Por María Alejandra Aristeguieta

Un odontólogo que vende su consultorio, equipos, casa y carro y se lanza en una travesía a pie para entrar por la frontera terrestre de Estados Unidos; un estudiante perseguido por los colectivos en el interior de Venezuela que aparece en un centro migratorio de Basilea, un abogado que logra ser protegido en Bélgica luego de huir de Venezuela por la frontera; pueblos indígenas enteros que se desplazan a otro país fronterizo producto de la violencia y la persecución de su etnia; centros de acogida en Madrid que tienen más venezolanos que personas provenientes de las costas del norte de África. Las historias de nuestros migrantes son infinitas, y todos conocemos al menos una. A esas historias que nos llegan de cerca, le sumamos las que leemos a diario cuyos desenlaces fatales las hacen noticia al atravesar la selva del Darién, o recibir linchamientos en algún país de la región donde ha crecido la xenofobia producto de lo que han llamado el flagelo migratorio de nuestros connacionales. Y a esas historias, le vamos sumando las de los caminantes de los últimos años por las sierras colombianas, y noticias de trata de mujeres y de niños, de prostitución, de secuestros, de menores deambulando solos por las calles de Cúcuta, después de haber atravesado alguna trocha.

Las organizaciones internacionales especializadas arrojan cifras espeluznantes y que ya representan 20% del total de los 30 millones que alguna vez fuimos. En el palmarés del exilio, hemos superado a Siria ya con 11 años de guerra civil encima, o a Ucrania, donde se libra la guerra mundial más reciente.

Aunado a la tragedia humana que supone ser expulsado por las acciones de un déspota mafioso, le sumamos, además, la creciente instrumentalización de nuestro drama por parte de los protagonistas del debate político en los países del hemisferio. El más reciente episodio de esta dolorosa saga lo hemos presenciado en Estados Unidos, donde un grupo de migrantes venezolanos fueron a parar a una urbanización turística y acomodada de Massachussets, llamada Martha’s Vineyard. Como en Perú, Chile, y Colombia, en Estados Unidos la política migratoria ocupa una cada vez más importante posición en la agenda electoral, y en particular en la agenda de los Estados que reciben el mayor número de personas. Hasta hace poco se trataba de declaraciones demagógicas o de una respuesta efectista a un problema severo que cuenta con muchas aristas, pero al haber sido tratado de manera ineficiente, y, en algunos casos también de manera populista, se ha creado la tormenta polarizadora perfecta.

En 2015, Angela Merkel permitió la entrada más de 1 millón personas provenientes de Siria y de otros países en conflicto a Alemania, generando una profunda controversia nacional que casi le cuesta el puesto y que abrió grietas en su propio partido. Su planteamiento surgía como respuesta a la incapacidad de los gobiernos europeos de ponerse de acuerdo en torno a las políticas de acogida y distribución de los demandantes de asilo, y la violencia con la que se trataba al éxodo más grande que había transitado por Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis venía a sumarse a la crisis del euro y el consecuente rescate de las economías más frágiles como la griega, y ponía en riesgo los tratados de libre circulación de Schengen, así como el futuro mismo de la Unión Europea. Pero también asumió esa política de fronteras abiertas a los refugiados sirios, en medio de la emoción que embargó al mundo la muerte del niño Alan Kurdi ahogado en las costas mediterráneas. Merkel decía que esta medida humanitaria excepcional obedecía a la necesidad de, como europeos, estar a la altura de ese momento histórico. “Si Europa fracasa en la cuestión de los refugiados, no será ya la Europa cuyos valores fundacionales reposan sobre los derechos civiles universales”, habría dicho, para luego agregar: ¡lo lograremos!

El balance que se hace hoy en día, siete años más tarde, es que sí se logró mucho, que hizo falta más que buena voluntad y solidaridad, que fue necesario desarrollar distintas políticas incluyendo de educación de la población alemana para superar resquemores y dudas naturales, y que ni ese contingente migratorio ha sido absorbido del todo a pesar de los esfuerzos, ni una buena parte del país le ha perdonado ese gesto, que abrió las puertas del parlamento a la extrema derecha alemana. Desde entonces, Alemania ha sido más conservadora en la manera de abordar el tema, ha impulsado con más fuerza la necesidad de que sus colegas europeos asuman su cuota de responsabilidad compartida, y que algunos Estados dentro y fuera de la UE apliquen las medidas necesarias contempladas en las leyes europeas para evitar abusos de lado y lado. Además, antes de retirarse, Merkel reafirmó su posición de que, los países europeos en su totalidad deben dar más financiamiento a los Estados que reciben el primer impacto migratorio, como sucede con Turquía, Grecia, Italia y España.

Al igual que en el caso de Alemania y de Europa, el derecho de asilo está consagrado en la mayoría de las constituciones de los países del hemisferio, y estipulado en los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por ellos. Pero el derecho de asilo, o más ampliamente el derecho a la migración, debe venir acompañada de una serie de políticas públicas que vayan desde la acogida, apoyo y ubicación del migrante, hasta su integración en la vida productiva y social del país de acogida, como muestra el ejemplo de Alemania. Existen ejemplos más recientes con la llegada de los refugiados ucranianos a quienes buena parte de Europa les ha dado el derecho temporal de estadía. Suiza, por ejemplo, ha integrado a cientos de niños ucranianos al sistema escolar. Y en Suramérica, países como Brasil garantizan el traslado de los migrantes desde la frontera con Venezuela a las ciudades. Esto evita el congestionamiento y la inseguridad. Además, ofrece a los migrantes clases de portugués para facilitar su integración.

Sin embargo, es allí donde fallan buena parte de los países, en los procesos de acogida, en la destinación de recursos en cantidades adecuadas para poder abordar los casos de manera eficiente, en el respaldo a los Estados o entidades fronterizas para evitar su colapso, en la coordinación con las agencias humanitarias internacionales que canalicen recursos y conocimientos a instituciones locales, y luego, en las políticas de integración del migrante para evitar que constituya una carga a los servicios sociales y de salud.En Estados Unidos, por ejemplo, hay un retraso judicial de casi cuatro años para atender las solicitudes de asilo. La respuesta de la administración americana ha sido la de crear un limbo jurídico en el que los solicitantes no tienen una situación legal en el país, pero tampoco son deportados. Esto, lejos de resolver el problema, crea una congestión mayor de los servicios y una marginalización del migrante.

A esas políticas internas se le deben sumar políticas de cooperación internacional, para ayudar a que los países de entrada como Turquía o México sean más eficientes en la evaluación de los solicitantes. En definitiva, lo que ha ayudado en Europa a detener los ríos de gente subiendo de los Balcanes hacia Alemania ha sido el apoyo económico que se le da a los países de entrada para que puedan manejar el impacto directo de esos flujos. Regresando a Estados Unidos, este podría sopesar alternativas similares con México y países de América Central para abordar la cuestión de forma integral.

Pero nada de lo que hagan los países de acogida será suficiente para absorber una población en éxodo, si aquellos que generan el problema no son detenidos, si no se responsabilizan o se les responsabiliza por el futuro de sus compatriotas. En el caso de Venezuela, sabemos que son políticas de Estado para garantizarse ingresos a través de las remesas, para desestabilizar gobiernos de países vecinos, o para llenar a otros de delincuentes, aprovechando sus políticas de puertas abiertas.

También sabemos, y eso lo evidencia la misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos en el informe que acaba de publicar y que será presentado en la sesión en curso, que existe un escenario global de huida debido a las políticas del régimen venezolano, y que incluyen, como es de preverse, violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Es decir, el grupo de expertos independiente documenta con pruebas y testimonios, que la migración venezolana está impulsada desde el aparato Estatal de manera deliberada.

Se hace necesario, entonces, ser contundentes ante el verdadero flagelo.

María Alejandra Aristeguieta

Internacionalista UCV, ex diplomática, consultora y analista de relaciones multilaterales.

@MAA563

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