Por Luis Daniel Álvarez V
El pasado 21 de julio se cumplieron cuatro años de un hecho que evidencia la endeble situación institucional que afronta Venezuela. La escogencia de 13 magistrados principales y 20 suplentes realizada por la Asamblea Nacional en el uso de sus atribuciones constitucionales y legales, fue desconocida por sectores del poder central que iniciaron una despiadada arremetida contra los juristas, que constitucionalmente, tienen la investidura de ser jueces del máximo tribunal, al haber sido electos y juramentados por el órgano con competencia. Más allá de la gravedad que trae la situación de los magistrados y su entorno, la coyuntura es mucho más delicada, pues dejó un órgano operativo que al no estar adecuadamente constituido, ya que faltan los 13 magistrados seleccionados y sus lugares los ocupan personas que no gozan de la investidura al ser anulado su nombramiento, carece de idoneidad y fortaleza.
Los magistrados seleccionados, aclarando que nunca se nombró un tribunal sino a un conjunto de jueces que deben ser inmediatamente incorporados para remediar una arbitraria injusticia, han tenido que estar sometidos a presiones de diversa naturaleza, mientras esperan la posibilidad, imperativa por demás, de asumir sus responsabilidades. Sectores de la comunidad internacional y la mayoría de actores de la política interna son enfáticos en indicar que se requiere la reinstitucionalización de los poderes públicos en Venezuela, siendo en el caso del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un procedimiento medianamente sencillo, que incluso está sustentado en instrumentos aprobados por la Asamblea Nacional electa en 2015.
Un viejo refrán dice que puede medirse la calidad de un país por la manera en la que trata a sus juristas y en particular a sus jueces. En ese sentido, el balance ha sido sustancialmente negativo, correspondiéndole a la ciudadanía mantener vivo el recuerdo de lo acaecido e insistir en la imperiosa necesidad de remediar la arbitrariedad. De esa manera se respetaría la voluntad ciudadana que, a través de la voz de sus representantes, optó por adecuar su máxima instancia legislativa, partiendo de que parte de los que allí estaban, e irregularmente se han mantenido en sus puestos, no fueron escogidos de la manera idónea ni con el procedimiento establecido.
La clase política y quienes abogan con firmeza y determinación por una salida justa, democrática y lo menos traumática posible a la compleja crisis social, estructural y económica que atraviesa Venezuela, tienen que mantener como una de sus prioridades la necesidad de adecuar la composición del Tribunal Supremo de Justicia al espíritu de la constitución y la ley, manteniendo la exigencia de que los magistrados electos hace cuatro años tienen que ser incorporados, pues su escogencia se hizo acorde a lo estipulado en las normas, sin que ninguna excusa absurda y carente de lógica pueda imperar.
Desde esta tribuna llamamos a la presión necesaria para la correcta composición de los poderes del Estado. En este caso la acción puede ser sencilla, pues no implica más que incorporar a un cuerpo colegiado a los juristas seleccionados, quedando para ejercicios posteriores la revisión del resto de los integrantes. Esa debería ser la consigna y parte de la lucha a emprender por tratar de salir de las tinieblas que azotan a la patria. La ciudadanía, incluidos los partidos políticos con vocación democrática, deben hacer de esa propuesta una de sus banderas, luchando para que el próximo 21 de julio, los magistrados seleccionados puedan recordar su nombramiento, dictando sentencia y fijando audiencias en la sede del máximo tribunal, tal como dictan las responsabilidades para las cuales fueron seleccionados hace cuatro años.
Luis Daniel Álvarez V.
Internacionalista UCV, Doctor en Ciencias Sociales. Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV
@luisdalvarezva
Muy de acuerdo con tu opinión, es necesaria la reinstitucionalizacion del país. Venezuela y los venezolanos ya no soportamos este estado de anarquía provocado por un régimen que lo que ha logrado es que hallamos pasado a ser un pobre país bananero.