Democracias andinas en tensión

Félix Gerardo Arellano Porras

La Comunidad Andina ha logrado mantenerse como un esquema de integración, pero como bloque se ha debilitado en los últimos años. Sus cuatro países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) lograron importantes niveles de crecimiento económico previo a la pandemia del covid-19; empero, en el plano político están enfrentando serios desafíos en su institucionalidad democrática, situación que se agrava, producto de las consecuencias sociales de la pandemia.

Brevemente recordemos que el bloque andino fue creado en el año 1969, con la firma del Acuerdo de Cartagena y como una reacción ante el agotamiento que enfrentaba el proceso de integración regional, por la dificultad de avanzar en la conformación de la zona de libre comercio regional en el marco de la vieja ALALC, que se había conformado con la firma del Tratado de Montevideo de 1960.

Desde su creación el Grupo Andino, que luego con las diversas reformas del tratado constitutivo ha sido definido como Comunidad Andina, ha atravesado múltiples complicaciones, una muy significativa, fue el retiro de Chile (1976), país fundador que, con el golpe de estado del General Augusto Pinochet, no logró compatibilidad con el resto de los países miembros, en particular, con los gobiernos democráticos de Colombia y Venezuela, que se presentaban como instituciones sólidas y defensoras de los derechos humanos.

La democracia se fue imponiendo en los diversos países miembros, lo que estimuló la creación a nivel del bloque del Parlamento Andino (1979), con muy limitadas funciones, pero como una expresión de los sistemas políticos plurales. En este contexto, también conviene recordar la adopción de la Cláusula Democrática (2000), que consagra a la democracia como un requisito institucional para la pertenencia en el bloque.

No podemos realizar una evaluación de los avances jurídicos y conceptuales que en diversas áreas sociales han sido adoptados en la normativa andina, pero no podemos desconocer que se ha conformado un sistema de integración que cuenta con un acervo jurídico multidisciplinario, que contempla una diversidad de acuerdos sociales y un innovador mecanismo de solución de controversias, que permite la acción de los particulares en la defensa de sus intereses comerciales.

Lamentablemente esos avances se han visto afectados con la incorporación del radicalismo ideológico que penetró el proceso andino, caracterizado, entre otros, por una narrativa de rechazo a los aspectos comerciales de la integración económica. El discurso sataniza el libre comercio sin valorar sus aportes, entre otros, en las transformaciones productivas, la generación de empleos, promoción de la competitividad, atracción de inversiones y el fortalecimiento del  bienestar social.

El proceso bolivariano, que se fue radicalizando progresivamente, se enfrentó con la dinámica de la integración andina, en particular, con el gobierno colombiano del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien había asumido la decisión de negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, lo que sirvió de excusa para que el Presidente Hugo Chávez justificara su equivocada decisión de retirarse del bloque, que se anunció en el año 2006 y se hizo efectiva, en el 2011, cumpliendo las condiciones establecidas en el Acuerdo de Cartagena.

El retiro de Venezuela y la posterior decisión de los cuatro países que permanecen en el bloque, de suspender el arancel externo común y, en tal sentido, los compromisos fundamentales de la unión aduanera, ha representado un debilitamiento del bloque.

Pero las diferencias ideológicas no desaparece con el retiro del proceso bolivariano de Venezuela,  se mantienen presentes y el bloque se presenta dividido en dos frentes; por una parte, Colombia y Perú con una visión de apertura de mercado, más interesados en la Alianza de Pacifico y, por otra parte, el Ecuador de Rafael Correa y la Bolivia de Evo Morales más orientados al tema ideológico y la protección del mercado interno.

Ahora bien, es importante destacar que en cada uno de los cuatro países miembros se han mantenido en la senda de la democracia; empero, en los últimos años se aprecia un progresivo deterioro de las instituciones. Situación que se aprecia con mayor rigor en los últimos meses por la intensa por los procesos electorales que se han presentado.

Luego de muchas dificultades, en particular por la pandemia del covid-19, Bolivia logró avanzar en elecciones generales para la renovación, tanto del poder ejecutivo como de los miembros del poder legislativo, en octubre del 2020, con el triunfo de Luis Arce, el delfín de Evo Morales, lo que ha representado un duro golpe para la lucha por una democracia pluralista, competitiva y más comprometida con la defensa de los derechos humanos en Bolivia.

Ecuador, luego de la primera vuelta para la elección presidencial (07 de febrero), en las que se logró el triunfo de Andrés Arauz, delfín de Rafael Correa, entró en fuerte cuestionamiento para definir el segundo participante en el balotaje previsto para el 11 de abril, entre Guillermo Lasso del partido CREO y Yaku Pérez del movimiento Pachakutik; lo que ha evidenciado las debilidades institucionales y las rigideces de los movimientos democráticos para lograr acuerdos de unidad.

Perú también se encuentra en plena campaña electoral para elegir al Presidente y renovar los miembros del Congreso, cuya primera vuelta está prevista confidencialmente para el 11 de abril y la mayoría de los analistas la definen como una elección atípica, a la que se llega luego de cuatro cambios de presidentes en cuatro años y con un gran escepticismo de la población frente a los partidos y los políticos. Colombia, por su parte, con serios problemas internos, tiene prevista la elección de carácter general para la renovación de sus autoridades el 29 de mayo del 2022.

No es fácil, ni conveniente realizar comparaciones entre diversos procesos políticos nacionales, toda vez que cada uno tiene su especificad; empero, es posible establecer algunas tendencias que caracterizan la situación política en los países miembros de la Comunidad Andina y que podríamos calificar como potenciales amenazas para la estabilidad de la democracia.

Naturalmente que el primer gran problema que enfrenta todos los países de la subregión andina tiene que ver con los perversos efectos de la pandemia del covid-19. Todos los indicadores económicos se ha alterado y las perspectivas se han desplomado. Todos se enfrentan con desempleo, miseria, marginalidad y hambre; un conjunto explosivo que genera efectos electorales.

Tampoco ha sido muy eficiente el manejo de la pandemia por parte de los gobiernos, no estaban preparados para la magnitud del problema y, por lo general, no cuentan con sistemas de salud organizados, ni bien dotados. Además, los protocolos de seguridad que obliga la pandemia se enfrentan con vastos sectores sociales que dependen de la economía informal, tienen que trabajar diariamente para poder sobrevivir y muchos no cuentan con servicios públicos como agua potable.

Es muy probable que se presente el voto castigo y que los movimientos radicales aprovechen las condiciones, como “el caldo de cultivo” para promover sus propuestas manipuladoras, que prometen profundas transformaciones, exacerban pasiones; pero, realmente buscan llegar al poder, y luego perpetuarse.

La pandemia representa un factor disruptivo en términos políticos, y exacerba problemas estructurales que están enfrentando los países andinos, entre otros, el debilitamiento de las instituciones democráticas, la difusa separación de los poderes públicos, la corrupción, la impunidad, el distanciamiento de los políticos, en particular de los grupos tradicionales y conservadores, de los graves problemas que enfrentan los sectores populares e incluso de los nuevos temas en la agenda política.

El inventario de los desafíos que enfrentan nuestras democracias puede ser largo y el espacio limitado, pero vamos a destacar algunos relevantes. Uno de ellos, el fortalecimiento de movimientos radicales, populistas y autoritarios de diferentes tendencias ideológicas, que se aprovechan de las bondades de la democracia y cultivan sentimientos nacionalistas, territorialitas, con elementos de exclusión e incluso xenofobia, donde la integración no logra mayor espacio.

También destaca la amenaza que genera la creciente vinculación de la región con la dinámica geopolítica mundial. Poderosos países de tendencia autoritarias, como China, Rusia, Irán, Turquía están logrando una presencia más activa en la región, principalmente en el área económica y comercial, pero no podemos menospreciara que en el fondo promueven esquemas que atentan contra el pleno funcionamiento de las libertades, la democracia y los derechos humanos.

Por otra parte, de las recientes experiencias electorales en Bolivia y Ecuador podemos apreciar, entre otras, que los partidos tradicionales pierden vinculación con los grupos vulnerables, como el indigenismo; y con temas relevantes como la ecología, el género o la diversidad de expresiones sociales, religiosas y culturales. Situación que evidencia el divorcio de los políticos con su realidad. .

En buena medida el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, y el fortalecimiento del correismo en el Ecuador, tiene que ver con las divisiones en la oposición democrática, las agendas personales y la soberbia de los políticos. Tanto en Bolivia, como en Ecuador los partidos tradicionales vinculados con las regiones más prósperas de Santa Cruz en Bolivia y de la provincia de Guayas, en particular Guayaquil en Ecuador, no han logrado una fluida relación con las serranías que en ambos países son más indígenas y con mayores niveles de pobreza, pero representan factores determinantes en los procesos electorales.

Otros sectores han sido poco atendidos, como las mujeres o los jóvenes, en algunos casos manipulados durante el proceso de campaña electoral y eso se resiente y genera la reacción de apoyar los movimientos radicales. El discurso conservador privilegia los temas económicos y en particular el tema comercial, y eso tiene mucha importancia, pero no se realiza una labor pedagógica formativa, para que los sectores más vulnerables comprendan la dinámica de los temas.

Indiscutiblemente que el déficit de equidad, en un contexto de incremento de sectores vulnerables, tiene serias consecuencias en los procesos electorales, lo que aprovechan y manipulan los sectores radicales. La dura experiencia venezolana debería convertirse en asignatura obligatoria en las democracias de la región, para prevenir que los movimientos populistas asuman el poder por el voto popular, para luego desmontar las instituciones democráticas.

Por Félix Gerardo Arellano Porras

Internacionalista UCV, Ex Director y Profesor Titular de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV

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