Por Pedro Alexis Camacho
Durante el segundo semestre del año 2000, asumí el cargo de Director General Sectorial de Economía y Cooperación Internacional y tomé conciencia de que el embrión de la política exterior del presidente Hugo Chávez comenzaba a formarse con fuerza y un cambio histórico parecía hacer crujir el modelo político desarrollado en los 40 años anteriores de observancia del sistema democrático de Venezuela. Afloraba una cierta confusión y desorientación en la conducción de la política exterior del gobierno recién inaugurado.
El lado endeble desde el ángulo institucional se presentaba en el proceso de toma de decisiones y los bruscos saltos sin análisis severo y con muy poca consulta con las Direcciones competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. De buenas a primeras, el nuevo gobierno ordenó el regreso de un considerable número de embajadores y funcionarios de alto rango lo que irremediablemente condujo a un cuello de botella difícil de resolver. Dos personas, El embajador Jorge Valero y el general Arévalo Méndez ocuparon el cargo de viceministro del ministerio durante el periodo en referencia y la Dirección General del Despacho creó una serie de funciones inherentes a las Direcciones Generales Sectoriales con el propósito, quizás loable aunque muy poco práctico, de darle cabida a funcionarios recién llegados. Obviamente, una superposición de actividades y duplicación de funciones muy pronto se hizo sentir con el consiguiente e innecesario conflicto de competencias. No obstante, muchos de estos funcionarios permanecieron sin ejercer ningún oficio específico y, algunos de ellos, se dedicaron a “pasillanear” por los corredores del ministerio expresando inquietud sobre su futuro.
La Dirección General Sectorial de Economía y Cooperación Internacional (DGSECI) integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales vinculados al servicio exterior y un personal administrativo y técnico muy calificado, se entregó de lleno al estudio de las materias de su competencia y al desafío que planteaba la llegada de un nuevo gobierno. Venezuela sería la sede de la Reunión Cumbre de la OPEP en el año 2000 y, simultáneamente, ejercía la presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe cuya tercera Cumbre se celebraría en la Isla de Margarita en diciembre de 2001. Asimismo, se hacía necesario hacerle seguimiento al Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas suscrito por países caribeños y Venezuela que sustituía el Acuerdo de San José con México, así como al análisis de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA). Por otro lado, Venezuela presidía el Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela), asumía la secretaría pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y ejercería la presidencia del Grupo de los Quince constituido por países de distintos continentes. Debía atender además, los diferentes encuentros a nivel bilateral y multilateral que se tenían previstos e intentaría ingresar al Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
A todo ello había que añadir los compromisos internacionales que venían de administraciones anteriores los cuales, urgía afrontar o revisar según las directrices y lineamientos del gobierno recién instalado; se trataba de obligaciones contraídas tales como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el Programa para el Caribe (PROCA), los Institutos Venezolanos para la Cultura y la Cooperación con sede en países caribeños no hispanoparlantes, el Acuerdo Comercial de Alcance Parcial con países centroamericanos, el Acuerdo (unilateral) de Libre Comercio firmado con países miembros de la Comunidad Caribeña (CARICOM), la delimitación de áreas marinas y submarinas con los países del Caribe Oriental, la eliminación y/o concurrencias de representaciones diplomáticas y consulares en el Caribe no hispanoparlante, el Diálogo Norte-Sur y la participación venezolana en organismos de cooperación Sur-Sur.
Con estos términos de referencia y en consulta con otras Direcciones Generales Sectoriales, por instrucciones del canciller José Vicente Rangel, se inició el estudio de la situación de los funcionarios recién regresados al servicio interno que aún no contaban con una adscripción idónea con el objeto de incorporarlos a actividades que requerían atención específica y a tiempo completo. En un punto de cuenta, la Dirección General Sectorial de Economía y Cooperación Internacional (DGSECI) elevó a la consideración del ministro Rangel la preocupación, al tiempo que se le instaba a arreglar este percance institucional “con el propósito de contribuir a optimizar las actividades de las tareas del Despacho a través de un mejor aprovechamiento de los recursos humanos”. La intención consistía en proceder a la reasignación de funciones de dichos funcionarios en calidad de asesores en las diferentes Direcciones, de conformidad con su experiencia e inclinación profesional con el fin de atender los diferentes frentes antes mencionados hacia los cuales se orientaría la política exterior del gobierno nacional. El canciller Rangel, siempre abordable, recibió con agrado el planteamiento y tomó la decisión favorable sobre el particular. No obstante, su implementación se quedó en el camino.
Uno de los primeros avances en política exterior consistió en demostrar que las relaciones internacionales debían girar en torno a la multipolaridad. Es decir, luego del desmembramiento de la Unión Soviética, el nuevo gobierno no estaría en condiciones de aceptar que Estados Unidos pasara a ser el pivote fundamental alrededor del cual se moviera la actividad política y económica del mundo pese a que existía conciencia que hacia el país del norte se destinaba el grueso de nuestro petróleo y numerosos productos venezolanos provenían de esa nación a engrosar las filas de las importaciones de Venezuela.
A pesar de que la concepción multipolar era compartida por la mayoría de las fuerzas vivas del país, sectores de la vida nacional no consentían que dicha estrategia conllevara a que la balanza debía inclinarse hacia países como Rusia o China con el objeto de romper con la unipolaridad representada por los Estados Unidos. Esta ecuación asomaba una serie de incógnitas que no podían despejarse con claridad en el periodo comprendido en el título de este escrito y conformaron un marco de contradicciones de la política exterior del gobierno. No fue posible hacer realidad un encuentro oficial entre Hugo Chávez y Bill Clinton quien por cierto, concluía su segundo mandato. Quizás, de haberse logrado esta reunión, se hubieran podido limar asperezas que ya aparecían en la palestra pública y, posiblemente, otro gallo hubiera cantado con repercusiones posteriores. Entre el presidente Bush y el presidente Chávez tampoco fue posible concertar una entrevista oficial. Al contrario, la tirantez de los nexos entre los dos países se acrecentó, entre otros factores, por tratarse de dos mandatarios con personalidades muy similares. Por otro lado, los vínculos con Cuba se fueron estrechando, lo que dio pie a que los nexos entre los dos gobiernos en lugar de acercarse se alejaran cada día más.
El acuerdo de cooperación suscrito entre el nuevo gobierno y Cuba que trascendía lo energético, la prohibición del gobierno para que aviones estadounidenses sobrevolaran el país para combatir el narcotráfico, el rechazo a la asistencia ofrecida por los Estados Unidos para colaborar en la tragedia del estado Vargas, el viaje a Irak del presidente Chávez y su entrevista con Saddam Hussein, el cuestionamiento a la invasión a Afganistán, entre otros elementos, provocaron un enfrentamiento personal entre la embajadora de los Estados Unidos, Donna Hrinak, quien calificó las relaciones entre los dos países de “conflictivas” y el Presidente Chávez al tildar a la embajadora de “injerencista” en los asuntos internos venezolanos.
EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO PARA LAS AMÉRICAS (ALCA) versus LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALBA).
El ALCA fue un acuerdo esbozado por el presidente estadounidense Bill Clinton que abarcaría a todos los países del continente americano, con excepción de Cuba. Fue lanzado en Miami en 1994. Si bien Venezuela no era el único país que tenía objeciones al acuerdo, a juicio de la DGSECI, excluirse de las negociaciones no era conveniente. Obviamente, se trataba de un proceso de negociación complejo dado los diferentes niveles de desarrollo de los países participantes. Algunos podían adaptarse mucho más rápido que otros a las exigencias de un área de libre comercio con los Estados Unidos, en la cual, seguramente, el país del norte sacaría el mayor provecho económico. Pero precisamente para lograr el mayor grado de equidad y que el beneficio se distribuyera de la manera más equitativa posible era necesario, sin un compromiso previo, estar en el centro de la discusión.
En esos días, un editorial de El Nacional titulado “El vaivén de la política exterior”, llamó la atención a la proliferación de “las ambigüedades y las contradicciones. No cabe duda que sin una rectificación de fondo, en el lenguaje y en los propósitos, Venezuela se quedará sola en un aislamiento no fácil de disimular”, leìa el editorial. Hugo Chàvez fue un crítico acérrimo del ALCA al calificarla de “herramienta imperialista” e inició las gestiones para procurar un acuerdo que sirviera de contrapeso y, de ser posible, lo reemplazara. El gobierno venezolano optó por el ALBA con los países de la Cuenca del Caribe no hispanoparlantes y algunas naciones latinoamericanas, sustentada en una plataforma ideológica cuyo instrumento cardinal fue el petróleo con el objetivo de sacar a pulso de los países beneficiarios un soporte político sólido en organismos multilaterales. El petróleo se convirtió en punta de lanza de la política exterior del gobierno en razón del incremento del precio del barril que sirvió de palanca prodigiosa para mover los resortes geopòliticos en los esquemas auspiciados por Venezuela
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LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN).
Durante los primeros días de noviembre de 2000, se celebró en Caracas un seminario a nivel viceministerial que llevó por nombre “El futuro de la integración de la CAN”. Venezuela subrayó la necesidad de avanzar en “el debate al más alto nivel sobre el futuro de la integración andina en la búsqueda de una integración política más profunda en la subregión”. Ya en Lima, el presidente Chávez, había dado por sentado que el tema de la integración era “demasiado serio para dejarla solo en el ámbito de lo económico o sólo en el ámbito técnico”. En ambos encuentros se pudo divisar una posición concertada y de fuerte resistencia de parte de los otros países miembros a la propuesta venezolana para impulsar una efectiva integración política. No obstante, en Cumaná, meses antes, frente a la insistencia de Venezuela, los vicecancilleres habrían aceptado la idea, aunque en el comunicado conjunto el planteamiento se diluía al instar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores a encaminar “los trabajos dirigidos a identificar las posibilidades de propiciar una mayor integración política de la Comunidad Andina de Naciones. En tal sentido, los esfuerzos se deben orientar hacia la construcción de un nivel superior de integración que permita un bienestar a nuestros pueblos, ….una política comunitaria de seguridad que conduzca al establecimiento de una zona de paz andina”.
Al examinar el tema, la DGSECI llegó a la conclusión que había mucha tela aún que cortar como para decretar una unión política andina. Ni siquiera la Unión Europea ha alcanzado tan alto grado de desarrollo a nivel político pese a los esfuerzos realizados desde su creación en los campos jurídicos, económicos, culturales y sociales. En los eventos andinos, a los cuales Venezuela llevó su planteamiento, se reflejó claramente que su inquietud de elevar el nivel de la Comunidad Andina para que privara una alianza política por encima de la gestión económica-comercial, ardió como una llamarada y los otros países miembros marcaron distancia con la iniciativa venezolana al inclinarse a favor de una mayor cohesión económica, búsqueda de mercados, más inversiones, mayor solidez de las instituciones, menos incumplimientos y más participación del ciudadano. La propuesta venezolana constituía un desafío ambicioso que requería emprender una tarea de gran envergadura en todos los órdenes comunitarios andinos. Las condiciones no estaban dadas. Era necesario seguir quemando etapas, algunas de ellas incipientes, con el propósito de lograr una asociación política como la que sugería Venezuela.
Desde la creación de la CAN, o Grupo Andino, sus países miembros por afinidades de diversa naturaleza y proximidad geográfica facilitaron enormemente las conquistas conseguidas. El sistema democrático establecido y bien apuntalado en todos los países quedaba una vez más plasmado en la Declaración de presidentes andinos sobre el compromiso por la Democracia (1999) y su protocolo era una prueba fehaciente de la intención de mantener latente la democracia como sistema de gobierno y el estado de derecho. Sin embargo, indicios del surgimiento de la guerrilla y el narcotráfico, las tendencias hacia la autarquía, los problemas de gobernabilidad y la poca transparencia en los nexos políticos entre algunos de sus miembros, no parecían vislumbrar una estabilidad política lo suficientemente sólida en la subregión andina.
En el año 2000 le correspondió a Venezuela el honor de ejercer la secretaría pro tempore de la CAN y aprovechó la ocasión para tratar de imponer su criterio respecto a la conversión del organismo en una unidad política mientras que los otros miembros colocaban el acento en la gestión económica. Sin embargo, con cuidado se observaban ciertas conductas que obstaculizaban la senda andina como para ni siquiera atisbar la posibilidad de iniciar un diálogo sobre un tema de la contundencia como el asomado por el gobierno venezolano. Se presentó un panorama preocupante entre Colombia y Venezuela: el grupo oficialista venezolano en el parlamento latinoamericano había invitado, sin consulta previa con el gobierno colombiano, a la hija de Manuel Marulanda (alias Tirofijo) y a otros integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a participar en una sesión a celebrarse en la Asamblea Nacional de Venezuela. El gobierno colombiano presentó un reclamo y procedió a llamar a su embajador a Bogotá. Basado en el principio de reciprocidad, el gobierno venezolano hizo lo propio. Este singular acontecimiento dio paso a la “diplomacia del micrófono” entre las autoridades de ambos países y estimuló una tormenta en sus relaciones. Gracias a una oportuna intervención del presidente de México, Vicente Fox, quien bajo el pretexto de una reunión del Grupo de los Tres promovió un evento entre el presidente Andrés Pastrana y el presidente Hugo Chávez en Puerto Ordaz, se pudo evitar que los vínculos entre las dos naciones escalaran a niveles desafortunados.
En ocasiones, a algunos países andinos se les ha ido la mano al actuar, colocando piedras en la ruta para alcanzar una verdadera coexistencia pacífica, requisito sine qua non para acariciar una unión política. El irrespeto a los derechos humanos, el abuso de poder, las medidas represivas de organismos de seguridad y la presencia de grupos armados en manifestaciones, formaban parte de una agenda que se notaba con cierta frecuencia. Un mal gusto dejó la neutralidad venezolana en el conflicto interno colombiano al otorgarle carácter beligerante a la FARC e insistente era el rumor tanto en Colombia como en Venezuela sobre el apoyo del gobierno venezolano a la guerrilla colombiana.
Muchos escaños tenía que subir la CAN para ascender al estrato venezolano deseado. A juicio de la DGSECI, el inicio del siglo encontraría al proceso andino como uno de los esquemas integracionistas “más avanzados y estructurados institucional y jurídicamente en America Latina”, por lo que resultaba perentorio el establecimiento de una unión aduanera andina que eliminara las barreras fronterizas, redujera los conflictos limítrofes y disminuyera los gastos militares. La CAN se podría catalogar como una zona de libre comercio pero distaba mucho de ser perfecta. El incremento por esos años del número de incumplimientos ante el Tribunal Andino de Justicia, la inexistencia de una cultura acerca de los beneficios de la integración andina y la carencia de una identidad andina cuya puesta en ejecución no se vislumbraba, eran factores que dificultaban el proceso. Varios inconvenientes se habían presentado para la instrumentación de la libre circulación de personas de un país a otro e, incluso, de carga. Sobre el particular, el gobierno venezolano había ordenado el transbordo de cargas en la zona fronteriza con Colombia violando ciertas disposiciones comunitarias con el argumento de la inseguridad en las carreteras colombianas.
Frente a este estado de cosas, la propuesta de la DGSECI advertía acelerar el proceso de integración progresivamente desde abajo, similar al de la Unión Europea y con la activa participación del sector privado. En otras palabras, sugeria que dicha integración debía plantearse “no desde arriba, sino tomando en consideración los avances hasta ahora obtenidos que permitiría incrementar la capacidad de negociación de la Comunidad andina, daría mayor estabilidad política y económica a los países miembros, evitaría sobresaltos en el proceso de integración y coadyuvaría al desarrollo progresivo de una conciencia integracionista de nuestros pueblos”. En definitiva, era necesario consolidar la vida económica y social de la subregión mediante el logro de democracias sólidas y estables, el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de las normas y preceptos andinos, la promoción de la máxima posible participación del ciudadano andino en todas las decisiones, el destierro de anacrónicos conceptos de soberanías mal entendidas y una cooperación constructiva en materia de seguridad.
Por instrucciones del gobierno, la Dirección General Sectorial de Economía y Cooperación Internacional había elaborado un documento contentivo de la evolución del proceso de integración andina y de los escenarios posibles en relación a un eventual ingreso de Venezuela al MERCOSUR como consecuencia del renovado interés de Hugo Chávez en participar en el esquema sureño. Luego de haber sido endosado por el Ministerio en su conjunto, el documento se le hizo llegar al mandatario nacional. En diciembre de 2000 se celebró un encuentro al que asistieron el presidente Chávez, el canciller Rangel, el viceministro Arévalo Méndez y otros directores del MRE, entre los cuales me incluyo, para tratar fundamentalmente el calendario de reuniones del presidente durante el año 2001 en el marco de la CAN y el traspaso de la secretaría pro tempore a Bolivia. Al examinar el tema, el presidente Chávez dejó caer su intención de transferir a Bolivia la Secretaria de la manera más informal posible, es decir, sin cumplir con el protocolo correspondiente.
Hugo Chávez fue categórico al afirmar que “el neoliberalismo salvaje aplicado al modelo andino es inaceptable. La posición de los gobiernos andinos es intolerable y, lo más importante, no ven con agrado mi posición de vanguardia”, motivo suficiente, señaló, como para empezar a examinar la posibilidad de solicitar el ingreso al MERCOSUR de manera unilateral. Ninguno de los que estábamos presente pudo hacer uso de la palabra. El jefe de estado se robó el show y cualquier amago por participar fue inútil. La negociación bloque a bloque, es decir, entre la CAN y MERCOSUR, espina dorsal del documento de la DGSECI, con el objetivo final de crear un solo esquema de integración regional, se disipó en cuestión de segundos con la intervención del presidente. Tuvo expresiones y anécdotas no muy gratas para con los mandatarios andinos y se aventuró a afirmar que “la oligarquía colombiana dueña de los medios de comunicación no lo podían ver”. Fue un encuentro muy particular en el que el único que habló fue el presidente Chávez, mientras los demás escuchamos y tomamos nota.
Toda la algarabía institucional, el ruido ensordecedor subregional de reestructurar el orden comunitario andino evocado en reuniones, la cantidad de recursos y el despliegue burocrático para hacer notar que el gobierno venezolano deseaba profundamente una genuina integración de los pueblos andinos e, incluso, el lanzamiento de una proclama del presidente de la república al proponer “una confederación de repúblicas bolivarianas y un ejército único latinoamericano”, se desplomó de un plumazo cuando el jefe de estado hirió a la CAN de muerte con una decisión, quizás prefabricada desde hacía algún tiempo, de abandonarla con el solo propósito de incorporarse al MERCOSUR donde se encontraría con presidentes que en aquel momento comulgaban con sus mismas ideas “revolucionarias”.
En junio de 2001, durante una cumbre de la CAN en Valencia, el presidente Chávez puso énfasis en que la “integración no es un problema económico, lo económico debe ser consecuencia de lo político”. Destacó que Bolívar “no convocaba a una zona de libre comercio sino a una integración política. Convocaba a Panamá con una visión política en la consecución de una unión bolivariana de naciones”. Por lo tanto, según el presidente Chávez, se requería como prioridad inyectar en el Sistema de Integración Andino un elemento ideológico. “Toda batalla requiere una ideología”, enfatizó. Unos años después, la CAN, recibió el descabello de parte del presidente Chávez luego que dos de sus miembros, Colombia y Perú suscribieran acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. “No le sirve a los indios, a los negros ni a los pobres”, subrayó, al tiempo que resaltó que “si el MERCOSUR no se reestructura apropiadamente le ocurrirá lo mismo que a la CAN, morirá”.
EL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR).
En octubre de 2000, por instrucciones del canciller Rangel, la DGSECI preparó un documento según el cual, de conformidad con las disposiciones legales del MERCOSUR, Venezuela podìa incorporarse al esquema sureño por dos vías.
1. Como miembro asociado. Según el documento, Venezuela y MERCOSUR negociarían una zona de libre comercio. En términos concretos, este paso significaba un desmantelamiento progresivo del sistema arancelario entre las partes con el fin de reducir el arancel a cero así como la eliminación de restricciones de todo orden. Esta modalidad no generaba compromisos en materia de arancel externo común ni de definición de políticas comunes. Venezuela desde hacía unos años venía negociando la figura de asociado. 2. Como miembro de pleno derecho. Este escenario implicaba compromisos de Unión Aduanera, es decir, la adopción del arancel externo común de MERCOSUR y armonización de políticas del Mercado Común. El documento advertía que los beneficios para Venezuela eran limitados, salvo que se lograra un trato preferencial para sus exportaciones, porque Brasil contaba con un poderoso aparato industrial de manufacturas y Argentina un desarrollo agroindustrial más sólido que el venezolano. Las consecuencias inmediatas acarrearía serios problemas para los sectores productivos del país, un ramalazo al empresario venezolano y, por ende, un impacto desfavorable al ya desvanecido nivel de empleo nacional.
Por otra parte, la tendencia devaluacionista venezolana para el año 2000 parecía indetenible por lo que podría darse una propensión a incrementar las exportaciones y a reducir las importaciones. Sin embargo, Venezuela no ha sido una nación con tradición exportadora salvo de productos como el petróleo y otros procedentes de las industrias básicas. Además, su sistema productivo ha tenido un alto componente importado. Un aumento del costo de las importaciones a causa de la depreciación del signo monetario hubiera seriamente afectado la producción interna que no era lo suficientemente compacta como para responder satisfactoriamente a las exigencias de la fuerte demanda interna existente.
En cualquier caso, la negociación bloque a bloque, CAN-MERCOSUR, que sugería la DGSECI, hubiese significado un aumento de la capacidad de negociación de Venezuela como miembro de la CAN por su evolución, su trayectoria institucional y el nivel de integración a que estaban llegando sus miembros a pesar de los innumerables obstáculos.
En La Asunción años más tarde, durante una Cumbre del MERCOSUR, la suerte parecía sellada. El presidente Chávez solicitó oficialmente el ingreso de Venezuela a dicho esquema. Optó por MERCOSUR, pero su solicitud como miembro, si bien fue aceptada, fue flor de un día y nunca cristalizó. Sus homólogos mercosureños, sin embargo, le sirvieron de punto de apoyo y le brindaron solidaridad en trances difíciles por tener una similar inclinación ideológica. En los años subsiguientes, otros gobiernos en el sur de América Latina asumieron las riendas del poder con una tendencia política distinta a la del gobierno venezolano e impidieron la incorporación definitiva de Venezuela al modelo sureño. Similar a la CAN, el MERCOSUR se diseñó originalmente para implementar políticas económicas y comerciales más allá de los sistemas políticos que los países miembros pudieran adoptar. En el momento en que el exceso doctrinario se trató de imponer como factor predominante en las deliberaciones del organismo regional, la consecuencia inmediata fue la interrupción de la labor de la institución que ocasionó desazón y disgusto entre algunos de sus miembros.
EL NUEVO CANCILLER
Con la salida de José Vicente Rangel y la llegada del Coronel Luis Alfonso Dávila en febrero de 2001 para ocupar la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores se dio otro paso más intenso en la política exterior del gobierno recién llegado. Se apreció una pérdida de la lógica, de lo racional, de lo que debía ser. Desde el punto de vista del servicio interno, a diferencia del canciller Rangel, era tarea ardua, para no decir imposible, acceder al despacho del ministro Dávila y en los pasillos de la Cancillería se corrió la voz que el nuevo jefe era una persona de difícil trato. El Ministerio empezó a soltar un aroma pesado a causa de las circunstancias incómodas que rodeaban su entorno de confianza y poco profesional. La opacidad reinaba en el ambiente y los nexos con otras direcciones del Despacho comenzaban a brillar por su ausencia. Surgieron nombramientos intempestivos, destituciones injustificadas y conductas poco diáfanas. Las noticias se filtraron en los medios de comunicación. En febrero, el periódico La Razón publicó “una lista negra” de la Cancillería en la cual se mencionaban a “los enemigos del proceso” y en septiembre apareció un artículo en el semanario Quinto Día titulado “Jubilaciones obligadas en el Ministerio del Exterior”, cuya intención era dejar al descubierto los entretelones del ministerio.
Un golpe de efecto que sorprendió a muchos resultó ser la primera aparición en la escena multilateral del Canciller Dávila en ocasión de la convocatoria de la 31 Asamblea General de la OEA en San José de Costa Rica el 3 de junio de 2001. El ministro planteó la necesidad perentoria de incluir en la Carta Democrática Interamericana el concepto denominado “democracia participativa” que aparece en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999. “Aunque en los últimos años -subrayó Dàvila-se han logrado en las Américas avances indudables en el orden político y social, el examen global …demuestra que las democracias representativas han dejado en América Latina y el Caribe un saldo calamitoso”, y enfatizó más adelante que “promover la democracia participativa complementa, refuerza y amplía la democracia representativa con base en el pluralismo político”. El nuevo gobierno interpretó de oído la melodía y si bien unos pocos bailaron al compás de la música venezolana, la orquesta ya estaba preparando su final. La audaz propuesta que pretendía crear una matriz de opinión favorable en el marco de la OEA fue precipitada y no recibió el respaldo que el gobierno venezolano esperaba.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por los estados miembros de la OEA en una sesión extraordinaria de la Asamblea General en septiembre de 2001 en Lima y en su articulado no se insertó la proposición venezolana acerca de la democracia participativa porque el concepto, al no estar bien definido, entorpecía el verdadero contenido del evento. En efecto, en su primer párrafo preambular, se reconoce que “la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”. En la parte dispositiva pierde aún más intensidad el planteamiento venezolano al ratificarse en el segundo párrafo que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho…que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía”. El agregado acerca de la democracia participativa que tanto énfasis puso Luis Alfonso Dávila encapotó el cielo de la reunión y una nube de dudas apareció en el horizonte político hasta desvanecerse. Incluso, algunos delegados dieron a entender lo descaminado de la presunción venezolana. Solo con el pasar del tiempo se pudo conocer a ciencia cierta que el concepto de la democracia participativa consistía en una alternativa y eventual sustitución de la democracia representativa.
El nuevo gobierno continuaba dando tumbos, con contradicciones, con el agravante de que algunas iniciativas que ponía en escena parecían pertenecer al ámbito de la vacilación o la ineficiencia, de la improvisación o de acciones ex profesas como pensaban algunos analistas o, simplemente un borrón y cuenta nueva. O, tal vez, una combinación de todos estos elementos. Muy significativa fue la respuesta que el ministro Dávila dio a un periodista cuando este le preguntó su opinión acerca de los lineamientos de la política exterior: “Si desean saber cuál va a ser el rumbo de la política exterior del país, vean en TV todos los domingos el programa del mandatario nacional, Alo Presidente”. Expresiones de esta naturaleza complicaban aún más el panorama a la hora de fijar posición sobre determinado tema y la única manera de analizar los acontecimientos era sobre la base de hipótesis, de escenarios posibles, en tiempo verbal que implicaba probabilidad o tendencia, con un factor adicional no menos importante: la lealtad a toda costa al gobierno pasaría a ser una variable que, sin duda, afectaba el buen desenvolvimiento interno y externo de la nación.
Mientras tanto, el paisaje económico del país no se traslucía complaciente durante los primeros años del gobierno. Por el contrario, se zarandeaba. A pesar de que iniciaba su labor con un precio del petróleo en aumento vertiginoso y unas reservas internacionales en ascenso, el ingreso real de los venezolanos disminuía y la calidad de vida emprendía una carrera hacia el franco deterioro. El signo monetario iniciaba su depreciación acelerada de un 100% en casi dos años, lo que para la fecha había ocasionado un empuje del costo de vida de los venezolanos en un 26%, según estimaciones del Banco Central. El gasto público alcanzaba un 23% del PIB que incluía el costo de ejecución de las 49 leyes habilitantes. Venezuela estaba sumergida en la inflación. Según analistas económicos, la crisis fiscal se presentaba sin que se observaran las medidas correspondientes que fijaran un diapasón sobre el cual se entonaran las cuerdas del aparato productivo y, al mismo tiempo, se afinaran los instrumentos económicos para solucionar el problema de la deuda. La efervescencia política se reflejaba en manifestaciones y marchas de protesta.
No obstante, la resaca del éxito le permitió al presidente Chávez no dar su brazo a torcer respecto a sus iniciativas de política exterior a pesar de la fuerte crítica de la oposición. “Pareciera que andamos brincando de cumbre en cumbre mientras que nuestros pueblos andan gimiendo de abismo en abismo”, decía un eslogan del presidente que se hizo tendencia en esos tiempos. El gobierno procedió a cambiar su voto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al momento de evaluar la situación de Cuba, defendió la política de mantenimiento del precio del petróleo en el seno de la OPEP a costa de una reducción de la producción petrolera, se convirtió en un defensor tenaz del MERCOSUR sin ser miembro, no disipó las dudas acerca de sus vínculos con las FARC y fortaleció aún más su acercamiento a Cuba. Todo ello conformó un cuadro político en el cual el acaloramiento de ánimos avivó pasiones y las discordias condujeron a la desavenencia de voluntades que en 2002 se salió del cauce institucional.
20 AÑOS MÁS TARDE
Después de 30 años en el servicio diplomático, solicité mi jubilación a mediados de 2001 y me fue concedida el 1 de enero de 2002. Sin embargo, me atrevo a desenvainar recuerdos y llego a la conclusión en un análisis en frío que el proceso de integración latinoamericana hoy en día ni siquiera está en tránsito. Los esquemas que se construyeron en las últimas dos décadas en lugar de formar parte de un todo, se fueron desmoronando por una retórica insoportable y un nacionalismo a ultranza. Los puntos de encuentro que se fueron colocando con buen tino y tanta euforia años atrás para alcanzar una obra delicada y pulida, han desembocado en un compendio contrariado y retorcido en cuyo eje central han reinado las soberanías malentendidas para quedarse en zonas de confort que han impedido la llegada de un sistema supranacional.
La evolución histórica de la Unión Europea, modelo que han seguido los esquemas latinoamericanos, iniciado con el clamor de Winston Churchill en 1946 de crear una “Constitución de los Estados Unidos de Europa”, ha sido sinuosa pero exitosa. Se ha ido edificando por sectores y se ha ido transformando, a fuego lento pero con aplomo, en un proyecto de integración para promover la paz en el continente europeo, el bienestar de sus pueblos y el crecimiento económico. Durante su trayectoria se han creado instituciones que le han inyectado al continente vibraciones de vida al fortalecerse con el correr del tiempo en un bloque de poder internacional con la participación no solo de de naciones de la llamada Europa Oriental firmantes del Pacto de Varsovia sino también con países que formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética luego de su desmembramiento. En otras palabras, se trata de un modelo donde convergen 27 estados miembros (el Reino Unido se separó), muchos de ellos con sistemas políticos diferentes.
La Unión Europea hizo del pluralismo político e ideológico un motor para la consolidación del sistema democrático, piedra angular de la Unión. El proceso comunitario se fue adecuando a la nueva realidad geopolítica de Europa conformada por naciones con disímiles sistemas políticos, factor que no ha constituido obstáculo para pertenecer a la Comunidad Europea, siempre y cuando sus estados miembros respeten y cumplan las reglas comunitarias del juego, el estado de derecho y la doctrina democrática.
Al referirse al Mercosur en marzo de 2021, el expresidente de Brasil entre 1985 y 1990, José Sarney, sentenció que si bien la caída del muro de Berlín “supuso el fin de las ideologías”, las actividades revolucionarias en Latinoamérica continuaron y la “guerra fría terminó allí pero no aquí y esto perjudicó el proceso”. En efecto, el gobierno de Hugo Chàvez, en lugar de darle la bienvenida a la pluralidad política, coexistir con ella y evitar, de esa forma, los desencuentros ideologizantes, se atrincheró y desvirtuó la verdadera esencia de toda iniciativa de integración al tratar de inocular con su doctrina a América Latina que dio al traste con el andamiaje intelectual alcanzado hasta el momento.
El cúmulo de votos que recibió el presidente Chávez durante la elección presidencial incrementó la viveza de su ingenio como para intentar imponer una visión monocromática en una región multicolor. Nunca se pensó en una rectificación o, al menos, en la postergación de un planteamiento de esa magnitud. Al contrario, se perseveró en la figura de una utópica unidad política con matices ideológicos acentuados que no tuvieron cabida en el seno de organizaciones regionales latinoamericanas. Quizás en un lento trotecito la propuesta venezolana hubiera calado en un futuro, pero de abajo hacia arriba, no al contrario. El nuevo gobierno, posiblemente, se sintió en confianza como para no dejar pasar la ocasión y afrontar la situación. Pero el proyecto zozobró y el encanto se rompió al pasar por alto el principio axiomático de que la cohesión entre naciones no se decreta.
A veces sin conocimiento de causa y sin fuelle profesional en la materia, el gobierno hizo caso omiso de la necesidad de pavimentar la vía para lanzarse a la nueva aventura y, por consiguiente, con su actitud no fue capaz de galvanizar la solidaridad latinoamericana. Esta circunstancia condujo a la creación posterior de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) los cuales, daría la impresión, que quedaron extraviados en el camino, vacíos de contenido y henchidos de abolladuras políticas difíciles de restañar a pesar de los ingentes recursos humanos y materiales destinados para su creación.
El lucero del ALBA iluminó la cuenca del caribe pero la tensión territorial con Guyana que activa un mecanismo automático en el seno de CARICOM a favor de su socio podría dejar de alumbrar la vereda caribeña. Si bien algunos organismos intergubernamentales regionales con años de experiencia fructífera en la búsqueda de una integración latinoamericana permanecieron a flote, lo cierto es que la contaminación ideológica se fue inmiscuyendo en sus actividades, aporreando el propósito medular del proceso integracionista al dejar de costado tareas de diversa naturaleza que constituyen la verdadera relación simbiótica entre los estados miembros involucrados. En ese sentido, el sendero hacia la meta final se fue nublando. Al colocar el trineo delante de los renos, la acción unificadora se fue desdibujando y la búsqueda del gobierno de alcanzar una unión política latinoamericana en vez de aproximarse se fue desvaneciendo. El gobierno, al abrirse camino a empujones con una política ideologizada, no inspiró la confianza que esperaba en otros países y a la región le faltó la respiración. De aceptar el proyecto venezolano, América Latina hubiera tenido que ceder el paso a dogmas con los que no comulgaban todos los gobiernos, dejando a un nivel inferior la genuina naturaleza que caracterizó a esquemas de integración regional en el pasado.
Hugo Chávez buscó y llegó al poder, a Hugo Chávez el poder no le llegó, como sucedió posteriormente. No obstante, desde su desembarco en Miraflores, el paternalismo político que impregnó en la nación en muy breve tiempo alcanzó una altura que dio cabida a un cúmulo de estragos. La fuerte rémora sobre sus hombros con programas inarticulados y variadas formas de dádivas, con el transcurrir del tiempo fueron inmovilizando al Estado hasta casi paralizarlo. “Fue un personaje muy del Caribe que le gustaba un protagonismo en el mundo y desorganizó bastante su país”, afirmó Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil entre 1995 y 2002, en una entrevista en el diario La Nación de Argentina en abril de 2021. Es de hacer notar que, a nivel internacional, el presidente Chávez dejó una huella carismática. Su manera de camelar fue su fuerte. Estaba en su elemento a la hora tan peculiar de actuar para conseguir su objetivo. “El huracán” como lo tildaron, con su alto voltaje político apoyado en la bonanza petrolera, supo sacarle punta política y halló ambiente propicio en otras naciones latinoamericanas y caribeñas para exportar su modelo revolucionario.
Empero, otros gobiernos latinoamericanos llamados “progresistas” (término relanzado por el Grupo de Puebla), no corrieron el riesgo de ir más allá de la sensatez y procedieron a respetar las normas que rigen la economía de mercado. Algunos simpatizaban con las ideas del gobierno venezolano pero mantenían una actitud reticente. Carantoñas existieron pero al hacerse patente que el gobierno venezolano atisbaba el fuego para poner más carne en el asador a favor de su modelo, más cautela surgía, aunado a un notorio hecho de que tarde o temprano debía aparecer: el vaivén del precio del petróleo se acentuó pero en sentido contrario.
Después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, una nueva administración asumió la conducción de la nación cuya legitimidad ha sido cuestionada por la oposición y numerosos países. Continuó con el proyecto teórico de Chávez al aplicarlo con mas rigidez y ahínco, lo que ha traído como consecuencia un endurecimiento de la posición de Occidente a través de sanciones a altos funcionarios de la nueva administración y un enlace màs estrecho con China y Rusia, naciones que han aprovechado la situación para ampliar y diversificar sus nexos con Venezuela.
Esta nueva circunstancia aparecida en años más recientes, unida a la crisis económica y social, la hiperinflación que azota a la nación, la inclinación hacia una mayor y escalofriante estatización de la economía, el intenso desplazamiento de venezolanos hacia el extranjero que está afectando seriamente la seguridad nacional de países vecinos, la exageración de controles en actividades cotidianas y la exportación de un proyecto de desproporcionado contenido ideológico que no tenía espacio en la región, han conllevado a que gobiernos que alguna vez se pasearon por la idea que el “Socialismo del siglo XXI” pudiera funcionar en la región, se distanciaran aún más y tomaran atajos menos escabrosos en la ejecución de sus políticas.
En algunas naciones latinoamericanas y caribeñas han prevalecido más los intereses económicos que el esquema que la dirigencia política venezolana ha tratado de hacer viable, lo que ha guiado a sus mandatarios a actuar con más precaución, discreción y comedimiento al momento de opinar sobre el comportamiento de los dirigentes que llevan las riendas de Venezuela. En las altas esferas de algunos gobiernos latinoamericanos progresistas han surgido discrepancias y han tratado de evadir el tema venezolano públicamente, mientras que otros de reciente data, al izar la bandera del progresismo, se han desmarcado del caso venezolano evitando la estigmatización que le quieren endilgar sus oponentes. Grupos intergubernamentales latinoamericanos y extracontinentales y organismos regionales e internacionales se han abocado a la búsqueda de una salida política al caso venezolano pero diferencias y desacuerdos han surgido al interponer sus buenos oficios.
La dogmatización de la política le cambió la fisonomía al país. El grito proferido con vigor “alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina”, cuyo eco expansivo en las primeras etapas de su gestación trascendió allende los océanos como designio inequívoco de la revolución bolivariana, fue escuchado con mucha atención por hacedores de la política latinoamericana y de otros continentes, más, su resonancia 20 años después se nota mucho más vaga e imprecisa y podría formar parte de una nueva edición de “Lo que el viento se llevó”.
Pedro Alexis Camacho
Diplomático venezolano con un ejercicio de 30 años en la carrera (1972-2002). Alcanzó el rango de Embajador y su último cargo fue Director General Sectorial de Economía y Cooperación Internacional.
Muy bueno Pedro Alexis.