Felix G. Arellano

Afganistán: la amenaza geopolítica

Por Félix Gerardo Arellano Porras El retiro definitivo de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán, no obstante haber sido negociado y firmado en un acuerdo, el adelanto de los plazos decidido por el Presidente Joe Biden ha acelerado la ocupación del país por parte del Talibán, lo que está generando una profunda crítica sobre las contradicciones en los veinte años de ocupación y acelerando cambios poco esperanzadores en múltiples niveles. La salida ha debido ser relativamente organizada si tenemos en cuenta que el proceso de negociaciones entre el gobierno del Presidente Donald Trump y el Talibán, que incluía como elemento fundamental el retiro de las tropas norteamericanas del territorio afgano inició en el año 2018 y culminó con la firma del acuerdo definido irónicamente como: “traer paz a Afganistán”, en la cuidad de Doha, Qatar en el mes de febrero del 2020. Los hechos han demostrado todo lo contrario lo que está generando un creciente malestar. La intervención militar bajo el liderazgo de los Estados Unidos, que contó con el activo respaldo de los países miembros de la OTAN y la aquiescencia de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se inició en noviembre del 2001, como reacción a los ataques terroristas perpetrados por Al Qaeda, contra las torres del World Trade Center en la ciudad de Nueva York e instalaciones del pentágono en la capital del país, a corta distancia de la Casa Blanca y del Congreso, en el mes de septiembre del 2001. En la lucha contra el terrorismo, Afganistán representaba una seria amenaza, toda vez que el Talibán en el poder brindaba protección a movimientos terroristas, en particular, a Osama bin Laden el máximo líder de Al Qaeda. En estos términos se puede apreciar que el objetivo inicial de la intervención militar era el enfrentamiento a la amenaza terrorista, un enemigo complejo y novedoso, que va alcanzando un creciente protagonismo a escala global, afectando directamente a las sociedades occidentales. Pero durante los veinte años de intervención los objetivos se fueron reformulando, situación que en estos momentos genera dudas y constituye uno de los elementos del cuestionamiento sobre los resultados del proceso. En el 2001, como se ha señalado, el objetivo era la guerra contra el terrorismo y, en particular, contra el grupo Al Qaeda y lo relevante, en términos estratégicos es que tal objetivo se logró, la cúpula de Al Qaeda fue progresivamente desarticulada y su máximo líder eliminado. Adicionalmente, el Talibán, como cómplice y promotor del terrorismo, también fue expulsado del poder. A partir de ese momento van acentuándose las contradicciones, pues la intervención se mantiene, pero con nuevos objetivos, ahora se trata de la construcción de gobernabilidad en la compleja sociedad afgana. Cabe destacar que en Afganistán nos encontramos con una sociedad históricamente heterogénea y compleja; multiétnica y multilinguistica, organizada bajo el sistema tribal y con valores y prácticas religiosas ancestrales profundamente arraigadas. En tales condiciones resulta imposible decretar la democracia y conformar sus instituciones liberales.   Conviene recordar que en occidente se logró superar, hace algunos siglos y luego de mucha sangre, la hegemonía del poder religioso; es decir, lograr la separación entre el Estado y la Iglesia, que actualmente se presenta como obvia y fundamental para el funcionamiento institucional de la política; empero, para muchas sociedades resulta incomprensible e inaceptable. Al transcurrir el tiempo, y ante la dificultad de modernizar u occidentalizar la sociedad afgana, la intervención obstinadamente se mantiene, pero de nuevo se reformulan los objetivos; ahora se trata de la organización de un ejército entrenado, armado y cohesionado. Este nuevo objetivo genera otras complicaciones y reproduce viejas contradicciones. Entrenar y equipar el nuevo ejército trae a la escena la figura de los contratistas y millonarios negocios. Al respecto, circula información de más de 400 contratistas y un flujo multimillonario de recursos, en un contexto de poca transparencia. Algunos resaltan la profunda corrupción que ha caracterizado el proceso, destacando, entre otros, la existencia de nóminas militares fantasmas y crecientes deserciones; lo que limita definir con certeza el tamaño y capacidad del nuevo ejército afgano. Por otra parte, conformar el nuevo ejército también se enfrenta con la compleja realidad estructural de la sociedad afgana; es decir, su carácter multiétnico, multilinguistico y su organización tribal; factores que desafían la conformación de un ejército unificado, coherente y eficiente.  No existía claridad sobre la dimensión y capacidad efectiva del ejército afgano; empero, progresivamente se hace evidente el fortalecimiento del Talibán que, desde la salida del poder (2001), mantienen sus valores radicales y el objetivo de reconformar el régimen teocrático y el emirato islámico; para tales fines cuentan con varios elementos favorables. Como expresión ultra conservadora del sunismo, no les resulta difícil lograr apoyo, particularmente financiero, toda vez que los sunitas constituyen la mayoría del movimiento islámico y, las poderosas monarquías árabes son sunitas. En corto tiempo, el Talibán retomó lo que mejor conoce, la acción guerrillera, recordemos que surge como un movimiento que, mediante la guerra de guerrilla, enfrentó a la poderosa fuerza militar soviética, en los finales de la guerra fría y con el apoyo de monarquías sunitas y del propio Estados Unidos. Importante destacar que para el 2009 se forma un “gobierno Talibán de sombra” y, desde el 2013, cuenta con una oficina de representación en Qatar. Para el 2015 se agudizan los ataques del Talibán contra to ejército afgano y la coalición internacional. Luego, la firma del acuerdo en Doha representó un punto de inflexión para su empoderamiento, propiciando el progresivo apoyo de las bases tribales del país, lo que facilitó la ocupación del territorio, proceso que se acelera con el adelanto de los plazos para el retiro definitivo de las tropas que anunció el Presidente Biden. Resulta prematuro poder analizar el alcance y profundidad de los cambios que se plantean, producto de la crisis en Afganistán que se encuentra en pleno desarrollo; empero; en una primera lectura se puede apreciar, entre otros, el deterioro de la popularidad del Presidente Joe Biden y las consecuencias que

Negociaciones: ¿pocas esperanzas?

Por Felix Gerardo Arellano Porras Desde Miraflores estamos observando una intensa actividad vinculada con la negociación con diversos grupos y niveles; empero, hasta el momento se puede apreciar que está dispuesto a comprometerse en pequeños cambios y con los grupos menos críticos, que algunos definen como colaboracionistas. Por el contrario, en el proceso de negociación más complejo y ambicioso, vinculado con la oposición democrática crítica organizada en el llamado G4 y la comunidad internacional democrática, la estrategia de Miraflores pareciera orientarse al desgaste, la dispersión y la complicación del proceso. Trasmitir la imagen de interés, pero no avanzar en aspectos sustantivos, toda vez que puede estar en juego la permanencia en el poder. Nos enfrentamos con una vorágine negociadora, que se percibe cargada de contradicciones. Sectores fundamentales del bloque en el poder parecieran estar conscientes que necesitan concertar acuerdos, en particular con el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, para superar las sanciones, pero no quieren ceder en temas importantes relativos a condiciones electorales realmente competitivas, pues asumen que podría ser el principio del fin. Cuando referimos las contradicciones que se proyectan desde Miraflores en relación con las negociaciones, la lista es larga y, entre otros, tiene que ver con la definición de la contraparte negociadora. Al respecto, desde Miraflores hablan de diversas oposiciones. Dividir y debilitar el adversario ha sido uno de los objetivos fundamentales del bloque en el poder y ha logrado importantes avances, en tal sentido, presenta ante el mundo que está logrando negociar con una oposición “más ponderada”, que participó en las pasadas elecciones legislativas. En la línea de fragmentar la oposición democrática, uno de los requisitos que presenta Miraflores para una negociación más ambiciosa, tiene que ver con la mayor participación de actores de la oposición, en especial, los grupos promovidos desde el poder. Tal condición, además de incrementar las divisiones en la oposición democrática, limita el proceso de negociación. Cabe destacar que un mayor número de actores en la mesa de negociación complica los avances y debilita los resultados. Separar el tema de las elecciones regionales de un proceso de negociación ambicioso ha sido otra condición de Miraflores, tema que parece aceptado y superado, en la medida que crece el número de grupos políticos que se van sumando a la contienda electoral regional. Superado este objetivo seguramente será aprovechado en la narrativa oficial como evidencia del carácter democrático y constitucional del proceso, tratando de lograr avanzar en su búsqueda de legitimidad internacional y, en alguna medida, propiciar divisiones en la comunidad internacional democrática. La narrativa sobre las sanciones que aplican los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), constituye otro tema central en las contradicciones de Miraflores. El  discurso oficial se tiende a concentrar en el cuestionamiento de las sanaciones secundarias, económicas y financieras que aplica los Estados Unidos, por los efectos colaterales en términos sociales que generan. Según la versión oficial toda la crisis humanitaria que enfrenta el país es producto de tales sanciones, ocultando la realidad estructural, es decir, que el modelo económico que se está aplicando desde que el proceso bolivariano asumió el poder, se ha orientado a la destrucción de la economía para empobrecer la población y poder ejercer un control social más efectivo. Para fortalecer el discurso manipulador sobre las sanciones económicas Miraflores está movilizando diversos sectores nacionales e internacionales en una estrategia especialmente dirigida a Washington y Bruselas, con el objeto de generar una atmosfera crítica sobre las consecuencias sociales de las sanciones y propiciar su flexibilización o eliminación. Las sanciones secundarias pueden tener consecuencias paradójicas, es el caso de la rígida aplicación que se aprecia en el sector financiero, que puede afectar diversas transacciones venezolanas, pero no se puede desconocer que la gravedad de la crisis económica que enfrentamos tiene sus raíces en el modelo económico que está aplicando el proceso bolivariano, situación que se exacerba con los efectos perversos de la pandemia del covid-19 y su errática administración. En el tema de las sanciones económicas no podemos desconocer la posición crítica de la Unión Europea, pero también la posición reflexiva de la nueva administración del Presidente Joe Biden en Estados Unidos, que ha dado señales claras de su disposición de revisión del instrumento, pero en el marco de proceso eficiente de negociación que conlleve la salida pacífica y democrática de la crisis venezolana. En este nuevo contexto, el gobierno de los Estados Unidos incorpora las sanciones como un medio importante de la estrategia de presión sobre Miraflores y está trabajando para abordar multilateralmente el caso venezolano, con la UE y otros gobiernos democráticos. En este contexto, los esfuerzos de acercamiento para una potencial negociación que ha estado desarrollando el Reino de Noruega cuentan con el pleno respaldo de la comunidad democrática internacional. El discurso oficial se concentra en el cuestionamiento de las sanciones económicas exagerando sus consecuencias, pero no podemos desconocer la sensibilidad que genera en el bloque en el poder las sanciones personales que limitan las posibilidades de disfrutar las astronómicas fortunas de algunos miembros del bloque en el poder. Miraflores está organizando la mayor participación posible de instituciones nacionales y países aliados para que se sumen activamente en el proceso de presión, repitiendo el libreto de las graves consecuencias sociales de las sanciones. En este contexto, ha empezado a reconocer las dramáticas cifras de la grave crisis que enfrenta el país, manipulando la información para presentar ante el mundo y en particular en los Estados Unidos, que la destrucción del país es producto de tales sanciones, una grave exageración que se está repitiendo insistentemente. A nivel nacional los partidos políticos de la oposición amigable a Miraflores; empresarios y ONG afectados por complicaciones de transacciones financieras y, en particular los sectores vulnerables adeptos al proceso bolivariano, han sido movilizados para repetir el libreto sobre las graves consecuencias de las sanciones. Para estimular la mayor participación social en el cuestionamiento de las sanciones, encontramos la manipulación de algunos casos complejos como el diésel o el programa de vacunación con la covid-19. En

Reflexiones sobre la nueva política exterior de Joe Biden

Por Félix G. Arellano Progresivamente el gobierno del Presidente Joe Biden va definiendo su nueva política exterior, que podríamos caracterizar como un giro internacionalista, en el marco del liberalismo institucional y bajo un pragmatismo estratégico. Una nueva orientación que rompe con la política aislacionista y nacionalista de la administración anterior, e incorpora el pragmatismo estratégico como elemento creativo en la tradicional corriente internacionalista americana, que cuenta con el Presidente Woodrow Wilson como un exponente representativo. Podríamos afirmar que nos encontramos frente a un cambio conceptualmente interesante, que abre nuevas oportunidades, tanto para los Estados Unidos, como para la comunidad internacional; pero, también genera resistencias, particularmente en el plano interno, lo que plantea dudas sobre su viabilidad y estabilidad. La visión internacionalista no descarta la relevancia de los asuntos nacionales, que en gran medida fundamentan la formulación de la política exterior, lo novedoso tiene que ver con la importancia que asignan a la comunidad internacional, sus instituciones y su agenda para lograr de forma más eficiente los objetivos nacionales. El Presidente Biden está tratando de construir un difícil equilibrio entre las prioridades y urgencias nacionales y las posibilidades que puede brindar el contexto global; rescatando y resaltando los valores liberales que privilegian las libertades, la democracia y los derechos humanos, sin dogmatismo, de allí el carácter pragmático, pero con firmeza. En línea con el internacionalismo se pueden destacar un conjunto de decisiones que se han adoptado desde el primer día de gobierno. En primer lugar la defensa del orden liberal internacional que privilegia la defensa de las libertades, la democracia y los derechos humanos y, en ese contexto, el apoyo al multilateralismo que sirve de fundamento y marco operacional del mencionado orden. En la defensa del multilateralismo cabe destacar la reincorporación, tanto al Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático, como a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Está pendiente la reincorporación al Consejo de Derechos Humanos y en la Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ambas instituciones del sistema de Naciones Unidas. Tales decisiones importantes, tanto para la convivencia y la cooperación internacional, como para reforzar el liderazgo internacional de los Estados Unidos; enfrentan serias críticas, en particular, de los grupos que mantienen una visión radical aislacionista en el partido republicano. Existen razones que justifican el cuestionamiento del multilateralismo, entre otros, el burocratismo, la lentitud de los procesos y los costos; empero, la crítica tiende a resultar sobredimensionada y, por lo general, no reconoce los beneficios para la construcción de la gobernanza internacional. El giro al internacionalismo con un pragmatismo estratégico se ha podido apreciar en el reciente viaje oficial a Europa. La intensa agenda que abarcó: las cumbres del Grupo de los 7 y de la OTAN, la reunión con la Unión Europea y diversas reuniones bilaterales, que cerraron con la cumbre con el Presidente de Rusia Vladimir Putin en Ginebra; confirman, tanto el nuevo internacionalismo, donde se trata de retomar el liderazgo de los Estados Unidos y los valores del orden liberal; como el pragmatismo estratégico, pues se avanza en una agenda, en coordinación con los aliados tradiciones, que tiene entre sus objetivos fundamentales avanzar en la contención de la expansión de la geopolítica del autoritarismo, con epicentro en China, pero sin menospreciar las oportunidades que se pueden desarrollar con esos actores. La visión estratégica está orientada a fortalecer el orden liberal, pero con el pragmatismo de evitar un radicalismo excluyente y aprovechar las oportunidades. Otra de las manifestaciones del pragmatismo estratégico tiene que ver con el desmonte cuidadoso de la política de máxima presión, que en diversos frentes desarrolló el gobierno de Donald Trump. En el marco de la nueva política exterior, la presión máxima se desarrolla de forma reflexiva, coordinada con los aliados y gradualmente, sin desconocer sus beneficios como mecanismo de presión, pero limitando su aplicación por los resultados paradójicos que puede generar, en detrimento de los intereses económicos de los Estados Unidos. En este contexto, podemos apreciar como en el caso de China, epicentro de la estrategia, se aborda desde la perspectiva pragmática, es el adversario sistémico, pero también representa importantes oportunidades; en consecuencia, se podría considerar que salen del escenario tesis especulativas como: la conformación de una nueva guerra fría o las visiones catastróficas que giran en torno a la  “trampa de Tucídides”. Al respecto, y como parte de la estrategia pragmática que se adelanta desde la Washington, se ha anunciado que inician las negociaciones para realizar próximamente una cumbre de los dos Jefes de Estado. Podríamos afirmar que los acercamientos con Irán, Turquía y la cumbre de Jefes de Estado con Rusia; que se desarrollaron en el marco del reciente periplo por Europa, forman parte del desarrollo del nuevo internacionalismo y su giro pragmático estratégico. Decisiones asertivas, que se trabajan de forma coordinada con los aliados y pueden representar un punto de inflexión frente a los avances de la geopolítica del autoritarismo a escala global.  En el caso de Irán, los países europeos Alemania, Francia y el Reino Unido, miembros del comité de administración del acuerdo sobre el programa nuclear con Irán (Plan de Acción Integral Conjunto), han iniciado un proceso de negociación pendular con Estados Unidos e Irán, para explorar las posibilidades de reincorporación de la potencia americana en el acuerdo, proceso que está avanza sin desmontar las sanciones que están aplicando contra Irán, por el contrario juegan como medio de presión para facilitar las negociaciones. Bajo la perspectiva del internacionalismo pragmático se aspira establecer límites al expansionismo iraní y, simultáneamente, aprovechar oportunidades en diversas áreas económicas. En términos metafóricos, se trata de utilizar simultáneamente “el garrote y la zanahoria”; empero, los resultados no están garantizados. Debemos tener presente que el acuerdo con Irán enfrenta fuerte resistencia, tanto de los sectores conservadores del Congreso; como de las monarquías sunitas del medio oriente y, en particular, de Israel y sus poderosos grupos de presión en los Estados Unidos. Por otra parte, la revisión de las relaciones con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan de Turquía, representa

La Pandemia del Covid-19 y sus inequidades

La pandemia del Covid-19 se ha convertido en un factor disruptivo, ha acelerado problemas estructurales, ha creado nuevos y las consecuencias en términos sociales resultan cada día más dramáticas, se está incrementando la pobreza, la situación se presenta más acuciante para los países en desarrollo. Está cambiando nuestra cotidianidad y también se aprecian las profundas repercusiones en el ámbito político y en la dinámica de la geopolítica internacional. En el plano político, frente a la primera oleada del virus en el 2020, cuando se empezó a comprender su crecimiento exponencial y nivel de letalidad, la reacción natural fue el aislamiento de los países, la adopción de las rígidas concepciones de soberanía nacional y de seguridad, en algunos casos con matices militares. Ante la incertidumbre y la complejidad, un ambiente de autoritarismo fue apareciendo en escena, con mayor rigor en los países con débiles instituciones democráticas. En el caso de los países con regímenes autoritarios, la pandemia ha servido para reforzar sus prácticas y agudizar la represión y la violación de los derechos humanos. Resultó impactante, en un primer momento, observar como algunos países desarrollados, con solida institucionalidad democrática, apelaron a prácticas nacionalistas y de protección de sus mercados; en particular, en el comercio de productos sanitarios. Afortunadamente, la extraordinaria capacidad científica de nuestros tiempos, permitió un rápido el conocimiento del virus, su estructura y dinámica de funcionamiento, lo que ha conllevado la pronta adopción de protocolos para evitar o reducir su impacto. En el contexto del desarrollo científico, aparece de inmediato el objetivo de lograr, al más corto plazo, las vacunas que puedan incrementar la capacidad inmunológica y reducir o eliminar el nivel de letalidad. Ahora bien, el panorama relativamente optimista se tiende a concentrar fundamentalmente en los países con mayor capacidad económica, que han logrado aprobar paquetes millonarios para atenuar los efectos económicos y sociales de la pandemia y, además, han logrado comprar, por adelantado, en pleno proceso de producción de las vacunas, cantidades que sobrepasan el número de sus habitantes. Por el contrario, los países más vulnerables no pueden cumplir de forma estricta los protocolos de prevención, pues la pobreza se enfrenta ante el dilema del virus o el hambre; tampoco pueden sus gobiernos, muchos de ellos caracterizados por una profunda corrupción, adoptar programas millonarios de auxilio financiero; ni pueden comprar la cantidad de vacunas necesarias para su población. Estamos conscientes que el coronavirus no es un virus contra los pobres, toda vez que el contagio no discrimina y nos puede afectar a todos, pero la respuesta sanitaria está resultando absolutamente asimétrica, inequitativa y perversa. Al ver los hechos, nos encontramos que el virus afecta con mayor rigor a los más vulnerables, que no tienen la capacidad para protegerse, ni los recursos para enfrentar clínicamente el problema. Adicionalmente, no debemos olvidar que la mayoría de los países en desarrollo no cuentan con las condiciones sanitarias para enfrentar la dimensión letal de la pandemia, algunos de ellos han despilfarrado sus recursos o con una corrupción colosal, los han registrado en las cuentas personales de la camarilla en el poder. Carlos Malamud y Rogelio Nuñez del Real Instituto Elcano (06/04/2021), resumen las graves consecuencias de la pandemia para nuestra región en los siguientes términos: “América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas con la pandemia, con cerca de 23 millones de contagiados y más de 600.000 muertos a mediados de marzo de 2021. Con poco más del 8% de la población del planeta, tiene casi el 20% de los contagiados y casi el 30% de los muertos del mundo. Además, el virus ha provocado una fuerte contracción económica, con una caída media del PIB regional del 7,7%, el cierre de casi 3 millones de empresas y un fuerte incremento del desempleo, que afecta sobre todo a jóvenes y mujeres. Las consecuencias sociales de esta crisis suponen un retroceso de 12 años en los niveles de pobreza y de 20 en la pobreza extrema” Ante las serias amenazas de la pandemia, la Unión Europea, en el marco del Consejo Europeo, logró aprobar en julio del 2020, un paquete de recuperación y el presupuesto para el periodo 2021-2027, orientado a la reconstrucción de Europa ante la pandemia, por un monto impresionante de 1.8 billones de euros. Con esta acertada decisión se logró superar la fase inicial se exacerbó el nacionalismo  y se abrió espacio a las soluciones coordinadas y comunitarias; empero, no podemos dejar de resaltar que no se aprecia es la disposición para actuar frente a la complejidad global del problema. En el caso de los Estados Unidos, superada la fase errática e irresponsable de Donald Trump, el Presidente Joe Biden ha concentrado gran parte de sus primeros días de gobierno ha enfrentar disciplinadamente la pandemia, tanto en sus consecuencias sociales, económicas; como sanitarias y ha logrado que el Congreso apruebe, el pasado mes de marzo, un plan de rescate de aproximadamente 1.9 billones de dólares. Una posición asertiva y efectiva del Presidente ante su país; empero, de nuevo nos preocupa la ausencia de la visión global para enfrentar la pandemia. Adicionalmente, debemos destacar que, el sistema multilateral, con sus debilidades y limitaciones, ha logrado reaccionar efectivamente y se ha adoptado el programa Covax, para apoyar a los países más débiles en la contratación de vacunas; empero, las tendencias críticas en la región, que por lo general amenazan la estabilidad de la democracias, resaltan que los países ricos de occidentes se han concentrado en la solución de sus problemas y se han olvidado del resto del mundo. Por otra parte, la reacción de la geopolítica del autoritaritarismo se presenta, en términos mediáticos, hábil y efectista. China, ante la crítica por su opacidad en los orígenes del virus y la investigación abierta en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reaccionado con agresividad, pero también con asertividad y ha desplegado, particularmente en los países en desarrollo, la llamada diplomacia de las mascarillas y de las vacunas, generando la imagen de un apoyo masivo para los más débiles.

Democracias andinas en tensión

La Comunidad Andina ha logrado mantenerse como un esquema de integración, pero como bloque se ha debilitado en los últimos años. Sus cuatro países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) lograron importantes niveles de crecimiento económico previo a la pandemia del covid-19; empero, en el plano político están enfrentando serios desafíos en su institucionalidad democrática, situación que se agrava, producto de las consecuencias sociales de la pandemia. Brevemente recordemos que el bloque andino fue creado en el año 1969, con la firma del Acuerdo de Cartagena y como una reacción ante el agotamiento que enfrentaba el proceso de integración regional, por la dificultad de avanzar en la conformación de la zona de libre comercio regional en el marco de la vieja ALALC, que se había conformado con la firma del Tratado de Montevideo de 1960. Desde su creación el Grupo Andino, que luego con las diversas reformas del tratado constitutivo ha sido definido como Comunidad Andina, ha atravesado múltiples complicaciones, una muy significativa, fue el retiro de Chile (1976), país fundador que, con el golpe de estado del General Augusto Pinochet, no logró compatibilidad con el resto de los países miembros, en particular, con los gobiernos democráticos de Colombia y Venezuela, que se presentaban como instituciones sólidas y defensoras de los derechos humanos. La democracia se fue imponiendo en los diversos países miembros, lo que estimuló la creación a nivel del bloque del Parlamento Andino (1979), con muy limitadas funciones, pero como una expresión de los sistemas políticos plurales. En este contexto, también conviene recordar la adopción de la Cláusula Democrática (2000), que consagra a la democracia como un requisito institucional para la pertenencia en el bloque. No podemos realizar una evaluación de los avances jurídicos y conceptuales que en diversas áreas sociales han sido adoptados en la normativa andina, pero no podemos desconocer que se ha conformado un sistema de integración que cuenta con un acervo jurídico multidisciplinario, que contempla una diversidad de acuerdos sociales y un innovador mecanismo de solución de controversias, que permite la acción de los particulares en la defensa de sus intereses comerciales. Lamentablemente esos avances se han visto afectados con la incorporación del radicalismo ideológico que penetró el proceso andino, caracterizado, entre otros, por una narrativa de rechazo a los aspectos comerciales de la integración económica. El discurso sataniza el libre comercio sin valorar sus aportes, entre otros, en las transformaciones productivas, la generación de empleos, promoción de la competitividad, atracción de inversiones y el fortalecimiento del  bienestar social. El proceso bolivariano, que se fue radicalizando progresivamente, se enfrentó con la dinámica de la integración andina, en particular, con el gobierno colombiano del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien había asumido la decisión de negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, lo que sirvió de excusa para que el Presidente Hugo Chávez justificara su equivocada decisión de retirarse del bloque, que se anunció en el año 2006 y se hizo efectiva, en el 2011, cumpliendo las condiciones establecidas en el Acuerdo de Cartagena. El retiro de Venezuela y la posterior decisión de los cuatro países que permanecen en el bloque, de suspender el arancel externo común y, en tal sentido, los compromisos fundamentales de la unión aduanera, ha representado un debilitamiento del bloque. Pero las diferencias ideológicas no desaparece con el retiro del proceso bolivariano de Venezuela,  se mantienen presentes y el bloque se presenta dividido en dos frentes; por una parte, Colombia y Perú con una visión de apertura de mercado, más interesados en la Alianza de Pacifico y, por otra parte, el Ecuador de Rafael Correa y la Bolivia de Evo Morales más orientados al tema ideológico y la protección del mercado interno. Ahora bien, es importante destacar que en cada uno de los cuatro países miembros se han mantenido en la senda de la democracia; empero, en los últimos años se aprecia un progresivo deterioro de las instituciones. Situación que se aprecia con mayor rigor en los últimos meses por la intensa por los procesos electorales que se han presentado. Luego de muchas dificultades, en particular por la pandemia del covid-19, Bolivia logró avanzar en elecciones generales para la renovación, tanto del poder ejecutivo como de los miembros del poder legislativo, en octubre del 2020, con el triunfo de Luis Arce, el delfín de Evo Morales, lo que ha representado un duro golpe para la lucha por una democracia pluralista, competitiva y más comprometida con la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Ecuador, luego de la primera vuelta para la elección presidencial (07 de febrero), en las que se logró el triunfo de Andrés Arauz, delfín de Rafael Correa, entró en fuerte cuestionamiento para definir el segundo participante en el balotaje previsto para el 11 de abril, entre Guillermo Lasso del partido CREO y Yaku Pérez del movimiento Pachakutik; lo que ha evidenciado las debilidades institucionales y las rigideces de los movimientos democráticos para lograr acuerdos de unidad. Perú también se encuentra en plena campaña electoral para elegir al Presidente y renovar los miembros del Congreso, cuya primera vuelta está prevista confidencialmente para el 11 de abril y la mayoría de los analistas la definen como una elección atípica, a la que se llega luego de cuatro cambios de presidentes en cuatro años y con un gran escepticismo de la población frente a los partidos y los políticos. Colombia, por su parte, con serios problemas internos, tiene prevista la elección de carácter general para la renovación de sus autoridades el 29 de mayo del 2022. No es fácil, ni conveniente realizar comparaciones entre diversos procesos políticos nacionales, toda vez que cada uno tiene su especificad; empero, es posible establecer algunas tendencias que caracterizan la situación política en los países miembros de la Comunidad Andina y que podríamos calificar como potenciales amenazas para la estabilidad de la democracia. Naturalmente que el primer gran problema que enfrenta todos los países de la subregión andina tiene que ver con los perversos efectos de la pandemia del covid-19. Todos los indicadores

Comercio e integración nuevas paradojas

El tema de la apertura comercial y la integración económica, no obstante las contradicciones y dificultades que ha enfrentado en varias décadas, se mantiene como una de las prioridades en la agenda internacional en el mundo global. Con el inicio de la pandemia del covid-19, se presentaron tendencias nacionalistas y proteccionistas que vislumbraron tiempos complejos para la apertura comercial; empero, finalizado el 2020, el panorama se proyecta paradójico, pero interesante, con potenciales oportunidades para la región, si los gobiernos asumen con responsabilidad los compromisos pendientes en la agenda desde hace varios años. Conviene recordar brevemente que la década de los ochenta del siglo pasado fue calificada como fase perdida de la integración económica, se contaba con varios proyectos: ALALC, ALADI, Grupo Andino, Mercado Centro Americano, etc.; muchos discursos, pero muy pocos avances. Luego, desde los noventa se inicia un proceso de avances interesante, con la suscripción de múltiples acuerdos de libre comercio, varios de ellos suscritos en el marco de la ALADI. También se desarrolla una interesante transformación de la agenda de negociación, incorporando a los temas clásicos de bienes, los llamados nuevos temas que abarcan: servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas; con el tiempo se han incorporado los temas ecológicos, laborales y sociales vinculados al comercio. Estados Unidos ha jugado un papel importantes en tales cambios, esa fue la agenda que utilizó, tanto en las negociaciones que concluyeron con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC, 1994) con Canadá y México; como en  la Ronda Uruguay del viejo GATT, que culmina con la firma de los acuerdos de Marrakech y la creación de la Organización Mundial del Comercio (0MC, 1995). Por otra parte, progresivamente se fue conformando una tendencia de cuestionamiento radical, que aprovechó algunas de las debilidades de la fase de crecimiento liberal de la apertura comercial y la integración económica, como la deficiente participación social y la poca atención por la equidad frente a los más débiles y perdedores; pero, menospreciando los avances alcanzados, entre otros, en la generación de empleos, atracción de inversiones, mejoras en productividad y bienestar social.  La crisis financiera del 2008 representó otro hito en el cuestionamiento de la hiperglobalización económica y, en consecuencia, la apertura comercial y la integración económica. En buena medida se asumió que la apertura comercial contribuía directamente en la generación de las contradicciones de la globalización, lo que estimuló otro movimiento también critico desde la perspectiva liberal conservadora, que retomó las banderas del nacionalismo, la soberanía absoluta, la exclusión, la xenofobia y la satanización de la apertura comercial. La visión crítica radical fue promovida en la región, entre otros, por el partido de los trabajadores en Brasil, el movimiento bolivariano en Venezuela y el Foro de San Pablo a escala regional. Esta nueva tendencia, definida como fase postliberal de la integración regional, logró un importante respaldo cuando varios gobiernos críticos, populistas y radicales asumen el poder en la región y adoptan nuevos proyectos como la ALBA, la UNASUR y la CELAC. Se paraliza el proceso de apertura comercial, pero no se superan las debilidades, ni se avanza ni en el fortalecimiento de la integración, todo lo contrario, nos encontramos con una región más fragmentada, desintegrada y con mayores niveles de pobreza y exclusión. La situación de la UNASUR, ilustra claramente sobre el fracaso del proyecto postliberal. Creada en el 2008 como una transformación de la Comunidad Suramericana de Naciones por doce países de la región, entró en vigencia en el 2011 y para agosto del 2018 Colombia anunció su retiro, posteriormente, en marzo del 2019 se retirar el gobierno de Ecuador, país sede de la organización y unos meses después informaron su retiro Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Por otra parte, luego que el expresidente Ernesto Samper culminó su periodo como Secretario General (2014-2017), por las serias diferencias entre los países miembros no ha sido posible designar un nuevo Secretario. Pero la situación es más compleja, toda vez que  en la perspectiva liberal también se va conformando una tendencia crítica conservadora, que cuestiona la globalización y la integración económica; fortaleciendo el nacionalismo, la visión rígida de la soberanía, la exclusión, el proteccionismo comercial y la xenofobia. Dicha tendencia se vincula en Europa con el euroescepticismo, que logra su máxima expresión con el Brexit, el retiro del Reino Unido de la UE. En el caso de Estados Unidos destaca el discurso nacionalista y las prácticas proteccionistas de Donald Trump. La decisión del Reino Unido de retirarse de la integración europea, a la que ingreso tardíamente en el año 1973, y desde su incorporación mantuvo una actitud crítica, es así como para el año 1975 ya convocó a un referéndum consultivo para definir su presencia en el proceso, definición que finalmente se adoptó en el año 2016, cuando otro nuevo referéndum consultivo, arrojó un 52% a favor del retiro de la Unión Europea, proceso, que luego de unas complejas negociaciones, ha concluido al finalizar el 2020. Todo indica que el nacionalismo y el euroescepticismo se están incorporando como temas permanente en la agenda de algunos partidos conservadores en varios países miembros de la UE. En tal sentido, no debería sorprendernos que la equivocada estrategia del retiro del bloque europeo se convierta en una bandera de manipulación política e ideológica. Otra expresión del pensamiento conservador crítico de la apertura comercial y la integración económica ha sido Donald Trump en los Estados Unidos. Conviene recordar que en la campaña electoral para llegar a la presidencia, desarrolló una narrativa que vinculaba directamente la apertura comercial con los problemas sociales que enfrentaba el país, desconociendo los problemas estructurales de productividad y competitividad que viene arrastrando Estados Unidos; pero además menospreciando las bondades de la apertura comercial. Fundamentado en el discurso crítico al asumir la presidencia de los Estados Unidos, en sus primeras decisiones se retiró de las negociaciones del acuerdo transatlántico con la Unión Europea, se retiró del acuerdo transpacífico ya concluido con varios países de Asia, que por razones geopolíticas expresamente excluía a China; también promovió la revisión del acuerdo de

El desafío iraní

Los intereses de Iran representan un gran desafio para Occidente Irán constituye un tema complejo y desafiante en la agenda internacional; una amenaza para la paz y seguridad, tanto por su programa nuclear, caracterizado por una marcada opacidad, como por la política expansiva de su fundamentalismo religioso chiita y la añoranza del viejo y glorioso imperio persa; estrategia expansiva que se apoya fundamentalmente en las milicias paramilitares. En el espectro de amenazas destaca su posición beligerante en el medio oriente, frente a todos los vecinos sunitas (la gran mayoría de países árabes) y, en particular con Israel. Por otra parte, una creciente amenaza contra los valores occidentales y en especial contra Estados Unidos. Actualmente también empiezan a encenderse las alarmas en la región, por su activa presencia política en países como Cuba y Venezuela. Sobre el caso específico de Venezuela, recientemente Monseñor Mario Moronta ha alertado muy claramente sobre el proceso de islamización de nuestro país y, en su escrito ha resaltado: “Lejos de lo que muchos piensan, a los iraníes no les interesa tanto como a otras naciones los recursos venezolanos (ciertamente que sí hay un interés en ellos)… lo que les animó a ‘penetrar’ Venezuela lo están consiguiendo: fijar una base estratégica de carácter geopolítico,… Venezuela se convierte ahora de una manera clara y ‘pacífica’ en un partner de Irán, permitiéndole que ponga sus bases de operaciones en nuestro país…No es cuestión de recibir petróleo, o de compartir el uranio… no seamos ingenuos. Su presencia tenía y tiene un objetivo de tipo geopolítico: lograr un espacio de penetración en un lugar privilegiado de América Latina”. Dos elementos son claves en la agresiva estrategia internacional de Irán. Por una parte, el fundamentalismo religioso, sustrato para la conformación de la red de grupos paramilitares defensores del chiismo; por otra, el rechazo a los valores occidentales: las libertades, la democracia y la defensa de los derechos humanos, que tiene como epicentro a los Estados Unidos, pero también el histórico rechazo al Estado de Israel. La tensa relación con los Estados Unidos, que podría ser calificada como expresión de una “guerra fría”, inicia desde que la revolución islámica, encabezada por el ayatolá Ruhollah Musavi Jomenei, asume el poder en 1979, con la salida del Shah Mohammad Reza Pahlevi. Desde ese momento se registra una larga lista de desencuentros y hostilidades, entre las que destacan: la toma de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán y el mantenimiento de varios diplomáticos como rehenes desde 1979 a 1981. Luego, el apoyo que Estados Unidos brindó a Irak en la guerra contra Irán, que se extendió desde 1980 hasta 1988. En los últimos años han sido varios los ataques de milicias chiitas contra intereses norteamericanos. En el plano doméstico, con la revolución islámica se ha incrementado el autoritarismo, reduciendo sensiblemente los espacios de libertad. Si bien aún existen elecciones, y un grupo reformista intenta mantenerse en la vida política con una fuerte represión, toda candidatura debe ser aprobada previamente por el actual líder supremo el ayatolá Ali Hoseini Jameni y su Consejo de Guardianes. En este contexto, la Guardia Revolucionaria, una rama de las fuerzas armadas creada por la revolución islámica en 1979, que se calcula en más de 125 mil efectivos para acciones de tierra, mar y aire, y que se complementa con un grupo paramilitar (Basij), que se calcula en unos 90 mil miembros; ejercen un papel decisivo en el control y mantenimiento de la hegemonía en el orden interno. Para acciones especiales a nivel internacional se ha conformado un grupo de elite denominado Al-Quds, cuyo máximo líder, el General Qasem Soleimani fue asesinado en una operación especial de los Estados Unidos el pasado 03 de enero del presente año. En materia de equipamiento se calcula que la Guardia Revolucionaria cuenta con misiles balísticos de medio y corto alcance, que han sido utilizados, entre otros, en la crisis de Yemen. En la estrategia de expansión internacional de la revolución chiita un recurso fundamental lo constituye la red de grupos paramilitares que se han extendió por varios países. Uno emblemático es el Hezbolá, establecido en el Líbano, que se estima cuenta con una fuerza de más de 25 mil miembros y uno de sus objetivos fundamentales es el enfrentamiento con Israel. Pero existen otros grupos paramilitares promovidos por la revolución fundamentalista chiita, tal es el caso de la milicia Huthi en Yemen; el apoyo al grupo Hamás en Palestina; los Talibanes en Pakistán y Afganistán; la yihad islámica en Egipto. En el caso de Irak se estima que Irán apoya varios grupos, tales como: Asaib Ahí al-Haq, Kateb Hezbolá, Organización Badr y las Fuerzas de Movilización Popular. Por otra parte, conviene destacar el apoyo que ha brindado Irán a la dictadura de Bachir el Asad en la guerra civil en Siria Durante la administración del Presidente Barack Obama las tensiones con Irán se reducen, toda vez que su administración optó por una estrategia de contención, en particular del programa nuclear iraní. Estrategia que contó con el apoyo de la Unión Europea, China y Rusia, lo que llevó a la firma del acuerdo nuclear 6+1 (14/07/2015), con una activa participación de la Organización de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Los críticos del acuerdo, que son muchos, consideran que no logró contener los avances del programa nuclear y, muchos menos, la política expansiva apoyada en milicias paramilitares. Con la llegada de Donald Trump al poder el conflicto se incrementa, en parte, debido a la decisión del Presidente de retirarse el acuerdo nuclear 6+1, adoptada en mayo del 2018, dando paso a una estrategia de máxima presión contra Irán, que incluye la aplicación de sanciones económicas, lo que ha incrementado la llamada guerra fría. Ya finalizando la administración Trump, podríamos afirmar que la estrategia de máxima presión tampoco generó resultados efectivos; por el contrario, ha estimulado una reacción más agresiva del gobierno teocrático de Irán, tanto en lo que respecta al programa nuclear, como a su actuación internacional. Ahora bien, un elemento interesante en la estrategia del

Turquía: fortaleciendo el autoritarismo

Erdogan pretende convertirse en una referencia en el mundo musulman No podríamos afirmar que la Turquía moderna se haya caracterizado por la solidez de las libertades o de su institucionalidad democrática; empero, desde su refundación por Mustafá Kemal Ataturk se establecieron bases para la conformación de un Estado secular, vinculado con occidente en especial con Europa y prudente en el escenario internacional. Al respecto cabe recordar uno de los adagios que citaba Ataturk: “paz en casa, paz en el mundo”. En este contexto, se observan con preocupación los cambios institucionales que está desarrollando el Presidente Recep Tayyip Erdogan, en un  giro autoritario y expansionista que está encendiendo alarmas en la comunidad internacional. El giro revisionista, autoritario y anti occidental del Presidente Erdogan rompe, tanto con las bases fundacionales de la Turquía moderna, como con las propuestas que el mismo promovía al asumir por primera vez el cargo de  Primer Ministro en el 2003, (en el que permaneció por sucesivas reelecciones hasta el 2014), cuando consideraba que la incorporación de Turquía como miembro pleno en la Unión Europea, era una prioridad. Dos acontecimientos potencian el giro radical del Presidente Erdogan; por una parte, que el primer intento de incorporación formal en la Unión Europea, fue rechazado en las consultas realizadas en Francia y en los Países Bajos, lo que representó un punto de quiebre en el complejo proceso de adhesión. El otro factor desencadenante ha sido el golpe de estado, promovido por un reducido grupo militar, en el año 2016, que algunos califican como un autogolpe, y que Erdogan aprovechó para desarrollar una fuerte oleada represiva contra sectores incomodos de las fuerzas armadas y, en general, contra la oposición democrática. La magnitud de la represión incrementó las diferencias con los países europeos y con la institucionalidad jurídica de la integración, fundamentada en el respeto de las normas, los procedimientos y las libertades fundamentales. No obstante conviene destacar que el proceso de acercamiento a Europa, logró resultados importantes tales como: para 1963 paso a ser estado asociado de la CEE, para 1992 miembro del Consejo Europeo, en 1995 firmó un acuerdo de unión aduanera con la UE y desde 1999 se constituye en candidato a miembro pleno. Por otra parte, debemos señalar que también forma parte de la OTAN (1952). En el giro autoritario, la reingeniería institucional del sistema político ha sido una pieza fundamental. En este sentido Erdogan, luego de ser electo a la Presidencia en el 2014, y aprovechando el alzamiento militar del 2016, promueve una consulta popular (2017), que conduce a la transformación política de Turquía, en un presidencialismo centralizado. La presidencia asume la gran mayoría de atribuciones y Erdogan se mantiene en ese cargo hasta el presente. Otro de los cambios orientados a fortalecer el poder centralizado y autoritario, tiene que ver con el progresivo desmantelamiento del Estado secular, uno de los ejes fundamentales para garantizar la convivencia en la diversidad religiosa turca. Adicionalmente, debemos destacar que las fuerzas armadas han jugado un papel importante para garantizar separación entre el Estado y la religión. El tema del Estado laico ilustra las contradicciones de Erdogan, que como Primer Ministro, y a los fines de avanzar en la integración a la UE, promovía la libertad religiosa; luego, para concentrar poder, sigue el ejemplo de países fundamentalistas como Irán, e inicia un proceso de progresiva incorporación del islamismo en la dinámica pública. En la práctica, Erdogan está utilizando la religión como instrumento de cohesión, control y dominación, para fortalecer su poder. Una manifestación simbólica de esta tendencia, ha sido la reciente transformación en mezquita del museo basílica de Santa Sofía, que ha recibido un rechazo internacional. El giro autoritario también contempla la manipulación de una narrativa histórica, retomando el pasado glorioso del imperio otomano, para exacerbar el nacionalismo. Se encuentra en pleno desarrollo el “nuevo otomanismo” utilizado como medio para cohesionar, tanto a las fuerzas armadas, poco favorables a los cambios religiosos, como al pueblo en general. En este contexto, “Erdogan como el nuevo sultán”, que busca posicionar a Turquía como potencia global regional y presentarse como el líder de los pueblos musulmanes. Pero el pueblo turco debe estar evaluando que la orientación expansionista para posicionar a Turquía y particularmente promover el liderazgo personalista del Presidente, está resultando costoso, tanto en términos económicos, pues los problemas económicos crecen, más aún en tiempos de la pandemia del Covid-19, pero también en términos políticos, la diversidad de enfrentamientos, algunos de ellos con posibles consecuencias militares, están afectando los intereses turcos a escala global. La lista de los frentes abiertos en el contexto internacional es larga y compleja, pudiéramos destacar en primer lugar, por su antigüedad, el enfrentamiento con Grecia, entre otros, por delimitaciones en áreas marítimas, por la explotación de los recursos en el mediterráneo oriental y por el choque directo en Chipre. Recordemos que Turquía ha promovido la República Turca del Norte en Chipre y tropas turcas protege la zona desde 1974. Adicionalmente, en el marco de la primavera árabe, Turquía respaldo al movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto, lo que conllevó el rechazo de varios países del oriente medio. La guerra con el pueblo kurdo constituye otro de los conflictos de raíces históricas, que se ha exacerbado en los últimos años. En tal sentido, Turquía ha intervenido en el conflicto de Siria, principalmente para enfrentar el pueblo kurdo en el norte de ese país. Pero Turquía también ha intervenido en otra diversidad de escenarios de crisis, tales como: Libia, Irak, Sudan, Afganistán y en los Balcanes. Recientemente observamos la participación activa de Turquía en otro frente de guerra, apoyando a Azerbaiyán contra Serbia en el conflicto de Nagorno Karabaj. Por si fuera poco, en estos últimos días Erdogan, tratando de consolidar su liderazgo en el pueblo musulmán, ha propiciado un fuerte ataque contra el Presidente Macron de Francia, por su firme posición contra del radicalismo y terrorismo musulmán, que ha realizado varios sangrientos atentados en Francia. Erdogan, como líder del mundo musulmán promueve el boicot a los productos franceses;

¿Orden o Desorden Internacional?

La incertidumbre en la “era del desorden” La pandemia del Covid-19 está acelerando procesos de transformación que venían avanzando en el contexto global y generando nuevas presiones disruptivas, frente a este panorama, expertos del Deutsche Bank consideran que desde este año se inicia un nuevo ciclo económico internacional que definen como “era del desorden” (elEconomista, 12/09/20). Tal definición podría resultar exagerada o incluso una perogrullada, si consideramos que la realidad internacional se caracteriza por su complejidad, dinamismo e incertidumbre; pretender establecer un orden rígido es prácticamente imposible. Es evidente que el llamado orden liberal que se va conformando finalizada la segunda guerra mundial mediante, entre otros, la Carta de San Francisco que crea las Naciones Unidas y sustituye la vieja Sociedad de Naciones y los Acuerdos de Bretton Woods que establecen tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como el Banco Mundial (BM); un orden basado en principios y reglas, que privilegia las libertades y los derechos humanos; está enfrentando serias amenazas, desde las estrategias de los gobiernos autoritarios, que promueven la visión rígida de la soberanía y una anarquía atenuada por pactos, pero también desde los propios países democráticos, donde avanzan tendencias radicales que estimulan el nacionalismo y la exclusión.   Son múltiples las presiones que enfrenta el orden internacional y podrían conforman la llamada “era del desorden”; empero, la gran amenaza que subyace en el conjunto de factores tiene que ver con el desasosiego social, que se potencia con los efectos de la pandemia. Diversas organizaciones internacionales están alertando sobre el incremento de la pobreza, el autoritarismo la exclusión, la intolerancia, la marginalidad, en tales condiciones, que los radicales definen como “caldo de cultivo”, resulta obvio esperar tiempos de gran tensión social en el planeta. En este sentido, consideramos que la “era del desorden”, se vincula fundamentalmente con el descontento social que crece y sus potenciales desviaciones al populismo, el radicalismo, la anarquía y la violencia. Al puntualizar más concretamente en la fuerzas disruptivas que estimulan la llamada  “era del desorden”, entre otras, podríamos resaltar: i) las crecientes contradicciones de la globalización que se agudizan desde la crisis financiera mundial del 2008; ii) las crecientes tendencias nacionalistas que debilitan la gobernabilidad internacional y tiene en los gobernantes Donald Trump de Estados Unidos y Boris Johnson del Reino Unidos expresiones muy significativas; iii) el progresivo deterioro del multilateralismo; iv) la crisis ecológica a escala global; v) el creciente conflicto entre Estados Unidos y China que afecta a la economía en su conjunto; y en estos momentos vi) los negativos efectos en todos los ámbitos de la pandemia del Covid-19. Cada una de esas fuerzas presenta su especificidad y complejidad que debería ser analizada con atención, pero además, todas ellas están interconectados, forman parte de la llamada interdependencia compleja del orden global que estamos viviendo. Tanto la comprensión del conjunto, como de las potenciales soluciones exige de una visión holística e interdisciplinaria. Estamos frente a un conjunto de múltiples variables que se condicionan unas con otras y todas ellas generan consecuencias en el ámbito social. Desde nuestra perspectiva la “era del desorden” tiene que ver con la diversidad de variables que intervienen, coexisten y se interrelacionan, pero sobre todo, con los efectos sociales que están planteados, tanto por la dinámica de funcionamiento de cada una de las variables, como por los efectos perversos de la pandemia del Covid-19, que inciden con mayor rigor en los sectores más vulnerables, entre ellos los países más pobres. Pudiéramos ilustrar la tesis de los efectos sociales en la era del desorden abordando brevemente el tema del desarrollo científico tecnológico, que si bien evidencia un crecimiento exponencial y lineal, los efectos sociales también representan una seria amenaza. Cada día encontramos mayores y más sofisticados avances técnicos, como se puede apreciar en la llamada IV Revolución Industria o el internet de las cosas. Los procesos productivos, el sistema financiero y comercial, la educación, la salud, la recreación todo fundamentado en el desarrollo e interconexión electrónica; empero, paralelamente van creciendo los perdedores, los excluidos, los desempleados, los no formados, los más vulnerables; todos ellos potenciales factores de inestabilidad social. Las consecuencias sociales del avasallante desarrollo tecnológico se acentúan con  los efectos de la pandemia. La situación se presenta grave para los países en desarrollo, pero también se está presentando en los países prósperos. Son múltiples los casos, podríamos mencionar en la región; al respecto, son significativas las protestas sociales que se ha presentado en dos países ejemplares por su dinámica de crecimiento económico, como son Chile y Costa Rica. El mundo ha quedado impactado ante el incremento de las protestas en estos países que han representado un oasis de crecimiento en la región; empero, ahora se reconoce que crece la economía, pero no la equidad. En este contexto, debemos recordar que en los sistemas democráticos los excluidos prontamente expresan su malestar, en algunos casos también pueden ser objeto de manipulación de los movimientos radicales. Pero es evidente que en el fondo subyacen problemas sociales que no han sido atendidos adecuadamente. En las economías prosperas encontramos muchos otros factores de tensión social que genera inestabilidad tal es el caso de las migraciones. Las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo, algunos de ellos antiguas colonias, que migran buscando mejores condiciones de vida; o migran para salvar sus vidas de zonas de guerras o de gobiernos autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos o por hambre. Esta tendencia, que ha crecido significativamente en los últimos años, ha conllevado, entre otros, el incremento de la xenofobia. El desasosiego social no atendido representa una potencial bomba de tiempo, tanto contra las democracias, como contra el orden internacional liberal basado en principios y reglas. Adicionalmente la pandemia está reactivando y multiplicando el descontento.  Dejar a su suerte a los más vulnerables en el contexto de pandemia conlleva promover un mayor desorden mundial que afectará a todos. Internacionalista UCV, Ex Director y Profesor Titular de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV

La pobreza mundial y el Covid-19

Para superar las consecuencias del Covid-19, se requerirá un esfuerzo de las organizaciones internacionales FELIX G. ARELLANO – Las consecuencias sociales de la pandemia del Covid-19, particularmente en la generación de pobreza, desempleo y miseria, con especial énfasis en los países en desarrollo, son tan dramáticas, que se debería aprobar un ambicioso programa de auxilio internacional, utilizando como referencia el viejo Plan Marshall (1948-1952), que se concentró en la recuperación de Europa occidental, finalizada la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad, se debería diseñar, y con urgencia, un programa novedoso, que debería contar con la participación de diversos donantes, y no solo los Estados Unidos como fue el caso del Pan Marshall. Además, debería contar con la activa participación de los organismos internacionales, en particular las Naciones Unidas, para su organización y ejecución. Las Naciones Unidas estiman que, producto de la pandemia, la pobreza extrema podría llegar a 34 millones de personas, para el Banco Mundial esa cifra podría alcanzar los 60 millones. Es evidente que la pobreza representa uno de los temas más acuciantes en el mundo globalizado, que hace más evidentes las diferencias e injusticias de unas minorías que despilfarran en frivolidades y unas mayorías que apenas logran sobrevivir y, ahora, la pandemia las castiga profundamente. El tema es tan urgente que ocupa el primer lugar en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Es cierto que una gran mayoría de países, incluyendo economías desarrolladas, están enfrentando graves consecuencias sociales de la pandemia, pero estos países cuentan con el musculo financiero para enfrentar la situación. Muchos de ellos disponen de sistemas de subsidio al desempleo. El caso de la Unión Europea resulta significativo, pues además del multimillonario presupuesto comunitario para enfrentar la pandemia, estructurado mediante un Fondo de Recuperación de unos 750 mil millones, cada país está aprobando recursos adicionales en cifras impactantes. Conviene resaltar que en esta oportunidad pareciera que muchos países han aprendido la lección, y el apoyo financiero no se concentra exclusivamente en las empresas, como ha ocurrido en crisis anteriores, incrementando el desasosiego social y el radicalismo político. Es cierto que la corporación que recibe recursos de apoyo financiero debería mantener los empleos, pero no siempre ha sido el caso y, en algunas crisis financieras, la atención se ha centrado en los banqueros, menospreciando al público y sus hipotecas. Debemos aclarar que el covid-19 no es virus contra los pobres, pero las condiciones estructurales de la pobreza en el mundo entero y, en especial, en los países más vulnerables, los convierte en el sector más afectado. En la gran mayoría de los casos viven en condiciones de hacinamiento, grupos humanos extensos en un mínimo espacio, ¿cuál distanciamiento social? El agua, obviamente es un privilegio, ¿cómo lavarse las manos con frecuencia? Si en el día no hay ingresos, no hay comida, ¿cuál cuarentena?; es decir, cuarentena o hambre. En la complejidad de la crisis que enfrentan los países más vulnerables debemos sumar una diversidad de elementos, por eso se tipifica como crisis sistémica. Por ejemplo, no existen condiciones sanitarias para enfrentar la magnitud de afectados que puede genera la pandemia, por su fácil propagación y graves efectos en el organismo humano. En la mayoría de estos países no existe infraestructura sanitaria. Es realmente una fantasía pensar en las áreas de terapia intensiva o en los respiradores de última generación, la mascarilla de producción artesanal es un lujo. Esto significa que para muchos la muerte llega en casa, difícil contar con estadísticas exhaustivas y certeras en tales condiciones. Otro síndrome estructural de los más vulnerables, es la corrupción, cualquier nueva dotación de recursos en el sector sanitario se convierte en un potencial negocio, un drama que se presenta en cascada, desde las autoridades del ministerio, hasta el personal de limpieza. La dotación podría llegar y desaparece, pero muy cerca se pueden conseguir y comprar los productos a precios astronómicos. La situación resulta más trágica en los países con gobiernos autoritarios, pues la nomenclatura goza de impunidad. Abandonar a los países en desarrollo a su destino natural, bajo una perspectiva darwinista, y que sobreviva el más apto, no constituye la mejor decisión. Veamos el caso europeo, despreocuparse de los problemas sociales en África, en algunos casos utilizando el falso discurso del respeto de la soberanía o aprovechar los gobiernos autoritarios, ha estimulado migraciones que presionan permanentemente sus países y es un tema de discordia a nivel comunitario. Si la pandemia incrementa la pobreza, como está ocurriendo, la ecuación implica que se incrementaran las migraciones, sin importar los muros, de múltiples formas llegaran. En este complejo problema todos tienen una cuota de responsabilidad. El incremento de la pobreza supone una bomba de tiempo en múltiples sentidos, es migración segura, pero también estimula delincuencia y violencia. Algunos países en desarrollo han tratado de estructurar políticas que estimulen la estabilidad económica, la apertura del mercado, la atracción de inversiones; pero, no contaban con las devastadoras consecuencias de la pandemia. Dejarlos solos que enfrenten sus propias consecuencias, es la garantía de una mayor inestabilidad a escala mundial. En tal sentido, urge que los gobiernos democráticos coordinen, con el apoyo de múltiples instituciones, un ambicioso programa de auxilio financiero y de transformación económica, bien controlado y administrado; algo así como un nuevo Plan Marshall para enfrentar la pobreza mundial que se multiplica con la pandemia del coronavirus. Internacionalista UCV, Ex Director y Profesor Titular de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV