Más que una misión electoral

Son necesarias condiciones mínimas para realizar un proceso electoral, que debe ser para elegir Presidente y Asamblea Nacional


Enorme expectativa se ha formado en la comunidad internacional con la posibilidad de que la Unión Europea acompañe el denominado proceso electoral que se ha convocado para el próximo 6 de diciembre y que no cuenta con el reconocimiento, ni de la mayoría de los factores democráticos venezolanos, ni de la comunidad internacional. De hecho, la Unión Europea ha señalado en reiteradas oportunidades, la última de ellas a finales de septiembre, que no hay condiciones en el país para llevar adelante las elecciones.   
Algunos factores separándose del discurso emanado de la Asamblea Nacional –ente reconocido por más de sesenta países- han señalado que posponer el proceso puede servir para que se concrete una misión de observación europea. Incluso, enorme polémica se ha desatado alrededor de Josep Borrell, pues se dice que el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de espaldas a la institución, envió una comitiva a Venezuela para buscar alguna negociación.
El asunto es que una misión de observación no es la máxima aspiración que puede conseguirse. No se gana nada con que personalidades calificadas viajen a Venezuela para dejar constancia de un proceso plenamente controversial y en lo absoluto transparente. La aceptación de unos comicios en el país pasa por reformas integrales, es necesario auditar el registro electoral, así como los recursos que se utilizan en la campaña, de no llevarse a cabo, dejarían dudas y unos resultados viciados.
El proceso, que ya inició con la controversial eliminación del sufragio directo para la elección de  los diputados indígenas y con un ampliación inexplicable del número de parlamentarios, ambos elementos violatorios de la constitución, está convocado por un Consejo Nacional Electoral que no emana de la Asamblea Nacional, llegando el colmo de la arbitrariedad al hecho de que un rector que renunció no fuese sustituido por su suplente, sino por una persona externa, a solicitud de unas toldas políticas. Aunado a ello, el ente que nombró, el Tribunal Supremo de Justicia, está mal constituido, pues 13 de los magistrados electos y juramentados por la Asamblea Nacional no han podido asumir sus funciones, permaneciendo en sus cargos unos individuos cuya condición de magistrados fue anulada por el legislativo.    
Algunos ingenuos, y otros cómplices que quieren sacar provecho de la situación, dicen que una misión de observación es suficiente, cuando lo necesario es que se lleve a cabo un proceso presidencial y parlamentario con plenas garantías y supervisión internacional. Además, es primordial que la Asamblea Nacional recupere sus atribuciones, entre ellas la de nombrar el CNE y garantizar que los magistrados por ella designados se integren al TSJ. Por último, las tarjetas electorales secuestradas deben ser devueltas a sus autoridades regulares. Si ello no ocurre, la misión de observación electoral no será más que una gira vacacional. Afortunadamente, el mundo parece entenderlo.

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