Silvia Schanely Suarez

Reflexiones sobre el enfrentamiento entre los presidentes Trump y Zelenski en Washington DC

El 28 de febrero de 2025 ha sido un día de inflexión en la historia de la Diplomacia mundial. Nunca antes se había esgrimido públicamente, de forma tan acalorada, sobre los puntos en la mesa de negociación para poner fin a una guerra. En este caso, la guerra de Ucrania.Los preámbulos a tal encuentro se podían presagiar que iban a ser difíciles. El que el gobierno de los Estados Unidos haya iniciado una negociación directa con el gobierno de la Federación Rusa sin incluir inicialmente a la parte afectada, en este caso Ucrania, ya entrañaba un singular alerta.Mientras, casi paralelamente, el vicepresidente de los Estados Unidos J. D. Vance, decía a sus aliados europeos, en suelo también europeo, en Münich, que el problema de la seguridad externa de la alianza no era Rusia, ni China, ni ningún actor externo sino interno, argumentando la pérdida de valores democráticos, en clara referencia a las elecciones en Rumania, y a la pérdida de valores en un mundo pro aborto, de ideología de género, etc., trataba de debilitar a sus aliados europeos como interlocutores en las negociaciones, es decir, a quienes también han invertido y cooperado junto con los Estados Unidos para la defensa de Ucrania contra el invasor ruso.Peor aún, -y ésto sí es serio- ha sido el intento de los Estados Unidos de romper una posición mancomunada con los europeos, al no condenar la invasión rusa en Ucrania, en una resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el pasado 24 de febrero y, al obrar así, desconocer los parámetros con que fue creada la Organización, después de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de la invasión por parte de las fuerzas armadas alemanas de Hitler a la Europa occidental.Pudiéramos pensar que estamos ante la antesala del desconocimiento de las normas del derecho internacional que tantos siglos nos costó formar y mantener desde la paz de Westfalia en 1648, el Congreso de Viena de 1815 tras la capitulación de Napoleón Bonaparte o la paz de Versalles de 1918 que dio fin a la Primera Guerra Mundial y abrió campo a la Sociedad de Naciones. Debe recordarse que justamente por el desconocimiento de las reglas internacionales establecidas por parte de las potencias del momento, se originó la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a la conferencia de San Francisco en 1945, que permitió la creación de Naciones Unidas y sus normas internacionales de hasta ahora de más larga duración. Si ha habido distorsión de ellas, sería hora de corregir, pero no de anular, porque socavar la ONU es lo que justamente podría estimular la apertura a un mundo sin reglas, el reino de la ley del más fuerte y hasta una tercera Guerra Mundial.Con la política exterior estadounidense de Trump de imposición de condiciones prácticamente imposibles de aceptar en las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania, el gobierno de Trump vuelve a un estilo de política que ni siquiera Theodore Roosevelt hubiera imaginado cuando aconsejaba aquello de “Habla suavemente y lleva un gran garrote”. Esta vez, se trata de aplastar en público al invadido, obligar a éste a vender sus llamadas “tierras raras” para cobrar la deuda de una guerra que ni si quiera ha terminado, con lo que olvida el gobierno estadunidense la política del Plan Marshall que permitió la reconstrucción de la Europa devastada por Hitler y contribuyó a dar paso a una paz duradera en el viejo continente.Menos mal que la mayoría de los países europeos ha podido reaccionar, en contraparte, para defender el principio de legítima defensa ante la invasión rusa en Ucrania, aunque para ello, ante el eventual abandono financiero de los Estados Unidos, deban abandonar sus gastos de desarrollo para emplearlos en otros de defensa y de rearme.Por lo pronto volvemos a la peligrosa Paz Armada de 1870 hasta 1914, conocida desde finales de la guerra franco-prusiana iniciada en 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, con la singularidad de que el rearme no será simplemente de armas convencionales sino de aquellas nucleares de destrucción masiva y de inteligencia artificial de control absoluto universal. Cosas veredes, diría Don Quijote a Sancho Panza. Silvia Schanely de Suárez Internacionalista UCV, Ex-Asesora Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados. Ex-Profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV Twitter @silviadijon

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?

¿VENEZUELA, POR FIN, EN LA MIRA DE UN JUICIO JUSTO? El 15 de junio de 2021 terminará un largo período de 9 años de desidia culpable exhibida por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Holanda), Fatou Bensouda, nacional de Gambia, con respecto al reconocimiento de las atroces y reiteradas violaciones de los derechos humanas cometidas por el actual régimen venezolano con 21 años de ejercicio. O quizás de muchos años más: desde la puesta en vigencia del Tratado de Roma, pues le había tocado a la mencionada nacional de Gambia desempeñar el cargo de vice-fiscal bajo el latinoamericano que antecedió en la responsabilidad de fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, quien en su momento tampoco atendió a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos por el autoproclamado régimen revolucionario de Hugo Chávez Frías. En esas condición, se había hecho caso omiso entonces de los primeros testimonios de persecución, tortura y muerte documentados por las ONGs de derechos humanos venezolanas, presentados en múltiples ocasiones, sobre el caso de la marcha ciudadana del 11 de abril de 2002, en la cual murieron asesinadas 19 personas y 71 fueron heridas de bala por parte de los defensores de Chávez, todo bajo el argumento de que no había entrado todavía en vigencia el Tratado de Roma que creaba la Corte Penal Internacional (CPI). APENAS EL HORROR DE PERSECUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL COMENZABA EN ESE 2002 El caso fue que, justamente en 2002, vino a arrancar con todo rigor el asedio desatado por el régimen chavista contra la creciente oposición democrática conformada en Venezuela contra él, proceso del que formaron parte:  -La persecución de los trabajadores del petróleo desafectos al gobierno, que aparte del despido de más de 15.000 profesionales, destacó el llamado caso de “Los Semerucos”, una urbanización situada en el área de la ciudad falconiana de Punto Fijo donde un número de familias de dicha industria fueron desalojadas a media noche violentamente, con uso de gases lacrimógenos, de sus viviendas de habitación. -La persecución de los militares desarmados de la Plaza Altamira, en Caracas, congregados allí por varios días en protesta cívica y el posterior asesinato, en el mismo lugar, el 6 de diciembre de 2002, por parte de un fanático progubernamental, de 3 personas civiles, y las lesiones inferidas a 6 más, todo ello por arma de fuego.  – La persecución política de los electores venezolanos que pedían, desde el 2003, un referéndum revocatorio contra el gobierno de Chávez, solicitud que condujo a la elaboración de las llamadas “ Listas Tascón”, en cuya virtud, miles personas fueron privadas de sus cargos públicos por haber firmado a favor del mencionado referéndum, todo ello posteriormente acompañado del asesinato de 14 opositores que marcharon al centro de Caracas, junto a otros  miles, el 27 de febrero de 2004, para exhibir su oposición a las  llamadas “firmas planas”. De igual manera se produjo una treintena heridos de bala y perdigón ejecutados por las fuerzas de seguridad del estado, así como la ejecución de numerosas detenciones arbitrarias. –El inicio de los procesos de expropiación de tierras agrícolas productivas y ganaderas en perjuicio de numerosas familias legalmente poseedoras, desembocado en el  caso emblemático de la huelga de hambre hasta la muerte, en el mes de agosto de 2010, emprendida por el ingeniero Franklin Brito, al desatenderse su reclamo de devolución de su pequeña propiedad agraria ocupada por el gobierno. -A los actos criminales generalizados contra los disidentes políticos se unieron los casos muy particulares del asesinato del hijo de la senadora Haydée Castillo y el de 3 soldados que fueron quemados con lanzallamas en las celdas de castigo en el Fuerte Mara, en el estado Zulia, en el mes abril de 2004, por el simple hecho de su sentimientos antigubernamentales. -¿Cómo olvidar, igualmente, la persecución bajo el régimen de Chávez,  a los medios de comunicación social en el caso del cierre de Radio Caracas Televisión y de 33 estaciones del radio nacionales, con el designio de  silenciar toda voz opositora, que produjo tras las protestas desarrolladas en todo el país el asesinato de dos estudiantes y 6 heridos de bala ejecutados por bandas parapoliciales en la ciudad de Mérida? ¿Podía hacer oídos sordos ante todos estos casos, de los que se le dio debida noticia, el entonces fiscal de la CPI, el citado fiscal Moreno Ocampo –casos, por cierto, elevados a él con mucho esfuerzo por parte de los familiares de las citadas víctimas del régimen de Chávez y que no fueron atendidos en la sala de la Fiscalía de la CPI-. ¡Podía y, por desgracia, no lo hizo! EL HORROR CONTINUADO EN VENEZUELA Muchos se preguntan por qué solamente ahora se están encausando los delitos de lesa humanidad en Venezuela desde el 2014. La razón alegada es la de que no se puede enjuiciar al autor o al responsable de tales crímenes –en el caso, Hugo Chávez- si el mismo ha muerto. La muerte de Chávez fue anunciado el 05 de marzo de 2013, si bien había señalamientos de que había muerto mucho antes en La Habana, en diciembre de 2012. Se pensó en un primer momento por algunos que las cosas podrían cambiar para bien. Pero desde el mismo 2013, tras unas cuestionadas elecciones que llevaron a la Presidencia a Nicolás Maduro, se produjo el inicio de asesinatos y crímenes en serie: -43 asesinados en las protestas opositoras de 2014; -153 asesinados en las protestas estudiantiles de 2017; – la llamada “masacre de El Junquito”, en la que se da muerte al inspector Oscar Pérez, miembro políticamente disidente de la antigua Policía Técnica Judicial, y a 6 acompañantes, el 15 de enero de 2018; -el asesinato bajo custodia policial del concejal Fernando Albán, el 8 de octubre de 2018;  -16 estudiantes asesinados entre el 22 y 23 de enero de 2019 que protestaban por la instalación ilegítima del segundo mandato de Nicolás Maduro; -51 manifestantes asesinados, a partir del 23 de febrero de 2019  que, a