Por Abraham Clavero Toro
En esta era de las telecomunicaciones en la cual la cambiante situación en las relaciones internacionales es una constante, desplazando del centro de atención acontecimientos de primera magnitud que emergen diariamente: la guerra rusa-ucraniana, el incidente de los globos chinos, las aterradoras consecuencias de los terremotos en Turquía y Siria, etc, etc, vemos como diversos hechos de gran importante pasan a segundo plano, llegando incluso a desaparecer del interés de los grandes medios de comunicación.
Este es el caso de aquellas manifestaciones que se han producido en varias partes mundo. Al respecto, desde el último trimestre del 2022 ha tenido lugar un resurgir de las protestas populares, de índole política y social, que han mantenido su efervescencia en el inicio de este 2023. Desde la República Islámica de Irán, pasando por la República Popular China hasta llegar a las manifestaciones en Perú y las más recientes en Israel, Francia, España e incluso en Venezuela.
Cada vez más, en diversos puntos del planeta, los pueblos han tomado las calles para mostrar su descontento, por diversas razones, que incluyen la discriminación hacia las mujeres, los efectos del confinamiento por el COVID 19, la represión oficial contra los que respaldan a un mandatario saliente, los efectos de las políticas económicas que han perjudicado de manera significativa a los sectores más populares, así como las pretensiones de reducir el papel del poder legislativo.
Indiscutiblemente que una cosa en manifestar en un país donde se respeta el estado de derecho, con todos los excesos que se puedan cometer, y otro muy diferente, hacerlo en aquellos países donde no existe libertad de expresión.
Es precisamente a estas últimas a las que nos referiremos en esta ocasión. Dos de las autocracias más representativas, una de carácter teocrático y la otra ideológica, se han visto convulsionadas por protestas populares de verdadero alcance. Primero fue la República Islámica de Irán y más recientemente la R.P. China.
Desde el pasado 16 de septiembre, el régimen de los ayatolas mantiene un estado de confrontación, especialmente con los sectores más jóvenes de la población, a causa del asesinato de la adolecente Mahsa Amini. Este hecho constituyó la chispa que desató dichas protestas las cuales, a pesar de haber perdido fuerza, se mantienen activas en gran parte del país, clamando por un cambio de régimen.
Ante esta situación, el gobierno decidió realizar un gesto sin que se considerara que claudicaba en forma definitiva. Al respecto, el Fiscal General Mohamad Yafar Montazerí anunció el desmantelamiento de la policía de la moral, al señalar “que no tiene nada que ver con el poder judicial”.
Fue evidente que este anuncio buscaba calmar las revueltas públicas que ha dejado hasta ahora alrededor de 500 fallecidos y más de 20.000 personas arrestadas, según “Human Rights Activists in Irán”. No obstante, impuso ciertas condiciones: “que el poder judicial seguirá supervisando el comportamiento de la sociedad e insistió que la vestimenta de las mujeres continuará siendo muy importante″. También mencionó que “el Parlamento y el Poder Judicial estaban trabajando en la cuestión del velo obligatorio”.
Este relajamiento anunciado por el Fiscal General, sin embargo, se contradice con las posteriores medidas llevas a cabo por el gobierno al ajusticiar a varios manifestantes: el 8 de diciembre Mohsen Shekari fue ejecutado por participar en la ola de protestas antigubernamentales, luego de ser declarado culpable por un Tribunal Revolucionario del delito de “moharebeh” que significa odio contra Dios.
Cuatro días después, Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad sagrada de Mashad por el presunto asesinato de dos agentes de seguridad del Poder Judicial, según la información emanada de la agencia Mizan.
Mohammad Mehdi Karami, campeón de kárate de tan solo 22 años, ha sido el último en ser ajusticiado, luego de un juicio considerado injusto, al solo disponer de 15 minutos para su defensa, según la información publicada por la BBC.
A los casos anteriores hay que agregar el de Amir Nasr-Azadani, exjugador de fútbol. Ante su posible ajusticiamiento suscitó una condena mundial, especialmente en aquellos momentos cuando la comunidad internacional estaba imbuida por el Mundial de Qatar. Posteriormente, la pena fue conmuta y sentenciado a 26 años de cárcel.
Las sentencias capitales han provocado una oleada de protestas internacionales, en especial por parte de los países occidentales, que han pedido a Teherán que ponga fin a este tipo de ajusticiamientos. Al respecto, la UE reaccionó aprobando una serie de nuevas sanciones contra responsables iraníes de violaciones de los derechos humanos, tras criticar duramente la ejecución de Shekari. Cabe señalar que, entre los detenidos, hay 109 personas a los que pueden dictárseles pena de muerte, como lo ha indicado Amnistía Internacional.
A estas sanciones se agregan las impuestas recientemente por la organización al manifestar que “la UE condena enérgicamente el uso brutal y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades contra las manifestaciones pacíficas”. En la lista de los sancionados destacan las ramas regionales de la Guardia Revolucionaria. Estas medidas se producen en un momento en el que crece el debate sobre si incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Se necesitaría que por lo menos un integrante de la organización declare a dicho organismo como terrorista.
Hay que recordar que el 14 de diciembre pasado, el Consejo Económico y Social, en una decisión sin precedentes, y por votación (29-8 y 16 abstenciones), expulsó a Irán por el resto de su mandato en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que expiraba en 2026. Esta comisión se encarga de discutir temas sobre el empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género.
A su vez, el nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk consideró que las ejecuciones tienen por objeto amedrentar a los manifestantes. No obstante, el régimen no ha logrado aplacar del todo la rebeldía popular y las protestas, aun que han mermado de manera significativa, continúan incluyendo las marchas en silencio y con velas del pasado 10 de diciembre en numerosas ciudades del país para condenar los ahorcamientos. Las Organizaciones de Derechos Humanos han calificado de “espectáculo sin el debido proceso” los juicios contra las personas condenadas a la pena capital.
En medio de esta situación conflictiva, destaca la carta de Badri Hoseini Jamenei, hermana del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en la que asegura que espera “ver pronto la victoria del pueblo y el derrocamiento de esta tiranía que gobierna Irán”.
En otros párrafos señala que “el régimen de la República Islámica de Jomeini y Ali Jamenei no ha traído más que sufrimiento y opresión a los iraníes. El pueblo merece libertad y prosperidad, y su levantamiento es legítimo y necesario para lograr sus derechos”. Mi hermano no escucha la voz de la gente y considera erróneamente que la voz de sus mercenarios y acaparadores de dinero es la voz del pueblo iraní. Como mi deber humano, desde hace décadas, he llevado la voz de la gente a los oídos de mi hermano Ali Jamenei. Pero después de ver que él no escuchó y continuó el camino del ayatola Jomeini al reprimir y matar a personas inocentes, corté mi relación con él”.
También señala que “me opongo a las acciones de mi hermano y expreso mi simpatía por todas las madres que lloran los crímenes del régimen de la República Islámica, desde la época de Jomeini hasta la era actual del califato despótico de Ali Jamenei. La Guardia Revolucionaria y los mercenarios de Ali Jamenei “deben deponer las armas lo antes posible y unirse al pueblo antes de que sea demasiado tarde. Que la lucha legítima del pueblo para lograr la libertad y la democracia se realice lo antes posible”. Esta carta fue publicada por su hijo Mahmoud Moradkhani actualmente en Francia.
La hija de Badri y sobrina de Jamenei, Farideh Moradkhani, fue detenida a finales de noviembre por criticar al líder iraní y la represión, permaneciendo en prisión en el pasado por su activismo contra la República Islámica. De igual manera, el marido de Badri, Ali Tehrani, ha sido encarcelado por largos periodos a causa de sus actividades contra el régimen.
El 17 de diciembre de 2022, la actriz y directora Taraneh Alidoosti fue apresada luego de hacer una denuncia pública a consecuencia de la ejecución de Mohsen Shekari. Previamente, el pasado 9 de noviembre, publicó una imagen en sus redes sociales, mostrándose sin pañuelo en la cabeza y sosteniendo un papel con el lema principal de las protestas: “Mujer, vida, libertad”. Taraneh Alidoosti aseguró que no abandonaría Irán y advirtió estar dispuesta a “pagar cualquier precio para defender mis derechos”.
Según las informaciones, fue acusada de “publicar contenido falso y distorsionado, incitar disturbios y apoyar movimientos anti-iraníes”. De hecho, ese día, las autoridades dieron a conocer que diversos personajes destacados habían sido interrogados o detenidos por realizar “comentarios sin fundamento sobre eventos recientes y por la publicación de material provocativo en apoyo de los disturbios callejeros”. El 4 de enero Taraneh Alidoosti fue puesta en libertad bajo fianza.
Dentro de la campaña de persecución y amedrentamiento, han sido arrestadas además tres mujeres periodistas en fechas recientes: Melika Hashemi, Saideh Shafií y Mehrnush Zareí, según informó el medio Etemad.
Este diario indicó que las tres detenidas han sido trasladadas a la prisión de Evin, lugar de reclusión de muchos de los que protestan. Shafií, periodista freelance y novelista, se le acusa de “propaganda contra el sistema”, según indicó, su marido, al medio online Khabar. No ha trascendido el motivo del arresto de Hashemi, que trabaja para el diario Shahr, ni de Zareí, que escribe para varias publicaciones reformistas. Al menos 92 periodistas han sido arrestados desde el comienzo de las protestas, de los cuales 47 han sido liberados bajo fianza.
Para concluir este análisis de las manifestaciones en Irán, hay que señalar que el régimen de los ayatolas a objeto de celebrar el 44 aniversario de la Revolución de 1979, decretó una amnistía que incluyó a muchas personas detenidas en las recientes protestas. La reacción de muchas de las mujeres liberadas fue tomarse fotos sin el velo y señalar que “primero reprimen, matan y detienen y luego quieren tender la mano y decir que estamos unidos.”
La juventud iraní en general duda sobre el futuro que les espera. Nada cambiará a corto plazo, considerando que existe un gran descontento en la población pero que muchos no se atreven a expresarse abiertamente. No obstante, hay quienes consideran que el régimen ha comenzado a sentir miedo luego de estas jornadas de protestas y necesita construir puentes, pero las heridas dejadas en los sectores más jóvenes parecen imborrables. Para ellos la experiencia de todos estos años de revolución ha sido mala y la solución de este conflicto solo puede resolverse a nivel interno cuando los diversos grupos opositores logren unificar criterios.
Cabe resaltar que figuras importantes, dentro del estamento religioso y con posiciones reformistas, como es el caso del ex Presidente Mohamed Jatami y del ex Primer Ministro Mir Hosein Musavi han manifestado que “la República Islámica está en un callejón sin salida.”
Según un artículo publicado en fecha reciente por Foreign Affairs “Washington y sus aliados deben idear una estrategia creíble para al menos frenar el giro de línea dura de Irán. Tal estrategia requerirá combinar amenazas y castigos con un diálogo sobre los peligros más urgentes que emanan de la República Islámica, incluido el papel de Irán en la guerra en Ucrania y la expansión del programa nuclear de Teherán. Europa y Estados Unidos deberían lanzar una iniciativa diplomática más amplia que vaya más allá de las conversaciones nucleares estancadas para abarcar Ucrania y los asuntos regionales. De lo contrario, la línea dura de Irán seguirá empujando al país en una dirección cada vez más peligrosa”.
Por su parte, el régimen chino ha enfrentado una situación similar a lo largo y ancho del país, a consecuencia de la política O Covid impuesta durante periodo significativo represando a los ciudadanos de numerosas ciudades en especies de guetos por tiempo indefinido. Sobresale la actitud reacia de las autoridades chinas de reconocer la naturaleza cambiante del virus, al considerar que podría vencerlo a través de medidas de contención extremas sin tomar en consideración el creciente descontento popular y aferrándose a procedimientos insostenibles, que tienen poca base científica.
Diversos estudiosos de la situación consideran que haber mantenido estas políticas, también han servido para poner en riesgo la economía de China, dañando uno de los pilares que sustentan la legitimidad del régimen: su reputación de buena gestión económica, e incluso su estabilidad social.
El detonante en este caso fue el fallecimiento de varias personas en la ciudad de Urunqi, capital de la provincia de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, una de las cinco regiones autónomas de la R.P. China, a causa de un incendio en un edificio en cuarentena.
Sin embargo, desde hace más de tres años las restricciones habían provocado frustraciones y quejas en diferentes partes del país. La actitud intransigente del gobierno nacional fue de tal magnitud que luego del terremoto de Chengdu, no permitieron que los habitantes huyeran de sus casas. Por su parte, el confinamiento en Shanghái fue tan estricto que restringió la adquisición de comida y otros productos básicos, llevando a los 26 millones de residentes a encontrase repentinamente bajo el estricto bloqueo, por más de seis semanas.
Estas recientes manifestaciones han atraído el interés de la comunidad internacional por las repercusiones que podrían significar para el devenir de un Xi Jinping relegido para su tercer mandato durante el XX Congreso del Partido Comunista chino, en octubre pasado. Muchos esperaban que anunciara un cambio radical de la política de Covid 0. Sin embargo, estas expectativas se vieron frustradas a consecuencia de la designación de Li Qiang como su número dos en la jerarquía, quien estuvo a cargo del duro confinamiento puesto en práctica en Shanghái.
Es importante mencionar que las autoridades de cada provincia tenían ordenes de imponer cuarentenas si se detectan casos de Covid 19 aunque fuesen escasos. En consecuencia, la población debía hacerse permanentemente exámenes para poder tener libertad de movimiento. Estas medidas incluían disponer de un código QR con un sistema de colores: los de color verde podían hacer una vida normal, pero en caso de modificarse estaban obligadas a entrar en el grupo de los restringidos.
Alrededor de 45 ciudades, casi el 30 por ciento de la población y el 40 por ciento de su PIB anual, fueron bloqueadas total o parcialmente. En algunas zonas rurales, se prohibió la entrada de no residentes a las aldeas; los agricultores necesitaban solicitar permiso para ir a sus campos.
La creciente desconfianza y descontento con las políticas COVID han contribuido a una crisis de credibilidad del gobierno, reconocido incluso por el propio Xi Jinping, debido a la incapacidad de aplacar a la sociedad china, lo que se considera el preludio de la pérdida de “la base, el estatus y la autoridad gobernante del PCCh”. Desde hace cierto tiempo, se consideraba que, si la administración central pierde la confianza y el apoyo de la población en este tema fundamental, en un momento en que la propia economía china sufre continuos impactos de bloqueo, un régimen que ha disfrutado del reconocimiento por su eficiencia tecnocrática pronto, podría enfrentar una creciente crisis de legitimidad.
Es evidente que esta política, aceptada al comienzo de la pandemia, después de más de tres años comenzó a desatar la angustia que se volviera permanentes, causando un mayor temor que el mismo virus. Hasta ahora, casi todas las protestas se habían limitado a problemas locales como la contaminación o el impago de salarios. Por el contrario, las más recientes cobraron fuerza durante el último año y cada vez más están dirigidas contra el propio Xi. Estas manifestaciones públicas, comenzaron a fines de 2021 en Xi’an y luego se extendieron a Shanghái durante el cierre prolongado de esa ciudad en la primavera.
No hay duda que es un gran reto el que enfrente el gobierno del Partido Comunista Chino a consecuencia de estas manifestaciones en las que se han expresados canticos de fuera Xi Jinping. Durante cierto tiempo el gobierno subestimó el descontento de la población en relación a la política de Covid 0, considerada como una política fundamental de su administración. Estas manifestaciones de descontento han tenido como símbolo hojas en blanco, ya que es la única manera de protestar contra el gobierno, debido a que en China están prohibidas las critica directas.
Ante el incremento de las protestas a nivel nacional, las autoridades se vieron obligadas a comenzar a levantar las severas medidas de confinamiento. Desafortunadamente para la administración de Xi Jinping ya se ha producido un punto de quiebre, a lo que hay que agregar que pesar de dichas restricciones la R.P. China sigue registrando altos niveles de contaminación estimados en más de 46 mil personas diarias. De acuerdos a informaciones internacionales más de 60 mil personas han fallecido mensualmente desde que se levantaron las restricciones de la política Covid O.
Las causas que han conducido a esta situación son de diversas índoles comenzando por la negativa del gobierno de importar vacunas extranjeras y permitir solo las de fabricación local. Se estima que el bloqueo no sirvió para remediar una de las mayores vulnerabilidades de país: su incapacidad para vacunar adecuadamente su población anciana y en riesgo. Durante casi dos años, el gobierno no priorizó la vacunación de los ancianos debido a la escasez de datos clínicos sobre posibles efectos secundarios en este grupo.
Las restricciones han afectado, de igual manera, a la economía del país. Diversos informes consideran que la segunda economía mundial podría haber entrado en una etapa de desaceleración con consecuencias impensables. El Fondo Monetario Internacional redujo el pronóstico de crecimiento de China, por segunda vez este año, a 4,4 por ciento, muy por debajo del objetivo de 5,5 por ciento del PCCh.
Algunos observadores presentan una imagen aún más sombría, al señalar que la economía china se encuentra actualmente “en la peor forma de los últimos 30 años”. Daniel Rosen señaló que no se debe descartar este año un “crecimiento cero o incluso una contracción económica”. A su vez, Stephen S. Roach, economista de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, declaró que “el colchón de China se ha desinflado” y que “el mundo ya no puede confiar en China como fuente de resiliencia”.
Al igual que la Rusia de Putin, la China de Xi parece estar atrapada en lo que un periodista denominó recientemente un “círculo de retroalimentación autoritario”, en el que un líder aislado y de larga data está rodeado de asesores que no tienen interés en cuestionar sus puntos de vista. De hecho, incluso cuando los bloqueos están minando la economía de China, Xi ha dicho a los funcionarios que se aseguren que China supere a Estados Unidos en crecimiento del PIB este año. Como sugirió un asesor anónimo de política gubernamental en el Financial Times, “hacer que el máximo responsable de la toma de decisiones de China comprenda que el bloqueo de Shanghái fue contraproducente e insostenible se ha convertido en un desafío clave para el sistema”.
La rigidez en las altas esferas del poder dificultó la toma de decisiones en los estratos más abajo en la estructura política china. En ausencia de un debate político abierto dentro del gobierno central, fue esencial para que existiera cada vez más presión sobre los funcionarios locales para que continuaran de manera un tanto fanática una política de cero COVID, sin importar los costos sociales y económicos.
El criterio que prevaleció entonces fue que en vez de poner en práctica dicha política lo que se debió llevar a cabo fue la construcción de un mayor número de UCI y una mayor campaña para incrementar las tasas de vacunación. Por el contrario, lo que se puso en práctica fue un incremento de la cantidad de exámenes y casas de reclusión para los contaminados.
Ante esta situación, China parece más inestable que en cualquier momento de los diez años del gobierno de Xi Jinping. Para el 29 de noviembre pasado, después de un fin de semana en el que sectores populares dirigió abiertamente su descontento contra los líderes del país se utilizó la fuerza pública en Beijing, Shanghái y otras ciudades para restablecer el orden arrestar a los manifestantes y tratar de sofocar el movimiento. Pero a medida que el gobierno reafirma el control, ahora también debe lidiar con el cuestionamiento surgido respecto a la capacidad no solo de los funcionarios locales sino también del liderazgo de Xi lo que ha llevado a plantearse si ha perdido el respaldo de la calle.
Muchos ciudadanos chinos desean volver a una vida normal durante la cual se podían movilizar libremente e incluso viajar al extranjero de vacaciones, una época en la que los pasaportes se emitían automáticamente, el turismo extranjero era bienvenido y China parecía tener vínculos estrechos con el resto del mundo. Un ejemplo de ello, es el marcado contraste entre los Juegos Olímpicos de 2008, considerados un verdadero evento de emoción y diversión, en contrate con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 desarrollados en condiciones de confinamiento extremo.
Pero el problema es que tal cambio aún dejaría sin resolver la situación social y económica prevaleciente de China. El pueblo chino espera que el país siga creciendo de manera continua, esperando una prosperidad cada vez mayor. Sin embargo, se considera que eso sería difícil incluso bajo un liderazgo más competente, y especialmente improbable bajo el actual de Xi Jinping.
En la década de 1990, muchas de estas familias se beneficiaron con la política del estado de privatizar las viviendas. Dos décadas más tarde, la situación ha dado un vuelco radical y ahora es difícil para los jóvenes imaginarse pagar las sumas astronómicas que se requieren para poseer un apartamento dentro del núcleo urbano de la mayoría de las ciudades chinas. Mientras tanto, la tasa de desempleo de China entre los 16 y los 24 años se ha disparado a más del 18 por ciento.
Por otra parte, según publicaciones internacionales, “China se enfrenta a una aguda crisis educativa que ha dejado a grandes sectores de la población inadecuadamente preparados para el futuro. Más de la mitad de la población de China proviene de áreas rurales donde existen escuelas de segunda categoría y en gran medida se les impide seguir una educación universitaria. Además, muchos de los trabajos no calificados con los que estas personas alguna vez pudieron contar han sido reemplazados por la automatización o subcontratados a otros países”.
Otros problemas estructurales incluyen el crecimiento impulsado por la deuda, una población que está envejeciendo incluso más rápido de lo que se suponía y una economía cada vez más controlada por el Estado en la que las empresas estatales absorben enormes cantidades de capital.
En conjunto, estos problemas han supuesto un fuerte peso para la economía, lo que ha obstaculizado cada vez más la movilidad ascendente de muchos chinos. Sin embargo, la mayoría de la población probablemente no lo ve de esta manera, porque muchos de estos proyectos impulsados por el estado se aceptan como parte de la posición que el país debe ocupar en la escena mundial.
El desencadenante de estos acontecimientos en Irán y China han conseguido el respaldo especialmente en los sectores juveniles de la población y por primera vez en ambas situaciones se han oído expresiones de rechazo dirigidas directamente contra los mandatarios de ambos países.
Ambos casos sirven para señalar que una de las situaciones más comprometedoras que enfrentan este tipo de regímenes es aquella en la que la población se siente con el suficiente arrojo como para enfrentar las represalias de sistemas que no permitieron durante mucho tiempo ningún tipo de disidencia y menos manifestaciones de carácter público.
En conclusión, las acciones llevas a cabo en diversos puntos de la comunidad internacional por la sociedad civil constituyen focos de una permanente preocupación por parte de estados totalitarios al igual que de estados democráticos que tratan de aplacar la toma de las calles por la sociedad civil que lucha por sus derechos civiles y económicos que es lo se está viendo España, Francia, Perú, Israel y Venezuela.
No se debería descarta que en Turquía se produzcan manifestaciones debido a como el Presidente Recep Erdogan está manejando la situación de toda aquella inmensa población que se ha quedado prácticamente a la intemperie después de los recientes terremotos y que pondría en peligro se reelección en las elecciones programadas para el próximo mes de mayo. Según cifras no oficiales, medio millón de desplazados, procedentes de las 10 provincias más afectadas han comenzado dirigirse hacia las principales ciudades turcas en el occidente del pais. En Siria la situación es diferente debido a que las zonas más afectadas no están bajo el control del dictador Bashar al-Ásad.
En Israel ante la actitud del Primer Ministro Benjamin Netanyahu de imponer una reforma judicial considerada por sectores importantes de la población como “insalvable deriva autoritaria” se han producido, desde prácticamente su reelección, protestas permanentes por medio de marchas que interrumpen el tráfico de las principales vías de acceso a Tel Aviv.
Finalmente, hay que mencionar las acciones que se comienzan a realizar en Venezuela por parte de los maestros y diversos sectores de la administración pública en favor de mejoras salariales, las cuales seguirán tomando auge ante la indiferencia del gobierno de Nicolas Maduro que trata de paliar la situación con bonos de hambre y la propaganda del estado haciendo creer que “Venezuela se arregló.”
Abraham de J. Clavero Toro
- Egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV 1972.
- Estudios de Posgrado en Fletcher School Law and Diplomacy, Boston, Massachusetts 1976-1978.
- Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores 1981- 2007 (R.P. China, Indonesia, Arabia Saudita, Marruecos y República Islámica de Irán).
- Jubilado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Internacionales con el rango de Embajador 2008.
- Profesor en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María desde 2010
Twitter @Abrasof2320