EL STOPPEL
Hugo Alvarez Pifano LOS RIESGOS DE LLEVAR LA CONTROVERSIA CON GUYANA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA ¿Qué han estado cocinando Guyana, Trinidad Tobago, Barbados y Surinam, un daño de la integridad territorial de la nación venezolana? En el ámbito de las relaciones internacionales se entiende por estoppel la pérdida del derecho a alegar la nulidad de un tratado o de un acto jurídico, cuando una de las partes se ha comportado de tal manera que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o del acto que se pretende anular. Este principio, aplicable a toda circunstancia jurídica, es también susceptible de serlo al conocido “Laudo sobre la cuestión de límites con la Guayana Inglesa”, dictado en París el 3 de octubre de 1899 y que atribuyó a la soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña el territorio venezolano de la Guayana Esequiba. Venezuela siempre consideró este acto nulo e írrito y desde entonces ha mantenido su indeclinable posición de que ese territorio le pertenece de derecho y en consecuencia no reconoce las concesiones que Guyana otorgue para explotar las riquezas contenidas en el mismo y menos aún, supuestas delimitaciones que Guyana realice para modificar su geografía. En concordancia también con esta tesis, todos los actos que se realizan con Guyana han llevado siempre en forma expresa la reserva de los derechos venezolanos sobre el territorio esequibo. Desde la llegada al poder del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías y su sucesor Nicolás Maduro Moros el gobierno venezolano ha guardado un pesado silencio y ha mantenido una inacción, que se aparta totalmente de la política del Estado venezolano en lo concerniente a esta reclamación territorial, y algo más grave aún, este silencio no es coherente con la reiteración de los derechos que Venezuela ha mantenido históricamente sobre el territorio Esequibo. No hay que olvidar, que esta reclamación territorial es el fruto de un gran consenso nacional –no es la idea personal de un caudillo- que une a todos los factores del país, incluyendo por supuesto a la Fuerza Armada, más allá de ideologías políticas, razas y credos religiosos. Así mismo, es el resultado de grandes esfuerzos diplomáticos, jurídicos, económicos y políticos llevados a cabo por la República durante más de 100 años, para defender su integridad territorial. ¿En qué consiste el problema? Existen muchos casos, pero vamos a citar tan solo cuatro: Cuando Guyana delimitó áreas marinas y submarinas con Surinam, utilizando como base un punto situado en el territorio en reclamación, Venezuela ha debido hacer cuanto menos una declaración de salvaguarda de sus derechos. En la oportunidad en que Barbados suscribió con Trinidad y Tobago el tratado de delimitación de áreas marinas, en el que se desconocen algunas previsiones del Tratado entre Venezuela y Trinidad, firmado hace unos 30 años sobre la misma materia, la República ha debido al menos invocar el principio “pacta sum servanda” en salvaguarda de sus derechos. Hace 10 años, cuando Guyana pretendió extender el límite de su plataforma continental a 350 millas, partiendo de la línea de baja marea situada en su costa atlántica, lo cual incluye el territorio en reclamación y que incide sobre la proyección de la plataforma continental generada por el Delta del Orinoco, Venezuela no debía guardar silencio, porque es precisamente en este acto, como en los otros, donde puede tener lugar la aplicación del estoppel. Ni que decir de numerosas declaraciones verbales contrarias a esta reclamación histórica en las voces del presidente Hugo Chávez Frías y su canciller Roy Chaderton Matos. El principio de las consecuencias jurídicas de la contradicción entre la conducta y las manifestaciones anteriores que fundamentan un derecho, existe en todos los sistemas jurídicos. En el derecho francés es llamado “forclusion” en el mundo anglosajón “stoppel” y entre hispano parlantes “doctrina de los actos propios” Ha sido aplicado en dos conocidas sentencias de la Corte Internacional de Justicia: el caso del Templo de Préah Vihéar y el de la Sentencia Arbitral dictada por el rey de España. En ocasión de la Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Tratados, reunida en Viena en 1968-69, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se solicitó la inclusión del estoppel en el texto del artículo 45 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en las dos variantes de esta doctrina, que se refieren en sustancia: a) declaraciones expresas o firmadas; y, b) comportamientos o declaraciones verbales. El proyecto de artículo lo preparó el jurista británico Sir Humphrey Waldock y la oposición a la forma en que éste fue presentado para su aprobación la realizó el jefe de la delegación de Venezuela, Embajador Ramón Carmona, el jurista y diplomático, de intelecto más vigoroso y profundidad en sus conocimientos, que ha tenido alguna vez la Cancillería venezolana. Ramón Carmona oriundo de Carora, estado Lara, de la familia Carmona del diario “El Impulso” de Barquisimeto, fue el diplomático venezolano que tuvo a su cargo el estudio y la preparación de todo el material concerniente a las grandes convenciones codificatorias del derecho internacional, llevadas a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas en los años 50 y 60. Me tocó el privilegio de ser su asistente durante varios años cuando rondaba los 25 años edad y había ingresado al servicio interno con el rango de tercer secretario, siempre lo he considerado como mi maestro, lo acompañé a una buena parte de estas conferencias y a las reuniones de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Si alguna vez ha existido una época de oro para la diplomacia venezolana fue la era de Ramón Carmona en los grandes foros internacionales. Al evocar su memoria, como reverso de la medalla de una edad dorada de la Cancillería venezolana, recuerdo la frase de un filósofo alemán August Strindberg: “cuando un mono se mira en un espejo, nadie puede pretender que aparezca reflejada en su cristal la figura de un apóstol, el comportamiento humano es un espejo en el que cada uno muestra su imagen”. Este es precisamente