Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, después de expulsar a sus funcionarios.

Por María Alejandra Aristeguieta.

El próximo 26 de febrero se inicia el 55 período ordinario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encuentro multilateral que durará unas cinco semanas, una más que los períodos de sesiones de mitad de año y de septiembre, porque la primera semana está consagrada a recibir a altos representantes, secretarios de estado, ministros y cancilleres. Esta primera semana es conocida como el segmento de Alto Nivel y se trata de un espacio para que estos dignatarios intervengan ante el Consejo y renueven el compromiso de sus Estados con la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo, y muy particularmente, en sus países.

También es, por supuesto, una excelente ocasión para desarrollar una agenda bilateral con sus pares presentes, con distintos aliados, y ¿por qué no?, con funcionarios de países con los que se tiene poca relación, o una relación antagónica.

En otras palabras, muy probablemente la semana que viene, el 26 de febrero o el día siguiente (porque Venezuela siempre consigue hablar entre las primeras delegaciones intercambiando su posición en la lista por favores a quien le esté calentando el puesto), veremos en Ginebra al representante de la diplomacia madurista, Yvan Gil, presentarse ante sus pares y embajadores para hablar de la protección de los derechos humanos en Venezuela, mientras, hasta el momento de escribir este artículo, el régimen al que representa mantiene incomunicados y desaparecidos a la defensora de DDHH, Rocío San Miguel, los dirigentes políticos del partido Vente Venezuela Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, y al ingeniero Carlos Salazar, entre otros más de 200 presos políticos. Vendrá con un discurso a poner en escena una narrativa de paz y diálogo, mientras en Venezuela se siguen violando todas las normas nacionales e internacionales en materia de derechos individuales, de libertad de expresión, de protección a los defensores y abogados, de debido proceso, y otros derechos civiles y políticos, que por cierto, también incluyen la violación al derecho a elegir cuando impiden de manera inconstitucional la participación de María Corina Machado en las elecciones previstas para diciembre de ese año.

Además, posiblemente escucharemos al representante del madurismo intentar justificar delante del Consejo de Derechos Humanos, la decisión de cerrar la Oficina Técnica y de Asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas y expulsar a los funcionarios que allí trabajaban, quienes tuvieron que salir escoltados del país. Oficina Técnica, por lo demás, que nace de un mandato otorgado por los propios Miembros del Consejo de Derechos Humanos al Alto Comisionado y que fue votada y adoptada por los propios representantes gubernamentales a través de una resolución presentada por Cuba (en nombre de Venezuela) en el 2019.

Con una narrativa digna de los cuentos de los hermanos Grimm, le dirá seguramente a los funcionarios y diplomáticos allí presentes que Venezuela cree en la cooperación como el mecanismo idóneo de promoción y respeto a los derechos humanos, y que es un país de paz, pero que no se puede permitir tal intromisión en sus asuntos internos, ni el sesgo y la politización de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Caracas, y que por lo tanto revisará los términos de entendimiento suscritos con la oficina y expulsa a los funcionarios “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

No será la primera ni la única vez que utilice esa narrativa, que por lo demás no es exclusiva de Venezuela. Al contrario, es la misma que usan China, Rusia, Irán, Pakistán, Bielorrusia, Yemen, Siria, y todos los Estados forajidos y violadores sistemáticos de los DDHH, que, por incoherencias del sistema multilateral, participan en un foro destinado a protegerlos y promoverlos.

Quizás lo más delicado no sea la narrativa cínica con la que pretenda engañar a quienes lo escuchen describir el universo paralelo diseñado para la ocasión. Lo más delicado no es siquiera que en los días que se encuentre Gil y su comitiva en Ginebra, se reúnan con sus aliados forajidos de siempre organizados bajo el grupo de los Like-Minded o de los No Alineados para coordinar acciones.

No.

Lo más delicado es que se reúnan con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que éste, al igual que su predecesora, se doble para no partirse, convencido de que se hace más desde adentro que desde afuera, cuando en realidad sabe que el costo de esa presencia va a comprometer su capacidad de acción a tal extremo, que la integridad laboral y personal de sus funcionarios estarán amenazadas.

Lo más delicado es que Gil y su comitiva se reúnan con delegaciones tibias, esas que se presentan como democracias pero que siguen una línea estratégica de mediano plazo, cuyo objetivo es desmontar las instituciones democráticas en sus propios países. O con aquellas que siguen creyendo que es un gobierno de izquierda y que por afinidad ideológica deben apoyarlo. O que lo apoyen por ser un país en desarrollo, o peor aún, porque son enemigos de Estados Unidos, o porque Venezuela les ha financiado una escuela, un hospital o un aeropuerto.

Esos sí son los mayores enemigos de los derechos humanos en el mundo y son el adversario que neutralizar.

María Alejandra Aristeguieta

Internacionalista UCV, ex diplomática, consultora y analista de relaciones multilaterales.

@MAA563

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