Por Félix Gerardo Arellano Porras

El contundente rechazo del pueblo chileno con un 62%, al proyecto de una nueva Constitución, en el plebiscito efectuado el pasado 04 de septiembre, que contó con una masiva participación del 85% del padrón electoral (la votación era obligatoria), representa un punto de inflexión que conlleva, entre otros,  transformaciones en la dinámica política interna de Chile, con un gobierno que apenas llega a los seis primeros meses de gestión; pero también para la región en su conjunto, toda vez que evidencia cómo el pueblo, no obstante las manipulaciones que enfrenta, particularmente con las nuevas tecnologías de las comunicaciones, puede reaccionar contra los radicalismos ideológicos.

Promover una nueva Constitución y optar por el mecanismo de una asamblea constituyente originaria, sin vinculación con la institucionalidad existente, en particular el poder legislativo, fue la salida política que se negoció para calmar las profundas protestas sociales del 2019, decisiones consagradas en el Acuerdo por la Paz (15/11/2019), suscrito por la gran mayoría de organizaciones políticas chilenas, con la excepción del partido comunista y algunos miembros del Frente Amplio de izquierda.

Cumpliendo la hoja de ruta establecida, en las consultas efectuadas el 25 de octubre del 2020, la propuesta de adoptar una nueva Constitución logró un respaldo del 78% y el carácter originario de la asamblea constituyente un 79% de los votantes. Luego, se avanzó en la selección de los 155 miembros de la constituyente, conformada de forma paritaria en términos de género, quienes fueron electos popularmente los días 15 y 16 de mayo del 2021. Todo este complejo proceso de consultas asignó especial legitimidad al proceso de transformación política del país y, en buena medida, ha contribuido a superar la grave crisis de gobernabilidad que generaron las protestas sociales del 2019.

Los 155 constituyentes electos fueron presentados como una mayoría independiente, precisión que, al subrayarse, pone de manifiesto el ambiente de rechazo a la política y a los políticos tradicionales. La exclusión del poder legislativo dentro del proceso, también evidencia el ascenso de la antipolitica en la sociedad chilena.

Se resaltaba la independencia de los constituyentes, sin hacer referencia a la falta de experiencia en temas políticos y particularmente jurídicos, elementos fundamentales para desarrollar la ambiciosa tarea de construir una nueva Constitución. Situación que ha quedado en evidencia, al presentar un documento de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias; cargado, en gran medida, de incoherencias, contradicciones y lagunas; por otra parte, en algunos temas, parecía más un reglamento que un texto constitucional.

Ante la evidencia de las debilidades del documento, el alto gobierno chileno, superando diferencias internas, se decantó por el respaldo; empero, adicionalmente informó al país que luego de la esperada aprobación, se efectuarían algunos cambios al texto. Tal observación dejo claro a la opinión pública, en particular a los indecisos, que el proyecto no merecía ser aprobado.

Al profundizar en los hechos, tratando de apreciar lecciones, podemos observar que los constituyentes, en términos generales, se sintieron iluminados y se desconectaron de la realidad, iniciando una competencia para plasmar en el texto sus sueños e intereses, sin mayor preocupación por las reales necesidades del pueblo chileno y menospreciando la experticia y la técnica jurídica.

Es importante tener presente que los extremos siempre hacen daño. En algunos casos, los expertos se creen dueños de la verdad y tienden a excluir al conjunto social, en particular a los más débiles, por su supuesta ignorancia. En el caso chileno observamos que los independientes se consideraron la auténtica expresión de la realidad popular; en consecuencia, perdieron conexión con la sociedad.

La decisión popular en el plebiscito se debe leer como un rechazo a los radicalismos, los extremismos y las manipulaciones ideológicas; al respecto, cabe destacar el carácter transversal del resultado, abarcó todo el país, el 97% de comunas en todas las regiones, incluyendo la región metropolitana, lo que evidencia que incluye todos los sectores sociales, incluso las zonas consideradas bastiones de la izquierda y, resulta paradójico, que también fue rechazada por algunos sectores indígenas.

Algunos de los constituyentes, inicialmente definidos como independientes, fueron asumiendo posiciones radicales, rupturistas, antisistema, de orientación iliberal, propiciando la desconstrucción de las instituciones existentes. Las narrativas postliberales, postintitucionales y, en ese contexto, las nuevas corrientes de indigenismo transnacional, sirven la mesa para avanzar en la destrucción de las instituciones.

Es evidente que existe una crisis estructural de discriminación y exclusión en la región y Chile no es la excepción. También nos enfrentamos con una política tradicional que, en muchos casos, se ha desconectado de la realidad social. Pero los populistas y autoritarios están aprovechando la crisis estructural y los procesos constituyentes para reproducir una narrativa manipuladora, orientada a lograr el poder con el objetivo de perpetuarse.

En ese contexto, llama la atención que, durante el tiempo transcurrido en el cumplimiento de la hoja de ruta prevista en el Acuerdo por la Paz, el país se mantuvo en relativa tranquilidad; empero, luego del resultado del plebiscito, se ha iniciado un proceso de protestas, promovido principalmente por la organización estudiantil definida como Coordinadora de Secundaria Revolucionaria (CSR), alegando que el gobierno del Presidente Boric “tiene recursos para la policía, pero no para la educación”.

Desde el 05 de septiembre se han efectuado varias jornadas de protesta, pareciera que el radicalismo, que no logró hacer realidad la desconstrucción de la institucionalidad chilena por la vía de un nuevo texto constitucional, se prepara para iniciar un nuevo proceso de desestabilización. El Presidente conoce el monstruo por dentro, él inició su carrera política en esos predios, él debería saber reconocer cuánto hay de protesta legitima, cuánto de vandalismo desestabilizador, que seguramente cuenta con el respaldo del autoritarismo transnacional.

Para el Presidente Boric el plebiscito debería constituir una lección transformadora. Emocionalmente acumula varios factores adversos, entre otros, la luna de mil en el inicio de la gestión resultó muy breve, la popularidad ha bajado; paradójicamente algunos grupos indígenas han declarado la guerra a un Presidente indigenista y pareciera que los aliados radicales de la época de las protestas se empiezan a distanciar. En efecto, radicales pugnaces han calificado al Presidente Boric como representante de “una izquierda cobarde”. Adicionalmente, en los cambios en el gabinete que está promoviendo se ve obligado a desprenderse de amistades de gran confianza.

El Presidente debería estar iniciando un intenso proceso de reflexión y cambios. En la publicación Latinoamerica21, se ha definido esta nueva fase como: “el final del espejismo” (09/09/2022), pues muchos creían, desde las protestas del 2019, que los sectores radicales dominaban la escena política; en consecuencia, la aprobación del nuevo texto constitucional se presentaba inexorable.

El Presidente Boric enfrenta las consecuencias de la derrota; pero las derrotas entendidas y asimiladas, fortalecen el carácter, aportan sabiduría y abren nuevas oportunidades. En el fondo el Presidente se enfrenta con el reto de asumir el papel de un estadista y promover la unidad nacional.

En ese contexto, el Presidente Boric ha iniciado los cambios en el equipo de gobierno, incorporando cinco nuevos ministros representantes de otros grupos políticos, con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo y la conformación de unidad nacional. Los más críticos los aprecian débiles y poco sostenibles.

El resultado del plebiscito representa un enorme desafío para el país en su conjunto, puede estar en juego el futuro de la democracia chilena. El Presidente Boric debería asumir el liderazgo para avanzar en la conformación de una democracia con sentido social, que promueva progreso sostenible; ahora bien, es un reto que exige la participación del país en su conjunto.

Félix Gerardo Arellano Porras

Internacionalista y Doctor UCV, Ex Director y Profesor Titular de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.