Juan Francisco Contreras

Venezuela: el dilema de la Soberanía y la Responsabilidad de Proteger

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Durante siglos, la soberanía ha sido uno de los pilares del orden internacional. Jean Bodin, en el siglo XVI, la definía como el poder absoluto y perpetuo del Estado; más tarde, la Paz de Westfalia (1648) la consolidó como el derecho exclusivo de cada Estado a gobernar su territorio sin interferencias externas. Esta idea permitió construir estabilidad internacional, pero también dejó una pregunta sin responder: ¿qué ocurre cuando ese poder se ejerce contra la propia población?.Max Weber aportó otra clave fundamental al definir al Estado como quien detenta el monopolio legítimo de la violencia. La palabra “legítimo” no es menor. Cuando el uso del poder se divorcia del bienestar ciudadano, la soberanía deja de ser un principio jurídico y se transforma en una herramienta de dominación.Tras las tragedias del siglo XX, Hannah Arendt advirtió que el mayor fracaso del sistema internacional era permitir que millones de personas quedaran sin protección precisamente por estar bajo la autoridad de un Estado. De esa reflexión surge, décadas después, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), impulsada por autores como Gareth Evans y asumida por la ONU en 2005: la soberanía no es solo control territorial, no es una licencia para cometer delitos contra la población, sino responsabilidad frente a la vida y la dignidad de la población.Venezuela encarna de forma dolorosa este debate. En nombre de la soberanía, el poder ha rechazado informes internacionales sobre la violación de los Derechos Humanos, sobre la corrupción y el aumento de la pobreza en la población, sobre ayuda humanitaria independiente y sobre mecanismos de rendición de cuentas y el irrespeto a los resultados electorales, entre otros. Sin embargo, cuando vemos que más de nueve millones de venezolanos han tenido que abandonar el país para sobrevivir. Cuando un Estado no protege, expulsa; cuando no garantiza los derechos de su población, cuando obliga al exilio. Esa es la señal más clara de que la soberanía ha dejado de cumplir su función esencial.Desde la lógica de la Responsabilidad de Proteger (R2P), lo sucedido en Venezuela no es un caso de intervención militar para violar la soberanía, pero sí un ejemplo evidente de fracaso en la responsabilidad primaria de los gobernantes de un Estado. El problema no es la soberanía en sí, sino su uso como escudo para justificar la represión, el empobrecimiento y el silencio internacional. En la Constitución Venezolana en su artículo No. 5, se establece que “la soberanía reside en el pueblo” y no en sus gobernantes, mucho menos cuando los mismos no cumplen con sus responsabilidades y solo buscan someter a la población por la vía de la fuerza.La dificultad de la implementación del R2P, en las circunstancias actuales de cambios profundos en el sistema internacional, las críticas formuladas a la R2P no son infundadas. Autores como Noam Chomsky han señalado su aplicación selectiva y su instrumentalización geopolítica. Pero reconocer esa hipocresía no puede llevar a la indiferencia moral. Callar ante el sufrimiento humano también es una forma de tomar partido, y colocarse del lado del opresor, como bien lo señalo el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En otras palabras, en estos casos el silencio se convierte en complicidad.Como en su momento, el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló “la soberanía no puede ser un privilegio de los gobernantes frente a los gobernados. Un Estado que invoca la soberanía mientras abandona a su pueblo no la defiende: la vacía de contenido”.Finalmente, en tiempos de crisis global, la pregunta ya no es si la soberanía debe ser respetada, sino si puede seguir siendo utilizada como excusa frente al dolor de millones. Porque una soberanía sin pueblo no es autodeterminación: es poder sin legitimidad. Juan Francisco Contreras Arrieche   Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org  @jfca

Estados fallidos en América Latina: cuando el fracaso no se nombra

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En América Latina existe una palabra incómoda que muchos gobiernos, analistas y dirigentes políticos prefieren evitar: fracaso. Sin embargo, cuando el Estado no logra garantizar seguridad, justicia, servicios básicos ni oportunidades, el problema deja de ser semántico y se convierte en una realidad cotidiana. Hablar de Estados fallidos en la región no es una exageración alarmista, sino una forma de describir procesos de deterioro institucional que llevan años gestándose y que hoy afectan directamente a millones de personas.El concepto de Estado fallido suele asociarse a escenarios extremos, como guerras civiles o colapsos totales del poder público. Pero en América Latina el fenómeno adopta una forma más sutil y, precisamente por ello, más peligrosa: Estados que existen en el papel, celebran elecciones (muchas veces amañadas) y aprueban leyes, pero que son incapaces de ejercer autoridad efectiva, proteger a sus ciudadanos o garantizar derechos básicos, por lo general se convierten en Estados represores. El resultado es un Estado presente en los discursos, pero ausente en la vida real.Estados que prometen, pero no cumplenLa mayoría de los países latinoamericanos se han aprobado constituciones ambiciosas y marcos legales avanzados. El problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento sistemático. La ley se aplica de forma selectiva, la justicia llega tarde o no llega, y los servicios públicos funcionan de manera precaria o desigual. En muchos territorios, el Estado ha sido reemplazado por actores informales o abiertamente criminales que imponen reglas, cobran “impuestos” y ofrecen una falsa sensación de orden.Países como Venezuela, Cuba y Haití representan los casos más extremos de este deterioro, pero no son los únicos. Nicaragua, Honduras y Guatemala muestran signos claros de erosión institucional, mientras que El Salvador plantea un debate incómodo: ¿es posible recuperar el control del territorio sacrificando garantías democráticas? La región parece atrapada entre la inacción estatal y soluciones autoritarias que prometen resultados rápidos a costa de derechos.La desigualdad como acelerador del colapsoAmérica Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, y esa desigualdad es uno de los principales motores de la fragilidad estatal. Cuando millones de personas quedan excluidas del acceso a educación, salud y empleo digno, el contrato social se rompe. El Estado deja de ser visto como un garante de derechos y pasa a percibirse como un actor distante, irrelevante o en algunos casos directamente hostil.En este vacío florecen la informalidad, el clientelismo y las economías ilegales. La violencia se normaliza y deja de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano. No se trata solo de homicidios o enfrentamientos armados, sino de una violencia estructural que se expresa en impunidad, discriminación y abandono estatal. Violencia, miedo y territorios sin ley Uno de los indicadores más claros del fracaso estatal es la pérdida del control territorial. En numerosas zonas urbanas y rurales, el Estado comparte —o ha cedido— el poder con pandillas, narcotraficantes y otros grupos armados. Estos actores no solo ejercen violencia, sino que regulan la vida diaria de comunidades enteras, deciden quién puede trabajar, circular o incluso vivir en determinados lugares.Ante esta situación, muchos gobiernos optan por la militarización como respuesta. Aunque estas políticas pueden reducir ciertos indicadores de violencia en el corto plazo, rara vez atacan las causas profundas del problema. Sin reformas institucionales, inclusión social y oportunidades económicas, la violencia simplemente cambia de forma o se desplaza a otros territorios. Migrar como última opciónCuando el Estado fracasa, la migración se convierte en una estrategia de supervivencia. Millones de latinoamericanos han abandonado sus países no por elección, sino por necesidad. Huyen de la violencia, de la pobreza y de Estados incapaces de ofrecer un futuro. Esta migración masiva no solo evidencia el colapso interno, sino que genera tensiones regionales y pone a prueba la solidaridad entre países.Paradójicamente, la salida de población activa y capacitada debilita aún más a los Estados de origen, creando un círculo vicioso del que resulta cada vez más difícil salir.Economías frágiles, Estados sin recursosEl fracaso estatal también tiene una dimensión económica. Muchos países de la región dependen casi exclusivamente de la exportación de materias primas, lo que los hace vulnerables a los vaivenes del mercado internacional. Sin una base productiva diversificada, el Estado carece de recursos suficientes para sostener políticas públicas de calidad.El deterioro de servicios básicos como la salud, la educación o el transporte no es una consecuencia accidental, sino el resultado directo de Estados sin capacidad fiscal ni voluntad política. La expansión de la economía informal y de actividades ilegales termina por cerrar el círculo: menos ingresos, menos Estado y más poder para actores que operan al margen de la ley.¿Reconstruir o resignarse?Aceptar la fragilidad estatal como algo inevitable es una forma de renuncia política. Salir de esta situación exige algo más que discursos o medidas de emergencia. Requiere reconstruir instituciones, garantizar la independencia judicial y combatir la corrupción de manera real, no simbólica. También implica enfrentar la desigualdad con políticas de inclusión sostenidas y transformar economías que hoy generan exclusión en lugar de oportunidades.La cooperación regional y el apoyo internacional pueden ser herramientas útiles, pero no sustituyen la responsabilidad de las élites políticas nacionales. Sin voluntad política y presión ciudadana, cualquier intento de reforma será superficial.Un problema que ya no puede ignorarseHablar de Estados fallidos en América Latina incomoda porque obliga a señalar responsabilidades. Pero ignorar el problema no lo hace desaparecer. La fragilidad estatal no solo amenaza la estabilidad interna de los países afectados, sino que tiene efectos regionales en términos de migración, seguridad y gobernabilidad democrática.Más que preguntarnos si existen o no Estados fallidos en América Latina, la pregunta urgente es cuánto tiempo más puede la región convivir con Estados que no cumplen su función básica. El verdadero riesgo no es nombrar el fracaso, sino normalizarlo. Juan Francisco Contreras Arrieche   Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org  @jfca

La Nueva Carrera Armamentista

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La situación del planeta es cada vez más preocupante, estamos entrando nuevamente en una peligrosa anarquía a nivel internacional, donde las instituciones internacionales, dejaron de servir para los fines que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial y nos acercamos a una situación donde se impone la ley de la selva o ley del más fuerte. Es preocupante ver como el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad del planeta, el Consejo de Seguridad, se convirtió en un ente inoperante, incapaz de cumplir las funciones para las cuales fue creado, al punto que Rusia, uno de sus cinco los miembros permanentes, con derecho a veto, violando todas los principios y las normas del derecho internacional, decide atacar militarmente a un país vecino, miembro de la ONU, con la intención de desmembrarlo y someterlo nuevamente a su zona de influencia y no pasa nada. Situación que se repite ya que, en el año 2008, Rusia había realizado una intervención militar en Georgia, la cual, culminó con la creación de dos “países independientes” como son Abjasia y Osetia del Sur, que responden a los intereses de Moscú, a pesar de no ser reconocidos ningún país serio del planeta, salvo unos cinco países aliados de Rusia. Posteriormente en el 2014, se produce la anexión de la península de Crimea y el Consejo de Seguridad, tampoco fue capaz de reaccionar y detener esta agresión militar. Estos negativos precedentes abren la “Caja de Pandora”, ya que en la actualidad hay varios conflictos latentes, que podrían anarquizar aun mas el panorama internacional, como la situación existente entre las dos Coreas, China – Taiwán, Israel – Irán, Arabia Saudita – Irán o el reciente interés de los Estados Unidos en Groenlandia, entre otros. Ante esta nueva realidad, la desconfianza y la incertidumbre, juegan un papel esencial, por esa razón, la reacción de la mayoría de los países ha sido comenzar a rearmarse, como mecanismo de disuasión ante las amenazas que surgen en el panorama global. Como se ha demostrado en la invasión de Rusia a Ucrania, el tema del incremento del equipamiento militar, ya no se trata solo de aumentar el número efectivos, de tanques, aviones o barcos. El aspecto tecnológico es un factor de suma importancia en la seguridad y defensa. El incremento en los presupuestos militares ya no es exclusivo de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son las principales potencias militares: Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia, sino que ahora vemos también a los países perdedores como Alemania y Japón, aumentando su presupuesto militar, recordando que una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, sobre estos países, existió por mucho tiempo, una especie de vigilancia y control sobre el incremento de su equipamiento militar. La decisión de ingresó en la carrera armamentista, se convierte en una especie de bola de nieve, que arrastra a los países más grandes y ricos, pero también a los pequeños y pobres, en los cuales los recursos que se destinarán al gasto militar, se le restan a la salud, educación, salarios y servicios públicos. Este proceso de cambio, en la seguridad internacional, debe ir necesariamente acompañado por la creación de una nueva estructura institucional del sistema internacional, que logre generar confianza y respeto en todos los actores, este es el reto que se presenta para que la comunidad internacional evite lo que algunos analistas están llamando la Tercera Guerra Mundial. Juan Francisco Contreras Arrieche Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

El regreso a Venezuela

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Por Juan Francisco Contreras A La migración de la población venezolana lamentablemente continua creciendo. Algunas de las organizaciones nacionales e internacionales, que estudian este tema, han señalado algunas cifras que difieren mucho, sin embargo al no existir un registro preciso, ya que muchas de las salidas se han realizado de forma irregular y no a través de los puertos y aeropuertos del país, sino por las trochas, embarcaciones ilegales y por los llamados “Caminos verdes” como por ejemplo el Darién, es muy difícil poder precisar el numero, si además le agregamos que se usan distintas metodologías para la medición, por ejemplo algunas no toman en cuenta para la estadística, las personas que poseen doble nacionalidad. A pesar de no existir cifras precisas, se estima que entre el 25 y el 30 % de la población ha salido del país. Esta huida desordenada y anárquica trae consecuencias, en casi todos los aspectos del funcionamiento y desarrollo de Venezuela, como son el tema social, el económico, el educativo, el laboral, etc. De forma directa, también tiene incidencia en el tema de la seguridad social, ya que se ha producido un acelerado cambio en la estructura de la pirámide de población y el porcentaje de la población de adultos mayores se hace cada vez mayor, ya que la mayoría de la población que emigra es la que se denomina económicamente activa. El gobierno que surja a partir de las 28 de julio, debe asumir el tema como un problema de Estado, se debe despolitizar el hecho migratorio, dejar de estigmatizar a las personas que dejaron el país debido a la situación de crisis humanitaria compleja y brindar la protección que las leyes venezolanas garantizan, como por ejemplo los derechos civiles y políticos, partiendo de un derecho básico como tener un documento de identidad. A pesar de los reiterados anuncios del actual gobierno de Venezuela, de establecer el llamado plan “Vuelta a la Patria”, el mismo, solo se ha quedado en anuncios vacíos, no se vislumbra un proceso de retorno masivo, porque no están dadas las condiciones políticas, económicas y sociales en Venezuela para recibir de vuelta, una oleada de cientos de miles de ciudadanos que se establecieron en otros países. En las diferentes mediciones que realizas por instituciones y ONG´s y particularmente los datos que recoge ENCOVI (encuesta realizada la UCAB y la UCV), la proporción de emigrantes que han sido registrados como retornados, no supera el 6%. En este grupo, también se esta observando a un patrón de retorno no definitivo, ya que se va a traducir en una especie circulación en los movimientos migratorios, en el cual se regresa para probar en un nuevo destino. Es difícil que se produzca el retorno de la mayoría de los migrantes que han abandonado el pais, ya que a pesar de la xenofobia y que se pueda implementar un atractivo plan de retorno, el tiempo también va actuando a favor de procesos de integración de los emigrantes en los países de destino, teniendo en cuenta que la fuerte oleada migratoria ocurrida después del 2015 estuvo constituida por personas muy jóvenes, que ya están iniciando procesos de formación de familia o que están promoviendo la reagrupación de su núcleo familiar en los países donde han conseguido establecerse. Finalmente, mientras persistan las condiciones políticas, económicas y sociales en Venezuela y no se atienda la “crisis humanitaria compleja”, con la cual progresivamente se va deteriorando la calidad de vida, los miembros de las familias que se quedan en Venezuela, cada vez mas dependen de las remesas o el envío de ayuda de los emigrantes, la brecha social se ira incrementando, dificultando el regreso de nuestros compatriotas y el recuentro de las familias en nuestro pais. Juan Francisco Contreras A Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

Pedro Sánchez, se acerca a una victoria pírrica

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Por Juan Francisco Contreras Arrieche La decisión de elegir al presidente del Gobierno de España se realiza en el Congreso de los Diputados, el cual cuenta con 350 escaños, lo que significa que Pedro Sánchez, para ser investido como presidente del Gobierno, por 4 años más, necesita por lo menos 176 votos. Actualmente el Partido Popular (cuenta con 137) y VOX (cuenta con 33) suman un total de 170 votos. Por su parte los partidos del “Gobierno en Funciones”, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su aliado Sumar (coalición de izquierda, que incluye a PODEMOS), sumados llegan a 152 votos. Por lo que los partidos regionales tienen la llave de la decisión. Los votos de los partidos regionales Los partidos que apoyarían la investidura de Pedro Sánchez en el Pais Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que cuenta con 5 parlamentarios, logro el ofrecimiento de ventajas económicas para su Comunidad, como la transferencia de la totalidad de la Seguridad Social y el reconocimiento de Euskadi como nación. Por su parte EH Bildu que cuenta con 7 parlamentarios, señalado como el heredero del brazo político de ETA. ha dejado claro que su apoyo a Sánchez responde a la necesidad de evitar que la alianza PP- VOX, llegue al Gobierno. Los partidos regionales catalanes, que se suman al acuerdo son, Esquerra Republicana (ERC), que cuenta con 7 parlamentarios, por su parte en las “negociaciones”, logro además de la amnistía, la reducción de un 20%, de la mil millonaria deuda de Cataluña con el Estado Español, la transferencia integral de Rodalíes, (el sistema de ferroviario de cercanías) y el establecimiento de una mesa de dialogo. Por su parte, Junts por Cataluña, que cuenta con 7 parlamentarios, ha sido la negociación mas complicada y mediática, porque se trata del regreso a España de los involucrados en el “procés”, que están solicitados por la justicia española. Además de otros puntos que ponen el riesgo la integridad de España. EL Bloque Nacionalista Gallego, que cuenta con un 1 parlamentario, también participo en el festín de beneficios a las comunidades autónomas, logrando el ofrecimiento, para una rebaja en el costo de los peajes en las autopistas gallegas. Con lo cual se comprometió en apoyar a Pedro Sánchez. Coalición Canaria (CC), que cuenta con 1 parlamentario, también habría negociado para sumar un voto más para Pedro Sánchez, paradójicamente este partido participa en el gobierno de Canarias en Alianza con el Partido Popular (PP). Pacto con Junts por Cataluña Debido a la naturaleza de las peticiones formuladas para lograr el apoyo, al acuerdo para investir a Pedro Sánchez, lo firmado con Junts por Cataluña, que cuenta con 7 votos, es el más controversial, porque colide con lo realizado hasta ahora por la justicia española. En Primer lugar, la Ley de Amnistía, solicitud compartida con ERC, que establece que se eliminan los cargos judiciales para los involucrados en el “procés” desde 2012 hasta el año 2023. Lo cual abre la puerta para el regreso de Carles Puigdemont y todos los encausados por distintos delitos en durante el proceso independentista de Cataluña. En segundo lugar, la celebración de un referéndum para la autodeterminación, con carácter vinculante, que pueda resolver “El futuro político de Cataluña”, el mismo deberá contar con observación internacional, debido a la desconfianza existente entre las partes. En tercer lugar, con respecto a los impuestos, propone que el 100% de los mismos sean cedidos a la Generalitat. Consideraciones finales A pesar de que parece que Pedro Sánchez, logrará conseguir los votos suficientes para convertirse en presidente del Gobierno, esta será “una victoria pírrica”, ya que el costo político de poner su interés particular para retener el poder, por encima de los intereses y la unidad de España, le traerá consecuencias más temprano que tarde. Tanto al interior de su partido, como en el resto de España. Ya hemos visto varios lideres históricos y regionales del PSOE, oponerse a estos pactos. Por mencionar al más emblemático, el expresidente, Felipe González quien ha condenado públicamente, la posición de Sánchez. De concretarse el gobierno que presidirá Sánchez será muy frágil, muy endeble ya que estará dependiendo de dos cosas, para evitar una crisis política mayor. Primero, los intereses y la voluntad de los partidos regionales, de Cataluña o del Pais Vasco, quienes tienen la estabilidad del Gobierno en sus manos. Segundo la capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos y no poner en riesgo la integridad territorial de España. Finalmente, como ya lo señaló, Laura Borrás, presidente de Junts: “Sánchez durará lo que dure su palabra”. Juan Francisco Contreras A Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV / Miembro de Real-Latam.org

El mundo libre apoya a Ucrania, mientras Latinoamérica mira a otro lado

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Por Juan Francisco Contreras Arrieche  “Si eres neutral en situaciones de injusticias, has elegido el lado del opresor”. Desmond Tutu Finalmente resulta obvio que muchos de los actuales lideres latinoamericanos se encuentran atrapados en su fracasada ideología, que los aleja cada vez mas de los principios universales aceptados por Naciones Unidas. El próximo 17 y 18 de julio, se celebrará en Bruselas, la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), este evento es el estreno del actual presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quien asumió la presidencia del Consejo de Europa. Sin embargo, Sánchez podría no terminar los seis meses de esta presidencia ya que el 23 de julio se realizarán elecciones generales en España y las encuestan muestran cierta ventaja del Partido Popular. Pedro Sánchez arranco su gestión en la presidencia del Consejo con una visita a Kiev, reuniéndose con el presidente Zelensky, como muestra del apoyo europeo a Ucrania. En el transcurso de esta visita, Zelensky anuncio que Sánchez lo había invitado para asistir a la Cumbre UE – CELAC, sin embargo, agrego que “Él me invitó, pero algunos líderes de Latinoamérica bloquearon esa invitación”. Esta situación que está ocurriendo con algunos de los jefes de Estado de América Latina, es muy preocupante para la región, ya que cada vez se contradice más con los principios universalmente aceptados por las Naciones Unidas, los cuales están siendo violados en la invasión de Rusia a Ucrania, los cuales deberían ser condenados de forma inequívoca. Como no condenar, por ejemplo la utilización de la invasión militar a un pais reconocido por las Naciones Unidas,  la violación del principio de autodeterminación de los pueblos que se produce al no permitir que Ucrania se acercarse a Europa, la soberanía y la integridad territorial de los países, cuando se pretende dividir en varias republicas alineadas con Rusia, como no condenar la violación a los derechos humanos y la no injerencia en los asuntos internos de los países. Las democracias occidentales, sancionan a los regímenes latinoamericanos, que se convirtieron en dictaduras y que son obviamente los más cercanos a Moscú, como son los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, como se evidencio con la visita del canciller ruso Sergei Lavrov, a esos países el pasado mes de abril, que también incluyo a Brasil. El elemento nuevo y preocupante es la incorporación del Brasil de Lula Da Silva, a ese combo, ya que estamos hablando de la principal democracia de la región, además de ser un pais cuya diplomacia, se había caracterizado por el respeto al Derecho Internacional.  Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Diaz Canel y Daniel Ortega se han mostrado como socios y operadores de Putin en el conflicto, al igual que Venezuela y Bolivia, los cuales han venido equipando sus fuerzas armadas con armamento ruso. La actual visión geopolítica de Rusia, parece intentar revivir “la guerra fría”, buscando nuevamente a Cuba, en una relación en que ambas ganan, ya que Rusia necesita de nuevos socios comerciales y aliados políticos, Mientras Cuba se encuentra ávida de inversiones en medio del caos que se vive en la isla, considerada como su peor crisis económica desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Ante la posición asumida por los gobiernos de estos países de la región, que han mostrado su actitud contraria a la democracia, al respeto a la libertad y a los derechos humanos. Me pregunto si el resto de los países seguirán mirando a otro lado, como si la invasión de Rusia a Ucrania no fuera a producir consecuencias en el derecho internacional y en el funcionamiento de las relaciones y las organizaciones internacionales.   Juan Francisco Contreras Arrieche Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV @jfca

 “La operación especial militar” de la Rusia de Putin

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Por Juan Francisco Contreras Arrieche La llamada “Operación Especial Militar” de Rusia, no es más que la invasión a un país soberano, que pertenece a Organización de Naciones Unidas. En otras palabras, es una acción militar unilateral contra un país al cual pretenden dividir y colocar un gobierno títere. En este acto de guerra, se están violando principios aceptados universalmente como la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía. Estas acciones bélicas, no solo dinamitan el derecho Internacional, sino también a las actuales instituciones que conforman el sistema internacional, específicamente las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Esa situación puede generar una mayor anarquía en el planeta. Lo grave de este asunto es que no es la primera vez que Rusia, realiza este tipo de acciones, vale la pena recordar que, en el año 2008, la Rusia de Putin, utilizo el mismo argumento con el que Hitler justifico la invasión de Checoeslovaquia, en el cual señalaba que las tropas alemanas irían a defender a la población de origen alemán de ese país. En el caso de la Rusia de Putin, protegería a la población rusa, con esta excusa invadió militarmente a Georgia, logrando dividir a ese país, así que “la operación militar especial” en Georgia culmino con la creación de dos “países satélites” de Rusia, como son Osetia del Sur y Abjasia. Los cuales son reconocidos en el planeta, por solo cinco países. Por supuesto Rusia, además de Siria, Nicaragua, Venezuela y Nauru (¿?). Logrando también imponer un gobierno en Georgia, que se mantenga cercano del Kremlin. La actitud indiferente de la comunidad internacional, ante la invasión a Georgia, envalentono a Putin y sus militares para ir por Ucrania.  en el caso de Ucrania, la crisis toma una dimensión distinta, luego de las manifestaciones populares, denominadas el “Maydan”, que culminan con la caída del gobierno prorruso de Yanukovich y su posterior huida a Rusia, en el año 2014. Las protestas en la “plaza de la Libertad” comenzaron por el descontento producido por el intento volver a la órbita rusa y alejarse de Europa, como era la voluntad de la mayoría. Ante esta situación, Putin decide intervenir y tomar militarmente la península de Crimea, utilizando nuevamente el argumento de proteger la población y los intereses rusos en la península, posteriormente activar las milicias prorrusas en la región del Dombas. Esta claro que Rusia pretendía en Ucrania, emular lo ocurrido en Georgia, sin embargo, transcurridos casi 15 meses, la invasión no ha logrado sus objetivos, a pesar de que se trata de un enfrentamiento militar muy desigual, que podría asemejarse al enfrentamiento de David contra Goliath. Sin embargo, los ucranianos continúan defendiéndose de forma heroica. Esta resistencia y la cantidad de bajas sufridas provoco que los rusos, desistieran de tomar la capital Kiev y colocar allí un gobierno títere, por lo que decidieron cambiar de estrategia y concentrarse en el este. Los rusos, teniendo cercano en el tiempo, lo ocurrido en Afganistán, donde el gobierno afgano huyo antes de que los talibanes lograran entrar en Kabul, posiblemente, consideraron que el gobierno del presidente ucraniano Zelenski, tomaría la decisión de salir de Ucrania, situación en la cual, Rusia podría restituir en el poder a Yanukovich o algún otro político ucraniano prorruso y de esa forma reestablecer un gobierno títere en Kiev. Esta situación no ocurrió. Llama la atención, la saña con que Rusia ha actuado en territorio ucraniano, tratándose de paises con raíces, historia y religión común. No se entiende, porque han sido bombardeadas constantemente, y arrasadas ciudades ucranianas, asesinando civiles, destruyendo indiscriminadamente, servicios de agua y energía eléctrica, así como instalaciones no militares, como escuelas y hospitales. Estos actos han sido condenados por personalidades, instituciones y organismos internacionales. Las investigaciones que se han realizado hasta ahora, señalan la existencia de posibles crímenes de guerra, debido a lo cual la Corte Penal internacional ya ha solicitado orden de detención para Putin y algunos de sus colaboradores. Por otra parte, no solo existe el riesgo de la actuación rusa en Georgia y Ucrania, sino también en Moldavia, en la frontera norte, limitando con Ucrania se encuentra un territorio llamado Transnitria, el cual es un territorio donde Rusia también tiene intereses, debido a que existe armamento militar desde la era soviética, que es custodiado por un contingente de militares rusos. Este territorio es considerado por Rusia, como independiente y es solo reconocido por otros territorios que formaron parte de la antigua Unión Soviética, como son Abjasia, Osetia del Sur y Artsaj (antigua Republica del Alto Karabaj). A pesar de la propaganda de guerra, es necesario recordar que el territorio invadido no pertenece a Rusia. Es Rusia la que esta invadiendo a Ucrania. Si bien es cierto que la OTAN, esta activada, no ha invadido ningún territorio, solo se ha limitado a apoyar a la defensa de Ucrania y servir de muro de contención, contra posibles acciones militares rusas, en otros países también amenazados como serían los Países Bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que limitan con Kaliningrado, que es un enclave ruso en el Mar Báltico, que también tiene fronteras con Polonia. Como vemos esto no se trata de un conflicto militar distante, sino de un conflicto que traerá consecuencias en el Derecho internacional y en las relaciones internacionales. Por esta razón llama la atención discurso de algunos gobiernos de América Latina, como Cuba, Nicaragua y Venezuela que han manifestado que apoyan los planes expansionistas de Rusia.  Estos países muestran una doble moral, ya que hablan de ser antimperialistas, sin embargo, parece que este termino lo usan para referirse a su antinorteamericanismo. Incluso en esa manipulación de terminologías, asoman argumentos contrarios a los valores y principios del mundo occidental, como el respeto a la vida y a los derechos humanos. Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente

El pais, sesenta y cuatro años después

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Por Juan Francisco Contreras Arrieche El 31 de enero de 1958, solo ocho días después de la caída de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, se fundó el Colegio de Internacionalistas de Venezuela (CODEIV), en la Universidad Central de Venezuela, razón por la cual ese día se celebra el día del Internacionalista en Venezuela. Por esta razón nuestro gremio está vinculado a la democracia. La caída de la dictadura (que creíamos que sería la última), produjo en el pais, un ambiente de alegría colectiva, de optimismo y esperanza. Pero también, el reto de trabajar para cambiar las cosas y construir un pais mejor. Desde 1958 hasta la actualidad, el CODEIV siempre ha trabajado para que en Venezuela se logre construir una Servicio Exterior de Estado, que este acorde con los intereses del Pais, Es importante resaltar que ese trabajo venía dando frutos, ya que hasta el año 1999, existió, una Cancillería que era respetada a nivel internacional por su profesionalismo, que competía con los mejores de la región. Este esfuerzo sostenido que tenía como sustento la Ley del Servicio Exterior del año 1962, la cual surgió del consenso político de la época.  Por supuesto que sucedieron algunas excepciones en su aplicación y uno que otro abuso (no somos suizos como diría algún político de la época), sin embargo, en líneas generales funciono bien. A partir del 2001 se realizaron tres modificaciones a la Ley, terminando en el 2013 aprobándose una Ley Orgánica de forma inconstitucional, que acabo con el esfuerzo y los recursos que se invirtieron desde el Estado venezolano para poder contar con la Carrera Diplomática. La mayoría de los profesionales que ingresaban al servicio exterior, lo hacían a través de un concurso público. Estos concursos para el ingreso que se realizaban periódicamente, con un Jurado Calificador, profesional e imparcial. comenzaron en el año 1965, hasta que, en el 2005, se decide acabar con esa práctica, ya que los “revolucionarios” que dirigen el pais y por tanto la cancillería, consideraran que no se necesitan funcionarios que representen al Estado Venezolano, sino “agentes de la revolución”. Es importante señalar que, cinco años antes de ya había comenzado la purga del personal de carrera del Servicio Exterior. Transcurridos más de dos décadas de la llegada de la “involución”, tenemos una cancillería desmantelada, disminuida y desmoralizada. Los salarios de los funcionarios, como en toda la administración pública, son humillantes, no se respetan los méritos, el esfuerzo o el trabajo, ni la antigüedad. Pero es que tampoco, se cumple con los compromisos económicos con las organizaciones multilaterales a las que pertenecemos, para colmo tampoco se cancelan los sueldos de los funcionarios que laboran en el exterior. Para la actual cancillería, solo las “cuestiones ideológicas”, tienen importancia, a pesar de los múltiples problemas que se han venido agravando. Vemos con preocupación que temas que deberían ser de Estado como el Esequibo, está condicionado por el tema ideológico. Desde hace muchos años no se hace referencia en los foros internacionales sobre la reclamación del Territorio Esequibo, no hay ningún plan o política al respecto, mientras continúa avanzando el tiempo para concurrir a La Haya. El gobierno ha tenido que estar ocupándose de responder a los temas planteados en los informes realizados por los dos últimos Altos Comisionados de Naciones Unidas, debido a la constante violación de los derechos humanos en el Pais, Como mención especial, tenemos que, en la Corte Penal Internacional, por primera vez se investiga a un gobierno latinoamericano por cometer crímenes de lesa humanidad. De igual forma, desde hace muchos años se ha denunciado la presencia y actividad de grupos armados colombianos que actúan al margen de la ley, ya no solo en las fronteras, así como mafias vinculadas al narcotráfico y al contrabando y comercio ilegal de minerales, sin que exista una respuesta contundente de las autoridades del Estado. En la actualidad existen más de siete millones de venezolanos que han huido del país se encuentran desamparados, entre ellos muchos colegas que lamentablemente han tenido que dedicarse a otras actividades, no hay una política para ayudar a los venezolanos que huyen del caos que se ha convertido el pais, en muchos casos no tienen ni siquiera la posibilidad de conseguir un documento básico como es el pasaporte, cuyo sistema de citas y costo lo hace prohibitivo para la mayoría de la población. Mientras a los venezolanos se nos imposibilita conseguir pasaporte, les comento un caso que presencie, antes de comenzar la pandemia, en un consultorio odontológico de la ciudad de Caracas, al cual llegaron dos damas de rasgos marcadamente asiáticos, una quejándose de un profundo dolor en su boca y su acompañante, ninguna de las dos hablaba “ni papa” de español, la acompañante solo sabia algunas palabras en ingles. Ante la angustia de la secretaria del consultorio de no entender nada, pidió ayuda a los presentes, por lo que procedí a preguntarle a la acompañante cual era el problema, la cual solo pudo decirme “she have an emergency”, para mi gran sorpresa cuando le pedí un ID para que la anotaran en la lista, ambas tenían pasaporte venezolano. El caso venezolano, donde cada cierto tiempo tenemos que comenzar de cero, nos hace recordar el mito griego de Sísifo, así que ahora el desafío después de sesenta y cuatro años es volver a construir una Cancillería que pueda despertar en los venezolanos el ambiente que existía cuando se creo el CODEIV en 1958. Con respecto al reto, seguimos comprometidos con el cambio. Juan Francisco Contreras A. Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa (IAEDEN- Caracas, Venezuela) / Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Francisco de Vittoria – Madrid, España) / Presidente del CODEIV @jfca

La OEA y la calidad de la democracia en la Región

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20 años después de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana Por Juan Francisco Contreras Arrieche El pasado 11 de septiembre se cumplieron 20 años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, este evento que fue realizado en Lima, Perú, no tuvo la debida difusión mediática ya que la noticia de este importante acto hemisférico, fue opacado por que el mismo día se produjeron los ataques por parte de los terroristas de Al Qaeda al territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, este documento es uno de los principales instrumentos políticos que ha aprobado la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que en él se establecen los criterios que son inherentes a la calidad de la democracia. La OEA, es la organización regional más antigua el planeta y es el foro político más importante del hemisferio, ha tenido altas y bajas durante su historia, sin embargo, no existe razón para tratar de restarle peso, creando otras organizaciones que como hemos visto en tiempos recientes se convierten en elefantes blancos que responden a situaciones coyunturales, vinculadas al tema político ideológico, como específicamente resultaron ser entre otras, UNASUR o la CELAC En sus 28 artículos la Carta Democrática, señala que el sistema democrático, es algo más que realizar eventos electorales, que, por supuesto deben ser libres, universales, secretos, transparentes y auditables, es mucho más que eso, ya que esta consustanciado con la libertad de expresión y de asociación política y fundamentalmente con la protección de los derechos humanos. De la misma manera también se requiere que exista la independencia y separación de poderes públicos, con lo cual se establece un sano equilibrio que no permite que se cometan excesos, ya que se produce un sistema de contrapesos a través de regulaciones institucionales. Luego de transcurridos 20 años, se han producido algunos eventos contra la democracia en varios países de la región, los más relevantes son los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que están poniendo a prueba la voluntad política de la región para aplicar la Carta Democrática y el resultado en estos tres casos hasta ahora no es muy alentador. Ya que no hay democracia con presos políticos, no hay democracia con partidos políticos intervenidos, no hay democracia con candidatos inhabilitados. Sin embargo, el balance que podemos hacer sobre la democracia en líneas generales en la mayoría de los países del hemisferio occidental, a pesar de algunos traspiés, es positiva para la Carta Democrática.  En el año 2001, con una gama de matices, había democracia en todos los países de la región, sin embargo, hoy en día observamos que se esta produciendo el surgimiento de liderazgos autoritarios, los cuales a través de un discurso populista y utilizando los mecanismos que ofrece la democracia para llegar al poder, luego de llegar al gobierno se dedican a implosionar y destruir las instituciones democráticas, con la pretensión de perpetuarse en el poder a cualquier costo. En la Carta Democrática se le asigna al secretario general de la OEA, la responsabilidad de ser el garante del cumplimiento de la misma, en los últimos años el actual secretario general Luis Almagro, asumió esta función, por lo que le ha resultado incomodo para algunos países miembros que han manifestado no estar satisfechos y critican su gestión al frente de la OEA, ya que hubieran preferido alguien con un perfil mucho más bajo, pudiera pasar por debajo de la mesa algunas violaciones a la Carta. Vale la pena recordar que, en junio del 2.009, por solicitud de un grupo de países miembros de la OEA, se le ofreció a Cuba la posibilidad de volver a formar parte de la OEA, al aprobarse una resolución en la cual se dejaba sin efecto la resolución del año 1.962 a través de la cual se expulsaba del sistema interamericano, por intentar desestabilizar los gobiernos de varios países de la región, cuestión que por cierto no ha dejado de hacer durante todos estos años. Ante esta oferta, la respuesta de la dictadura cubana, fue que por supuesto no estaba interesada en formar parte ya que no tiene ninguna intención de pertenecer a una organización en la cual debe comprometerse a cumplir los principios y reglas básicas de la calidad de la democracia. En la actualidad existe una crisis de legitimidad en las organizaciones multilaterales, ya que no han logrado adaptarse a las nuevas realidades internacionales y su estructura se mantiene casi intacta que al momento de su creación en la primera mitad del siglo pasado. El sistema internacional ha cambiado y se requiere organizaciones que puedan dar respuestas más rápidas a los nuevos retos. En este sentido la OEA, no es la excepción, por lo que se hace necesario una reforma, sobre todo en el mecanismo de tomar decisiones importantes, resulta absurdo que en estas organizaciones todos los países miembros tengan un voto con el mismo valor, mientras no se produzca un cambio que legitime las decisiones, los temas que se traten en las Organizaciones multilaterales siempre serán intrascendentes o de difícil cumplimiento. En el caso de la OEA, no responde a ninguna lógica, ni sentido continuar con la practica que países muy distintos en extensión territorial, población y economía tengan un voto con el mismo peso. Como ejemplo, el voto de la isla de Dominica, no puede ser igual al voto de un pais de la magnitud y población de Canadá o que el voto de Brasil sea igual al del pais caribeño de San Vicente y las Granadinas, el cual podría tener un tamaño y contar con una población similar a un municipio en Curitiba o Boavista.   La OEA, es una Organización útil y necesaria para el hemisferio, que cuenta además de la Carta Democrática, con un sistema de vigilancia y protección de los derechos humanos muy respetable. Por lo tanto, los miembros lejos de intentar disminuirla, deben buscar apuntalarla y consolidarla, realizando los cambios necesarios para su fortalecimiento y que pueda seguir siendo el foro político más importante de la región. Juan Francisco Contreras Arrieche Internacionalista UCV

El personal diplomático y el Estado

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JUAN FRANCISCO CONTRERAS ARRIECHE – La profesionalización del Servicio Exterior, desde siempre ha sido una preocupación del Colegio de Internacionalistas de Venezuela (CODEIV), recientemente el tema ha sido abordado por dos expresidentes del Colegio como son Freddy Álvarez Yanes y Alonso Pérez Marchelli quienes han hecho acertados señalamientos sobre la importancia de la necesaria profesionalización del Servicio Exterior venezolano. Los miembros del personal Diplomático de un país, son funcionarios de Estado, por lo tanto, el ingreso al Servicio Exterior no debe partir del establecimiento de cuotas, parcialidades políticas o nepotismo, ya que, en el ejercicio de sus funciones, deben velar y responder por los intereses de la nación y no a los de un partido o una ideología política. Estos funcionarios no se pueden improvisar, debido a que representan la cara más visible del país en el exterior. La formación debe responder a un proceso integral, que abarcan entre otras materias las teorías de las relaciones internacionales, el derecho internacional (público y privado), la geografía, la historia, economía, la negociación, protocolo y ceremonial y por supuesto los idiomas.  Por esta razón, le corresponde al Estado, invertir importantes recursos y tiempo en la preparación de este personal. En Venezuela se han formado cerca de cuatro mil (4.000) profesionales, egresados de las Escuelas de Estudios Internacionales de la UCV y recientemente en la USM que aspiran a desarrollar la vocación en la profesión que escogieron. La eliminación de la carrera diplomática un gran retroceso Se ha producido un gran daño al país, al eliminar la carrera diplomática, en las últimas dos décadas  Venezuela  camina en sentido contrario al resto de los países que pugnan por tener mejores profesionales cada vez más preparados y competitivos, los cuales ingresan por concurso al rango inferior de la carrera, que es tercer secretario de allí van ascendiendo, formándose y madurando en los distintos rangos hasta después de muchos años en el Servicio, logran por méritos propios cumplir los requisitos, obtener el conocimiento y la experiencia para desempeñar el rango de embajador. Si bien es cierto, el artículo 236, de la Constitución vigente, le otorga al presidente de la Republica, la atribución de dirigir las relaciones exteriores, pero esto no significa que cada presidente cuando asume el poder, debe remover y posteriormente, a todos los funcionarios del Servicio Exterior, como pretende la última e ilegal Ley de Servicio Exterior que se aprobó en la Asamblea Nacional, el año 2013, donde todos los cargos pasan a ser de libre nombramiento y remoción. Esta lamentable practica solo ha servido para colocar fichas políticas, familiares y funcionarios públicos fracasados, que solo responden a una parcialidad política. La profesionalización y la meritocracia Los internacionalistas, junto a otros profesionales afines, aspiramos devolver el brillo que el Servicio Exterior venezolano tuviera durante los años de la democracia y que concluyo el 30 de mayo del año 1999, cuando, Chávez despidió del Ministerio de Relaciones Exteriores. a la mayoría de   embajadores y cónsules, muchos de ellos funcionarios de carrera que habían alcanzado rangos superiores en base a méritos académicos y profesionales, de igual forma se persiguió, se acosó y en muchos casos se le quitaron las funciones a una gran cantidad de personal diplomático, a los cuales, legalmente, no podían despedir, de todos los rangos que se vieron en la necesidad de renunciar o acogerse a las “jubilaciones graciosas”. Esto ha representado un inmenso daño a la República, dilapidando la experiencia y conocimientos acumulados por décadas de estos funcionarios. Estas acciones continuadas, solo fueron superadas tiempo después por el despido de los veintitrés mil (23.000) gerentes y personal técnico de la industria petrolera nacional ocurrida en el año 2.003. Como resultado de estos dos casos, que no han sido los únicos, hoy en día, ya son palpables las trágicas consecuencias, que estas decisiones, han traído para nuestro país. Desde el año 2005, no se realizan concursos para el ingreso de funcionarios a la Cancillería, por esta razón exhortamos que en el momento que comience la transición política, se designe Ad-hoc, una Junta de Evaluación para el ingreso y la reestructuración de la Cancillería, que inicie el proceso de profesionalización del personal, para que se  pueda marchar en paralelo con la  elaboración y aprobación de una nueva Ley de Personal del Servicio Exterior, que contemple  la carrera diplomática basada en la meritocracia,  como la promulgada en 1962 y que de forma sustancial la mejore, atendiendo los nuevos tiempos y circunstancias, pero siempre dirigida a promover la profesionalización y excelencia de nuestro Cuerpo Diplomático y Consular.  Internacionalista UCV / Magister en Seguridad y Defensa/ Presidente del CODEIV @jfca