope, y hasta ahí llegó mi hipótesis étnica de las primeras impresiones. Quienes beben whisky y se dan masajes o usan el gimnasio del hotel, son etíopes más claros y más redondos. También son bastante ruidosos.   La calima de la mañana es más densa que la que vimos desde el tope de la montaña. Huele a café y pica en los ojos. Al lado del hotel levantan un edificio con andamios que recuerdan las teorías sobre la construcción de las pirámides de Egipto: un cascarón de galerías con rampas y escaleras de madera, en las alturas, sin ninguna medida de seguridad.   De camino a la sede de la Unión Africana, un moderno edificio financiado y construido por China y estrenado unos meses atrás, sorprende el caos lento y silencioso de las calles enteras de gente con hambre y sin sueños, que circula con la mirada puesta en el infinito. Entre los ranchos, aparecen un par de torres, precediendo, una frente a otra, la sede del organismo internacional: son los concesionarios de la BMW y de la Mercedes Benz. Mi misión transcurre como previsto, salvo por las picadas de chinches, fumigaciones a la habitación, y una indigestión con la que fui a parar al hospital. Al cierre de la misión, compartiendo apreciaciones con el director de la agencia, la conversación se desvió por un momento hacia algo que terminó siendo otra pieza reveladora. Regresaba contrariado de una reunión con representantes del gobierno etíope en la que los receptores de la cooperación y asistencia, de manera bastante hostil y hasta altanera, instruían a la agencia de la ONU acerca de cómo llevarían a cabo los programas, y en cuáles áreas se desarrollarían, así como las limitaciones a los funcionarios internacionales que estarían acreditados en el país. Lo que sucedió en Venezuela entre el 2012, poco después de mi viaje a Adís Abeba, y el 2013, cuando Chávez designó a su sucesor, me llevó de regreso a ese episodio de mi carrera. Lo triste, es que siempre que veo un nuevo escalón hacia el deterioro infinito al que está sometido Venezuela, me digo a mí misma: como en Etiopía. El hambre, la mirada perdida, la leña, la calima, los beneficiados del régimen, todo lo que ha venido pasando desde que llegó Maduro al poder, me hace repetir esa frase. Incluso, el proceso de negociación del Memorándum de Entendimiento para cooperación técnica firmado por Arreaza con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, fue un calco de aquella conversación con el director. Por eso, cuando a principios del 2020 supe que Etiopía era el Estado Africano con mayor crecimiento de la región, con un aumento de su PIB en torno al 7%, me llamó la atención. Y cuando supe que su Primer Ministro fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 2019, quise indagar para saber si se trataba de aquél que se había apoyado en la imagen del

Tres razones para seguir impulsando las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en materia de DDHH.

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Resultados de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos ocurridos en Venezuela en las áreas de detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales Venezuela en la más deplorable y vergonzosa compañía. Para los internacionalistas, que conocen la historia de la política exterior de Venezuela desde su creación, y que saben que la misma hasta hace veinte años estaba basada en principios rectores y postulados apegados a los principios generales del derecho internacional como son la cooperación y solidaridad internacional, la indivisibilidad de las políticas internas y externas en favor del desarrollo de un país, la defensa de la democracia como forma de gobierno basado en la institucionalidad, las libertades fundamentales, y los derechos humanos, resulta desolador ver al país que una vez ocupó lugares privilegiados en la escena mundial, ahora subyugado a una ideología del odio y la destrucción, y al lado de los graves violadores de derechos humanos, perpetradores de genocidios y crímenes de guerra como lo son Burundi, la República Democrática del Congo, Myanmar, Siria y Sudán del Sur. Y al igual que con esos países, en el caso de Venezuela, luego de constatar a través de varios de informes hechos desde el 2017 por la Secretaría de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y debido al creciente deterioro generalizado de los derechos humanos en Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decide en 2019, aprobar un instrumento más robusto para avanzar en la vigilancia y control de esos derechos. Pero, sobre todo, lo hace para abordar la urgente necesidad de establecer un mecanismo investigación y de rendición de cuentas que permita avanzar en la justicia internacional, debido a las claras y evidentes fallas del sistema judicial nacional. Según se describe en el portal de Internet de la propia oficina del Alto Comisionado, las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos “se utilizan cada vez más para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, tanto si estas son prolongadas, como si se derivan de acontecimientos súbitos, y para promover la responsabilidad por dichas violaciones y combatir la impunidad.” Varios órganos del Sistema de Naciones Unidas recurren a este tipo de mecanismos de investigación y rendición de cuentas, incluyendo, además del Consejo de DDHH, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.    Es así como se aprueba una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos ocurridos en Venezuela en las áreas de detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales desde el año 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. La Misión debe durar en principio un año y rendir un informe, el cual fue publicado hace poco más de tres semanas. La valentía de las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación. El informe publicado y presentado en el marco del 45° período de sesiones del Consejo de DDHH, describe con crudeza y en profundidad 223 casos individuales y 2891 violacionesde derechos fundamentales de estas víctimas, de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos. Hablamos de personas de carne y hueso, que tuvieron la valentía de dar su testimonio a los expertos que conformaron la Misión, a pesar de la persecución, de la represión y del desamparo en el que se han encontrado muchos de ellos durante todo este tiempo.  En las 443 páginas del informe se leen hechos como palizas, asfixias con bolsas o sumergimiento en agua, descargas eléctricas, violencia verbal y física, incluyendo actos de violencia sexual a hombres y mujeres con partes del cuerpo  u objetos, a veces en presencia de otros incluyendo sus familiares, o bajo amenaza de torturas a la víctima o sus familiares, castigos que van desde el aislamiento en sitios oscuros sumamente pequeños, sin ventilación a sitios permanentemente iluminados y con aire acondicionado a muy bajas temperaturas, a suspensión de acceso a medicamentos o comida por muchos días. Todos los lugares de reclusión están llenos de ratas e insectos, casi ningún preso tiene acceso a agua o a unas mínimas condiciones de higiene. Aunado a lo anterior, el informe describe con lujo de detalles desapariciones forzadas por períodos cortos o largos, sin que los familiares sepan de los paraderos de las víctimas, en algunos casos, con información falsa para burlarse de ellos. Casi todas las personas que han sido detenidas de manera arbitraria pasan un período desaparecidas, sin acceso o contacto con sus familiares o abogados, y muchas veces en ese espacio de tiempo, son golpeados, maltratados y torturados. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, se trata de operativos de limpieza o control social, parecidos a los que se leen en informes de países en conflicto armado o donde se desarrolla un genocidio. Miles de personas tanto en el interior del país como en barriadas populares de Caracas fueron ejecutadas por las FAES y el SEBIN o el DGCIM a sangre fría, y en presencia de sus familiares. En uno de los testimonios recogidos por la Misión, se describe como una señora fue desalojada de su casa, junto con las mujeres y niños de su grupo familiar, y vio como ponían de rodillas a los cuatro hombres, cubrían sus caras, y los ejecutaban entre gritos de horror e insultos. Dice que oyó alrededor de diez descargas antes de desmayarse de la impresión por lo que estaba presenciando. El horror vivido por cada víctima y sus familiares merece el respeto y consideración de todos los venezolanos. Y también la admiración, pues sin su testimonio el informe no hubiese sido posible. Un paso más cerca de las garantías de no repetición. De manera general, las Misiones Internacionales Independientes y las Comisiones de Encuesta, en tanto que mecanismos de investigación y rendición de cuentas del Sistema de NNUU, han ido evolucionando y constituyéndose en una herramienta clave en materia de justicia

Lo que el informe Bachelet no dice

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MARIA ALEJANDRA ARISTEGUIETA – El pasado 2 de julio se presentó un nuevo informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Si bien, éste no será el único informe presentado en el 44° período de sesiones sobre Venezuela, sí es el primero que se realiza luego de establecida una Oficina de ACNUDH en Caracas, dentro de las Oficinas del Coordinador Residente de la ONU, y luego de firmado un Memorándum de Entendimiento entre las autoridades venezolanas reconocidas por la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada. Varias ONGs y expertos en DDHH se han pronunciado sobre la materia, o están a la espera del segundo informe que será presentado el día 15 de julio para hacerlo. Sin embargo, dada la forma cómo han sido abordados algunos elementos, es menester arrojar luz sobre ellos, resaltarlos para dejar constancia, en aras de cualquier análisis futuro. Luego de brevemente identificar el marco conceptual a partir cual se ha realizado el informe, en las próximas líneas se abordará uno de lo temas analizados en el informe, en particular lo relativo a las sanciones económicas como causantes de la exacerbación de la crisis multifactorial venezolana. Posteriormente se hace un recorrido por algunas imprecisiones producto de la falta de contextualización adecuada, o de la desvirtualización de datos y conceptos. Por último, conociendo las dinámicas del sistema de Naciones Unidas, y las prácticas de la diplomacia multilateral, se aborda la importancia de entender el tema de los Derechos Humanos como una cuestión de Estado. Marco conceptual: Durante la 42° sesión ordinaria del Consejo de DDHH  de la ONU llevada a cabo en septiembre del 2019, se adoptaron dos resoluciones sobre Venezuela, con orígenes y orientaciones distintas. La primera, la resolución 42/4,  impulsada por los aliados de Maduro en el Consejo y votada por Angola, Burkina Faso, Camerún, China, Cuba, Egipto,  Eritrea, Fiji, Iraq, México, Nepal, Paquistán, Filipinas, Qatar, Ruanda, Sur África, Túnez y Uruguay solicita un informe escrito para ser presentado en el 44 período de sesiones, que se esta llevando a cabo en este momento  un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos, que incluya los resultados de la investigación realizada sobre el terreno de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en el país, a fin de que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación. La segunda, la resolución 42/25, impulsada por el Grupo de Lima y votada por Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania y Reina Unido, también pide un informe escrito para este período de sesiones sobre la situación de los DDHH en Venezuela con atención especifica a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia, violaciones a los derechos económicos y sociales, y la situación de los DDHH en la región del Arco Minero del Orinoco, seguido de un diálogo interactivo. El informe de la ACNUDH presentado el pasado 2 de julio surge del mandato hecho por el Consejo de DDHH a la Secretaría bajo la resolución 42/4 y el próximo 15 y 16 de julio será presentado y discutido el informe solicitado por la resolución 42/25. Según se destaca en la introducción del informe presentado el 2 de julio, “El tema del presente informe es la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, concretamente en lo referente a las cuestiones señaladas en la resolución 42/4. En este informe también se describe a grandes rasgos la cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el período de referencia” la cual nace de la visita oficial de la Alta Comisionada, del posterior Memorándum de Entendimiento que firmaron las partes que permitiría entre otras cosas la creación de una Oficina de ACNUDH en Caracas, y las actividades que de ella se desprenden. Contenidos dentro del mandato y fuera de éste: Hay varios elementos que saltan a la vista. El primero de ellos es que se analiza en este informe la situación de los derechos económicos y sociales, que deberían ser abordados a la luz del mandato que surge de la resolución 42/25. Además, la manera como está planteado en el informe del 2 de julio pasado, carece del análisis exhaustivo que se requiere para poder identificar las causas de las violaciones a los derechos económicos y sociales y parece obedecer más a una posición política que a un análisis fáctico, en el que se contrasta poco la información proporcionada por las autoridades con representación oficial ante la ONU, con información proporcionada por otras fuentes, en particular expertos en economía y representaciones de la sociedad civil. Sanciones económicas A lo largo de este capítulo se repite una y otra vez que la causa del deterioro es producto de las sanciones. En particular los párrafos 8,9 y 11 señalan lo siguiente: “ 8. La población de la República Bolivariana de Venezuela siguió padeciendo violaciones interrelacionadas de sus derechos económicos y sociales, debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2019 la economía se contrajo un 25,5%2 y se prevé que en 2020 se contraiga entre un 13% y un 28% adicional debido a la bajada de los precios internacionales del petróleo, la reducción de la producción petrolífera, el estancamiento económico como consecuencia de la COVID-19 y la repercusión de las sanciones económicas.3 9. El aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos. En agosto de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América promulgó un decreto presidencial por