Silvia Schanely Suarez

¿VENEZUELA, POR FIN, EN LA MIRA DE UN JUICIO JUSTO? El 15 de junio de 2021 terminará un largo período de 9 años de desidia culpable exhibida por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Holanda), Fatou Bensouda, nacional de Gambia, con respecto al reconocimiento de las atroces y reiteradas violaciones de los derechos humanas cometidas por el actual régimen venezolano con 21 años de ejercicio. O quizás de muchos años más: desde la puesta en vigencia del Tratado de Roma, pues le había tocado a la mencionada nacional de Gambia desempeñar el cargo de vice-fiscal bajo el latinoamericano que antecedió en la responsabilidad de fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, quien en su momento tampoco atendió a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos por el autoproclamado régimen revolucionario de Hugo Chávez Frías. En esas condición, se había hecho caso omiso entonces de los primeros testimonios de persecución, tortura y muerte documentados por las ONGs de derechos humanos venezolanas, presentados en múltiples ocasiones, sobre el caso de la marcha ciudadana del 11 de abril de 2002, en la cual murieron asesinadas 19 personas y 71 fueron heridas de bala por parte de los defensores de Chávez, todo bajo el argumento de que no había entrado todavía en vigencia el Tratado de Roma que creaba la Corte Penal Internacional (CPI). APENAS EL HORROR DE PERSECUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL COMENZABA EN ESE 2002 El caso fue que, justamente en 2002, vino a arrancar con todo rigor el asedio desatado por el régimen chavista contra la creciente oposición democrática conformada en Venezuela contra él, proceso del que formaron parte:  -La persecución de los trabajadores del petróleo desafectos al gobierno, que aparte del despido de más de 15.000 profesionales, destacó el llamado caso de “Los Semerucos”, una urbanización situada en el área de la ciudad falconiana de Punto Fijo donde un número de familias de dicha industria fueron desalojadas a media noche violentamente, con uso de gases lacrimógenos, de sus viviendas de habitación. -La persecución de los militares desarmados de la Plaza Altamira, en Caracas, congregados allí por varios días en protesta cívica y el posterior asesinato, en el mismo lugar, el 6 de diciembre de 2002, por parte de un fanático progubernamental, de 3 personas civiles, y las lesiones inferidas a 6 más, todo ello por arma de fuego.  – La persecución política de los electores venezolanos que pedían, desde el 2003, un referéndum revocatorio contra el gobierno de Chávez, solicitud que condujo a la elaboración de las llamadas “ Listas Tascón”, en cuya virtud, miles personas fueron privadas de sus cargos públicos por haber firmado a favor del mencionado referéndum, todo ello posteriormente acompañado del asesinato de 14 opositores que marcharon al centro de Caracas, junto a otros  miles, el 27 de febrero de 2004, para exhibir su oposición a las  llamadas “firmas planas”. De igual manera se produjo una treintena heridos de bala y perdigón ejecutados por las fuerzas de seguridad del estado, así como la ejecución de numerosas detenciones arbitrarias. –El inicio de los procesos de expropiación de tierras agrícolas productivas y ganaderas en perjuicio de numerosas familias legalmente poseedoras, desembocado en el  caso emblemático de la huelga de hambre hasta la muerte, en el mes de agosto de 2010, emprendida por el ingeniero Franklin Brito, al desatenderse su reclamo de devolución de su pequeña propiedad agraria ocupada por el gobierno. -A los actos criminales generalizados contra los disidentes políticos se unieron los casos muy particulares del asesinato del hijo de la senadora Haydée Castillo y el de 3 soldados que fueron quemados con lanzallamas en las celdas de castigo en el Fuerte Mara, en el estado Zulia, en el mes abril de 2004, por el simple hecho de su sentimientos antigubernamentales. -¿Cómo olvidar, igualmente, la persecución bajo el régimen de Chávez,  a los medios de comunicación social en el caso del cierre de Radio Caracas Televisión y de 33 estaciones del radio nacionales, con el designio de  silenciar toda voz opositora, que produjo tras las protestas desarrolladas en todo el país el asesinato de dos estudiantes y 6 heridos de bala ejecutados por bandas parapoliciales en la ciudad de Mérida? ¿Podía hacer oídos sordos ante todos estos casos, de los que se le dio debida noticia, el entonces fiscal de la CPI, el citado fiscal Moreno Ocampo –casos, por cierto, elevados a él con mucho esfuerzo por parte de los familiares de las citadas víctimas del régimen de Chávez y que no fueron atendidos en la sala de la Fiscalía de la CPI-. ¡Podía y, por desgracia, no lo hizo! EL HORROR CONTINUADO EN VENEZUELA Muchos se preguntan por qué solamente ahora se están encausando los delitos de lesa humanidad en Venezuela desde el 2014. La razón alegada es la de que no se puede enjuiciar al autor o al responsable de tales crímenes –en el caso, Hugo Chávez- si el mismo ha muerto. La muerte de Chávez fue anunciado el 05 de marzo de 2013, si bien había señalamientos de que había muerto mucho antes en La Habana, en diciembre de 2012. Se pensó en un primer momento por algunos que las cosas podrían cambiar para bien. Pero desde el mismo 2013, tras unas cuestionadas elecciones que llevaron a la Presidencia a Nicolás Maduro, se produjo el inicio de asesinatos y crímenes en serie: -43 asesinados en las protestas opositoras de 2014; -153 asesinados en las protestas estudiantiles de 2017; – la llamada “masacre de El Junquito”, en la que se da muerte al inspector Oscar Pérez, miembro políticamente disidente de la antigua Policía Técnica Judicial, y a 6 acompañantes, el 15 de enero de 2018; -el asesinato bajo custodia policial del concejal Fernando Albán, el 8 de octubre de 2018;  -16 estudiantes asesinados entre el 22 y 23 de enero de 2019 que protestaban por la instalación ilegítima del segundo mandato de Nicolás Maduro; -51 manifestantes asesinados, a partir del 23 de febrero de 2019  que, a