“LOS ACOMPAÑÉ HASTA EL CEMENTERIO, PERO NO ME ENTIERRO CON USTEDES”

La Visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional

Esta semana Karim Khan, el nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), realizó una visita a América Latina con miras a evaluar los avances de la justicia en algunos países de la región. Primero pasó por Colombia, donde manifestó una opinión favorable en torno a la evolución de la justicia, luego viajó a Panamá y culmino su gira en nuestro país. Al final de la visita, el día 3 de noviembre, realizó un anuncio que todavía mantiene asombrado a gran parte del pais. El fiscal Khan señaló que, una vez culminado el examen preliminar sobre el caso de Venezuela, ahora se pasará a la próxima etapa del proceso.

Ante este hecho hay que hacer varias precisiones, la primera es que el proceso de investigación no es contra el pais (Venezuela) sino contra los funcionarios involucrados en las denuncias respectivas, quienes deberán enfrentar la justicia internacional, en el caso que se logre demostrar que cometieron Crímenes de Lesa Humanidad, establecidos en el Estatuto de Roma. De esta forma, debe quedar claro que la responsabilidad y las penas son individuales y no colectivas.

Otra precisión pertinente es que este tipo de crímenes no prescriben, además que no puede alegarse “la obediencia debida” en descargo de la responsabilidad por los actos cometidos. De esta forma existe la responsabilidad de quien comete el crimen, como de quien da la orden, lo cual se refleja a través de la línea de mando.

La experiencia que existe en varios casos, como por ejemplo en los Balcanes, donde el Tribunal Ad-Hoc creado antes de la existencia de la CPI, no solo llevó a juicio a Slobodan Milosevic (quien falleció poco antes de su sentencia), sino que ha buscado de forma continua a todos los miembros de la cadena de mando responsables de los crímenes de lesa humanidad, con lo cual demuestra que a pesar del intento de esconderse por parte de algunos de los considerados criminales en el conflicto, todavía continúan siendo perseguidos y apresados por la justicia internacional, a pesar de haber transcurrido casi tres décadas.

El anuncio de continuar a la fase de investigación constituye un acontecimiento histórico, ya que es la primera vez que en la Corte se inicia este tipo de proceso en el hemisferio occidental. Además, lo novedoso -y podemos también señalar como insólito- es que este caso se trata de una situación que no es producto del desarrollo de un conflicto armado o una guerra, sino de una política de represión y empobrecimiento de la población que ha producido un éxodo masivo, según algunas fuentes,  cercano a un 25% de la población.

En este sentido, ya existen precedentes relacionados con gobernantes en ejercicio, que han sido procesados, como son los casos de Omar Al Bashir (Sudan) a quien el gobierno, que existía antes del golpe militar de hace unos días, se había comprometido a extraditar para que asistiera a la CPI o el caso de Muhamar Gadafi (Libia), quien fue asesinado en su pais, antes de comparecer

La actuación de la CPI, se basa en la complementariedad, es decir que interviene cuando en un pais no hay capacidad para hacer justicia, por lo que se debe revisar la actuación de La Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual ha publicado dos informes bastante detallados: el primero sobre la situación de los Derechos Humanos y la represión en Venezuela, y el último, de fecha 16 de septiembre de 2021, en el que se ahonda pormenorizadamente en la situación del sistema de Justicia. [i]

Por lo tanto, es importante señalar, que sea cual sea el resultado del proceso que se va a llevar a cabo en la Corte, el memorándum firmado por el señor Maduro y el fiscal Khan constituye un triunfo contra el sistema de impunidad en Venezuela, ya que representa un compromiso para adecuar el sistema judicial a los estándares de la justicia internacional. Cabe señalar que urge una revisión sustancial del sistema de justicia en Venezuela. Por citar un caso, el máximo tribunal está irregularmente constituido al permanecer en sus puestos 13 personas cuyo nombramiento fue anulado por la Asamblea Nacional, procediendo en uso de sus atribuciones a designar sus remplazos, los cuales no han podido asumir sus responsabilidades dadas la persecución y desinstitucionalización imperantes. Lo mismo puede mostrarse con el Poder Ciudadano.

Finalmente, son varios los funcionarios que en los últimos meses “han visualizado” la situación que deberán enfrentar y han decidido salirse de esa espiral de impunidad, tal vez, no por una reflexión profunda, sino tratando de obtener ciertos beneficios.  En este grupo figuran personajes ligados a los aparatos de inteligencia y vinculados a temas judiciales, sobre los cuales puede aplicarse la frase que titula este editorial:  los acompaño hasta el cementerio, pero no me entierro con ustedes.

Siendo la responsabilidad personalísima y no pudiendo esgrimirse la obediencia debida,  ¿Qué harán los subalternos? ¿Guardarán silencio o testificarán con tal de salvarse?

Amanecerá y veremos


[i]https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://codeiv.org/wp-content/uploads/2021/09/2021.09.15-Short-Report-ES-FINAL.pdf

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