El brazo largo de la ley o, como el tío Sam los encuentra…
Por Agustin Urreiztieta En días recientes seguimos las peripecias de los procesos judiciales en contra de funcionarios del estado venezolano, o personas vinculadas a la trama revolucionaria. En el afiche de este espectáculo mediático figuran Saab, Carvajal, Claudia Diaz, Vielma Mora, por solo citar unos pocos de un larguísimo elenco de testaferros y traficantes de todo pelo que han medrado en el circo chavista. Por años, hicieron malabares en negocios arteros, construyendo un denso entramado para su lucro y el de sus asociados. Al mismo tiempo, intentaron colocar una lápida de olvido y, sobre ella, un manto de legitimidad. Para ello, invirtieron su dudosa magia en los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, en artes y negocios de todo tipo. Ante su futuro incierto, tenían que esconder, proteger y hacer prosperar el botín para asegurar una salida de escena discreta. Sin embargo, la codicia infinita, la ignorancia o la falta de escrúpulos, los llevó a colocarse la soga de la justicia mundial al cuello. En nuestros días, con el avance de la tecnología, el Big Data y de una gran sensación de aldea global, cada dólar colocado deja trazas indelebles. Así, cada contrato, cada compañía, transferencia, compra o venta, deja huellas a disposición de las autoridades. Este es el “ábrete sésamo” de jueces, fiscales, investigadores y periodistas que permite el acceso a la cueva de la corrupción venezolana. Hoy, un crimen financiero pudiera ser cometido por un venezolano en Caracas, a través de compañías en Panamá y Hong Kong, con cuentas bancarias en Madrid y Miami, oficinas en Londres o Barcelona con el concurso de operadores en la sombra en la Habana y Teherán. ¿Como deshacer el ovillo? Y es así como las autoridades de los Estados Unidos, incluidos principalmente el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), investigan y castigan delitos de cuello blanco en los rincones más lejanos del mundo. Solo en el 2020 y el 2021, las sentencias por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por ejemplo, involucraron conductas en Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Arabia Saudita, India, China, entre otros. Por igual, las autoridades recopilan pruebas del exterior en casos de blanqueo de capitales, controles de exportación, sanciones, y muchas otras posibles infracciones. Muy poco pasa desapercibido. Pero ¿cómo reúnen las autoridades estadounidenses pruebas de toda esa conducta que ocurrió lejos y con frecuencia hace mucho tiempo? ¿Cómo hicieron en el caso de Saab y tantos otros? Hoy, vestido de naranja en una prisión, espera por su juicio. Para las investigaciones dentro y fuera del país, las autoridades estadounidenses tienen numerosos poderes y herramientas a su disposición. Con mucho esmero se ha construido una extensa red de recursos formales e informales que incluyen convenios internacionales y relaciones entre agencias estadales investigativas. En efecto, los Estados Unidos han suscrito acuerdos multilaterales y bilaterales con todos los estados miembros de la Unión Europea, varios de la OEA y muchos otros países. Asimismo, el arsenal incluye estrechas relaciones que, el DOJ, la SEC y otras agencias, han desarrollado con sus contrapartes extranjeras y en especial bajo los auspicios de los Grupos de Trabajo sobre Soborno de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como de otras organizaciones internacionales públicas, como los bancos multilaterales de desarrollo. En las largas ramas del árbol de la justicia americana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene 63 oficinas regadas por el mundo cubriendo más de 180 países. Estas operan mediante acuerdos con la nación anfitriona y, juntos, recaban pruebas y conducen las investigaciones. De manera similar, la Administración de Control de Drogas (DEA) opera 91 oficinas en el extranjero en 68 países. Solo estos dos datos hablan por si solos sobre la lucha contra del crimen financiero. También, los criminales deben sospechar de las empresas americanas con las que comercian. Estas pueden ser citadas y obligadas a colaborar ante la “notitia criminis”. Tanto aquellas que voluntariamente revelan posibles conductas delictivas, como a las que el gobierno se acerca primero. Lo mismo sucede, claro está, con individuos, cooperadores y posibles denunciantes. Por ello, cada empresa o individuo estadounidense en relaciones con venezolanos sospechosos, puede ser un denunciante potencial. Por otra parte, no hay que desmerecer la riqueza de datos que van regando a diario estos peculiares personajes de la picaresca criolla y sus socios en el crimen. Las autoridades, con solo recolectar evidencia de sus vidas dentro de los Estados Unidos, definen la ruta investigativa. Registros bancarios de transacciones extranjeras e intercambios de emails y llamadas con personas en el extranjero, están a disposición de las autoridades. En este sentido, no olvidemos el éxito global de empresas como Facebook, Google, Twitter y otras, todas americanas, en cuyos registros aparecen con detalle donde viven, donde viajan, qué, cuanto, cómo y dónde consumen. Todo un anzuelo del cual cuelgan los individuos corruptos, su vanidad, codicia y extravagancias a vistas del público y de … las autoridades. Como si no bastara, a partir del año pasado, las autoridades tienen dos nuevas herramientas para recopilar evidencia extranjera. Una es la facultad de exigir a cualquier banco extranjero con cuenta corresponsal en los Estados Unidos, los registros relacionados con cualquier cuenta bancaria, dentro o fuera de los Estados Unidos. Estas corresponsalías son un componente clave del sistema bancario internacional y de ellas depende que se pueda transar en dólares americanos. Perderla, equivaldría a darle la espalda al sistema financiero internacional. La otra temible herramienta, es el premio a denunciantes de lavado de dinero. El programa de denuncia de irregularidades es quizás el recurso más potente del gobierno para atraer a testigos cooperantes con conocimiento de violaciones criminales. Desde el 2010 la SEC ha premiado con más de 900 millones de dólares a los denunciantes. El programa está diseñado para obtener información que la SEC no descubriría de otra manera. Por último, los informes de prensa son, igualmente, la chispa inicial. Así, los escándalos de soborno que al principio parecen ser pequeños, pueden convertirse en importantes investigaciones multinacionales.