El pasado 18 de junio Ebrahim Raisi fue electo nuevo Presidente de la República Islámica de Irán en unas elecciones consideradas, por gran parte de la comunidad internacional, como falseadas. Su victoria se gestó gracias a las decisiones adoptadas por el Consejo de Guardianes, un cuerpo de juristas y clérigos estrechamente vinculado con el Líder Supremo Ali Jamenei, al aprobar solo a siete candidatos para esos comicios, de los cuales Raisi era el más destacado.
Se abre así, una nueva etapa en el proceso político iraní surgido el 11 de febrero de 1979. Han pasado cuarenta y dos años cuando los ayatolas encabezados por Ruhollah Jomeini llegaron al poder estableciendo, mediante una nueva constitución, la República Islámica cuya máxima autoridad es el Líder o Guía Espiritual.
De esta manera se materializó la teoría del “gobierno de los juristas religiosos” elaborada por el propio Jomeini en la década de los sesenta.
Irán no es un estado gobernado por un partido único, por una cúpula militar o por una dinastía, sino por una élite político-clerical conformada por diversos individuos y grupos que se disputan el control político del sistema.
Esta estructura ha permanecido casi invariable, pero dista mucho de ser un régimen monolítico y sin fricciones internas como se supone en gran parte de la comunidad internacional. Las diferencias entre las distintas tendencias del sistema se han sucedido a lo largo la historia republicana, en algunos casos con mayor intensidad y violencia. Las alianzas internas se generan en función de los intereses de cada grupo.
La Constitución de 1979 reformada meses antes del fallecimiento de Jomeini (1989), terminó de plasmar una mezcla de república clásica, con instituciones electivas y separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y de teocracia, que otorgaba a los clérigos chiíes una autoridad superior sobre el resto del sistema y la población.
Se crearon además lo que se conoce como el Liderazgo Espiritual, conformadas por instituciones electivas: Presidencia, Parlamento y Asamblea de Expertos y otras no electivas: Consejo de Guardianes, Consejo de Discernimiento y Consejo de Seguridad Nacional.
De esta manera, el complejo entramado de controles recíprocos que se conformó ha contribuido a que ninguna de estas instituciones tenga por sí sola la capacidad absoluta para decidir sobre temas fundamentales en política interna y exterior. Se intenta así evitar que el sistema evolucione hacia una especie de absolutismo, privilegiando los mecanismos de consenso internos de la élite político clerical.
A los Consejos no electivos les corresponde dirimir las diferencias de la élite gobernante y alcanzar los consentimientos necesarios para el mantenimiento del sistema político. Si bien las instituciones y las principales líneas de políticas internas y externas se han mantenido de acuerdo a los designios de su fundador, en algunas ocasiones se han producido modificaciones importantes producto de la correlación de fuerzas cambiantes en el seno del sistema.
Dentro de esta intrincada estructura institucional sobresale, indiscutiblemente, la figura del Líder, quien concentra en su persona funciones de significativo alcance. No solo designa e inspecciona diversos organismos de sistema, sino que también ejerce una vigilancia directa sobre instituciones igualmente relevantes para el control efectivo de la sociedad iraní: el ejército, la guardia revolucionaria y las fundaciones de caridad, al igual que la supervisión ideológica, a través de la radio y televisión y algunos periódicos nacionales, las universidades y los oradores de la plegaria de los viernes en todas las mezquitas del país.
Se puede entender, por lo tanto, que el ejercicio real de la autoridad del Líder es la de actuar como árbitro, en última instancia, entre facciones de la élite que mantengan diversas posturas o disposiciones. Desde el establecimiento de R.I. de Irán, el cargo ha sido desempeñado por Ruhollah Jomeini (1979-1989), y su sucesor Ali Jamenei, cuyo desempeño ha sido menos carismático que el de su antecesor.
Es en este hábitat en el cual el nuevo presidente deberá ejerce funciones, a partir de 5 de agosto, contando con la total anuencia del líder Jamenei quien precisamente lo escogió para ser la figura visible de la R. I. de Irán. En consecuencia, a Raisi le corresponderá enfrentar un conjunto de situaciones de envergadura tanto en el ámbito interno, como en las relaciones internacionales.
A nivel nacional, uno de los aspectos que más destacan son las incógnitas que se ciernes en relación a la sucesión y salud del Líder Supremo, debido a su avanzada edad. La mayoría de los observadores consideran que al intervenir las elecciones a favor de su protegido fue una estrategia para prepararlo como miras a ser el próximo Líder Supremo, de la misma manera que Jamenei sucedió a Ruhollah Jomeini, en 1989, mientras ocupaba el cargo de presidente.
Sin embargo, si Raisi asume la posición de líder supremo, persisten dudas respecto a su falta de credenciales revolucionarias y religiosas que lo obligaría a depender en cierta forma de la Oficina del Líder, una especie de gobierno en la sombra en el que el hijo de Jamenei, Mojtaba, es un actor clave.
Pero sus problemas se extienden más allá de la sucesión del Líder. Raisi deberá enfrentar la seria crisis económica por la que atraviesa el país. La población iraní (83 millones de habitantes) está agobiada por una inflación galopante y altas tasas de desempleo, mientras que el gobierno tiene un déficit presupuestario considerable y encara graves dificultades para manejar la pandemia del COVID-19 una de las más mortíferas del Oriente Medio.
Raisi ha prometido hacer frente a la inflación, crear al menos un millón de puestos de trabajo por año, construir nuevas viviendas y dedicar préstamos especiales a los compradores de vivienda por primera vez, además de marcar el inicio de una nueva era de transparencia financiera y luchar contra la corrupción.
En este sentido, Raisi cree firmemente en la noción de Jamenei de una “economía de resistencia” en la que Irán desarrolle la capacidad interna y la autosuficiencia en detrimento de una integración global más amplia, especialmente con Occidente.
Los estudiosos de la economía iraní consideran que esta estrategia tiene serias limitaciones. El sector industrial, incluida la industria automotriz y la energía, necesita insumos e inversiones extranjeras para crecer de manera sostenible. Una economía más cerrada tendría dificultades para crear puestos de trabajo, combatir la corrupción y mejorar el nivel de vida.
Por lo tanto, las expectativas no satisfechas de los sectores populares, dejarían a Raisi expuesto al descontento popular, tal como sucede en los actuales momentos con el Presidente saliente Hasán Rohaní, especialmente una vez que desaparezcan los posibles beneficios económicos que pudieran alcanzarse en caso de concretarse la restauración del acuerdo nuclear.
En materia de política exterior, la R.I. de Irán enfrenta diversos focos de controversia a nivel regional dignos de tomarse en consideración: Siria, Yemen, El Líbano, Irak, la Franja de Gaza, sin contar la tradicional divergencia en el mundo islámico con Riyadh. Sin embargo, por encima de todos ellos prevalece el tema nuclear, de vital importancia para toda la comunidad internacional.
La decisión del entonces Presidente Donald Trump, en 2018, de retirar a su país del Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) provocó una crisis de magnitudes incalculables que hasta los momentos se mantiene por decirlo de alguna manera en el limbo.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha reiterado en múltiples ocasiones el “derecho soberano” que tiene Irán de desarrollar su programa de energía nuclear. No obstante, se consideran que el grado de ambición, y sofisticación que tiene dicho programa, hace necesario “un nivel de alerta y de especial atención”, llegando a considerarse, por lo tanto, que su propósito civil no es totalmente creíble.
En un informe reciente del OIEA se detalla un conjunto de obligaciones incumplidas por parte de Teherán respecto a las garantías establecidas por dicha organización. Estas incluyen: no declarar con prontitud el material nuclear y las actividades relacionadas, negar y retrasar el acceso de los inspectores de este organismo a los sitios que contienen estos materiales, intentar limpiar eficazmente las instalaciones antes de la llegada de los inspectores para encubrir las actividades, y proporcionar respuestas poco convincentes a las consultas del OIEA.
Además, Irán no informó al organismo, de manera oportuna, sobre la construcción de nuevas instalaciones nucleares.
Ante estos hechos, difícilmente pueden justificarse esta conducta de Teherán como respuesta a la retirada estadounidense del JCPOA. Está claro que los desafíos de mantener bajo control el programa nuclear iraní se extienden mucho más allá del JCPOA. Se relacionan con la voluntad de la R. Islámica de restringir sus ambiciones de desarrollar armas nucleares y de cumplir fiel y transparentemente con todos sus compromisos nucleares en cumplimiento del derecho internacional a objeto de demostrar que su programa nuclear persigue fines completamente pacíficos.
Lo que complica toda esta situación es el dudoso historial nuclear de Irán, su progreso nuclear reciente y su aparente desdén por los compromisos con la AIEA, dejando claro que Teherán plantea un desafío de proliferación mucho mayor en la actualidad que cuando se firmó el JCPOA en 2015. Por lo tanto, se tiene la certeza que un regreso técnico al documento del JCPOA, en estos momentos, ya no proporciona el mismo nivel de confianza que el convenio original.
En consecuencia, si Irán retornara al JCPOA, aceptando suspender sus esfuerzos de enriquecimiento actuales de uranio (incluido el límite del nivel de enriquecimiento y las existencias de uranio a los niveles del JCPOA), el conocimiento, la experiencia, la base industrial, el equipo y las instalaciones que ha podido desarrollar desde 2018 llevarían a que el tiempo de ruptura fuese muy por debajo del estándar original establecido por el JCPOA de aproximadamente un año.
Ante esta situación, Irán deberá pactar medidas adicionales de transparencia y moderación, que ayuden a restablecer la confianza respecto a su programa nuclear.
¿Cuáles podrían ser las medidas que conducirían a la restitución del status quo para el 2015?
Primero, prohibir cualquier actividad iraní sobre uranio metálico y eliminar el programa avanzado de enriquecimiento de centrifugadoras.
En segundo lugar, desactivar las avanzadas instalaciones de enriquecimiento por centrifugación, como es el caso de las ubicadas en Arak y Fordow.
En tercer lugar, poner en ejecución un régimen de monitoreo para la prohibición original de la Sección T del JCPOA sobre la actividad de armamento (misiles de largo alcance). Tal monitoreo también establecería una base por medio del cual cualquier violación activaría legítimamente los diversos medios diplomáticos para detener la posible carrera iraní hacia un programa con metas poco convincentes.
Es evidente que para que todo esto funcione se necesitaría el compromiso iraní con miras a despejar cualquier duda sobre las intenciones detrás de las actividades de doble uso que continúa llevando a cabo. Se hace imperativo, por lo tanto, establecer y ejecutar un régimen integral de monitoreo e inspección en los sitios, materiales, equipos y personal iraníes que podrían estar nuevamente involucrados en los intentos de Teherán de avanzar en sus objetivos nucleares.
Para programas nucleares tan avanzados como el de la R.I. de Irán, implicaría un régimen de verificación que comprende el monitoreo activo de las actividades de armamento, lo que constituye un complemento indispensable del enfoque tradicional del OIEA en materia nuclear. Para ello se hace necesario, según los criterios de los expertos, el otorgamiento de un mandato ad hoc más rígido para poner en ejecución dicho control (en el caso iraní fue proporcionado por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en 2015 por el JCPOA).
Frente a estas alternativas, surgen serias dudas respecto a si Irán considera, en estos momentos, que lo más conveniente para sus intereses seria otorgar su consentimiento para la ejecución plena, fiel y rápida de este conjunto de medidas que reforzarán las garantías establecidas por dicha organización.
Ante estos planteamientos, la comunidad internacional se pregunta si en los encuentros preliminares que se están llevando a cabo en los actuales momentos en Viena, entre las delegaciones de la R.I. de Irán y los Estados Unidos, a fin de reactivar lo que se conoce comúnmente como el Acuerdo 5+1, algunos de los puntos antes mencionados han sido objeto de consideración.
Por Abraham Clavero
- Egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV 1972.
- Estudios de Posgrado en Fletcher School Law and Diplomacy, Boston, Massachusetts 1976-1978.
- Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores 1981- 2007 (R.P. China, Indonesia, Arabia Saudita, Marruecos y República Islámica de Irán).
- Jubilado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Internacionales con el rango de Embajador 2008.
- Profesor en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María desde 2010.