Juan Francisco Contreras

Cuando la diplomacia pierde su esencia y el deterioro del servicio exterior venezolano

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La detención en España de antiguos funcionarios de la representación diplomática venezolana, vinculados según las informaciones publicadas a una investigación por tráfico de cocaína, no debería ser vista únicamente como un episodio policial. Es, sobre todo, una señal profundamente preocupante sobre el deterioro de la función diplomática venezolana y sobre la manera en que se ha entendido la representación del Estado en el exterior.Las autoridades españolas mantienen la investigación bajo secreto de sumario, por lo que corresponde respetar plenamente la presunción de inocencia y el debido proceso. Sin embargo, los hechos conocidos son suficientemente graves como para abrir una discusión que va mucho más allá de las personas investigadas. En septiembre de 2026 fueron detenidos en España José Rafael Escorihuela Pereira y Kelvin Jesús Matos Pérez en el marco de una investigación relacionada con la incautación de 50 kilos de cocaína en Madrid. Medios españoles y venezolanos han informado que ambos habían desempeñado funciones en la representación venezolana en España; Matos figuraba además en registros oficiales españoles como Primer Secretario.La pregunta que debemos hacernos es incómoda, pero necesaria: ¿cómo llegaron personas vinculadas a una representación diplomática de Venezuela a estar relacionadas con un asunto de esta naturaleza? Ser diplomático no significa simplemente ocupar una oficina en una embajada, utilizar pasaporte diplomático o asistir a recepciones oficiales. La diplomacia es una profesión y, sobre todo, una responsabilidad.La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que las misiones diplomáticas tienen, entre otras funciones, representar al Estado, proteger sus intereses y los de sus nacionales, negociar con el Estado receptor, informar a su gobierno por medios lícitos y promover relaciones amistosas.Detrás de cada funcionario diplomático debería existir una carrera profesional, una formación especializada y una comprensión profunda de lo que significa representar a millones de ciudadanos.Por eso resulta particularmente grave que personas que no cuentan con la preparación, experiencia y trayectoria propias del servicio exterior puedan terminar ocupando posiciones desde las cuales hablan y actúan en nombre de Venezuela.El problema no es solamente quién ocupa un determinado cargo. El problema es qué concepto de diplomacia se está transmitiendo al mundo. Del servicio exterior a la política de cuotasDurante décadas, Venezuela construyó un servicio exterior profesional con diplomáticos de carrera que pasaron buena parte de su vida preparándose en relaciones internacionales, derecho internacional, negociación, protocolo, idiomas y análisis político.Esa tradición no era un lujo burocrático. Era una herramienta de Estado.Un diplomático venezolano debía comprender que, independientemente del gobierno de turno, estaba representando a la República.La politización extrema del servicio exterior ha contribuido, sin embargo, a desdibujar esa frontera. Cuando la lealtad política, las relaciones personales o la cercanía con determinados grupos pesan más que la preparación profesional, la diplomacia deja de ser una política de Estado y comienza a convertirse en una extensión del poder de turno. No todos los funcionarios son diplomáticosConviene hacer una distinción importante.Una persona puede ser designada por un gobierno para ocupar un cargo en una embajada y, jurídicamente, formar parte de una misión diplomática. Pero eso no significa necesariamente que posea la formación profesional, la experiencia y la cultura de servicio público que históricamente han caracterizado a un diplomático de carrera. Esta diferencia es fundamental.Un verdadero diplomático entiende que representa a Venezuela, no a un partido, una familia, un grupo económico o un gobierno circunstancial.Sabe que detrás de su comportamiento está el prestigio de una nación.Por eso, cuando un funcionario acreditado en el exterior aparece involucrado en un escándalo de esta magnitud, el daño no queda limitado a su persona. Afecta la credibilidad de toda la representación venezolana. El daño también lo pagan los diplomáticos honestos Mientras algunos funcionarios aparecen vinculados a investigaciones de esta naturaleza, existen diplomáticos venezolanos de carrera que durante años han servido al Estado en condiciones difíciles y que han mantenido una conducta profesional.Son ellos quienes terminan pagando también el costo de la pérdida de reputación.Un funcionario que ha dedicado veinte o treinta años al servicio exterior puede encontrarse de repente teniendo que explicar ante colegas extranjeros una conducta con la que no tiene ninguna relación.La conducta individual de quienes sean finalmente responsables no puede convertirse en una condena colectiva contra todos los venezolanos que trabajan en la diplomacia.Precisamente por eso resulta indispensable recuperar la profesionalización del servicio exterior. España y Venezuela: una relación que merece respetoEspaña no es un escenario cualquiera para Venezuela. Los vínculos históricos, humanos, culturales, económicos y familiares entre ambos países son extraordinariamente profundos. Millones de venezolanos tienen algún vínculo con España y miles de españoles mantienen relaciones personales y económicas con Venezuela.Por ello, cada actuación de un funcionario venezolano en Madrid tiene una dimensión adicional.No solo está en juego la relación entre dos gobiernos. Está también la imagen de Venezuela ante una sociedad que conoce profundamente nuestra realidad.El comportamiento de quienes representan a Venezuela en España debería contribuir a fortalecer esa relación, no a deteriorarla. La verdadera preguntaMás allá de lo que determine la justicia española, existe una responsabilidad política e institucional que no puede desaparecer detrás de un expediente judicial.¿Quién seleccionó a esas personas? ¿Qué antecedentes profesionales tenían? ¿Qué controles existían? ¿Qué mecanismos de supervisión funcionaban?Y, sobre todo: ¿qué ocurrió con el principio de que representar a Venezuela en el exterior debe ser una responsabilidad reservada a personas preparadas para ejercerla? Porque el problema no es únicamente el posible comportamiento ilícito de determinados individuos. El problema es el sistema que permitió que personas cuestionadas pudieran llegar a ocupar posiciones desde las cuales tenían acceso a los símbolos, recursos y representación de la República. Recuperar la diplomacia como política de EstadoVenezuela necesitará, tarde o temprano, reconstruir sus instituciones, esa reconstrucción tendrá que incluir necesariamente al servicio exterior.Será necesario recuperar la carrera diplomática, establecer criterios profesionales de ingreso y ascenso, fortalecer los mecanismos de control y evaluación y separar la representación del Estado de la militancia política. La diplomacia venezolana necesita volver a ser una profesión de Estado, como lo fue durante la democracia.Porque Venezuela no necesita funcionarios que simplemente ocupen embajadas. Necesita diplomáticos que entiendan y sepan representar a

Ronald Peña R. | Imagen propiedad de: EFE

Venezuela vive la mayor crisis humanitaria de su historia

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Foto cortesia de EFE La zona centro norte costera de Venezuela, sufrió el pasado 24 de junio el devastador doble terremoto de magnitudes 7.5 y 7.2. La catástrofe, ocasionó daños en muchas regiones, sin embargo, las zonas más afectadas son La Guaira y Caracas. Hasta ahora el saldo ofrecido por las fuentes oficiales ya supera los 4.829 muertos, así como, miles de heridos y decenas de miles de personas desaparecidas, estas cifras que no se corresponden con lo que se observa en el área del desastre. A medida que se va conociendo de forma detallada la situación posterior a los sismos, se pone de manifiesto la premura necesaria para atender la tragedia en los siguientes aspectos: • Población Afectada: Hay estimaciones que señalan que el número total de afectados directos e indirectos podría escalar hasta los siete millones de personas, a los cuales hay que dar respuestas concretas. • Refugios de Emergencia: El Estado mantiene activos al menos 108 campamentos que albergan a cerca de 20.000 refugiados que perdieron la totalidad de sus viviendas, sin embargo, hay zonas en el interior del país, donde todavía no ha llegado ayuda. • Colapso Sanitario: Los centros de salud, que operaban al límite de sus capacidades antes del 24 de junio, se encuentran desbordados y requieren dotación urgente de insumos médicos y quirúrgicos masivos. • Vulnerabilidad Infantil: De acuerdo con reportes de UNICEF, aproximadamente 3.9 millones de niños, niñas y adolescentes habitan en las zonas de desastre. Enfrentan severas carencias de agua potable, alimentos y sistemas de protección frente a riesgos de separación familiar u orfandad. • Colapso de Infraestructura: El desplome de más de 180 grandes edificaciones residenciales y los severos daños estructurales en cientos de condominios, situación que requerirá proyectar y construir viviendas y edificaciones para al menos 25.000 nuevas viviendas en planicies seguras. En cuanto a las edificaciones dañadas total o parcialmente, se va a requerir un plan extraordinario de apoyo a los damnificados, a través de subsidios directos a juntas de condominio y la habilitación de terrenos en zonas estables de La Guaira y otras regiones afectadas, para intentar mitigar el déficit habitacional. • Pérdidas Materiales: Algunos economistas, en cálculos preliminares,  estiman que el costo directo del desastre natural supera los 37.000 millones de dólares. Esto podría provocar una contracción de hasta el 6% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ante esta situación, la población venezolana se encuentra en una lamentable situación de vulnerabilidad, producto del colapso institucional, de la salud, de la educación, de los servicios públicos que se vive en el País, desde hace más de dos décadas. así que los terremotos, han traído como consecuencia el agravamiento de la “Crisis Humanitaria Compleja”, que ya se vivía antes del 24 de junio. La respuesta a la tragedia por parte del “gobierno socialista” se basó en mantener el control de la población; mientras que la mayoría de los afectados se vieron imposibilitados de lograr la ayuda necesaria para rescatar a sus familiares y amigos, a pesar de la rápida y eficiente ayuda de los rescatistas internacionales, también se ha violado el derecho irrenunciable a sepultar a sus seres queridos. Milagrosamente, han aparecido informaciones y videos en las redes sociales, sobre el rescate de personas vivas bajo los escombros, después de transcurridos más de dos semanas de los terremotos del 24 de junio, de lo cual se infiere que de haberse producido una respuesta rápida y coordinada se pudo haber rescatado con vida, un mayor número de personas atrapadas bajo los escombros. Como en anteriores ocasiones, la opacidad en la información y los registros oficiales, como el caso de las cifras reales de víctimas o de desaparecidos, no se trata de un error logístico, es el reflejo de un sistema que teme asumir la magnitud real de una catástrofe natural, que la corrupción, la falta de respuesta, de mantenimiento y/o infraestructura resistente a los sismos, multiplicó. De igual forma es importante señalar que la diáspora en muchos países, y poblaciones grandes y pequeñas, donde existen organizaciones venezolanas, se movilizo y organizo rápidamente para recolectar centenares de toneladas de medicamentos e insumos para enviar a Venezuela, sin embargo, el gran reto ahora, consiste en que esa ayuda llegue a los que realmente lo necesitan y no se desvíe o se quede en el camino, producto de la arbitrariedad de algunos funcionarios públicos. Como resultado de la tragedia, se ha comenzado un debate político sobre el modelo de gobernanza necesario para administrar la crisis, La reconstrucción de Venezuela, requiere un gran consenso nacional, no puede ser realizada por los mismos responsables que generaron la situación actual, Esta tragedia debe iniciar la reconstrucción no solo desde el punto de vista de la infraestructura física y de los servicios públicos, sino del cambio moral y político que el país requiere. Juan Francisco Contreras Arrieche Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

¿Nuevas Cruzadas?

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El peligro de convertir la geopolítica en “Guerra Santa” El reciente conflicto de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, no solo es una crisis militar más en Oriente Medio; es también una especie de espejo donde se reflejan viejas narrativas, miedos y simplificaciones que en pleno siglo XXI, siguen moldeando la política internacional.En la historia hay palabras que no desaparecen del todo. Solo esperan el momento preciso para regresar, tal es el caso del significado de la palabra “Cruzada”. Aunque en la actualidad esta palabra no forma parte de los comunicados oficiales que se han emitido en este conflicto, su significado, está implícito en el lenguaje, en los discursos, en que ambas partes se refieren al enemigo.Cuando observamos el enfrentamiento entre Israel y Estados Unidos, quienes se presentan como defensores de los principios y valores de “la civilización occidental” y por la otra parte Irán y sus aliados (Hezbolah en el sur del Líbano y los Huties en Yemen), quienes asumen los principios y valores de “la civilización Islámica”. Surge, como consecuencia, la pregunta: ¿estamos viendo una guerra estratégica o el resurgimiento de la lógica de cruzada en pleno siglo XXI?Hoy, resulta muy obvio observar paralelismos discursivos. Cuando revisamos la historia universal, nos encontramos que en los siglos XI y XIII, se produjeron las llamadas Cruzadas, enfrentamientos bélicos entre cristianos y musulmanes, las cuales fueron justificadas como luchas sagradas, inevitables y existenciales. Al analizar lo que ocurre hoy en el Medio Oriente, encontramos que existen argumentaciones algo similares.Si analizamos el llamado del papa Urbano II en el año 1095 vemos que no solo apelaba a la fe cristiana, sino también a una narrativa de amenaza existencial: del “otro” (los musulmanes), los cuales, no solo ocupaban los territorios santos del cristianismo, sino que representaba un peligro para la existencia de toda la cristiandad. Sin embargo, detrás de ese lenguaje religioso también se escondían intereses muy concretos: control de rutas comerciales, territorios estratégicos y legitimidad política de Europa.En la actual situación, el llamado al conflicto no proviene del Vaticano, ni siquiera de Europa, sino de una parte de los herederos de la civilización judeo-cristiana. Para algunos analistas, las posiciones asumidas por los actores en conflicto recuerdan peligrosamente a las Cruzadas Medievales, Sin embargo, es relevante señalar, que, en teoría, el actual conflicto tiene menos que ver con religión que con otros aspectos como:• El control regional del poder en Oriente Medio y la influencia en la geopolítica global,• La seguridad y estabilidad energética global (particularmente en el transito e hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz),• El desequilibrio militar en la región producto de la posibilidad que Irán desarrolle armamento nuclear, La religión como el lenguaje; el poder, el verdadero motor. Es importante conocer la historia como advertencia, no como destino determinante, es por esta razón, que el estudio de las Cruzadas nos enseña algo fundamental: los conflictos más devastadores suelen justificarse con grandes relatos morales o civilizatorios, basados en la fe religiosa (la lucha contra “los infieles”), que es un elemento que eleva la dimensión del problema.Hoy, el conflicto bélico entre Israel y Estados Unidos contra Irán y sus aliados, parece repetir ese recurrente patrón. No se declara como guerra religiosa, pero se construye en términos que evocan una lucha entre modelos de civilización: democracia versus teocracia, el mundo judeo-cristiano Occidental versus mundo islámico, el orden versus el caos. Samuel Huntington y la posibilidad que su profecía se cumplaCuando Samuel P. Huntington planteó el “choque de civilizaciones”, ofreció una narrativa seductora por su simplicidad: el mundo dividido en bloques culturales enfrentados de manera casi inevitable. En 1996, “The Clash of Civilizations”, propuso una idea tan influyente como polémica: los conflictos del futuro no serían ideológicos (Como la gran mayoría en el siglo XX), ni económicos, sino culturales. Según Huntington, el mundo se dividiría en grandes bloques civilizatorios, el occidental, el islámico, el confuciano, entre otros. cuyas diferencias serían irreconciliables.En el conflicto actual, existen elementos que permiten señalar que por los momentos no estamos en una guerra entre “Occidente” y “el Islam”. Cómo ejemplo, podemos señalar:1- Las alianzas que existen entre Estados Unidos y varios países musulmanes;2- Israel representa una fracción muy minoritaria de Occidente;3- La no participación directa de Europa en el conflicto;4- Las divisiones internas dentro del propio mundo islámico (Chiitas y Sunitas), Irán representa a los Chiitas, que son un sector minoritario del mundo Islámico5- Finalmente, la democracia en los Estados Unidos no representa una civilización homogénea.Sin embargo, la preocupación surge, cuando algunos actores políticos comienzan a actuar como si Huntington tuviera razón y su teoría deja de ser un análisis académico, pudiendo convertirse en una guía de acción. De Jerusalén a Teherán: paralelismos incómodosEl enfrentamiento que se produjo en las Cruzadas no fue solo guerras santas; fueron procesos de deshumanización. La contraparte no era un adversario político al que había que vencer, sino un enemigo de la fe, alguien a quien no se le reconocía legitimidad, ni humanidad plena, así que por seguridad y para cada civilización logre sobrevivir, había que eliminar a “la otra”.Hoy vemos ecos de esa lógica, a través de:• Discursos que presentan al adversario como una amenaza absoluta,• Justificaciones morales para realizar ataques preventivos contra enemigo,• La narrativa donde negociar la convivencia, parece una forma de debilidad.El reciente ataque de Israel y Estados Unidos contra objetivos estratégicos en Irán, seguido de respuestas militares en cadena, no puede entenderse únicamente como una operación táctica. Es también un acto cargado de simbolismo: la idea de neutralizar un “peligro civilizatorio”, para garantizar la sobrevivencia.Del lado de Teheran, la respuesta tampoco es solo militar, utiliza también el tema económico como un recurso estratégico, ya que está consciente que la desestabilización de los recursos energéticos afecta a la comunidad internacional. Esto se constituye en una especie de resistencia frente a una agresión externa, casi como una defensa histórica frente a invasiones recurrentes de “los infieles”, además de intentar erigirse como el defensor de la civilización islámica. Los representantes de Occidente (particularmente Estados Unidos) suelen justificar sus

Venezuela: el dilema de la Soberanía y la Responsabilidad de Proteger

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Durante siglos, la soberanía ha sido uno de los pilares del orden internacional. Jean Bodin, en el siglo XVI, la definía como el poder absoluto y perpetuo del Estado; más tarde, la Paz de Westfalia (1648) la consolidó como el derecho exclusivo de cada Estado a gobernar su territorio sin interferencias externas. Esta idea permitió construir estabilidad internacional, pero también dejó una pregunta sin responder: ¿qué ocurre cuando ese poder se ejerce contra la propia población?.Max Weber aportó otra clave fundamental al definir al Estado como quien detenta el monopolio legítimo de la violencia. La palabra “legítimo” no es menor. Cuando el uso del poder se divorcia del bienestar ciudadano, la soberanía deja de ser un principio jurídico y se transforma en una herramienta de dominación.Tras las tragedias del siglo XX, Hannah Arendt advirtió que el mayor fracaso del sistema internacional era permitir que millones de personas quedaran sin protección precisamente por estar bajo la autoridad de un Estado. De esa reflexión surge, décadas después, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), impulsada por autores como Gareth Evans y asumida por la ONU en 2005: la soberanía no es solo control territorial, no es una licencia para cometer delitos contra la población, sino responsabilidad frente a la vida y la dignidad de la población.Venezuela encarna de forma dolorosa este debate. En nombre de la soberanía, el poder ha rechazado informes internacionales sobre la violación de los Derechos Humanos, sobre la corrupción y el aumento de la pobreza en la población, sobre ayuda humanitaria independiente y sobre mecanismos de rendición de cuentas y el irrespeto a los resultados electorales, entre otros. Sin embargo, cuando vemos que más de nueve millones de venezolanos han tenido que abandonar el país para sobrevivir. Cuando un Estado no protege, expulsa; cuando no garantiza los derechos de su población, cuando obliga al exilio. Esa es la señal más clara de que la soberanía ha dejado de cumplir su función esencial.Desde la lógica de la Responsabilidad de Proteger (R2P), lo sucedido en Venezuela no es un caso de intervención militar para violar la soberanía, pero sí un ejemplo evidente de fracaso en la responsabilidad primaria de los gobernantes de un Estado. El problema no es la soberanía en sí, sino su uso como escudo para justificar la represión, el empobrecimiento y el silencio internacional. En la Constitución Venezolana en su artículo No. 5, se establece que “la soberanía reside en el pueblo” y no en sus gobernantes, mucho menos cuando los mismos no cumplen con sus responsabilidades y solo buscan someter a la población por la vía de la fuerza.La dificultad de la implementación del R2P, en las circunstancias actuales de cambios profundos en el sistema internacional, las críticas formuladas a la R2P no son infundadas. Autores como Noam Chomsky han señalado su aplicación selectiva y su instrumentalización geopolítica. Pero reconocer esa hipocresía no puede llevar a la indiferencia moral. Callar ante el sufrimiento humano también es una forma de tomar partido, y colocarse del lado del opresor, como bien lo señalo el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En otras palabras, en estos casos el silencio se convierte en complicidad.Como en su momento, el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló “la soberanía no puede ser un privilegio de los gobernantes frente a los gobernados. Un Estado que invoca la soberanía mientras abandona a su pueblo no la defiende: la vacía de contenido”.Finalmente, en tiempos de crisis global, la pregunta ya no es si la soberanía debe ser respetada, sino si puede seguir siendo utilizada como excusa frente al dolor de millones. Porque una soberanía sin pueblo no es autodeterminación: es poder sin legitimidad. Juan Francisco Contreras Arrieche   Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org  @jfca

Estados fallidos en América Latina: cuando el fracaso no se nombra

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En América Latina existe una palabra incómoda que muchos gobiernos, analistas y dirigentes políticos prefieren evitar: fracaso. Sin embargo, cuando el Estado no logra garantizar seguridad, justicia, servicios básicos ni oportunidades, el problema deja de ser semántico y se convierte en una realidad cotidiana. Hablar de Estados fallidos en la región no es una exageración alarmista, sino una forma de describir procesos de deterioro institucional que llevan años gestándose y que hoy afectan directamente a millones de personas.El concepto de Estado fallido suele asociarse a escenarios extremos, como guerras civiles o colapsos totales del poder público. Pero en América Latina el fenómeno adopta una forma más sutil y, precisamente por ello, más peligrosa: Estados que existen en el papel, celebran elecciones (muchas veces amañadas) y aprueban leyes, pero que son incapaces de ejercer autoridad efectiva, proteger a sus ciudadanos o garantizar derechos básicos, por lo general se convierten en Estados represores. El resultado es un Estado presente en los discursos, pero ausente en la vida real.Estados que prometen, pero no cumplenLa mayoría de los países latinoamericanos se han aprobado constituciones ambiciosas y marcos legales avanzados. El problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento sistemático. La ley se aplica de forma selectiva, la justicia llega tarde o no llega, y los servicios públicos funcionan de manera precaria o desigual. En muchos territorios, el Estado ha sido reemplazado por actores informales o abiertamente criminales que imponen reglas, cobran “impuestos” y ofrecen una falsa sensación de orden.Países como Venezuela, Cuba y Haití representan los casos más extremos de este deterioro, pero no son los únicos. Nicaragua, Honduras y Guatemala muestran signos claros de erosión institucional, mientras que El Salvador plantea un debate incómodo: ¿es posible recuperar el control del territorio sacrificando garantías democráticas? La región parece atrapada entre la inacción estatal y soluciones autoritarias que prometen resultados rápidos a costa de derechos.La desigualdad como acelerador del colapsoAmérica Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, y esa desigualdad es uno de los principales motores de la fragilidad estatal. Cuando millones de personas quedan excluidas del acceso a educación, salud y empleo digno, el contrato social se rompe. El Estado deja de ser visto como un garante de derechos y pasa a percibirse como un actor distante, irrelevante o en algunos casos directamente hostil.En este vacío florecen la informalidad, el clientelismo y las economías ilegales. La violencia se normaliza y deja de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano. No se trata solo de homicidios o enfrentamientos armados, sino de una violencia estructural que se expresa en impunidad, discriminación y abandono estatal. Violencia, miedo y territorios sin ley Uno de los indicadores más claros del fracaso estatal es la pérdida del control territorial. En numerosas zonas urbanas y rurales, el Estado comparte —o ha cedido— el poder con pandillas, narcotraficantes y otros grupos armados. Estos actores no solo ejercen violencia, sino que regulan la vida diaria de comunidades enteras, deciden quién puede trabajar, circular o incluso vivir en determinados lugares.Ante esta situación, muchos gobiernos optan por la militarización como respuesta. Aunque estas políticas pueden reducir ciertos indicadores de violencia en el corto plazo, rara vez atacan las causas profundas del problema. Sin reformas institucionales, inclusión social y oportunidades económicas, la violencia simplemente cambia de forma o se desplaza a otros territorios. Migrar como última opciónCuando el Estado fracasa, la migración se convierte en una estrategia de supervivencia. Millones de latinoamericanos han abandonado sus países no por elección, sino por necesidad. Huyen de la violencia, de la pobreza y de Estados incapaces de ofrecer un futuro. Esta migración masiva no solo evidencia el colapso interno, sino que genera tensiones regionales y pone a prueba la solidaridad entre países.Paradójicamente, la salida de población activa y capacitada debilita aún más a los Estados de origen, creando un círculo vicioso del que resulta cada vez más difícil salir.Economías frágiles, Estados sin recursosEl fracaso estatal también tiene una dimensión económica. Muchos países de la región dependen casi exclusivamente de la exportación de materias primas, lo que los hace vulnerables a los vaivenes del mercado internacional. Sin una base productiva diversificada, el Estado carece de recursos suficientes para sostener políticas públicas de calidad.El deterioro de servicios básicos como la salud, la educación o el transporte no es una consecuencia accidental, sino el resultado directo de Estados sin capacidad fiscal ni voluntad política. La expansión de la economía informal y de actividades ilegales termina por cerrar el círculo: menos ingresos, menos Estado y más poder para actores que operan al margen de la ley.¿Reconstruir o resignarse?Aceptar la fragilidad estatal como algo inevitable es una forma de renuncia política. Salir de esta situación exige algo más que discursos o medidas de emergencia. Requiere reconstruir instituciones, garantizar la independencia judicial y combatir la corrupción de manera real, no simbólica. También implica enfrentar la desigualdad con políticas de inclusión sostenidas y transformar economías que hoy generan exclusión en lugar de oportunidades.La cooperación regional y el apoyo internacional pueden ser herramientas útiles, pero no sustituyen la responsabilidad de las élites políticas nacionales. Sin voluntad política y presión ciudadana, cualquier intento de reforma será superficial.Un problema que ya no puede ignorarseHablar de Estados fallidos en América Latina incomoda porque obliga a señalar responsabilidades. Pero ignorar el problema no lo hace desaparecer. La fragilidad estatal no solo amenaza la estabilidad interna de los países afectados, sino que tiene efectos regionales en términos de migración, seguridad y gobernabilidad democrática.Más que preguntarnos si existen o no Estados fallidos en América Latina, la pregunta urgente es cuánto tiempo más puede la región convivir con Estados que no cumplen su función básica. El verdadero riesgo no es nombrar el fracaso, sino normalizarlo. Juan Francisco Contreras Arrieche   Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org  @jfca

La Nueva Carrera Armamentista

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La situación del planeta es cada vez más preocupante, estamos entrando nuevamente en una peligrosa anarquía a nivel internacional, donde las instituciones internacionales, dejaron de servir para los fines que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial y nos acercamos a una situación donde se impone la ley de la selva o ley del más fuerte. Es preocupante ver como el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad del planeta, el Consejo de Seguridad, se convirtió en un ente inoperante, incapaz de cumplir las funciones para las cuales fue creado, al punto que Rusia, uno de sus cinco los miembros permanentes, con derecho a veto, violando todas los principios y las normas del derecho internacional, decide atacar militarmente a un país vecino, miembro de la ONU, con la intención de desmembrarlo y someterlo nuevamente a su zona de influencia y no pasa nada. Situación que se repite ya que, en el año 2008, Rusia había realizado una intervención militar en Georgia, la cual, culminó con la creación de dos “países independientes” como son Abjasia y Osetia del Sur, que responden a los intereses de Moscú, a pesar de no ser reconocidos ningún país serio del planeta, salvo unos cinco países aliados de Rusia. Posteriormente en el 2014, se produce la anexión de la península de Crimea y el Consejo de Seguridad, tampoco fue capaz de reaccionar y detener esta agresión militar. Estos negativos precedentes abren la “Caja de Pandora”, ya que en la actualidad hay varios conflictos latentes, que podrían anarquizar aun mas el panorama internacional, como la situación existente entre las dos Coreas, China – Taiwán, Israel – Irán, Arabia Saudita – Irán o el reciente interés de los Estados Unidos en Groenlandia, entre otros. Ante esta nueva realidad, la desconfianza y la incertidumbre, juegan un papel esencial, por esa razón, la reacción de la mayoría de los países ha sido comenzar a rearmarse, como mecanismo de disuasión ante las amenazas que surgen en el panorama global. Como se ha demostrado en la invasión de Rusia a Ucrania, el tema del incremento del equipamiento militar, ya no se trata solo de aumentar el número efectivos, de tanques, aviones o barcos. El aspecto tecnológico es un factor de suma importancia en la seguridad y defensa. El incremento en los presupuestos militares ya no es exclusivo de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son las principales potencias militares: Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia, sino que ahora vemos también a los países perdedores como Alemania y Japón, aumentando su presupuesto militar, recordando que una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, sobre estos países, existió por mucho tiempo, una especie de vigilancia y control sobre el incremento de su equipamiento militar. La decisión de ingresó en la carrera armamentista, se convierte en una especie de bola de nieve, que arrastra a los países más grandes y ricos, pero también a los pequeños y pobres, en los cuales los recursos que se destinarán al gasto militar, se le restan a la salud, educación, salarios y servicios públicos. Este proceso de cambio, en la seguridad internacional, debe ir necesariamente acompañado por la creación de una nueva estructura institucional del sistema internacional, que logre generar confianza y respeto en todos los actores, este es el reto que se presenta para que la comunidad internacional evite lo que algunos analistas están llamando la Tercera Guerra Mundial. Juan Francisco Contreras Arrieche Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

El regreso a Venezuela

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Por Juan Francisco Contreras A La migración de la población venezolana lamentablemente continua creciendo. Algunas de las organizaciones nacionales e internacionales, que estudian este tema, han señalado algunas cifras que difieren mucho, sin embargo al no existir un registro preciso, ya que muchas de las salidas se han realizado de forma irregular y no a través de los puertos y aeropuertos del país, sino por las trochas, embarcaciones ilegales y por los llamados “Caminos verdes” como por ejemplo el Darién, es muy difícil poder precisar el numero, si además le agregamos que se usan distintas metodologías para la medición, por ejemplo algunas no toman en cuenta para la estadística, las personas que poseen doble nacionalidad. A pesar de no existir cifras precisas, se estima que entre el 25 y el 30 % de la población ha salido del país. Esta huida desordenada y anárquica trae consecuencias, en casi todos los aspectos del funcionamiento y desarrollo de Venezuela, como son el tema social, el económico, el educativo, el laboral, etc. De forma directa, también tiene incidencia en el tema de la seguridad social, ya que se ha producido un acelerado cambio en la estructura de la pirámide de población y el porcentaje de la población de adultos mayores se hace cada vez mayor, ya que la mayoría de la población que emigra es la que se denomina económicamente activa. El gobierno que surja a partir de las 28 de julio, debe asumir el tema como un problema de Estado, se debe despolitizar el hecho migratorio, dejar de estigmatizar a las personas que dejaron el país debido a la situación de crisis humanitaria compleja y brindar la protección que las leyes venezolanas garantizan, como por ejemplo los derechos civiles y políticos, partiendo de un derecho básico como tener un documento de identidad. A pesar de los reiterados anuncios del actual gobierno de Venezuela, de establecer el llamado plan “Vuelta a la Patria”, el mismo, solo se ha quedado en anuncios vacíos, no se vislumbra un proceso de retorno masivo, porque no están dadas las condiciones políticas, económicas y sociales en Venezuela para recibir de vuelta, una oleada de cientos de miles de ciudadanos que se establecieron en otros países. En las diferentes mediciones que realizas por instituciones y ONG´s y particularmente los datos que recoge ENCOVI (encuesta realizada la UCAB y la UCV), la proporción de emigrantes que han sido registrados como retornados, no supera el 6%. En este grupo, también se esta observando a un patrón de retorno no definitivo, ya que se va a traducir en una especie circulación en los movimientos migratorios, en el cual se regresa para probar en un nuevo destino. Es difícil que se produzca el retorno de la mayoría de los migrantes que han abandonado el pais, ya que a pesar de la xenofobia y que se pueda implementar un atractivo plan de retorno, el tiempo también va actuando a favor de procesos de integración de los emigrantes en los países de destino, teniendo en cuenta que la fuerte oleada migratoria ocurrida después del 2015 estuvo constituida por personas muy jóvenes, que ya están iniciando procesos de formación de familia o que están promoviendo la reagrupación de su núcleo familiar en los países donde han conseguido establecerse. Finalmente, mientras persistan las condiciones políticas, económicas y sociales en Venezuela y no se atienda la “crisis humanitaria compleja”, con la cual progresivamente se va deteriorando la calidad de vida, los miembros de las familias que se quedan en Venezuela, cada vez mas dependen de las remesas o el envío de ayuda de los emigrantes, la brecha social se ira incrementando, dificultando el regreso de nuestros compatriotas y el recuentro de las familias en nuestro pais. Juan Francisco Contreras A Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

Pedro Sánchez, se acerca a una victoria pírrica

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Por Juan Francisco Contreras Arrieche La decisión de elegir al presidente del Gobierno de España se realiza en el Congreso de los Diputados, el cual cuenta con 350 escaños, lo que significa que Pedro Sánchez, para ser investido como presidente del Gobierno, por 4 años más, necesita por lo menos 176 votos. Actualmente el Partido Popular (cuenta con 137) y VOX (cuenta con 33) suman un total de 170 votos. Por su parte los partidos del “Gobierno en Funciones”, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su aliado Sumar (coalición de izquierda, que incluye a PODEMOS), sumados llegan a 152 votos. Por lo que los partidos regionales tienen la llave de la decisión. Los votos de los partidos regionales Los partidos que apoyarían la investidura de Pedro Sánchez en el Pais Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que cuenta con 5 parlamentarios, logro el ofrecimiento de ventajas económicas para su Comunidad, como la transferencia de la totalidad de la Seguridad Social y el reconocimiento de Euskadi como nación. Por su parte EH Bildu que cuenta con 7 parlamentarios, señalado como el heredero del brazo político de ETA. ha dejado claro que su apoyo a Sánchez responde a la necesidad de evitar que la alianza PP- VOX, llegue al Gobierno. Los partidos regionales catalanes, que se suman al acuerdo son, Esquerra Republicana (ERC), que cuenta con 7 parlamentarios, por su parte en las “negociaciones”, logro además de la amnistía, la reducción de un 20%, de la mil millonaria deuda de Cataluña con el Estado Español, la transferencia integral de Rodalíes, (el sistema de ferroviario de cercanías) y el establecimiento de una mesa de dialogo. Por su parte, Junts por Cataluña, que cuenta con 7 parlamentarios, ha sido la negociación mas complicada y mediática, porque se trata del regreso a España de los involucrados en el “procés”, que están solicitados por la justicia española. Además de otros puntos que ponen el riesgo la integridad de España. EL Bloque Nacionalista Gallego, que cuenta con un 1 parlamentario, también participo en el festín de beneficios a las comunidades autónomas, logrando el ofrecimiento, para una rebaja en el costo de los peajes en las autopistas gallegas. Con lo cual se comprometió en apoyar a Pedro Sánchez. Coalición Canaria (CC), que cuenta con 1 parlamentario, también habría negociado para sumar un voto más para Pedro Sánchez, paradójicamente este partido participa en el gobierno de Canarias en Alianza con el Partido Popular (PP). Pacto con Junts por Cataluña Debido a la naturaleza de las peticiones formuladas para lograr el apoyo, al acuerdo para investir a Pedro Sánchez, lo firmado con Junts por Cataluña, que cuenta con 7 votos, es el más controversial, porque colide con lo realizado hasta ahora por la justicia española. En Primer lugar, la Ley de Amnistía, solicitud compartida con ERC, que establece que se eliminan los cargos judiciales para los involucrados en el “procés” desde 2012 hasta el año 2023. Lo cual abre la puerta para el regreso de Carles Puigdemont y todos los encausados por distintos delitos en durante el proceso independentista de Cataluña. En segundo lugar, la celebración de un referéndum para la autodeterminación, con carácter vinculante, que pueda resolver “El futuro político de Cataluña”, el mismo deberá contar con observación internacional, debido a la desconfianza existente entre las partes. En tercer lugar, con respecto a los impuestos, propone que el 100% de los mismos sean cedidos a la Generalitat. Consideraciones finales A pesar de que parece que Pedro Sánchez, logrará conseguir los votos suficientes para convertirse en presidente del Gobierno, esta será “una victoria pírrica”, ya que el costo político de poner su interés particular para retener el poder, por encima de los intereses y la unidad de España, le traerá consecuencias más temprano que tarde. Tanto al interior de su partido, como en el resto de España. Ya hemos visto varios lideres históricos y regionales del PSOE, oponerse a estos pactos. Por mencionar al más emblemático, el expresidente, Felipe González quien ha condenado públicamente, la posición de Sánchez. De concretarse el gobierno que presidirá Sánchez será muy frágil, muy endeble ya que estará dependiendo de dos cosas, para evitar una crisis política mayor. Primero, los intereses y la voluntad de los partidos regionales, de Cataluña o del Pais Vasco, quienes tienen la estabilidad del Gobierno en sus manos. Segundo la capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos y no poner en riesgo la integridad territorial de España. Finalmente, como ya lo señaló, Laura Borrás, presidente de Junts: “Sánchez durará lo que dure su palabra”. Juan Francisco Contreras A Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

El mundo libre apoya a Ucrania, mientras Latinoamérica mira a otro lado

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Por Juan Francisco Contreras Arrieche  “Si eres neutral en situaciones de injusticias, has elegido el lado del opresor”. Desmond Tutu Finalmente resulta obvio que muchos de los actuales lideres latinoamericanos se encuentran atrapados en su fracasada ideología, que los aleja cada vez mas de los principios universales aceptados por Naciones Unidas. El próximo 17 y 18 de julio, se celebrará en Bruselas, la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), este evento es el estreno del actual presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quien asumió la presidencia del Consejo de Europa. Sin embargo, Sánchez podría no terminar los seis meses de esta presidencia ya que el 23 de julio se realizarán elecciones generales en España y las encuestan muestran cierta ventaja del Partido Popular. Pedro Sánchez arranco su gestión en la presidencia del Consejo con una visita a Kiev, reuniéndose con el presidente Zelensky, como muestra del apoyo europeo a Ucrania. En el transcurso de esta visita, Zelensky anuncio que Sánchez lo había invitado para asistir a la Cumbre UE – CELAC, sin embargo, agrego que “Él me invitó, pero algunos líderes de Latinoamérica bloquearon esa invitación”. Esta situación que está ocurriendo con algunos de los jefes de Estado de América Latina, es muy preocupante para la región, ya que cada vez se contradice más con los principios universalmente aceptados por las Naciones Unidas, los cuales están siendo violados en la invasión de Rusia a Ucrania, los cuales deberían ser condenados de forma inequívoca. Como no condenar, por ejemplo la utilización de la invasión militar a un pais reconocido por las Naciones Unidas,  la violación del principio de autodeterminación de los pueblos que se produce al no permitir que Ucrania se acercarse a Europa, la soberanía y la integridad territorial de los países, cuando se pretende dividir en varias republicas alineadas con Rusia, como no condenar la violación a los derechos humanos y la no injerencia en los asuntos internos de los países. Las democracias occidentales, sancionan a los regímenes latinoamericanos, que se convirtieron en dictaduras y que son obviamente los más cercanos a Moscú, como son los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, como se evidencio con la visita del canciller ruso Sergei Lavrov, a esos países el pasado mes de abril, que también incluyo a Brasil. El elemento nuevo y preocupante es la incorporación del Brasil de Lula Da Silva, a ese combo, ya que estamos hablando de la principal democracia de la región, además de ser un pais cuya diplomacia, se había caracterizado por el respeto al Derecho Internacional.  Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Diaz Canel y Daniel Ortega se han mostrado como socios y operadores de Putin en el conflicto, al igual que Venezuela y Bolivia, los cuales han venido equipando sus fuerzas armadas con armamento ruso. La actual visión geopolítica de Rusia, parece intentar revivir “la guerra fría”, buscando nuevamente a Cuba, en una relación en que ambas ganan, ya que Rusia necesita de nuevos socios comerciales y aliados políticos, Mientras Cuba se encuentra ávida de inversiones en medio del caos que se vive en la isla, considerada como su peor crisis económica desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Ante la posición asumida por los gobiernos de estos países de la región, que han mostrado su actitud contraria a la democracia, al respeto a la libertad y a los derechos humanos. Me pregunto si el resto de los países seguirán mirando a otro lado, como si la invasión de Rusia a Ucrania no fuera a producir consecuencias en el derecho internacional y en el funcionamiento de las relaciones y las organizaciones internacionales.   Juan Francisco Contreras Arrieche Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV @jfca

 “La operación especial militar” de la Rusia de Putin

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Por Juan Francisco Contreras Arrieche La llamada “Operación Especial Militar” de Rusia, no es más que la invasión a un país soberano, que pertenece a Organización de Naciones Unidas. En otras palabras, es una acción militar unilateral contra un país al cual pretenden dividir y colocar un gobierno títere. En este acto de guerra, se están violando principios aceptados universalmente como la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía. Estas acciones bélicas, no solo dinamitan el derecho Internacional, sino también a las actuales instituciones que conforman el sistema internacional, específicamente las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Esa situación puede generar una mayor anarquía en el planeta. Lo grave de este asunto es que no es la primera vez que Rusia, realiza este tipo de acciones, vale la pena recordar que, en el año 2008, la Rusia de Putin, utilizo el mismo argumento con el que Hitler justifico la invasión de Checoeslovaquia, en el cual señalaba que las tropas alemanas irían a defender a la población de origen alemán de ese país. En el caso de la Rusia de Putin, protegería a la población rusa, con esta excusa invadió militarmente a Georgia, logrando dividir a ese país, así que “la operación militar especial” en Georgia culmino con la creación de dos “países satélites” de Rusia, como son Osetia del Sur y Abjasia. Los cuales son reconocidos en el planeta, por solo cinco países. Por supuesto Rusia, además de Siria, Nicaragua, Venezuela y Nauru (¿?). Logrando también imponer un gobierno en Georgia, que se mantenga cercano del Kremlin. La actitud indiferente de la comunidad internacional, ante la invasión a Georgia, envalentono a Putin y sus militares para ir por Ucrania.  en el caso de Ucrania, la crisis toma una dimensión distinta, luego de las manifestaciones populares, denominadas el “Maydan”, que culminan con la caída del gobierno prorruso de Yanukovich y su posterior huida a Rusia, en el año 2014. Las protestas en la “plaza de la Libertad” comenzaron por el descontento producido por el intento volver a la órbita rusa y alejarse de Europa, como era la voluntad de la mayoría. Ante esta situación, Putin decide intervenir y tomar militarmente la península de Crimea, utilizando nuevamente el argumento de proteger la población y los intereses rusos en la península, posteriormente activar las milicias prorrusas en la región del Dombas. Esta claro que Rusia pretendía en Ucrania, emular lo ocurrido en Georgia, sin embargo, transcurridos casi 15 meses, la invasión no ha logrado sus objetivos, a pesar de que se trata de un enfrentamiento militar muy desigual, que podría asemejarse al enfrentamiento de David contra Goliath. Sin embargo, los ucranianos continúan defendiéndose de forma heroica. Esta resistencia y la cantidad de bajas sufridas provoco que los rusos, desistieran de tomar la capital Kiev y colocar allí un gobierno títere, por lo que decidieron cambiar de estrategia y concentrarse en el este. Los rusos, teniendo cercano en el tiempo, lo ocurrido en Afganistán, donde el gobierno afgano huyo antes de que los talibanes lograran entrar en Kabul, posiblemente, consideraron que el gobierno del presidente ucraniano Zelenski, tomaría la decisión de salir de Ucrania, situación en la cual, Rusia podría restituir en el poder a Yanukovich o algún otro político ucraniano prorruso y de esa forma reestablecer un gobierno títere en Kiev. Esta situación no ocurrió. Llama la atención, la saña con que Rusia ha actuado en territorio ucraniano, tratándose de paises con raíces, historia y religión común. No se entiende, porque han sido bombardeadas constantemente, y arrasadas ciudades ucranianas, asesinando civiles, destruyendo indiscriminadamente, servicios de agua y energía eléctrica, así como instalaciones no militares, como escuelas y hospitales. Estos actos han sido condenados por personalidades, instituciones y organismos internacionales. Las investigaciones que se han realizado hasta ahora, señalan la existencia de posibles crímenes de guerra, debido a lo cual la Corte Penal internacional ya ha solicitado orden de detención para Putin y algunos de sus colaboradores. Por otra parte, no solo existe el riesgo de la actuación rusa en Georgia y Ucrania, sino también en Moldavia, en la frontera norte, limitando con Ucrania se encuentra un territorio llamado Transnitria, el cual es un territorio donde Rusia también tiene intereses, debido a que existe armamento militar desde la era soviética, que es custodiado por un contingente de militares rusos. Este territorio es considerado por Rusia, como independiente y es solo reconocido por otros territorios que formaron parte de la antigua Unión Soviética, como son Abjasia, Osetia del Sur y Artsaj (antigua Republica del Alto Karabaj). A pesar de la propaganda de guerra, es necesario recordar que el territorio invadido no pertenece a Rusia. Es Rusia la que esta invadiendo a Ucrania. Si bien es cierto que la OTAN, esta activada, no ha invadido ningún territorio, solo se ha limitado a apoyar a la defensa de Ucrania y servir de muro de contención, contra posibles acciones militares rusas, en otros países también amenazados como serían los Países Bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que limitan con Kaliningrado, que es un enclave ruso en el Mar Báltico, que también tiene fronteras con Polonia. Como vemos esto no se trata de un conflicto militar distante, sino de un conflicto que traerá consecuencias en el Derecho internacional y en las relaciones internacionales. Por esta razón llama la atención discurso de algunos gobiernos de América Latina, como Cuba, Nicaragua y Venezuela que han manifestado que apoyan los planes expansionistas de Rusia.  Estos países muestran una doble moral, ya que hablan de ser antimperialistas, sin embargo, parece que este termino lo usan para referirse a su antinorteamericanismo. Incluso en esa manipulación de terminologías, asoman argumentos contrarios a los valores y principios del mundo occidental, como el respeto a la vida y a los derechos humanos. Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente