La Relatora de la ONU y el ajedrez de los Derechos Humanos

Las declaraciones sin fundamento y poco precisas de Alena Douhan, Relatora Independiente de la ONU sobre los derechos humanos y las sanciones han causado sorpresa y revuelo en los medios de comunicación las redes sociales venezolanas. Lo sorprendente es que hayan sorprendido. En realidad, esas declaraciones eran totalmente predecibles, puesto que son parte de una estrategia de largo plazo diseñada por quienes desde hace mas de veinte años detentan o controlan el poder en Venezuela. Nunca es un azar, y aunque a veces se retrasen, el tener un objetivo claramente definido les permite llevar a cabo cada actividad por conveniencia táctica o por aprovechamiento de oportunidades. Veamos por partes. El sistema universal de derechos humanos monitorea la protección y promoción de los derechos fundamentales en todos los países parte de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela no es una excepción, y aunque el organismo a cargo de proteger y promover tales derechos tardó bastante en reaccionar ante las primeras violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Hugo Chávez, el mismo ha ido documentando cada caso traído por abogados, defensores o activistas de la sociedad civil a alguna de sus instancias. Más recientemente, y en particular desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, este monitoreo se ha acentuado y profundizado vista la escalada que se inicia a partir del 2014. Si revisamos la documentación existente, podremos constatar que se pasó de la erosión de los derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, o de casos ejemplarizantes, a patrones sistemáticos para aterrar y someter a la población.  Es decir, en un primer nivel,  se persiguieron los medios de comunicación y se cerraron periódicos, estaciones de radio y canales de televisión, se expropiaron bienes muebles e inmuebles. Luego pasamos a casos de detenciones arbitrarias en los que se evidenciaba la ausencia de independencia del poder judicial, como fue el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien Hugo Chávez encarceló para indicar a otros jueces que correrían con la misma suerte de ella si no se atenían a las exigencias de quienes controlaban el poder judicial desde su cúpula.   Sin embargo, es entre los años 2014 y 2017, y en particular durante los períodos de protesta estudiantil, que descubrimos una estrategia clara de persecución y exterminación del adversario, entendido éste como objetivo enemigo. Ante este punto de inflexión,  surgieron múltiples declaraciones y llamados de alerta desde los distintos mecanismos de supervisión del sistema universal, incluyendo los Procedimientos Especiales, entre los que se encuentran los Relatores independientes para áreas temáticas. En total, más de 20 Relatores Independientes han pedido se les permita visitar Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos en sus áreas especificas, sobre todo, aquellos que supervisan y hacen recomendaciones relativas a los derechos civiles y políticos, que son en definitiva los considerados como derechos nucleares, es decir, sobre detenciones arbitrarias, tortura, independencia del poder judicial, o sobre libertad de expresión y asociación.  En paralelo, en 2017, el entonces Alto Comisionado Zeid Al Hussein, decide iniciar una investigación ex officio, ante el abuso en el uso de la fuerza de los organismos de seguridad del Estado frente a las protestas estudiantiles, y sobre todo, ante las denuncias de torturas atroces cometidas por estos cuerpos de seguridad. El informe desnuda una realidad que muchos desconocían y otros tantos se negaban a aceptar. Es durante este período, que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su cancillería, decide extender  invitación a tres Relatores Independientes: el de derecho al desarrollo, el de la promoción de un orden democrático y equitativo,  y el de derechos humanos y  sanciones. A diferencia de los otros Relatores Independientes, aquí se trata de tres mecanismos impulsados por razones políticas, que obedecen a esquemas geopolíticos “Norte-Sur” propios del otrora expansionismo soviético a través del discurso victimista/desarrollista, y que dentro del esquema de Naciones Unidas, goza aun de muy buena salud. En 2017 fue Alfred De Zayas, en ese entonces Relator Independiente para la promoción de un orden democrático equitativo. Su visita se llevó a cabo a finales de noviembre del 2017, poco después del primer informe sobre Venezuela aludido antes. Según lo presentado, el experto centró su misión en la necesidad de “promover una mayor cooperación regional e internacional, hacer un seguimiento de las políticas dirigidas a detener los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales, garantizar la libertad de comercio y realización de transacciones financieras sin discriminación, atacar los problemas de la reestructuración de la deuda soberana, obtener información sobre políticas relativas a la distribución de recursos y la regulación del sector privado, y explorar medios para fortalecer la asistencia letrada mutua en los casos penales.” En su informe final encontramos los siguientes apartados:  “Obstáculos que impiden el disfrute de los derechos humanos: guerra económica”, “multilateralismo y el principio de no intervención”, “las sanciones económicas” y “crisis humanitaria e intervención humanitaria”, cuyo primer párrafo apunta: “Mediante una inquietante campaña mediática se procura forzar a los observadores a adoptar una visión preconcebida de que existe una “crisis humanitaria” en la República Bolivariana de Venezuela. La señora Alena Douhan es relatora independiente para los derechos humanos y las sanciones. Es la segunda de los tres invitados, y su informe preliminar fue presentado el 12 de febrero pasado, en vísperas de la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos en el que se va a recibir un informe oral de la Misión de Determinación de Hechos, la misma que en septiembre pasado indicó que había elementos para pensar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de Lesa Humanidad. El informe preliminar de la Sra. Douhan consta de varios apartados cuyos títulos son los siguientes: “Situación económica y humanitaria en Venezuela”, “Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones”, e “Impacto en el disfrute de los derechos humanos”. El primer apartado de este informe da a entender que es debido a las sanciones que se ha deteriorado la economía en Venezuela y se ha creado la situación humanitaria actual. Ya