Política, petróleo y la aritmética que no admite consignas
Introducción: la paradoja venezolana
Incluso si Venezuela lograra hoy lo que históricamente le ha sido esquivo —unidad política interna, liderazgo estable y consenso social para una transición profunda— la recuperación de su soberanía económica seguiría fuera de alcance en términos racionales.
Esta afirmación no es ideológica ni provocadora. Es contable.
Durante años, el debate sobre la soberanía venezolana ha estado dominado por una falsa dicotomía: o se la defiende como principio absoluto, o se la descarta como imposibilidad práctica. Lo que ha faltado es un análisis frío del costo real de recuperarla, particularmente en el ámbito petrolero, que sigue siendo el eje material del Estado venezolano.
El problema central no es político.
Es estructural.
¿Qué es un protectorado en términos contemporáneos?
En el siglo XXI, un protectorado no implica ocupación militar ni pérdida formal de soberanía política. Se trata de un arreglo funcional en el cual un Estado conserva sus símbolos institucionales —gobierno, elecciones, representación diplomática— pero pierde el control efectivo sobre uno o más recursos estratégicos que determinan su viabilidad económica.
En el caso venezolano, el elemento definitorio no es la presencia externa directa, sino la imposibilidad práctica de decidir unilateralmente sobre la producción, la comercialización y el uso fiscal de su principal activo: el petróleo. Cuando un país produce, pero no controla la venta, el flujo de ingresos ni las condiciones financieras asociadas, la soberanía deja de ser operativa y pasa a ser nominal.
Bajo esta definición —operativa, no ideológica— el arreglo actual encaja en un protectorado económico petrolero, resultado no de una imposición súbita, sino de una insolvencia estructural acumulada durante décadas.
La realidad operativa del sector petrolero venezolano
A comienzos de 2026, Venezuela produce petróleo, pero no ejerce control soberano pleno sobre su cadena de valor. La comercialización internacional, la certificación de flujos financieros y el uso efectivo de los ingresos se encuentran condicionados por acuerdos, licencias y mecanismos de supervisión externos, principalmente vinculados a Estados Unidos.
Este hecho tiene una consecuencia directa: el principal recurso estratégico del país no puede ser utilizado libremente como instrumento de política económica.
Dado que entre el 75% y el 85% del presupuesto nacional depende directa o indirectamente del petróleo, el control de la comercialización equivale, en la práctica, a un veto estructural sobre la política fiscal. No se trata de una intervención explícita, sino de una restricción funcional: primero se atienden compromisos financieros, luego inversiones certificadas y, solo después, el gasto público residual.
Por qué este arreglo no es temporal
Existe una tentación recurrente de interpretar este esquema como una etapa transitoria. Los datos indican lo contrario.
Entre 2026 y 2035 se proyectan inversiones en el sector petrolero venezolano que oscilan entre 60.000 y 95.000 millones de dólares. Estas inversiones están asociadas a contratos de largo plazo, con horizontes que se extienden hasta 2055–2065 y períodos de recuperación de capital de entre 8 y 12 años.
Este fenómeno genera un efecto clásico de inversión hundida: ningún actor dominante —ni corporativo ni estatal— puede retirarse sin asumir costos económicos y estratégicos significativos. En términos políticos, esto implica que ninguna administración estadounidense futura tendrá incentivos reales para abandonar este esquema, independientemente de su signo ideológico.
La dependencia técnica como límite duro
Más allá de la dimensión financiera, existe un límite técnico que rara vez se discute con honestidad. PDVSA, en su estado actual, no dispone de:
capacidad tecnológica para operar eficientemente la Faja del Orinoco,
capital humano suficiente tras años de fuga de talento,
sistemas de comercialización global competitivos,
infraestructura de mejoramiento y refinación plenamente funcional.
La reconstrucción de estas capacidades requeriría entre 15 y 25 años, con una inversión adicional estimada entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, incluso en un escenario de estabilidad política sostenida. No se trata de voluntad. Se trata de escala y tiempo.
El argumento geopolítico que cierra el sistema
Desde la perspectiva estadounidense, Venezuela no es intercambiable. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un valor potencial estimado entre 21 y 22 trillones de dólares. Perder control sobre ese recurso implicaría fortalecer a potencias rivales en el hemisferio occidental, comprometer la seguridad energética y asumir costos migratorios elevados.
Además, una parte significativa del sistema de refinación del Golfo de México está optimizada para crudos pesados. Sustituir a Venezuela implicaría reconversiones costosas, mayores precios internos y una dependencia extra hemisférica más profunda. En términos estrictamente pragmáticos, mantener el control es más barato que perderlo.
¿Cuánto cuesta realmente recuperar la soberanía?
Aquí es donde el debate suele romperse con la realidad.
Un intento de salida unilateral del esquema actual —por ejemplo, hacia 2040— implicaría:
laudos arbitrales estimados entre 120.000 y 200.000 millones de dólares,
una caída inmediata de la producción del 60–70%,
sanciones financieras severas,
nueva fuga de capital humano y de inversión.
El costo total agregado se sitúa entre 450.000 y 650.000 millones de dólares, es decir, entre dos y tres veces el PIB venezolano proyectado. Bajo cualquier criterio técnico, este escenario es económicamente inviable.
Política versus aritmética
Aquí emerge la conclusión incómoda: la soberanía puede ser políticamente deseable, pero económicamente prohibitiva en el horizonte visible.
Incluso un liderazgo capaz de unificar al país y sostener una transición ordenada se enfrentaría a un muro de restricciones materiales que no se resuelven con legitimidad política. La aritmética no negocia.
Conclusión: la pregunta correcta
Venezuela no está “recuperándose” en el sentido clásico. Está siendo integrada en un esquema de tutela económica funcional que no es ideológico, no es conspirativo y no es temporal. Es la respuesta pragmática a una insolvencia estructural acumulada durante más de 25 años.
Sin embargo, la cúpula política continúa utilizando una retórica de soberanía que ya no se corresponde con la realidad material. La pregunta relevante no es quién tomará el poder, sino cuánto margen real tendrá ese poder en el tiempo, cuando el presupuesto del país —y los recursos que lo sostienen— se encuentran estructuralmente condicionados.
La pregunta correcta no es si Venezuela debería aceptar este modelo.
La pregunta es cómo maximizar el bienestar interno bajo estas condiciones, entendiendo que la inteligencia estratégica será vital y que, solo en el mejor de los casos, podría prepararse una salida gradual en un horizonte de 30 a 50 años.
La probabilidad de independencia económica plena antes de 2050 es inferior al 15%.
Negarlo no es soberanismo. Es evasión.
Carlos J. Perez Pulido
Internacionalista UCV. – Founder, ISHEA Institute · Strategic Advisor · Human Systems Analyst